Bosques nativos milenarios, ríos prístinos, salares sagrados, mares llenos de riquezas, glaciares gigantescos, humedales frondosos. Son los paisajes que habitan mujeres de Chile, de diferentes edades y territorios. Lugares que encierran sus mejores recuerdos de infancia, son el sustento de vida de sus familias y comunidades y en muchos casos también la raíz de su cultura. Por eso, muchas han decidido defenderlos con garras de hidroeléctricas, mineras, empresas forestales, salmoneras y otras industrias que amenazan el equilibrio ambiental.
Que sean mujeres no es coincidencia. La mayoría de las personas que participan del activismo ecologista en este país y en el mundo son mujeres. ¿Por qué?
“Las mujeres siempre estamos más preocupadas de aspectos comunitarios. Estamos ligadas al rol del cuidado: cuidamos a nuestros hijos, adultos mayores, a las personas enfermas o accidentadas. También somos las que nos preocupamos de las huertas y de autosustentarnos. Entonces obviamente somos más sensibles y empáticas con la vida y eso engloba todo: estamos preocupadas de otros seres vivos, del planeta, de nuestro entorno y nuestros pares”, dice Marta Aravena (51), integrante de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia.
Creada en 2015, la organización agrupa a casi 30 mujeres de entre 17 y 75 años que son madres, artesanas, emprendedoras, pequeñas agricultoras y profesionales de las comunas de Quintero y Puchuncaví, una zona en la región de Valparaíso plagada de termoeléctricas, fundiciones, almacenaje de combustible, puertos de carbón y de cobre. Todas buscan lo mismo: que se cierren las industrias obsoletas que dañan la salud y que el espacio destinado por el plan regulador para nuevas industrias se dedique a la plantación de bosque nativo. Con esa meta, se han capacitado en aspectos judiciales, han dictado charlas a la comunidad, participado de asambleas ciudadanas, protagonizado manifestaciones, se han reunido con autoridades, han trabajado con una serie de ONG nacionales e internacionales y viajado a exponer ante la ONU en Ginebra y ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Bolivia.
Como uno de los frutos de su trabajo, el año pasado la Corte Suprema falló a favor de la comunidad por una intoxicación masiva en 2018 que afectó a al menos 1.353 niñas, niños y adolescentes con desmayos, vómitos, mareos, cefaleas y extremidades adormecidas. Estableció 15 medidas que el Estado y las empresas del sector deben acatar, entre ellas: realizar estudios que determinen con certeza las características de los gases emitidos en la bahía y su impacto para la salud humana, instalar filtros, reducir emisiones, evaluar una reforma a las normas ambientales y elaborar un plan de emergencia para actuar frente a posibles intoxicaciones. Pero a un año del fallo, todavía no se cumplen las medidas y en plena pandemia una de las estaciones de monitoreo del lugar registró un nuevo peak de dióxido de azufre que llevó a la Intendencia de Valparaíso a decretar alerta ambiental. Estudios del lugar vinculan los tóxicos de la zona con abortos espontáneos, aumento de riesgo de cáncer y desarrollo de problemas cognitivos en niños y niñas.
“Hay muchas mujeres con cáncer y jefas de hogar que viven solas y no tienen trabajo. Las empresas se jactan de dar puestos de trabajo, pero la zona industrial es machista; los puestos son para los hombres. Aquí las mujeres se las rasguñan solas”, dice Marta Aravena.
Las mujeres son las más afectadas por la crisis ambiental. Según datos recopilados por ONU mujeres, representan el 70% de las personas más pobres, son el gran porcentaje de personas que no tienen acceso a energía, son mayoría en zonas rurales y sufren una mayor tasa de mortalidad prematura en ambientes de contaminación atmosférica y ante desastres naturales, todos factores que las hacen más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático. De hecho, el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático en el mundo son mujeres y está demostrado que este acentúa la desigualdad y la discriminación de género.
El cuerpo de las mujeres es más susceptible a la contaminación y las nuevas enfermedades que se producen por ella. Así lo demuestran estudios de la endocrinóloga española Carme Valls-Llobet recogidos en su libro Medio ambiente y salud. Mujeres y hombres en un mundo de nuevos riesgos. Allí concluye que las mujeres absorben más tóxicos porque sus cuerpos tienen un mayor porcentaje de grasa. Es más: las toxinas se acumulan en la leche materna, lo que afecta tanto a mujeres como a niños y a niñas.
