IVA canasta familiar
Ilustración: Jimmy Palacio.
VICE te lo explica

El IVA fue una cortina de humo: así es como el gobierno te va a joder el bolsillo

ANÁLISIS | El proyecto, propuesto por el partido colombiano Centro Democrático, fue luego retirado por petición del mismo partido político. El plan real de hacer más ricos a los ricos sigue ahí.
8.11.18

Artículo publicado por VICE Colombia.


Con el cuentico de “gravar con IVA la canasta familiar” se ha chantajeado de manera notable a la sociedad colombiana. Fuimos víctimas de un cínico montaje que fue orquestado por el Centro Democrático, quien usó como conejillos de indias al presidente de la República, Iván Duque, y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

La cosa fue más o menos así.

Durante las últimas dos semanas la discusión pública en el país se ha centrado en el proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno de Iván Duque ante el Congreso, a la que no tuvieron el empacho en llamar por su nombre real (es decir, “Reforma Tributaria”) sino que lo bautizaron “Ley de financiamiento”. Además de que su promotor, el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, carece de toda legitimidad para estar en el cargo por las serias denuncias que se han hecho en su contra y que lo llevaron a control político en el Congreso por los “bonos del agua”, la ley promueve la continuación de la historia de exclusión, desigualdad y perpetuación del poder económico en manos de una élite irresponsable que, al parecer, desconoce cualquier tipo de solidaridad con los estratos medios y bajos del país.

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Se ha chantajeado a la sociedad colombiana, insisto, con el argumento de que sin la reforma no habrá recursos para la educación o que con el vacío fiscal que dejó el gobierno anterior es inmenso, porque el de Juan Manuel Santos fue un gobierno “derrochón” y que, por eso, es necesario cubrir los vacíos de financiación que dejó su mandato en temas sensibles para la población pobre. Pura mierda: las cifras oficiales muestran que el hueco fiscal que recibió Duque es mucho menor que el que dejó Álvaro Uribe Vélez, quien, al terminar su gobierno en 2010, lo dejó cercano a los 21 billones de pesos, mientras que Santos dejó un vacío de 14 billones.

Ahora, Álvaro Uribe, quien intentó hacer lo mismo de gravar la canasta familiar sin éxito en 2003 (la Corte Constitucional tumbó la medida) y en 2006 (no se aprobó en el Congreso) se muestra preocupado por los efectos que puede tener esa medida en los sectores sociales más vulnerables. Ayer, después de una reunión con el ministro Carrasquilla, supuestamente decidieron buscar opciones que no impliquen gravar la canasta familiar.

¿Ya me creen con lo de la cortina de humo?

Lo peor de todo es que, en Colombia, es urgente una medida económica que realmente ayude a los sectores más vulnerables. Por solo dar un dato, en julio de este año se publicó un informe de la OCDE que, entre otras cosas, demostró que en Colombia se necesitan 11 generaciones para que una familia pueda superar su condición de pobreza, lo cual es ocasionado por la alta concentración de la riqueza en manos de unos pocos y la falta de políticas sociales que garanticen, en condiciones de igualdad, acceso a salud, educación y vivienda. Según la directora de la OCDE, Gabriela Ramos, los colombianos vivimos en el país más desigual de América Latina.

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El problema de fondo persiste y lo del IVA a la canasta familiar fue un desvío de la atención en el debate, así como una estrategia para que estemos agradecidos con Álvaro Uribe. A continuación explicaré, por un lado, la ideología detrás de la reforma tributaria y, si se aprueba (con o sin IVA a la canasta familiar), quiénes serían los mayores beneficiarios y quiénes los mayores perjudicados.

Antes, les doy un poco de contexto.

