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El futuro de los clubes de cannabis en España

Los clubes son la alternativa legal al consumo de marihuana, pero se sabe poco de lo que puede pasar con ellos.

El futuro de los clubes sociales de cannabis de España es incierto. Al no haber leyes de ámbito nacional, la aplicación regional de las políticas del cannabis es inconsistente y confusa. Pero habiendo más de 800 clubes sociales de cannabis por todo el país, España ya no puede permitirse ser complaciente y no atender el problema. Para crear un futuro sostenible con el modelo de clubes sociales de cannabis, políticos, profesionales de la industria del cannabis y ciudadanos tienen que unirse para desarrollar políticas sensatas, una colaboración que podría llegar a formar parte del futuro de los clubes de cannabis españoles.

La historia de los clubes sociales de cannabis de España

Durante la mayor parte de la historia moderna de España ha habido pocas sanciones para el consumidor promedio de drogas. La práctica general era que si una persona no había cometido otros delitos o actos inmorales, las autoridades hacían la vista gorda en temas de consumo personal de drogas. De hecho, España nunca había penado la posesión ni el consumo personal de marihuana.

Aunque esta política de libertad de consumo personal sigue vigente hoy en día, en 1992 en España se aprobó una nueva ley que imponía multas a los ciudadanos que consumieran o estuvieran en posesión de drogas en espacios públicos. Esta maniobra llevó directamente a la revolución cultural del cannabis que España está experimentando hoy en día.

parlamento de cataluña

El Parlamento de Catalunya. Fotografía por el autor

ARSEC y la brecha catalana

En respuesta a la nueva ley que sanciona el consumo personal y la posesión de cannabis, se fundó en Barcelona la Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis (ARSEC) a principios de los años noventa, convirtiéndose en la primera organización activista de cannabis. En 1994, ARSEC plantó alrededor de 200 plantas de cannabis en un acto que hoy se conoce como la brecha catalana. Las plantas fueron rápidamente confiscadas por la policía y los miembros fundadores de ARSEC fueron arrestados.

Los juzgados provinciales absolvieron a ARSEC, pero la acusación recurrió la decisión y tres años después, el Tribunal Supremo falló en contra de la asociación de cannabis: una sentencia leve de varios meses de prisión —que se suspendieron— y varios miles de euros de multa.

Kalamudia y la brecha vasca

En ese momento, los activistas del cannabis consideraron inaceptable el veredicto del Tribual Supremo en 1997 contra ARSEC. Como réplica, varias organizaciones de cannabis se unieron para apoyarles. Una de esas asociaciones cultivó cannabis para protestar. A aquel acto simbólico se le dio el nombre de la brecha vasca, y el resultado inicial fue similar al de la brecha catalana: la policía acusó a los fundadores de "delito contra la salud pública" y solicitó permiso judicial para destruir las cosechas de Kalamudia.

Pero esta vez no sucedió. El tribunal desestimó el caso y falló a favor de Kalamudia, impidiendo así que la policía destruyera las plantas de marihuana de la asociación. Este movimiento dio a los activistas y a las asociaciones de cannabis de todo el mundo la confianza necesaria para seguir adelante con su plan durante los siguientes años, lo que culminó en la apertura del Club de Catadores de Cannabis de Barcelona en 2001.

La evolución del modelo de club social de cannabis español

El Club de Catadores de Cannabis de Barcelona fue el primer club que ofreció un espacio privado para que sus miembros pudieran consumir productos de cannabis elaborados por la misma asociación. Hasta ese momento, las asociaciones de cannabis españolas eran colectivas con el único propósito de plantar y distribuir cannabis entre sus miembros. El CCCB y otros clubs que le siguieron allanaron el camino para el surgimiento de una floreciente cultura del cannabis en España.

El crecimiento del modelo de club social de cannabis en España fue modesto al inicio, con ocasionales conflictos con las autoridades. En 2009, solo había 14 clubs en toda Cataluña y un puñado en el resto del país. Pero solo tres años después ya había cientos, con más de 200 solo en Barcelona. Empezaba a gestarse un problema.

Tras la repentina proliferación de clubes nuevos entre 2012 y 2015, hubo que hacer algo con la situación. Se abrieron numerosas causas penales contra clubes de cannabis como Pannagh, Green Lemon, 3 Monkeys, Maria de Gracia, La Mesa, ABCDA y otros, a los que se acusaba de "delito contra la salud pública" y "asociación ilícita", y las autoridades supieron por muchas sentencias previas que los cargos de tráfico de drogas no se aplican a las asociaciones privadas de cannabis españolas.

