Qué pasará si el gobierno sigue controlando nuestros móviles después del coronavirus

Desde que se descubrió el nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan parece que sólo existen las malas noticias. La pandemia se ha cobrado ya la vida de más de 70 000 personas (datos del 6 de abril) y parece imposible frenar la expansión del virus a nivel global. El coronavirus nos ha obligado a cambiar nuestra forma de relacionarnos y nuestra manera de trabajar. También ha paralizado la economía global y ha descongelado las relaciones entre países que ante el mundo se habían declarado enemigos, como es el caso de Estados Unidos y China.

La humanidad ha sufrido el azote de numerosas pandemias a lo largo de los siglos. Si le soplamos el polvo al libro de Historia veremos relatos desgarradores de la peste negra en Europa en el siglo XIV o de la gripe tan mal apodada “española” a principios del siglo XX. La diferencia entre esta pandemia y las anteriores son, en realidad, dos. Por una parte, la globalización que ha permitido que el virus se expanda a un ritmo vertiginoso y, por otra, la tecnología que nos puede ayudar a paliar sus efectos.

El uso de aplicaciones móviles ha sido clave para doblegar la curva en un gran número de países asiáticos. En China, una app obligatoria monitorizaba desde tu teléfono móvil tus movimientos ofreciéndote un pasaporte virtual en forma de QR con un código de colores según tu nivel de riesgo: verde, sin problemas, amarillo, cuidado, rojo, cuarentena a casa. Y de ser así, dos veces al día un policía se cercioraba de que no desarrollaras síntomas.

En Taiwán, el uso colaborativo de la tecnología ha sido crucial para frenar la pandemia. Mientras las autoridades reaccionaban integrando los datos de los pasajeros llegados desde el exterior con el sistema de salud, los ciudadanos desarrollaban aplicaciones para mostrar dónde quedaban mascarillas o para informar voluntariamente de sus síntomas y evitar que otras personas se contagiaran.

De una manera más heavy, más cercano al continente europeo, países como Israel han tirado de software militar de vigilancia para controlar los movimientos de la población, encontrar focos de contagio y movilizar acorde los recursos—que siempre son escasos.

En Europa, la tecnología no ha sido la protagonista de la lucha contra el coronavirus como sí lo ha sido el cierre de fronteras y la compra masiva de productos de protección sanitaria al exterior. En España, sin embargo, el gobierno ha dado luz verde al proyecto DataCOVID que elaborará un estudio de movilidad rastreando la localización de cerca de 40 millones de teléfonos móviles para ver el impacto de las medidas de distanciamiento social.

Moncloa habla de que el proyecto está elaborado según la legislación vigente y de que no violará la privacidad de las personas: los datos serán agregados y anónimos.

El algoritmo funciona a través de correlaciones, patrones, tendencias, que “encuentra” tras el análisis de la base de datos. A grandes rasgos, cuantos más datos—y mejor catalogados y diversos—mayor precisión. Que los datos sean agregados significa que las operadoras ofrecerán un archivo de ubicaciones en los cuales no se podrá identificar al usuario (“anonimizados”).

España, al igual que la mayoría de los países, está dividida en zonas cubiertas por una antena de telefonía móvil. El resultado es el territorio dividido en paneles que cubre una superficie con varios miles de habitantes. Cuando viajas, tu teléfono se conecta a otra antena y así, sin necesidad de GPS, se sabe que has cambiado de ubicación.

El Gobierno recogerá las ubicaciones de estas antenas y, de esta manera, el estudio no rompe con las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, en España traspuesto mediante la L.O. 3/2018.

A pesar de que pensar en la tecnología como un recurso más que poner al servicio del interés general sea algo bueno, debemos tener cuidado. Situaciones excepcionales exigen medidas excepcionales. DataCOVID es más bien un tímido esfuerzo de utilizar la tecnología para el bien, y aunque parezca insuficiente en tiempo de cuarentena podría ser clave para supervisar la vuelta gradual a la normalidad. Podrá ayudar para comprobar el aforo, de esperar restringido, de, por ejemplo, grandes eventos al registrarse una acumulación de dispositivos conectados más grande de lo esperado en una zona.

Pero el primer problema de tener una herramienta de big data con esta capacidad de vigilar es la de la rendición de cuentas. Muchos, como el abogado Borja Adsuara, ya proponen que se ponga en marcha una comisión técnica, apolítica, neutral, con funciones perfectamente definidas, que lleven a cabo estas tareas. La comisión respondería ante la Ley, no ante el gobierno y eso es imprescindible para evitar abusos.

El segundo problema, es el marco temporal de la aplicación de DataCOVID. El gobierno defiende su aplicación “el tiempo necesario hasta que se restablezca la normalidad”. En la utilización ética de herramientas tecnológicas los límites son necesarios. Definir qué es “normalidad” —ese estado tan bueno al que queremos regresar—es imperativo para evitar abusos en la explotación de nuestros datos.

La sombra de países que se han fortificado o girado hacia el autoritarismo gracias a la tecnología, como es el caso de India y los cortes de Internet o China y el sistema de crédito social, exige que en las democracias liberales occidentales tomemos mediadas extra de control.

La falta de definición permite que tras derrotar al enemigo—el coronavirus—aparezca otro que justifique el continuar con las medidas de vigilancia o ampliarlas en beneficio del interés general. Y reconozcámoslo, siempre habrá algo sobre el horizonte. Terrorismo, pandemia, inmigración ilegal, algún estado que se fortalece a nuestro alrededor, grupos sociales o políticos dentro del propio país… Si la seguridad completa no existe, tampoco existe un momento sin amenazas percibidas.

Por último, hecho el truco hecha la trampa. Una vez conseguido un mecanismo adecuado de rendición de cuentas, un marco bien definido y limitado de actuación, necesitamos un alto nivel de consenso social para llevarlo a cabo. El poder en los países democráticos va desde abajo—ciudadanía—hacia arriba—gobierno—.

De no haber un alto nivel de aprobación, la herramienta iría en contra de nuestros valores fundamentales y eso podría también ir en contra de su eficacia. Si lo que recoge es la ubicación en antenas de telefonía móvil apaga tus datos, utiliza un cable ethernet para conectarte a la Red.

El uso del big data puede salvar vidas, y prevenir un repunte de contagios en esta pandemia. Puede ayudar a maximizar la eficacia de la administración y ayudar a que se destinen los recursos suficientes y necesarios en cada momento y así aprovecharlos al máximo.

Pero, cuando acabe todo esto, tenemos que pensar si queremos abrazarnos a un modelo de gobernanza tan vigilante y tan tecnológico. Reflexión, diálogo, permanecer atentos, exigir y ser críticos. Una vez que abramos la caja de monitorizar a la población—aunque sea en estos niveles tan pequeños—va a ser difícil cerrarla.

Andrea G. Rodríguez es analista de geotecnología en El Orden Mundial y miembro del departamento de seguridad y defensa del Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial (OdiseIA). Síguela en @agarcod.