“Los cuerpos son la extensión de la relación con el entorno, con la naturaleza. Porque somos naturaleza. La forma en que se ha explotado a la naturaleza es la misma que opera sobre los cuerpos de las mujeres y las niñas: despojando, saqueando, invisibilizando. Tiene que ver con que desde la modernidad la naturaleza se vinculó mucho con lo femenino, lo salvaje, lo caótico, versus la civilización, lo masculino, lo racional, lo ordenado. Así como hay zonas de sacrificio, hay cuerpos de sacrificio”, explica la antropóloga Francisca Fernández (43), doctora en Estudios Americanos, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y del comité socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M. El año pasado fue parte del Encuentro Socioambiental Femista Macarena Valdés, realizado en la ciudad de la Ligua, donde un grupo de mujeres hizo cartografías corporales que relacionaban conflictos socioambientales con problemas en sus propios cuerpos.
Por todo lo anterior, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha establecido que las mujeres son víctimas de un nuevo tipo de violencia cada vez más frecuente: la violencia ambiental. Sin embargo, las políticas públicas de mitigación y adaptación al cambio climático en Chile no consideran un enfoque de género y las mujeres tienen una subrepresentación en posiciones de poder, como congresos nacionales, ministerios de medio ambiente y participación en cumbres de cambio climático.
“La mayor cantidad de personas que participan de las campañas de Greenpeace son mujeres, y cuando trabajamos en territorios vemos a mujeres en la cabeza de los temas medioambientales. Sin embargo, las mujeres están muy poco incorporadas en la toma de decisiones. Tienen una gran potencia y son un gran aporte porque son liderazgos que saben que la protección del medioambiente no está separada de la protección de la especie, de las personas”, dice Estefanía González (31), geógrafa, activista y Coordinadora de Campañas de Greenpeace.
En esa línea, hay datos reveladores recogidos por ONU Mujeres: en India el número de proyectos de agua potable es un 62% más elevado en áreas con consejos locales dirigidos por mujeres; las granjas de países en desarrollo dirigidas por mujeres tienen un 22% más de productividad; a mayor presencia de mujeres en cargos de decisión en materia energética mayor es la lucha contra el cambio climático; las mujeres son más proclives a ratificar tratados internacionales sobre medioambiente y en países con mayor representación parlamentaria femenina hay más áreas protegidas.
Estefanía González lo pone así: “No somos sólo las víctimas; somos una vía de solución”.
La cruzada por el agua
Ya está en construcción el túnel subterráneo de 70 kilómetros que atravesará el monumento natural El Morado en el Cajón del Maipo, un sector a las afueras de la capital que es una promesa de agua para el presente y el futuro y que actualmente abastece a la Región Metropolitana de Santiago en plena sequía nacional.
El túnel es parte del hidroeléctrico Alto Maipo, aprobado en 2009. El mismo año nació la Coordinadora No Alto Maipo, que siempre ha estado liderada por mujeres. Su presidenta actual es Marcela Mella (52), quien también ha participado activamente en la organización Mujeres Por El Río Maipo. Llevan diez años tratando de parar la construcción de la central y, en conjunto con la ONG Defensoría Ambiental —conformada por mujeres— han levantado una serie de acciones comunicacionales, administrativas y judiciales con este fin.
Actualmente están a la espera del fallo del Tribunal Ambiental sobre lo que consideran un plan de cumplimiento de protección ambiental insuficiente; levantaron un alegato en el Servicio de Evaluación Ambiental que, esperan, termine en la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, y siguen con una fuerte campaña nacional e internacional.
A los problemas de agua que trae el proyecto, Marcela dice que se suman conflictos sociales, como la división de la comunidad, el aumento de tráfico de drogas y acosos sexuales que han sufrido varias mujeres por parte de trabajadores de la empresa.
“Lo que hemos hecho las mujeres en este territorio es buscar el bienestar colectivo. Hay que promover con mayor fuerza el rol de las lideresas ambientales, tanto en Chile como en el mundo, porque las mujeres estamos cumpliendo un rol fundamental al encabezar movimientos socioambientales. Somos las guardadoras de la vida”, dice Marcela.
