Hablamos con las mujeres que han vendido sus hijos a parejas griegas

Este artículo se publicó originalmente en VICE Grecia.

La vista de la ciudad de Tesalónica desde las colinas de Pefka es espectacular, y desde aquí el bullicio de la gran ciudad es prácticamente inaudible. La joven sentada junto a nosotros tiene unos 20 años y se llama Dimitra. No sabe exactamente cuándo ni dónde nació.

En 1997, tres niñas de 18 y 24 meses fueron llevadas a Tesalónica por una mujer rusa a la que posteriormente arrestarían por formar parte de una red internacional de tráfico de menores. Aquel día, los periódicos informaron de que los miembros de la red pretendían extraer los órganos a las niñas y venderlos en el mercado negro, si bien nadie puede asegurar con certeza cuál habría sido su destino. Apenas un año antes, en 1996, el Gobierno de Grecia aprobaba una controvertida ley que sigue en vigor hoy día y que ampara los acuerdos de adopción privados entre padres biológicos y adoptivos sin que deba mediar una agencia oficial. Desde entonces, cientos o quizá miles, es imposible saberlo con certeza de niños como Dimitra han sido llevados a Grecia desde países como Bulgaria, algunos para ser entregados a sus familias adoptivas, aunque otros han sido víctimas de redes de explotación sexual o de tráfico de órganos.

Dimitra nunca había visto el reportaje ni imágenes de la mujer a la que arrestaron por llevarla a Grecia. Cuando se la enseñamos, la joven reacciona con emotiva pasividad, casi queriendo decir, "Tal es la maldad de este mundo". Ha pasado mucho tiempo desde aquello, Dimitra ha tenido una buena niñez en una Aldea Infantil de Tesalónica y ahora intenta seguir adelante con su vida. Pese a todo, la joven todavía no puede disponer de un documento de identidad expedido por el Gobierno griego. "No tengo certificado de nacimiento, así que no me pueden dar un documento de identidad. Me siento como si no fuera nadie, porque es lo que eres cuando no tienes documentos: nadie", nos cuenta. Una de las razones por las que Dimitra se encuentra atrapada en este laberinto burocrático es que debe cambiarse el apellido. Cuando las tres niñas fueron rescatas, las autoridades trataron sin éxito de hallar a sus padres biológicos en Rusia. La policía no tuvo otro remedio que registrar a la pequeña Dimitra con el apellido de la mujer que intentó venderla y entregarla al cuidado de la ONG.

La ley griega de 1996 que regula las adopciones fue aprobada con la voluntad de cubrir las lagunas jurídicas que existían con la anterior, de 1970. Así, por ejemplo, permite la adopción de niños nacidos fuera del matrimonio y reconoce el derecho de los niños a saber quiénes son sus padres biológicos una vez cumplidos los dieciocho años. Las adopciones privadas se autorizaron con la idea de acelerar el interminable proceso burocrático que provocaba retrasos de muchos años en las adopciones oficiales (una adopción organizada por una agencia pública podría llevar entre tres o cuatro años). Sin embargo, la ley se encontró con muchas trabas durante el proceso de aprobación, ya que se temía que sus disposiciones fueran aprovechadas por las redes de tráfico de menores.

El comité encargado de elaborar la ley justificó su decisión de permitir las adopciones privadas argumentando que prohibirlas solo aumentaría las incidencias de registros de nacimiento falsos. Sin embargo, diversas fuentes señalan que el fenómeno de registrar el nacimiento de un bebé en una clínica bajo el apellido de una madre adoptiva sigue siendo una práctica común. Según un informe del Comisionado de Menores de Grecia, las adopciones privadas a menudo implican transacciones económicas y constituyen un factor que propicia el tráfico de menores.

Desde la entrada en vigor de la ley, las autoridades han desmantelado complejas redes de tráfico de menores en Grecia, que operaban a través de Albania y la antigua Unión Soviética. Este tipo de delitos aumentó después de que la vecina Bulgaria se convirtiera en miembro de pleno derecho de la UE en 2007. Desde entonces, el número de mujeres romaníes en situación de vulnerabilidad que caen víctimas de las redes de tráfico de menores en campamentos en Bulgaria no ha parado de crecer alarmantemente. estas mujeres son desplazadas a Grecia para dar a luz en hospitales públicos, en los que los recién nacidos son vendidos por pequeñas cantidades de dinero. En algunos casos, las mujeres son obligadas a formar parte de "fábricas de bebés" que generan cuantiosos beneficios a sus explotadores. En los Balcanes existe una lista de precios de bebés: el coste de uno oscila entre los 15.000 y los 30.000 euros, según su sexo (los niños suelen ser más caros) y el color de los ojos o la piel. La madre biológica recibe solo 1.500 euros y, en algunos casos, únicamente el billete de vuelta a Bulgaria.

