Cenizas de monte: una provincia argentina en llamas

Es de madrugada y en mi casa, metida en un bosquecito de las sierras chicas de Córdoba, en el centro de Argentina, el humo se cuela por la ventana. Afuera el olor se vuelve denso. El foco más cercano está a más de 100 kilómetros de distancia. No es la primera vez que huelo humo en las sierras. No es la primera vez que se queman, ni siquiera que se queman mucho. No es la primera vez que por semanas continuas vamos a escuchar el ruido de la larga sirena de los bomberos ni de las hélices de los helicópteros ni los vuelos rasantes de los aviones hidrantes. No es la primera vez que las cuencas que alimentan los ríos, arroyos y vertientes muestran peligrosos signos de agotamiento. No es la primera vez que los diques y ríos se convierten en charcos o hilos de agua. 

Sin embargo, la escena es terrorífica. Hacia el norte se nota el cielo de la noche levemente iluminado, pero las estrellas no se ven de tanto humo. El césped en mis pies cruje de la sequedad. Me caen cenizas de monte. Cenizas de fibra recién quemada que se desaparecen del todo en mis manos. 

El terror es el momento mismo. Es agosto del año 2020. Pandemia, miedo, abusos de autoridad, cuarentena, nueva normalidad, la solitaria vida de mi hija sin escuela, crisis económica, inflación... A ese panorama se suma la certidumbre del fuego. Mucho fuego. Fuego donde ya hubo fuego. Donde ya se desmontó y hormigonó demasiado. 

La temporada de incendios del año 2020 ha sido la peor de la cual se tenga registro en la provincia de Córdoba. En cenizas quedaron alrededor de 400 mil hectáreas; más de 100 mil hacían parte del poco monte nativo que resta en un lugar que en los últimos cien años deforestó el 95% de sus montes y bosques originales. 

Biólogos y ambientalistas lo llaman un ecocidio, y lo es. También es una gran estafa. Una estafa que como botín se lleva el futuro y, a cambio, deja beneficios a pocos. Una estafa complicada y difícil de probar, aunque tremendamente evidente para quien la quiera ver: el fuego es la forma de desmonte más económica y que mejor oculta al culpable.  

El gobierno provincial sabía que se podía presentar una situación así. “Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo más propenso a incendios forestales...”, escribió en un tweet el pasado agosto el gobernador Juan Schiaretti. En otro agradeció a Dios por apagar las llamas antes de que llegaran a la localidad de Capilla del Monte, no muy lejos de donde una persona perdió la vida combatiendo el fuego, a falta de autoridades que completamente superadas apagaban cuarenta focos en simultáneo. A esta muerte el gobierno provincial respondió cabreándose con los vecinos que, solidarios a los llamados de auxilio que llegaban por doquier, estaban desperdigados por los montes apagando incendios por su cuenta. Bloqueó el acceso a brigadistas formados y principiantes por igual y tardó más de un mes en pedir auxilio al escaso Plan Nacional de Manejo del Fuego, un cuerpo de menos de un centenar de brigadistas y un par de aviones hidrantes que al final traería poca diferencia. 

Distintos lugares de las sierras y el norte de Córdoba ardieron durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, con lapsos de más de sesenta días continuos de múltiples focos. Solo las lluvias de noviembre trajeron alivio verdadero y algo de verde a una provincia que no experimentó una sequía como la actual desde hace 65 años. Sequía histórica en un territorio que habitualmente se quema y en el que, de acuerdo a las autoridades, un 95 por ciento de los incendios son de carácter intencional. La letalidad de este combo era fácil de prever. 

“El Plan Provincial de Manejo de Fuego abandonó completamente el aspecto preventivo; había puestos de vigía pagos por el gobierno, eso se abandonó hace siete u ocho años. Eso permitía el control rápido. Además de esos puestos se podrían hacer convenios con entidades científicas para detectar puntos calientes. Trabajar con mapas, donde se controle las zonas que se queman seguido y son de difícil acceso. Si vos sos Estado y sabés que podés hacer eso con mucho menos recursos que pagando la hora de aviones hidrantes, eso es política de Estado. Pero de alguna manera al gobierno le rinde más que se queme todo menos las casas y sacarse una foto después, mostrando cómo lograron salvar la propiedad”, explica el biólogo e investigador Fernando Barri mientras conversamos al pie del cerro Pan de Azúcar en la localidad de Cosquín. 

