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Drogas

Los clubes cannábicos españoles en el limbo legal — permanece la inseguridad jurídica

El Tribunal Constitucional español ratifica la suspensión cautelar de una ley autonómica para regular los clubes cannábicos. Las partes implicadas coinciden en la necesidad de clarificar el marco legislativo.
19.10.15
Guardia Civil incauta una plantación de marihuana. Imagen vía Ministerio del Interior.
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Las asociaciones cannábicas seguirán en la cuerda floja; sujetas al capricho de la interpretación de la judicatura y administraciones locales. Pocas semanas después de que el Tribunal Supremo (TS) español actualizara la doctrina en relación a estos clubes, el Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado la suspensión cautelar de la Ley foral de la Comunidad Autónoma de Navarra que pretendía regularlos.

De acuerdo con la resolución del estamento judicial, levantar la suspensión podría tener "un impacto, claramente, no solo en la seguridad y salud públicas, sino también en la seguridad jurídica", pues, según el TC, la norma "no permite descartar" que el producto consumido en los clubes al amparo del principio de autoconsumo compartido acabe en manos "de terceras personas que la adquieran y la circulen de manera ilegal".

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"Por lo que se refiere al mantenimiento de la suspensión cautelar de la Ley navarra hasta que resuelva el recurso, es una opción normal, a la que no debería darse ninguna lectura que indicase sospecha sobre las intenciones del Constitucional. No comparto la argumentación del Abogado del Estado, que parece dar por seguro que en los clubes regulados se cometerán delitos. Pero entiendo la cautela del Constitucional, que no puede ignorar la última sentencia del Tribunal Supremo sobre clubes cannabicos", opina sobre el edicto a VICE News Araceli Manjón, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y ex directora del Gabinete del Plan Nacional sobre Drogas del gobierno español.

La proliferación de estas asociaciones cannábicas se fundamentó en la jurisprudencia que asentaron varias resoluciones judiciales que reconocen al autoconsumo compartido al amparo de la ley, en algunos casos y siempre que no medie voluntad de tráfico. La falta de regulación y el derecho de asociación establecido en la Constitución hicieron el resto: en 2014 había estimados 600 clubes cannábicos en España, la mitad de los cuales en la comunidad autónoma de Cataluña.

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"Lo importante aquí será la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el recurso sobre la posibilidad de regular administrativamente las asociaciones y el camino que el Tribunal Supremo va a seguir en otros casos, porque en el ya resuelto queda lo más importante sin establecer: los requisitos que permitirían a una asociación actuar sin incurrir en delito", sigue y aclara Manjón.

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Tal y como la reportera de tribunales María Peral explica en el digital El Español, la sentencia del TS establece que estos clubes han de estar constituidos, exclusivamente, por un reducido grupo, "identificable y determinado", de usuarios habituales o "adictos", e impone que se evite un número indiscriminado de socios. La resolución sigue actualizando la doctrina para que se evite la promoción pública de su actividad mediante un lugar cerrado y que la cantidad de cannabis sea la "mínima y adecuada" para su consumo "inmediato", con el objetivo de excluir el almacenamiento masivo. Los responsables de la asociación serán los responsables del cumplimiento de estos preceptos.

"Habrá que hacer seguimiento de la sentencia [del TS]: evidentemente, las sentencias del supremo son vinculantes para los órganos jurisdiccionales, pero claro: eso no quiere decir que no puedas recorrer y que llegue a la misma sala con otros ponentes y te lo cambien. De hecho, muchas veces, el handicap que nos encontramos nosotros es que sí, sí: la jurisprudencia lo que dice a los otros juzgados es por donde va su sentencia, pero no es menos cierto que cambian como cambian las opiniones". Habla Antoni Mariscal, inspector jefe del área de delitos econónomicos de la policía autonómica catalana, los Mossos d'Esquadra. La Comunidad Autónoma de Cataluña es el principal epicentro de estos clubes en España.

VICE News habló con Mariscal de la operación que el cuerpo autonómico llevó a cabo el pasado marzo sobre un club cannábico del barcelonés barrio de Nou Barris, una operación que se saldó con la detención de cinco personas acusadas de un delito continuado de tráfico de drogas. Este caso introduce una nueva variable: el supuesto blanqueo de capitales en una asociación de este tipo.