En octubre de 2013, la policía efectuó una redada en un campamento romaní en Farsala, una ciudad del centro de Grecia, donde encontraron a una niña de cabello rubio y ojos azules, muy distinta al resto. A la niña la llamaban Maria, y pronto trascendió que la pequeña era hija de una mujer búlgara de una barriada pobre de Bulgaria. El caso hizo saltar las alarmas sobre los fallos en el sistema griego, que permitía el tráfico de mujeres embarazadas y recién nacidos. Desde 2013, se han dado dos casos idénticos al de Maria en Larissa. Decidimos investigar la historia partiendo de su origen.

Nos desplazamos a Bulgaria, donde hablamos con mujeres que aseguraron que habían vendido a sus bebés en Grecia, e intentamos descubrir cómo las redes de tráfico explotaban las lagunas de la legislación griega. Empezamos en la ciudad de Burgas, un puerto comercial a orillas del mar Negro. Con una población de 200.000 habitantes, se trata de la cuarta mayor ciudad del país y, según constatan diversas votaciones, se considera la población con mejor calidad de vida, pese a su elevado índice de criminalidad. Este último aspecto es bastante notorio en Pobeda, un gueto romaní cerca del puerto, gran parte del cual está separado de la ciudad por un muro perimetral. Vemos a varios niños desnudos jugando en charcos embarrados mientras nos acercamos al centro de la barriada, hogar de 12.000 personas.

En Pobeda no somos bienvenidos, como podemos constatar por las miradas hostiles que nos dedican sus gentes. La zona está gobernada por dos tipos de líderes: los religiosos y los criminales, estos últimos con un impresionante historial de tráfico ilegal, robos y tráfico de mujeres embarazadas.

Nos dirigimos al centro del tugurio. La primera mujer que encontramos nos hace entender a base de gestos que la gente allí pasa hambre y que las mujeres dan a luz para ganarse la vida. Delante del agente de policía que nos acompañaba, y con una sinceridad desconcertante, Galena Raicheva nos contó que ya había vendido uno de sus hijos en Grecia. "Pagué mis deudas y reparé el tejado de casa con el dinero que me dieron", aseguró la mujer, escuálida y con ojos tremendamente expresivos. La seguimos a su humilde choza, el único lugar en el que podemos hablar en privado. "Me llevaron a un hospital de Grecia para dar a luz a una niña, y luego se la llevaron. La estuve amamantando solo durante tres días. Un griego se la llevó y me dieron tres billetes de 500 euros. "Los intermediarios son los que se llevan mucho dinero", asegura Raicheva. "Me siento muy mal por ello, pero ¿qué puedo hacer? Me duele pensar en lo que he hecho. Mira cómo me ha afectado la preocupación y el arrepentimiento".

Nuestra reacción instintiva fue juzgarla, aunque silenciosamente. "¿Cómo puede una madre vender a su hija?". Sin embargo, cuanto más tiempo pasábamos en el campamento, más cuenta nos dábamos de que aquellas mujeres no eran las culpables, sino las víctimas de las redes de tráfico de menores.

En la clínica de maternidad del Hospital Estatal de Burgas, el obstetra Antonio Dushepeev nos cuenta que ha llegado a recibir a pacientes embarazadas con solo doce años. "No acuden al hospital durante el embarazo y luego, al dar a luz, tienen muchas complicaciones. Como padre de dos hijas, lamento muchísimo la situación de estas mujeres y el hecho de que, al tener un hijo a tan corta edad, seguramente no tengan acceso a una educación adecuada o a un trabajo. Sufrirán ellas y sus hijos".

De vuelta en Pobeda, el jefe de la policía, Stamat Hristov, nos asegura que sabe perfectamente qué mujeres han vendido a sus hijos y quiénes son los traficantes, y añade que el origen del problema está en Grecia. "El problema está en que se permite. Estamos hablando de la legislación de dos países vecinos. Todas las transacciones se efectúan en el extranjero. Las vendedoras están aquí; son mujeres de los estratos más bajos de la sociedad, que viven en condiciones muy precarias y a las que les consume el arrepentimiento, por lo que a menudo acaban testificando contra los traficantes", nos cuenta Hristov.