El neoliberalismo, esa palabra “mamerta” que desde siempre ha afectado tu bolsillo

Después del estancamiento de la economía global durante la década de los 70 y de la crisis del petróleo, principalmente Estados Unidos y el Reino Unido asumieron el liderazgo de promover (e imponer) la idea de que se debía recuperar la producción de capital mundial a través de una serie de reformas que incluían, entre otras, las siguientes:

a). Reducir el Estado a sus mínimas proporciones. El Estado, es decir todo lo que conocemos como de carácter público. De esa forma, el libre mercado podría suplir bienes y servicios a la población, incluidas la salud, las pensiones o la educación, que ahora en Colombia están sometidas al devenir de la oferta y la demanda porque son tratados como un producto y no como un derecho.

b). Privatizar las empresas estatales. Estas deben ser entregadas a empresarios para que supuestamente den mayores rendimientos y sean más eficientes, dejando a un lado su labor social. Esto incluye la privatización de ciertos servicios públicos, como las telecomunicaciones en Colombia, que ahora generan altísimas utilidades para conglomerados transnacionales como Claro o Movistar, que terminan en manos de sus dueños. Por ejemplo, el Estado privatizó Telecom por ineficiente, en vez de reestructurarla y generar beneficios para todos los ciudadanos. Tampoco nos olvidemos de Isagén, sobre la cual se impuso la idea de que debía ser vendida para costear obras de infraestructura.

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c). Permitir la intervención del sector financiero. Esto se hace no solamente para que accedamos a través de un crédito a bienes suntuosos, como relojes o carros de lujo, sino para poder educarnos, acceder a una pensión de vejez o tener vivienda. Ya habrán escuchado las publicidades que dicen que “Se le presta para lo que necesite. Crédito de libre consumo para comprar carro, vivienda o hacer una maestría”.

Incluso en Colombia los recursos públicos para infraestructura se les entregan a fondos administrados por la banca privada, que, como en el caso de la concesión encargada de hacer el fallido y trágico puente Chirajara, estaba en manos del grupo financiero de Luis Carlos Sarmiento Angulo, para quien solo aumentan las utilidades sobre las grandes cantidades de dinero que se le entregan para administrar los recursos de puentes.

d). Imponer como correcta la idea del ‘trickle down’. Es sencillo, suena incluso correcto: si los ricos tienen mucha plata, eso de alguna forma generará riqueza para los más pobres, que tendrán empleo en las empresas de aquellos.

El problema es que esta es una idea reevaluada hace casi un siglo y fue reemplazada en la década de los 30 en Estados Unidos por el Keynesianismo, que promovía un pacto entre el capital y el trabajo, además de la redistribución de la riqueza a través de la tributación. Pero el neoliberalismo la ha hecho su bandera y, como lo repite incansablemente Donald Trump, a las empresas se les deben remover las barreras tributarias para que puedan generar riqueza. Esa riqueza que, por efecto del goteo (“trickle down” en inglés) desde las clases superiores hacia las inferiores, llevaría supuestamente a mayores recursos para las clases medias y bajas, esas gotas que nos dejan saborear los más ricos.

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Esta es la lógica de los últimos gobiernos en Colombia, que continúan buscando remover las cargas tributarias a las grandes empresas y al sector financiero porque, según ellos, llegará más trabajo y mejores condiciones para todos. De nuevo: pura mierda.

Las últimas tres décadas en Colombia han estado marcadas por una serie de reformas que han puesto en evidencia la imposición de esta ideología, que en el país se comenzó a llevar, fuertemente, a la práctica en el gobierno de César Gaviria (1990-1994), quien privatizó la mayoría de las empresas del Estado y que, entre otras, promulgó la Ley 100 de 1993, que entregó la salud y las pensiones a empresarios. Todo, hasta nuestros derechos más esenciales, deben estar intermediados por agentes privados. Nosotros, los ciudadanos, debemos acudir al crédito para poder obtener lo básico: vivienda, educación, salud, alimentación. Mientras tanto, los empresarios nos darán agua, pensión, educación y vivienda a punta del gotero que a bien quieran dosificar desde su riqueza.

Al final, la reforma tributaria presentada por Duque solo fortalece la implementación histórica que se viene haciendo de esta ideología a través de reformas y de la mercantilización de los derechos fundamentales. Una historia repetida: Santos lo hizo, Pastrana lo hizo, Samper lo hizo, Gaviria lo hizo.

