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Honduras

Evangelistas convertidos en justicieros en mitad de la violencia que asola Honduras

Una organización cristiana sin ánimo de lucro ha alistado a ex policías, abogados y psicólogos para localizar a testigos e investigar casos.
18.6.15
Imagen por Maria Vanta

Hace cinco años el cuerpo de Sindy Marbella Alemán Cerrato fue encontrado en el vestíbulo principal de la sede de los testigos de Jehová en Tegucigalpa, capital de Honduras y ciudad infestada de crímenes.

La joven de 16 años murió asfixiada por un pedazo encarnado de franela que Manuel Pavón, el líder de la congregación, le había encajado en la boca para contener sus gritos mientras la violaba.

No hubo ninguna evidencia forense que permitiera a la policía seguir con la investigación. Y, a pesar de que los vecinos sabían quien era el asesino — le habían visto con la víctima y le vieron también en la escena del crimen —, se negaron a declarar nada a los cuerpos de seguridad.

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Sin embargo, hubo un grupo en el que sí confiaron. La familia de Sindy les había visto recorrer las calles de su pobre barriada antes. Se trata de evangelistas reconvertidos de manera no oficial en investigadores de homicidios que han conseguido una sorprendente cantidad de éxitos en un país en que la resolución de crímenes brilla por su ausencia.

La asociación por una sociedad Más Justa (ASJ), una organización cristiana sin ánimo de lucro, arrancó el proyecto de Justicia y Paz (PJP) hace unos diez años. Desde entonces ha ido recabando a sus informadores a base de comidas y de tazas de café.

Situada en el seno de una urbanización, justo en el exterior de un edificio de tres plantas de Tegucigalpa, el equipo multidisciplinar ayuda a la proverbialmente difamada policía local a investigar casos de asesinatos, agresiones sexuales y de tráfico de personas en los peligrosos barrios de la capital y de San Pedro Sula.

No se trata del único grupo latinoamericano en adoptar métodos poco ortodoxos para combatir la indiscriminada violencia frente al absentismo y la corrupción policiales. En El Salvador la iglesia católica tomó a principios de años, la insólita iniciativa de contactar con miembros activos de bandas criminales, en un intento por alcanzar una tregua — una tregua que se ha evaporado incontestablemente mientras los crímenes se disparaban el mes pasado. En México, el año pasado la aparente incapacidad del estado por proteger a sus habitantes provocó la proliferación de comunidades auto-reguladas, en las que campesinos y cirujanos unieron fuerzas para caminar de la mano e, incluso, liderar a la gente en los tribunales.

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En Honduras, un país con un clamoroso índice de impunidad del 96 por ciento, el problema es especialmente agudo. La nación, profundamente pobre y políticamente inestable ve cómo pasan entre 140 y 300 toneladas de cocaína por sus fronteras cada año, lo que ha disparado sus niveles de violencia y corrupción.

Las noches en San Pedro Sula, Honduras. La ciudad más violenta del mundo. Ver documental.

"Aquí gente pobre mata a gente pobre, de manera que no hay demasiada presión de la policía para investigar", declaró uno de los investigadores de PJP a VICE News. "La gente que vive en estos barrios asume que el crimen es un parte como cualquier otra de sus vidas".

PJP se reivindica como la primera iniciativa mundial de este tipo, y entre su séquito de colaboradores cuenta con ex policías, abogados y psicólogos que localizan a testigos y construyen casos. Se han vestido como políticos que salen a conseguir votos a puerta fría. Lo hacen para estrechar el cerco sobre un asesino que mató a alguien por una moto Yamaha. Han caminado por callejones con víctimas de violaciones en busca de su agresor. Y cuando este salió de prisión, convocaron a los medios de comunicación para asegurarse de que su rostro aparecía en todos ellos.

El grupo ha diseñado una especie de programa de protección de testigos, en que la gente que declara en los tribunales, lo hace con la identidad completamente protegida con la ayuda de un conversor de voz y por un sofocante albornoz de capucha negra. Tales fueron las medidas empleadas para conseguir una sentencia de 17 años para Pavón, que fue condenado por asesinato.

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Hasta hoy la iniciativa ha alcanzado una cifra de un 95 por ciento de condenados. En 2014, PJP —que dice obtener sus ayudas de gobiernos extranjeros, organizaciones de desarrollo y donantes privados —, ayudó a capturar a 84 presuntos asesinos en Tegucigalpa y San Pedro. Sula. Estuvo implicada en 16 juicios, y todos terminaron con veredicto de culpabilidad.