Un hombre se acerca al jefe de policía mientras caminamos por el gueto. Viste solo unos pantalones cortos azules y luce abundantes tatuajes. Bogdan Shterionov es hermano de Pandurito, uno de los infames líderes oficiosos de Pobeda y hombre de gran influencia en el gueto. Ambos han cumplido penas de prisión por tráfico de mujeres embarazadas. Bogdan se enorgullece de los tatuajes que se hizo en prisión. Cuando le preguntamos por qué lo encerraron, duda un instante antes de contestar. "Por tráfico de menores", dice sonriendo y tocándose el estómago, como si estuviera embarazado. "Era inocente; me cayeron diez años por nada, porque no he vendido ningún niño", asegura. Le preguntamos qué opina de las mujeres que venden a sus recién nacidos. "Vienen a nosotros voluntariamente, son mujeres sin hogar. No las obligamos a hacerlo. Ahí arriba hay un Dios. Las mujeres suelen tener unos cuatro hijos y quieren comprarse una casa. Yo intenté vender uno pero no lo conseguí… Me habría sacado 8.000-10.000 levs (4.000-5.000 euros) si hubiera vendido el niño en Grecia".

La vida en Pobeda es dura. Sus gentes se ganan la vida pescando, vendiendo chatarra o regentando pequeños colmados. El único ingreso que reciben del Estado son 35 levs (17 euros) por niño al mes. Por si su situación no fuese suficientemente complicada, recientemente el Gobierno búlgaro ha amenazado con demoler las chabolas de Paboda, lo que dejaría a miles de personas sin un techo. Esa misma noche, acompañamos a una patrulla policial de ruta por el gueto. El ambiente es tenso. Las cámaras no son bienvenidas, sobre todo por parte de los líderes criminales, que rehúsan reunirse con nosotros. Un grupo de niños, subidos a los maleteros de varios coches, no paran de reírse y burlarse de nuestras caras de estupefacción. Uno de ellos nos lanzó una botella de agua, otros nos tiraban piedras, dejándonos muy claro que no nos querían allí.

Pese a que Bulgaria es miembro de la UE desde 2007, su economía es de las menos desarrolladas de la unión. El salario mínimo es de unos 200 euros, y más de dos de cada diez ciudadanos se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. La situación de la comunidad romaní todavía es peor, ya que es una etnia marginada por la sociedad.

En la localidad de Gorno Ezerovo, a las afueras de Burgas, el pueblo romaní vive en condiciones de extrema precariedad. Captura de pantalla de nuestro documental, 'Babies for Sale'

Viajamos a Gorno Ezerovo, una pequeña localidad junto a un lago, a 15 kilómetros de Burgas, a la que se accede por una carretera sin asfaltar. Sus habitantes viven en chabolas junto a la orilla. Rumyana Hristova, una mujer con cicatrices en la cara y las manos, nos esperaba a la puerta de su chabola, con el techo de madera y repleta de agujeros por los que se colaba el frío. La gente empezó a arremolinarse a nuestro alrededor para no perder detalle de los forasteros. Todos conocían la historia de Hristova.

"Tengo cuatro hijos, uno de ellos en prisión. No tengo trabajo ni forma de ganarme la vida. Mi marido recoge chatarra en el vertedero. Tampoco tiene trabajo. Aquí, en Bulgaria, nos morimos de hambre", nos cuenta. "En 2010 descubrí que estaba embarazada. Vivía en una chabola cuando vendí al bebé. No quería que tuviera el mismo destino que yo. Quería que tuviera una vida mejor. Yo no tenía casa. Aquella gente vino y vio que estaba embarazada. Me preguntaron si quería ir a Grecia y accedí. Fui allí, di a luz y vendí al bebé. ¿Qué otra cosa podía hacer?". Siguió con su crudo relato. "Me dieron 2.000 euros. Construí esta casa, pero no me quedó suficiente dinero para pagar las deudas. Al año siguiente, di a luz a otro bebé. Tenía que reemplazar al niño que entregué. ¿Qué podía hacer, si no?", se lamentó. En ese momento, un niño entró en la casa y corrió a los brazos de la mujer. "Ya no soy capaz de entregar a un hijo a nadie. Es pecado".