Eso, reconoce, trae costos. Ella es madre soltera y ha tenido que ingeniárselas para compatibilizar su activismo con el sustento del hogar y la crianza de sus dos hijas, hoy de 15 y 17 años. Desde que son pequeñas las deja en su casa con una persona de confianza cada vez que viaja por Chile o fuera del país a representar la causa. También han sido testigos del hostigamiento que ha recibido Marcela, como persecuciones en la calle o amenazas.
“Para mí ha sido súper complejo. Una como mamá piensa si valdrá la pena haber sometido a las niñitas al hostigamiento y a todo esto. Yo creo que sí. Han crecido con una mamá que lucha por lo que cree. Eso se lo he traspasado y ahora que están más grandes las escucho conversar, veo los trabajos que hacen en sus colegios, y me doy cuenta de que ha valido la pena. Son cabras empoderadas, conscientes de sus derechos y las injusticias. Además, todo esto es para garantizarles agua en un futuro a ellas, a las personas y a los ecosistemas”, dice Marcela.
Las mujeres de la provincia del Maipo temen que en el Cajón pueda ocurrir lo mismo que en la provincia de Petorca: que no quede ni una sola gota de agua para el consumo humano.
En Petorca las mujeres también están organizadas. En 2017 Lorena Donaire (45) y otras mujeres pertenecientes al Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) tomaron la decisión de crear un grupo al interior de la organización conformado solamente por mujeres. Así nació Mujeres Modatima. Tomaron esta decisión al darse cuenta de que son las más afectadas por la sequía que azota a la provincia: en el 80% de los hogares sin acceso al agua, las encargadas de recolectarla son niñas y mujeres, según datos de la ONU. Además, hay muchas mujeres que son madres solteras y los resultados preliminares de un estudio que está realizando Modatima dan cuenta del aumento en infecciones urinarias y problemas asociados a la salud menstrual y mental en niñas y adolescentes.
“Nosotras no podemos quedarnos calladas. No se trata solo de la falta de agua para la agricultura familiar campesina o para la higiene personal. La equidad de género está siendo vulnerada a través de la escasez hídrica”, afirma Lorena.
Antes de la pandemia, las actividades de Mujeres Modatima incluían la repartición de bidones de agua a mujeres de todo el territorio; la creación de huertos familiares, rurales y urbanos; talleres de cultivo; trueque de artesanías, plantas y semillas, y encuentros de contención para apoyarse en los momentos emocionales más difíciles.
“Creemos en la importancia de la contención. Yo evito mucho la pena, soy súper dura porque si tengo pena me inmovilizo. Pero a veces llego a la casa a puro llorar. De impotencia, de rabia. Cuando voy a una comunidad que tiene 17 minutos de agua al día, me vengo mal. Me derrumba. O mirar la parcela que fue de mi abuelo y ver todo seco mientras al lado está lleno de paltos verdes. Esa parcela que era maravillosa, siembras de hortalizas, álamos, sauces, corría un canal donde me bañaba”, cuenta.
A esa pena, se ha sumado el miedo.
Dentro de los archivos de vigilancia de Carabineros filtrados a fines del año pasado se daba cuenta del registro de una reunión que sostuvo Lorena con otras personas de Modatima en su casa, cuando se organizaban para viajar en caravana al aeropuerto a recibir a Rodrigo Mundaca, vocero nacional de Modatima, quien regresaba a Chile luego de recibir el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemania, por su lucha por el acceso al agua en el país. Hace unas semanas hackearon la reunión de la mesa Agenda de Género COVID-19 del Congreso en la que participan representantes de diferentes organizaciones, entre ellas Lorena, junto a la presidenta del Senado Adriana Muñoz y las diputadas Camila Vallejo y Gael Yeomans. Dos días después, ella y su hija de 15 años fueron a la esquina a comprar el pan y dicen que cuando salieron del negocio un auto blanco comenzó a seguirlas.
“La persecución es permanente. Siempre nos llegan mensajes de amenaza, nos tiran cosas a la casa, nos han tratado de atropellar. Tuve vigilancia permanente el año pasado, pusieron una cámara enfocando directamente a mi casa, porque antes hacíamos acá las reuniones de Modatima. Un verano tuve un auto parado afuera de mi casa sin patente y con vidrios polarizados en forma permanente. Hace dos años tuve que subir los muros de mi casa”, dice Lorena.