Barri es parte de una ruidosa minoría preocupada y movilizada, que tiene entre sus caras visibles a científicos, abogados, fundaciones; a artistas populares locales como Doña Jovita y Piñón Fijo; al geógrafo y viajero Pablo Sigismondi; a periodistas de la Sala de Prensa Ambiental, colectivos artísticos y asambleas ambientales distribuidas en los valles serranos. 

Es el mismo grupo que viene dando luchas contra la hiperfumigación y que se le paró de manos a Monsanto en Malvinas Argentinas. El que impidió con marchas multitudinarias que se aprobara una ley de bosques que nos iba a dejar sin bosques. El que detuvo —hasta ahora— la construcción de una autovía de montaña que iba a arruinar por completo las sierras de Punilla. Así y todo, sigue siendo una minoría que no pone legisladores ni intendentes; menos gobernadores y presidentes. 

El ambiente para la política es una cuestión testimonial: son nombres, carteras, secretarías, cargos que suenan importantes; el green wash que hace la política para en realidad no hacer nada. Están ahí porque les debían un lugar, porque es el paso a otra cosa, porque los quieren dentro de una estructura, pero en realidad no pinchan ni cortan. Como dice Barri, “un día Alberto Fernández se saca una foto escuchando a Cabandie [ministro de Ambiente de la nación] con algún reclamo y al día siguiente va a una reunión con empresarios mineros y les dice: señores, acá tienen la cordillera”. 

“El problema es que en cuestiones ambientales en nuestra clase dirigente son grandes ignorantes. No entienden la dinámica de lo que está sucediendo; la gravedad y complejidad de la situación”, dice Carlos Smith, abogado y ambientalista que junto con el biólogo Raúl Montenegro está demandando penalmente al gobernador Juan Schiaretti por su accionar en esta fatídica temporada de incendios. 

Smith detalla cómo hay una escena que transparenta mucho de lo que está pasando en Córdoba: menos de un mes después de que se quemara gran parte de la provincia, y con algunos focos todavía peligrosamente activos, el gobierno provincial hizo dos actos donde se entregaron cientos de miles de pesos en subsidios a la Sociedad Rural —la asociación de terratenientes más antigua, poderosa y conservadora del país— y a productores ganaderos por las pérdidas económicas sufridas durante los incendios. A los productores también les entregaron boyeros eléctricos, alambres y postes de quebracho. El quebracho, árbol típico y nativo del monte chaqueño sudamericano, integra la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Científicos argentinos han pronosticado que, a este ritmo de desmonte, su extinción total se dará dentro de sesenta años. Es prácticamente imposible que esos postes hubieran surgido de cualquier emprendimiento forestal legal. Es muy probable que nadie en el gobierno provincial se percatara del detalle o pidiera la trazabilidad de los postes; sin ninguna vergüenza pasan publicidades oficiales que muestran cómo los entregan a ganaderos.

No todos esos productores son responsables de los incendios, pero muchos de ellos prendieron, prenden y prenderán. No todos los miembros de la Sociedad Rural quieren desmontar por completo lo que queda y reemplazarlo por pastizales o soja, pero como institución son claros impulsores. No todos los miembros del gobierno son ecocidas, pero las políticas impulsadas sí lo son. El total de los subsidios para los productores damnificados este año es de 150 millones de pesos, un presupuesto similar al del Plan Provincial de Manejo del Fuego.  

Jorge Martini es un brigadista veterano de la Brigada Ambiental de Cosquín, una de las primeras brigadas creadas en la provincia de Córdoba, que hoy cuenta con 25 brigadistas efectivos. 

Las brigadas se focalizan exclusivamente en salvaguardar los ambientes naturales. Son cuerpos completamente voluntarios y autónomos. Del Estado solo reciben capacitaciones de forma indirecta a través de los cuerpos de bomberos. Los brigadistas se costean los seguros de vida, equipamiento, cuarteles, vehículos; todo es gestionado a través de donaciones, colectas o el propio bolsillo de los miembros. La jurisdicción establece que pueden entrar en “combate” solo cuando son convocados por el Estado, no antes. De los cerca de sesenta días continuos de incendios que hubo este año en Córdoba, la Brigada de Cosquín combatió los incendios en distintos lugares durante cuarenta días continuos. 