La ciudad de Kameno, a unos 25 kilómetros de Burgas, se considera la zona cero del tráfico de menores. Al parecer, es aquí donde da comienzo la ruta que recorren las mujeres embarazadas y que termina en territorio griego. A sus veinte años, la guapísima Zumbulka Shterionova está embarazada de su quinto hijo. Di a luz al primero con tan solo quince años. El tercero de ellos lo vendió en Chipre a una pareja griega, pero los traficantes la engañaron y no llegó a ver ni un céntimo del dinero del pago acordado. "Me engañaron para que entregara al bebé, diciéndome que con lo que ganara podría construir una casa para mis otros hijos. Me prometieron 3.500 levs (1.700 euros), pero mintieron. Se llevaron al niño, lo vendieron y no me dieron ni un céntimo. Al menos me pagaron el billete de vuelta y no me dejaron tirada. Lo denuncié a la policía y me dijeron que el caso se llevaría a los tribunales. La policía lo sabe todo", nos cuenta la joven.

Todo el mundo en Kameno sabe dónde viven los traficantes: en "palacios" de dos pisos, con balcones y patios, que contrastan marcadamente con las destartaladas chabolas diseminadas por la zona. Planteamos lo que considerábamos una pregunta razonable a las autoridades: si se sabe dónde están los traficantes, ¿por qué no los arrestan? Un policía de Kameno, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, nos dio esta respuesta: "Han sido arrestados por ese delito en Grecia y encarcelados aquí, pero eso no significa que cometieran el mismo delito en Bulgaria". También le preguntamos por qué no condenaban a las mujeres que vendían a sus hijos. "Porque testifican en contra de los traficantes", fue su respuesta.

El problema del tráfico de menores en Kameno es tan acuciante que los niños de las guarderías públicas llevan una pulsera con el mensaje "No estoy a la venta". Entramos sin hacer ruido en una aula en mitad de una lección. Los jóvenes alumnos nos reciben con entusiasmo y los brazos en alto. Luego nos enseñaron sus dotes artísticas cantando y dibujando. La encargada del centro Maria Ivanova es también la impulsora de un programa con el que se pretende sensibilizar a niños y padres sobre la situación. "Estamos abrumados por la situación en la región. Intentamos inculcar a niños y padres valores como la familia, el amor y la unidad", nos explica Ivanova, a quien informan personalmente de muchos casos de tráfico de menores en Grecia. Los propios niños del centro a veces le explican que "su tío lo hace".

Los niños terminan sus dibujos. La profesora nos enseña orgullosa uno de ellos, obra del pequeño Raicho. "Muy bien, Raicho, veo que has dibujado a tus papás y a tus doce hermanos. Es un dibujo precioso y demuestra lo mucho que los quieres a todos", dice al pequeño al tiempo que le da un abrazo.

El caso más notorio de tráfico de menores en Bulgaria se destapó en la ciudad de Varna, al noreste, en el campamento romaní de Maksuda. En 2011, una mujer de treinta años cambió de idea y quiso recuperar a su bebé tras haberlo vendido, por lo que acudió a las autoridades para denunciar la existencia de la red de tráfico. La operación se saldó con el arresto de siete personas en Grecia y cinco en Bulgaria. En Lamia, una ciudad en el centro de Grecia, se halló un bebé en casa del cabecilla de la red de criminales. Tuvimos acceso al archivo policial del caso Lamia y comprobamos que la Interpol había marcado varios puntos como confidenciales, todos ellos relacionados con al menos ocho mujeres búlgaras que habían registrado a sus hijos en diversas oficinas del registro en Grecia, tres en Volos y cinco en Lamia. La investigación policial reveló que, entre 2007 y 2012, doscientas cuarenta y siete mujeres búlgaras habían dado a luz en el hospital del condado de esa región de Grecia, y que se efectuaron ciento siete adopciones privadas de niños búlgaros.

Si existe un infierno en la Tierra, debe parecerse mucho a Maksuda, en las afueras de Varna, un asentamiento cuyos habitantes viven junto a miles de toneladas de residuos, sobre los que sobrevuelan en círculo bandadas de gaviotas. Ponen en riesgo sus vidas a diario, rebuscando entre la basura para recolectar plástico y chatarra, compitiendo con las ratas y tratando de evitar las jeringuillas. Conseguimos organizar un encuentro con el hermano de la mujer que fue acusada de actuar como cajera en la red de tráfico de menores de Lamia. El hombre, que iba en silla de ruedas, nos explicó que su hermana se había mudado a Bélgica. "Todo eso ocurrió hace tiempo. Si queréis un hijo, id a una institución", nos recomendó.