Amenazas y el caso de Macarena Valdés
Cuando volvió del colegio a su casa, el hijo de 11 años de Macarena Valdés encontró a su madre colgando de una cuerda amarrada a una viga del techo y a su hermano de apenas un año mirando la escena, sin entender lo que ocurría. Antes de su muerte ese 22 de agosto de 2016, la activista ambiental mapuche lideró la oposición a la instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranguil y fue víctima de una serie de amedrentamientos. Si bien en un principio se dijo que era un suicidio y el caso quedó cerrado, se reabrió cuando autopsias posteriores indicaron que ya estaba muerta al momento de ser colgada.
Según el Análisis Global 2019, de la ONG Front Line Defenders (FLD), el activismo ambiental es la ocupación más peligrosa para ejercer en América Latina; en esta región se registra el porcentaje más alto de asesinatos de líderes ambientales. El informe también menciona la impunidad de los crímenes y la criminalización de la defensa ambiental como características de lo que ocurre en nuestro continente.
“El hostigamiento ocurre y ocurre mucho. Yo misma me he sentido perseguida y duermo intranquila. Después del estallido social esto se multiplicó”, dice Alejandra Donoso (32). Ella es abogada y fundadora de la Defensoría Ambiental, una ONG de mujeres que se dedica a asesorar y representar jurídicamente a comunidades que enfrentan conflictos socioambientales en Chile. Han participado en casos como el de la minera Dominga, el proyecto inmobiliario del Mall Vivo en la comuna Ñuñoa, la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví y la central hidroeléctrica Alto Maipo.
La abogada cuenta que le ha llegado mucha información de dirigentas siendo perseguidas. Que las alumbraban con focos a las 3 de la mañana, sobrevolaban sus casas con drones, las seguían en las calles. “A una dirigenta la amenazaron con quitarle a su hija. A otra la han amedrentado a través de su familia: mataron la mascota de sus papás y apareció la cabeza del animal colgando de la entrada. Cosas así de graves. Hemos tenido que coordinar la salida de Chile de más de una dirigenta por el amedrentamiento”, dice.
Los antecedentes de estos casos fueron entregados a las misiones de observación que vinieron a Chile el año pasado en el contexto del estallido social y la Defensoría Ambiental interpuso una serie de recursos de amparo que fueron rechazados por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. “La defensa de Carabineros señalaba que efectivamente hay una persecución de defensoras ambientales por el movimiento de masas que podrían generar. La justificación es esa. En vez de considerar la valiosa información que pueden aportar para tomar mejores decisiones en materia ambiental, como además lo ordenan los tratados internacionales firmados por Chile, hay una lógica de enemigo interno en el país. Es preocupante”, concluye la abogada.
El buen vivir
La vida de Belén Curamil (20) siempre ha estado ligada a la naturaleza. Lo mismo pasa con todas las personas que viven en su comunidad mapuche cerca de Curacautín, comuna de la región de la Araucanía, zona del sur de Chile poblada por el pueblo mapuche. Desde que son niños y niñas se bañan en el río Cautín, trepan los árboles, sus padres y madres les enseñan a cultivar la tierra y a pronunciar los nombres de las diversas aves que vuelan, anidan y cantan allí. Por eso, para ella es imposible dar una fecha como inicio de su activismo ambiental: “No es que yo lo haya elegido, sino que somos parte de la mapu; siempre hemos estado en contacto con ella y siempre estamos defendiéndola”.
Belén adquirió más visibilidad en la defensa de su territorio cuando en 2018 tomaron preso a su papá, Alberto Curamil, lonko y miembro de la Alianza Territorial Mapuche (ATM), una organización que trabaja por el derecho al agua, la alimentación y la tierra en el sur de Chile. Fue falsamente acusado de posesión ilegal, robo de armas y asalto a una caja de compensación luego de lograr dar de baja dos proyectos de centrales hidroeléctricas en el sector. Durante los 18 meses que estuvo preso antes de que el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declarara su inocencia, Belén tomó la posta de su cruzada. Viajó por distintas partes del país e incluso le tocó ir a Estados Unidos a recibir el Premio Ambiental Goldman, más conocido como Nóbel Verde, otorgado a su padre en reconocimiento de la defensa medioambiental que ha liderado.
Fue un año difícil, de mucha exposición, una agenda apretada y presión emocional. En algunos conversatorios se acordaba de su papá y lloraba. “Pero logré salir adelante gracias a la valentía de la mujer. La fuerza que una tiene es importante. Y porque sé que por nuestra tierra es importante que nos levantemos como jóvenes. Para la liberación de nuestro territorio. Que salgan estas forestales y estas centrales que solo han venido a contaminar nuestro aire puro y a secar nuestra tierra. Vamos a hacer lo que sea para que nuestra mapu pueda respirar aire puro, vivir tranquila y en paz”, dice.