En la mayoría de casos, los clubes ganaban los casos en los juzgados provinciales, pero tras los recursos de la acusación, instancias superiores revirtieron las decisiones y se acabaron aplicando sentencias relativamente leves.

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El club social de cannabis 'Choko', en Barcelona. Fotografía por el autor

¿Cómo está regulado el cannabis en España?

Los clubes sociales de cannabis existen gracias a dos garantías constitucionales:

1. El derecho a la intimidad

2. El derecho de asociación

El derecho a la intimidad permite a los ciudadanos españoles hacer básicamente lo que quieran en privado, incluso consumir drogas. Esta protección también permite cultivar marihuana para consumo personal, aunque no especifica qué cantidad se puede tener ni cuántas plantas se pueden plantar; es un derecho genérico.

El derecho de asociación, por otro lado, permite que los ciudadanos se organicen en grupos. En relación con el derecho a la intimidad, si los particulares desean agruparse para cultivar y/o consumir una cantidad personal de cannabis en un espacio privado, la Constitución les ampara.

Que la Constitución ampare estos derechos no quiere decir que los clubes de cannabis estén regulados por el Gobierno central; no lo están. La Constitución española permite la existencia de estos clubes en teoría, pero siempre han sido las autoridades autonómicas las que intentan regularlos o controlarlos. En general, la legislación trata asuntos de salud pública, como la evacuación de humos, la proximidad de los clubes a escuelas y centros de salud, etc. En la Comunidad Foral de Navarra, por ejemplo, sí que existe una normativa creada con la intención de controlar los clubes de cannabis locales, aunque en gran parte se ha ignorado. Según Bernardo Soriano, un destacado abogado de clubes sociales de Madrid, se trata de un conflicto entre los gobiernos centrales y regionales.

"De hecho, no hay ninguna normativa específica sobre los clubes sociales de cannabis a nivel nacional, y la única regulación que está aprobada hoy en día en el ámbito autonómico es la de la comunidad de Navarra. Sin embargo, no está en vigor porque el Partido Popular (PP) la recurrió ante el Tribunal Constitucional, precisamente porque pretendía regular a nivel autonómico competencias que solo se pueden regular desde el Gobierno central", asegura Soriano.

Algunos activistas del cannabis como Oriol Casals Madrid, del Observatorio Civil de Drogas, están intentando cambiar la situación forzando al Gobierno central a regular los clubes. En Barcelona, la capital de la industria del cannabis de España, una petición de 60.000 firmas, titulada La Rosa Verde, es la punta de lanza de Casals para intentar que el Parlament de Catalunya regule las asociaciones de cannabis. Pero en realidad se trata de una astuta manera de persuadir a los legisladores regionales para que presionen al Gobierno central y regulen los clubes sociales privados de cannabis, y es la mejor oportunidad que tiene España de conseguir una legislación nacional del cannabis en un futuro cercano.

"Aquí, el parlamento catalán y el Consejo de Salud apoyan completamente a la comunidad del cannabis y a los activistas", dijo Casals hace poco en una entrevista. "Están preparados para trabajar juntos".

Casals es el principal representante en el parlamento de la industria del cannabis de Cataluña, y cree que el futuro de los clubes de cannabis de España es prometedor, especialmente en Cataluña, una comunidad autónoma muy progresista. Y si tenemos en cuenta que cada mes se abren nuevas asociaciones de cannabis en pueblos y ciudades de toda España, es obvio que el pronóstico favorable de Casals lo comparten muchos trabajadores de la industria del cannabis.

Del año 2020 en adelante

Lo que se puede deducir al ver el pasado de los clubes sociales de España es que probablemente no haya muchos cambios en un futuro cercano. A pesar de las numerosas exigencias para que se establezca un marco legislativo, es probable que España siga haciendo como Holanda y los Estados Unidos, que nunca han tenido establecimientos de cannabis regulados a nivel estatal. Al negarse a regularlo, los gobiernos mantienen el control reservándose una carta en la manga: si no hay legislación nacional, resulta mucho más fácil regular según el dictado de factores como la opinión pública u otros catalizadores.

Así que, aunque el futuro de los clubes de cannabis es confuso, no es probable que en un futuro cercano vayan a aguar la fiesta a nadie. A fin de cuentas, es la Constitución española la que permite que los clubes existan, y si la presión que ejercen desde hace décadas ciudadanos e instituciones no es suficiente para convencer al Gobierno de que cree un marco normativo laxo para que esta industria sea popular y rentable, no es muy probable que la Constitución vaya a modificarse.

Russ Hudson es el creador de www.marijuanagames.org, dónde sube reseñas y guía al público y a los consumidores sobre las mejores variedades de hierba en Barcelona.