En un panorama de desesperación absoluta, los voluntarios de la ONG Partnership, en Varna, intentan aportar cambios positivos a la comunidad romaní de la zona. "Hay muchos chavales por aquí que sueñan con convertirse en traficantes. A menudo es un negocio familiar que pasa de generación en generación", nos cuenta Ilian Rizov, responsable de la institución. "Las madres son víctimas circunstanciales y no llegan a tomar ese tipo de decisiones solas, sino que se ven abocadas a ello debido a su entorno. Cuando una madre se plantea vender a su bebé, realmente está pensando en el bien del resto de sus hijos. Por tanto, por un lado está la influencia del entorno, y por el otro, la desoladora perspectiva de criar otro niño en la absoluta pobreza", señala Rizov. El mensaje que estos voluntarios quieren transmitir es, "No vendas a tu hijo. 500 euros te provocarán más dolor del que te puedas imaginar".

Grecia se perfilaba claramente como el origen de toda esa demanda de adopciones ilegales, una lacra que lleva tiempo instalada en Grecia

A mediados de los noventa, el diario de Tesalónica TA NEA publicó un artículo de investigación sobre el tráfico de bebés que llevaba décadas llevándose a cabo en la sombra en la ciudad helena. En él se hacía mención a la Clínica de Mujeres Rusas (cuyo nombre oficial es el Hospital Estatal de Tesalónica), durante los sesenta, y al orfanato estatal Agios Stylianos. Al parecer, el grupo criminal estaba formado por médicos, parteras y varios intermediarios que mentían a las pobres víctimas diciéndoles que sus hijos habían muerto durante el parto. La versión de los responsables del orfanato era que los niños aparecían en las escaleras de la institución, con notas que supuestamente habían dejado sus propias madres diciendo que no tenían recursos para criarlos. Los miembros de la red llegaron a ganar verdaderas fortunas con esta actividad a lo largo de los años.

No fue hasta muchos años más tarde que estos casos salieron a la luz, cuando varios de aquellos niños adoptados intentaron localizar a sus padres biológicos y se organizaron en una sociedad. Así supieron que había parteras y enfermeras que todavía conservaban las notas y los efectos personales que habían dejado los padres, creyendo que sus hijos habían muerto. Uno de los periodistas que participaban en la investigación, Georgios Chatsios, recuerda que "personas que habían sido adoptadas hacía cuarenta años empezaron a exigir que se les contara la verdad". Resulta imposible saber con certeza cuántos niños se dieron en adopción ilegalmente en Tesalónica durante la década de 1960. "Había cientos de casos. Había días en los que nos llegaban hasta cuarenta personas a la oficina, con fotos y notas en las manos, para explicar su historia". El primer caso en ir a los tribunales fue el de la adopción del hijo del juez del Tribunal Supremo, Daniel Daniel. El magistrado se propuso conocer la verdad y la argumentación de la Fiscalía se basó en las pruebas que aquel poseía.

Finalmente, el tribunal admitió que se había producido una adopción ilegal, si bien no podían presentarse cargos porque el delito ya había prescrito. Por esa misma razón, tampoco podía instruirse ninguno de los demás casos. De hecho, muchas de las personas implicadas en la red de tráfico de menores incluso habían fallecido.

Han pasado dos décadas y la burocracia de la adopción sigue siendo lenta, un proceso que puede alargarse hasta cinco años. Las parejas griegas, sin embargo, quieren adoptar bebés, no niños de cinco años. Esto ha llevado a muchos matrimonios a optar por la vía rápida de la ilegalidad.

Eleni Gegle, una abogada ateniense y antiguo miembro de la Fiscalía del Tribunal de Menores, nos cuenta que la ley es clara al respecto: "No se permiten transacciones monetarias en los procedimientos de adopción. Sin embargo, esta norma no se respeta. En el 95 por ciento de los casos de adopción privada, los padres adoptivos pagan una suma", y añade: "La legislación que regula las adopciones privadas es sólida. La ley ofrece a las parejas sin niños la posibilidad de contactar directamente con los padres biológicos que estén dispuestos a dar a su hijo en adopción, sin que medie una ganancia económica (…). Sin embargo, muchas veces los documentos de adopción, que son revisados por el tribunal, se limitan simplemente a indicar que ambas partes acuerdan los términos de la adopción, sin especificar cómo llegaron a contactar", señala Gegle.