Le pregunto a Martini si puede recordar lo que sentía en el día 36 de combate, después de más de un mes entero de lucha continua y sin fin a la vista. “Estás más despierto, estás atento. Estás cansado de la saraza. Estas cansado de ver al que está cansado de no hacer, de ver lo que se pudo evitar. De renegar. Hay lugares donde vos entrás y sabés que no le vas a ganar. No salís con la idea de apagarlo; lo intentás, pero vas a combatirlo. Al día 36 estás cansado de que siga. Estas superembroncado y no lográs entender cómo, con todo lo que estás viviendo, hay gente que está prendiendo. Te cansa la idea de que no te quepa en la cabeza”, dice Martini pausando, volviendo al momento, para luego continuar. “A mí me generó como una decepción enorme de quien podría considerar como un igual, porque es otro ser humano, es alguien como yo pero que está al revés. Acá durante siglos hubo una cultura de quema. Los mismos vaqueanos te dicen ‘hemos quemado durante años poniéndonos de acuerdo con los vecinos y no pasaba esto’, y de pronto hoy pasa esto... Nosotros somos luchadores de la posibilidad. Nos costó mucho eso. Que nos llamen para entrar’”. 

“Cuando la lluvia finalmente llegó, lo primero que hizo fue prender más fuego”, dice Jorge, resaltando la cruel ironía. 

En San Pedro, en el norte de la provincia, un rayo comenzó un foco que continuó y se esparció durante una semana. A dos días de comenzado, uno de los dueños de los campos que se estaba quemando hizo un llamado de auxilio por redes sociales, denunciando que tanto los bomberos como el municipio lo habían dejado a él y a su familia combatiendo solos el incendio. A ese llamado acudieron unas 37 personas de localidades de hasta trecientos kilómetros de distancia; entre ellos, Carli Leotta, miembro de la Brigada Ambiental del Chavascate, en el valle de Sierras Chicas, que había estado combatiendo los incendios durante semanas sin descanso. 

Al día siguiente de llegar ya habían vencido el foco en el campo inicial y acudieron a otro de los focos activos en la zona, donde estaban trabajando los bomberos de la localidad de Dean Funes. Allí, el dueño de ese campo les pidió que se fueran ya que los bomberos le habían comunicado que si los brigadistas se presentaban, ellos se retirarían y junto con ellos se irían las autobombas y los aviones hidrantes. La misma situación se repitió unas horas más tarde en un campo colindante y, aunque los brigadistas les explicaron que ellos solo querían colaborar y ponerse a disposición de los bomberos, no hubo caso. Ese día el grupo de brigadistas terminó combatiendo las llamas a la par de los bomberos de otro distrito, en un foco a unos kilómetros de distancia. Ante la hostilidad que habían percibido de los dueños de los campos y de los bomberos de Dean Funes, los brigadistas se retiraron al otro día. En la ruta de vuelta la policía los retuvo y les tomó los datos. 

“Esa noche llegué a mi casa y lo único que quería hacer era acostarme, estaba agotado físicamente, pero sobre todo emocionalmente. No podía entender cómo era que no nos dejaban ayudar, cómo no podían entender el acto solidario de tantas personas que solo queríamos proteger el monte”, recuerda Leotta. Horas después todo empeoró. Uno de los dueños de los campos de donde los habían echado estaba denunciando en medios que los brigadistas le querían usurpar el campo con la intención de “plantar drogas” en el mismo. La denuncia pública fue acompañada por la Sociedad Rural y de inmediato reproducida en casi todos los medios y portales de noticias locales y nacionales. 

“A nosotros no nos importaba si la persona a la cual se le quemaba el campo es el dueño, el empleado o un vaqueano, nuestra idea es siempre proteger el monte y colaborar con lo que se pueda. Ponernos a disposición de los bomberos. Desde combatir los incendios los brigadistas más capacitados; hacer guarda de cenizas, que es una tarea cero peligrosa; cadenas humanas para mantener abastecidas de agua las mochilas; cocinar y mantener la provisión de agua fresca de los que están en el frente. Es un acto solidario; eso es lo que estaban tratando de manchar. Ahí es cuando empezás a perder la inocencia y te hacés preguntas: ¿por qué el corta fuego que estaban haciendo con palas mecánicas tenía cuatro a cinco veces el ancho de lo que se necesita? ¿Por qué había una orden de arriba que no nos quería ahí? ¿Porque no querían testigos de lo que estaba pasando? Las brigadas ambientales hoy son la resistencia en el territorio a esto que nos proponen”, dice Leotta mientras cocina para su familia y afuera sobre el monte cae una copiosa lluvia, que al final también trajo alivio a los incendios, al menos por ahora.