La estrategia “Uribe vs. Uribe” y la propuesta del IVA sobre la canasta familiar solo fue un desvío de la atención pública sobre lo que está —y seguirá estando— detrás: las cargas tributarias se harán más fuertes en las clases medias, mientras que los grandes capitales (las empresas, el sector financiero), con la falsa promesa de generar más crecimiento económico, más empleo y de regalarnos un poco de su riqueza bajo el mecanismo del goteo, se harán más ricos. Entonces, la desigualdad en Colombia seguirá siendo parte de la naturaleza de nuestra sociedad, como afirma la OCDE.

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El IVA se cayó, pero sigue en pie la “Ley de Financiamiento”: de esto se trata

A pesar de que durante su campaña Iván Duque prometió no subir impuestos, sí promovió la idea de que el Estado estaba quebrado en manos del “castrochavista” Juan Manuel Santos y de que se necesitan recursos (más de 14 billones) para mantener los programas a los más pobres, como “Familias en Acción”, o para mejorar la educación en el país, los cuales se podrían obtener de una reforma que redujera el tamaño del Estado.

Esta última propuesta no se ha llevado a cabo y se impuso la idea de la necesidad de aprobar la “Ley de financiamiento”, porque, dicen, si no pasa su trámite en el Congreso, debemos decirle adiós a los recursos adicionales para la educación superior o a las pensiones. Dentro de la reforma hay al menos dos problemas:

Problema # 1:

A los ricos les seguirán perdonando los impuestos o, de pronto, les bajarán la carga, sin tener ninguna consideración en redistribuir la riqueza. Como lo explicó Guillermo Perry en su columna del domingo en El Tiempo, titulada la “La ley de desfinanciamiento”, la reforma solo busca reducir la carga tributaria a los mayores capitales: “habría una fuerte disminución de recaudos futuros debido a la reducción gradual de la carga tributaria a las empresas y de la tasa general del IVA del 19 al 17 %, así como a una serie de nuevos beneficios tributarios de muy dudosa eficacia, lo que, supuestamente, se compensaría mediante ingresos billonarios por normalización de patrimonios ocultos y un mayor control de la evasión”. ¿A quiénes les va a tocar soportar esta reducción de impuestos a las grandes empresas?

Los asalariados, principalmente quienes componen la clase media, serán los que aumenten el recaudo del gobierno. Es decir, los que llenen el hueco que no le cobran a los ricos. A través del aumento de la tarifa de la renta a las personas naturales y de la ampliación del número de personas que deberán declarar renta y tributar, el gobierno gravará aún más los salarios y no los grandes capitales. Esto genera una carga desproporcionada sobre quienes mueven la economía a través del trabajo, entretanto las grandes empresas serán beneficiarias de reducción a sus impuestos.

Problema #2:

El natural, el sistema mismo: nos someten al endeudamiento a través de la banca para poder satisfacer nuestras necesidades más básicas; el sector financiero saca una jugosa tajada con la administración de nuestras pensiones o de los recursos públicos; las empresas manejan la salud, la vivienda, todo; el sistema perpetúa la desigualdad y los más ricos están cada vez pagando menos impuestos que permitan redistribuir el capital que está en manos de esos pocos. Es un fenómeno global, que incluso economistas como Thomas Piketty han explicado a profundidad y que exigen un mayor activismo de nuestra parte.

Todo hace parte del mismo andamiaje neoliberal. El debate debe ir al fondo de la reforma, más allá del IVA sobre la canasta familiar, incluso, debemos reflexionar sobre todas las reformas que se están imponiendo para “salvarnos” de una crisis inexistente. Es que el miedo opera para que gobernantes como Duque, Bolsonaro o Trump canalicen sus políticas. En el caso de la reforma tributaria, debemos exigir, por lo menos, que todos aportemos de forma solidaria y que los más tienen no sean desproporcionadamente beneficiarios de exenciones y reducciones, bajo el argumento revaluado de que generarán más riqueza y empleo.