De hecho, las adopciones ilegales se legalizan en los propios tribunales. Este círculo vicioso podría romperse si el juez tuviera la potestad de formular más preguntas a la madre biológica, como por ejemplo dónde conoció a los padres adoptivos.

"Los tribunales de Atenas instruyen casos de adopciones privadas los lunes, en el edificio número 6. Resulta curioso que ese día destaca la presencia de gran número de mujeres de una nacionalidad concreta, todas ellas representadas por el mismo abogado. Sí, un solo abogado puede llegar a representar diecinueve de los veinticinco casos diarios que se instruyen. Es extraño", señala Gegle. Y añade: "También hay casos en los que se presentan al tribunal pruebas de mujeres que han llegado a dar nueve hijos en adopción".

Resulta todavía más sencillo cuando en esta red greco-búlgara participan también médicos y personal sanitario que registran los nuevos nacimientos en el hospital directamente bajo el nombre de la madre adoptiva, en lugar del de la biológica. De esta forma evitan que el proceso de adopción pase siquiera por los tribunales, ya que lo único que debe hacer el padre adoptivo para formalizarlo es declarar en el Registro Civil. De los casos investigados en los últimos años, se sabe que médicos, abogados y otros intermediarios formaban parte de estas redes de traficantes.

Pese a todo, rara vez se producen arrestos. La agente Sofia Kousidou, jefa de la Unidad de Protección de Menores de la Policía de Tesalónica, nos explica que la última red de tráfico de menores se desmanteló en 2013. "La legislación griega no contempla las adopciones ilegales como una forma de crimen organizado, lo que limita a la policía el tipo de armas que podemos utilizar y las operaciones que podemos llevar a cabo. Por supuesto, en ausencia de denuncias formales, nos resulta imposible demostrar que ha habido dinero de por medio en un proceso de adopción", añade.

Dado que a nadie parece interesarle hablar con la policía, otra solución podría pasar por investigar de forma minuciosa y sistemática todos los procedimientos del Registro Civil para averiguar si una misma madre ha dado anteriormente a otros hijos en adopción. Esto podría proporcionar una base sobre la que denunciar a los tribunales. Contactamos con el Registro Civil de Tesalónica, cuyos responsables se negaron a concedernos una entrevista. Otra solución consistiría en que los servicios sociales llevaran a cabo controles rigurosos en las clínicas de maternidad. El Hospital General de Tesalónica Ippokrateio 14, donde muchas mujeres búlgaras dan a luz, también se negó a hablar con nosotros.

En el transcurso de la investigación, con frecuencia nos encontramos con el argumento de que, a fin de cuentas, estos niños están mejor en Grecia. Esa opinión "benefactora" podría ser una de las razones que perpetúa la actitud negligente del parte del Gobierno heleno. Los funcionarios de las oficinas del Registro Civil no están haciendo bien su trabajo. Las autoridades están atadas de manos. Los jueces también. Los abogados, en su intento por poner remedio a las demoras en los procesos de adopción, podrían estar agravando más el problema. Y al final, los padres adoptivos, desesperados por tener un hijo, financian las redes de tráfico de menores con ingentes sumas de dinero. ¿Su razonamiento? "¿Por qué no iba a mejorar la situación de un niño que ha nacido sumido en la pobreza?". La respuesta parece sencilla: "Porque os estáis convirtiendo en impulsores de delitos contra los menores y sus madres".

A finales de noviembre de 2016, la Viceministra de Trabajo, Theano Fotiou, presento una propuesta de ley para acelerar los procesos de adopción en Grecia. "El proyecto legislativo pretende agilizar el proceso de adopción a partir de criterios irrefutables y estableciendo procedimientos limitados en el tiempo. La documentación para la adopción deberá completarse en un plazo máximo de tres meses. Las parejas que desean adoptar no pueden pasar años esperando", declaró la ministra a los medios. Según las fuentes a las que hemos consultado, se están llevando a cabo negociaciones respecto a la revisión de la polémica ley. Por su parte, la Viceministra de Trabajo se ha negado en repetidas ocasiones a concedernos una entrevista.

Traducción por Mario Abad.