Vivir tranquila y en paz. Características de lo que el pueblo mapuche llama Kümge Mogen o buen vivir, que es llevar una vida plena, en armonía con la comunidad y el medioambiente. El buen vivir se basa en uno de los conceptos esenciales en la cosmovisión mapuche: Itrofill Mogen, traducido como “toda la vida sin excepción” y definido como la composición de muchas vidas que comparten el mismo espacio, son interdependientes y conforman una sola gran vida.
El mismo fundamento se repite, con diferentes nombres, en otras culturas indígenas del continente, que son pioneras en establecer una relación entre el cuerpo con el territorio que se habita, un asunto clave en el ecofeminismo.
Para las culturas quechua, aymara y kolla es el Ayni, que significa reciprocidad, mutualismo o cooperación entre personas y seres vivos en general. “Así como a la Pachamama le pedimos frutos, le devolvemos cuidado y protección, respeto por sus ciclos”, explica Elena Rivera Cardozo (42), una de las mujeres de las comunidades kolla de Copiapó, en el desierto de Atacama, que están liderando la protección del Salar de Maricunga, amenazado por proyectos mineros que pretenden extraer litio de la zona. Las mujeres se han organizado para levantar un estudio de impacto ambiental de forma independiente con apoyo del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.
“La intervención de nuestro salar no daña solamente las aguas y los cerros. Va más allá de eso. Sin el salar nuestra cultura se vendría abajo. Los abuelos nos enseñaban que las aguas que tomamos, que usamos en la cordillera, son del salar. Por eso el salar para nosotros es sagrado. Si se llega a secar, nuestra cultura en la cordillera no existiría. Está todo unido. Se toma como un todo”, dice Elena. Su comunidad sigue practicando rituales como el Año Nuevo Indígena, la celebración a la Pachamama y el Día de las Ánimas, todos en las cercanías del salar. También la práctica ancestral de la transhumancia: recorrer la alta cordillera en búsqueda de mejores zonas de pastoreo, alimento y yerbas medicinales.
“Las culturas indígenas tenemos mucho que aportar. Vivimos con un constante agradecimiento hacia donde vivimos. Cómo percibimos y trabajamos la tierra de forma responsable es el modelo a seguir”, concluye Elena.
La misma visión tiene María Luisa Muñoz (39), una de las mujeres yagán que lideró el movimiento contra la industria salmonera en la provincia de Magallanes. La salmonicultura es uno de los sectores más nocivos para el medioambiente por el abuso de antibióticos, el escape de salmones (una especie exótica), la acumulación de residuos en el fondo marino y la propagación de enfermedades. Altera el paisaje natural en el que se ha desarrollado históricamente la cultura indígena de la Patagonia.
A principios de 2019, la población local, entre ella las comunidades yagán y kawaqar, interpusieron un recurso de protección que logró que se declararan caducas las cuatro concesiones a la salmonera Cabo Pilar y, por lo tanto, que la empresa no pueda operar en las aguas de Cabo de Hornos. Hoy siguen alerta por las faenas de minería en las islas Picton y Lenox y un monocultivo de pinos cercano al parque Yandegais.
“Estas industrias extractivistas son un contraste con cómo los pueblos indígenas vemos el mundo y nos relacionamos con nuestra naturaleza. Para nosotros los territorios son vida y una industria así no es compatible con la vida, porque extrae y extrae hasta que no queda nada. No estamos en contra del progreso, pero hay que ser responsables”, dice María Luisa.
Su comunidad levantó una solicitud de Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO) con el objetivo de recuperar parte de su territorio ancestral y poder desarrollar sus actividades allí: navegar, pescar, cazar centollas, recolectar choritos y cholgas. Cuidar ese lugar, tomar y consumir sólo lo que necesitan, sin miedo a las toxinas ni a que la Armada les saque un parte. O, como lo hace María Luisa con su huerto, si le sobra algo, regalarlo. Compartirlo. “Es tremendamente importante volver al origen. Volver a la naturaleza”, dice ella , que sueña con ese pedazo de mar donde las cosas vuelvan a ser como antes.
A Greta la encuentras en Instagram como @lagretalmar.