Este año, una nueva agencia de investigación enclavada en la oficina del Fiscal, empezó a intentar aplicar la metodología de ASJ, para dirigirse a comunidades con índices de violencia muy elevados.

Un mural en la sede de ASJ rinde homenaje a un investigador que fue asesinado en 2006 (Foto de María Vanta)

Esta primavera, durante una visita a San Pedro Sula — una ciudad repetidamente encumbrada en la lista de ciudades más peligrosas con un índice de homicidios de 187 por cada 100.000 personas — oficiales armados destinados por PJP, garantizaron la integridad.

En la profundidad de las barriadas, entre álbumes de fotografía desechados, grafitis de bandas y residencias abandonadas, los uniformes de las implacables bandas Mara Salvatrucha (MS-13) y Calle 18, gobiernan las calles. Están en guerra permanentemente para conseguir más territiorio y reclutar a más fieles. Aquí las masacres suceden cada semana y la única manera de distinguir a los clanes es por el calzado de sus miembros (los integrantes de Calle 18 llevan, exclusivamente, Nike Cortes, mientras que los MS prefieren las Reebok).

Los residentes de las barriadas están forzados a pagar a las bandas "por protección". De lo contrario, se exponen a ser asesinados. Para muchos hondureños , que a estas alturas ya están más que acostumbrados a los titulares sobre la desenfrenada corrupción policial, acudir a las fuerzas del orden está fuera de lugar.

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El observatorio de Derechos Humanos (HRW) asegura que el uso de la fuerza ilegalmente por parte de los policías hondureños, sigue siendo un "problema crónico" y que la agencia encargada de la reforma policial, apenas castiga a un porcentaje irrisorio de los agentes que se comportan de manera negligente. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández está acudiendo a la militarización para contener el derramamiento de sangre. Sin embargo, Hernández también se ha visto implicado en un escándalo por corrupción. Y aunque no esté implicado directamente, este mes se han multiplicado las voces que piden su dimisión.

Las estadísticas muestran que, incluso en aquellos casos en los que interviene la policía, la mayoría de crímenes jamás son investigados formalmente en Honduras.

"La gente pierde su confianza en el sistema judicial cuando solo una parte minúscula de los crímenes denunciados termina en detención", aseguró un abogado del PJP, quién pidió que su nombre no saliese publicado por miedo a convertirse en objetivo de algún ataque contra la organización. Los investigadores son víctimas habituales de amenazas de muerte y en 2006 un miembro del PJP fue asesinado durante una investigación.

Argentina Fuentes, la jefa de homicidios de la policía nacional hondureña, confesó a VICE News que su mayor obstáculo es la ausencia de logística.

"La verdad es que no tenemos ni vehículos, ni ordenadores ni dependencias suficientes", dijo Fuentes, quien también señaló que la ASJ ha ayudado a rellenar algunos de esos huecos.

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La ausencia de coordinación está siendo empeorada por el hecho de que no todos los departamentos guardan un registro electrónico de sus actividades. A menudo, un sospechoso puede tener pendientes varias órdenes de arresto por distintos crímenes, que se extravían con el papeleo.

"Hay corrupción seguro, pero no todos son malos", señaló un abogado del PJP en alusión a la policía. Y añadió que trabajan con agentes, no en contra de ellos.

Pese a todo, un paseo por una de las barriadas infestadas de crimen enclavada sobre uno de las escarpadas montañas de Tegucigalpa, ilustra los desafíos inherentes a intentar patrullarla.

La mayoría de las casas son cabañas circundadas por alambre de púas, que forman una afilada pendiente, conectado por sucias carreteras ondulantes. Es fácil imaginarse cómo perderse por entre las numerosas calles sin salida y por las escaleras que conectan las distintas elevaciones del barrio.

El vecindario está en expansión pero solo está vigilado por una comisaría de policía integrada por seis policías. Solo dos de ellos patrullan habitualmente.

"A lo largo de todas nuestras entrevistas por el país vimos y oímos una y otra vez que los residentes de Tegucigalpa sienten que no pueden confiar ni en la policía ni en las instituciones", comentó Pierina Sánchez, mientras redactaba un informe para la Agencia por el Conflicto y la Estabilización de operaciones del departamento de Estado de Estados Unidos, sobre la disminución de los homicidios en Latinoamérica del que es co-autora.

"ASJ rellena un vacío muy importante", declaró a VICE News.

Sigue Maria Vanta en Twitter: @m_vanta