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Pocas horas después de que estallara la primera bomba en el aeropuerto bruselense de Zaventem, las autoridades belgas pidieron a los medios nacionales que no informaran sobre las operaciones en curso. Le Soir, uno de los principales periódicos del país, acató el requerimiento.

No era la primera vez que esto pasaba. A finales de noviembre de 2015, tras los atentados de París, la policía belga emitió un tuit pidiendo que las redes sociales secundaran un apagón informativo durante un operativo para apresar a Salah Abdeslam, el único superviviente de los ataques en la capital francesa.

Entonces los usuarios de Twitter se lo tomaron a broma publicando fotos de gatos.

‘Por seguridad, respetad el silencio en los medios sociales en aquello relativo a las operaciones policiales en curso en Bruselas’.

‘ÚLTIMAS NOTICIAS: Fotos filtradas de los sospechosos del lockdown en Bruselas’

Esta vez la tragedia había golpeado demasiado cerca y el dolor era demasiado intenso como para bromear sobre la cuestión. Pero el atentado acaecido en el centro de Ankara unos días antes y las consiguientes restricciones de difusión de información impuestos apuntaban a modos de proceder parecidos entre los gobiernos turco y belga. ¿Son comparables ambas reacciones?

Elif Akgül es editora de libertad de expresión en las noticias de Bianet, un medio turco basado en Estambul y con una línea editorial muy vinculada a la defensa de los derechos humanos. Este digital sin ánimo de lucro se financia mediante la Swedish International Development Agency (SIDA), la Unión Europea (UE) y la International Freedom of Expression Exchange (IFEX).

Akgül señala a VICE News la diferencia fundamental entre las reacciones belga y turca a la cobertura mediática tras un atentado. El apagón informativo en lo relativo a las operaciones policiales en Bélgica «era una ‘recomendación’, y no un ‘veredicto’».

En Turquía estos bloqueos son producto de la decisión de un tribunal. Una vez se emite una resolución, el Alto Consejo de la Radio y la Televisión (RTÜK en turco) la impone a todos los medios. No hay datos recientes recogidos por la administración, pero el exviceprimer ministro Bülent Arinç afirmó que entre 2010 y 2014 hubo 149 prohibiciones.

«La prohibición en medios implica también el bloqueo de aplicaciones como Twitter y Facebook. El bloqueo no es una restricción directa, sino más bien un estrangulamiento total del acceso a internet», recuerda a VICE News Gökhan Biçici, uno de los periodistas enfrente de Dokuz8.

Las protestas antigubernamentales de 2013 han estimulado la extensión de conocimientos técnicos con los que sortear los apagones de Internet. Biçici explica que su agencia de noticias contribuye a combatir la censura mediante la articulación de una red de periodistas ciudadanos combinada con la experiencia profesional.

Un grafiti da instrucciones para evitar el bloqueo de Internet en una pared de una localidad turca sin determinar.

Hablamos con Can Dündar, periodista preso por contar cómo Turquía arma a los rebeldes sirios. Leer más aquí.

Gökhan Biçici apunta a otra diferencia sustancial con el apagón belga.

«Los bloqueos de medios no son sólo utilizados tras atentados: también en casos de corrupción, errores en las relaciones internacionales e inestabilidad política interna para esconder su responsabilidad en estas cuestiones», dice el periodista.

Tanto Dokuz8 como Bianet van a contracorriente de los grandes medios de Turquía. Elif Akgül cuenta que Bianet anunció que no iba a obedecer la resolución para proteger la libertad de información.

«Creemos que los medios deben autorregularse y que cuestiones como publicar metrajes gráficos, en relación a la seguridad nacional o a investigaciones, debe ser decidido por el consejo editorial, con responsabilidad por parte de la profesión periodística», defiende Akgül.

Coincide con ella Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa de España (FAPE). «La responsabilidad del periodista es enorme, a mi juicio», opina la veterana periodista, quien entiende que los contextos turco y español son incomparables y considera que existe una utilización política de la información de seguridad en la república turca.

González ve con buenos ojos la colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad e informadores a la hora de dejar embargados determinados asuntos que pueden interferir en una operación o poner en peligro la vida de personas. Así como el uso de los canales establecidos en los departamentos de prensa de los agentes gubernamentales implicados en esta área.

Para ello, considera que quienes deben hacerse cargo de estas coberturas son periodistas especializados en Interior. Según ella, personas que trabajan con cautela, que conocen a las fuentes y que saben hasta dónde puede difundirse una filtración. «Somos conscientes de que trabajamos con un material muy sensible», insiste.

La autorregulación frente a las injerencias externas es el denominador común a ambos lados del Mediterráneo. «Hay que presuponer una responsabilidad a los medios y a los periodistas, en una situación así», declara Virginia Pérez, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), recientemente elegida miembro de la Junta Ejecutiva del Instituto Internacional de Prensa (IPI en inglés).

«Se nos está obligando a hacer una dejación de nuestras funciones de vigilancia de los poderes públicos», se posiciona Pérez, quien cree lícita la sugerencia siempre que no derive en una imposición. Entiende que los errores cometidos por un profesional de la comunicación deben juzgarse a posteriori, nunca evitarse de forma preventiva.

«En nombre de la seguridad no todo vale», sentencia la periodista.

Cómo me separé de mi amigo Rasool y por qué tiene que ser liberado de la prisión turca. Leer más aquí.

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