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"Para poder imputar blanqueo de capitales nosotros necesitamos una actividad ilícita. Sino es imposible. Es un delito que va ligado a un delito antecedente. Entonces, lo primero es demostrar ese delito antecedente. Evidentemente, con la legislación actual, es posible que, según el fiscal, a las asociaciones cannábicas se les impute un delito contra la salud pública, en un momento en el que, a pesar de que sean socios, se puede demostrar que han hecho una compra de la marihuana. Una vez que esto se acredita sí que se puede demostrar el blanqueo de capitales. Y en nuestro caso, en el caso de las actuaciones policiales, lo que hemos hecho, pues evidentemente, hay una imputación por un delito antecedente que es un delito contra la salud pública. Por eso imputamos nosotros el blanqueo de capitales", explica Mariscal, quien sostiene que es habitual que estos dos delitos vayan asociados.

"Lo que hay que valorar es si este movimiento de dinero tiene ánimo de lucro o no. Si los propietarios de la asociación cannábica justifican que este movimiento de dinero es para el mantenimiento de la asociación en sí pues, evidentemente, aquí no hay ningún delito. Si se demuestra que este ánimo de vender es a terceros al margen de la asociación cannábica y, por lo tanto, ya nos encontramos ante un delito contra la salud pública ya cambia la cosa", continúa el agente.

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¿Qué pasaría, pues, si el consumo de cannabis estuviera regulado?

"Cualquier regularización de actividades ayuda a impedir el lavado de capitales y el delito fiscal, pero, naturalmente, no es una garantía absoluta. Son muchos los negocios legales que hoy evaden impuestos y blanquean sus ganancias. Los beneficios de la regulación controlada de las drogas son otros: evitar todos los perjuicios de la prohibición y respetar la esfera de libertad de los individuos. Por muchas razones es mejor regular y controlar que prohibir y castigar", sostiene la profesora Araceli Manjón.

Pero, ¿De qué hablamos cuando se imputan delitos de blanqueo a clubes cannábicos? ¿Existe la posibilidad de que estos ejerzan de tapadera del crimen organizado?

"Yo no te hablaría de grandes asociaciones criminales en ningún caso. De lo que sí hablaría es de unos ingresos injustificados. Es decir: hay alguien que tiene un patrimonio que no se puede justificar con el patrimonio de la asociación cannábica, y evidentemente esto es uno de los indicios que utilizamos para constatar que están blanqueando dinero, porque no está regularizado", responde Mariscal a esta pregunta, y añade, sobre el volumen de plantas incautadas en algunos casos: "Muchas veces nos creemos que estamos delante de un gran traficante cuando seguramente es un consumidor particular".

"Para nosotros, en este momento, el perfil de la gente de la asociación cannábica no es el perfil de un traficante. Dicho esto: hay muchísimas, claro. Pero el perfil: ni son gente problemática ni son gente con quienes nosotros hayamos tenido un problema. Son gente que tiene un negocio amparado por una licencia municipal… Ahora bien: cuando hay un fiscal que nos dice 'escuchad, que yo acusaré de un delito… Si hay que mirar si hay blanqueo habrá que mirarlo", insiste el jefe del área de delitos económicos.

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"Yo me he encontrado comisarías saturadas por una incautación de plantas de marihuana y equipos de cultivo. Cada incautación que ellos llevan a cabo implica un procedimiento, requisar todos los elementos de las plantas, pesarlo, básculas, camiones, almacenarlo hasta que no se ordene la destrucción del material… Muchas veces pasa algún tiempo porque las partes tienen derecho a pedir contra-análisis o a pedir una pericial; no se produce una destrucción inmediata", ilustra a VICE News el abogado Oriol Casals.

Casals sostiene, junto a otros, una campaña para "regular la actividad de las asociaciones de consumidores de cannabis de acuerdo a la realidad social y al respeto de los derechos fundamentales, a las políticas de prevención de riesgos vigentes y a los derechos de los asociados" mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) dirigida al gobierno autonómico; una iniciativa de ley propuesta por los ciudadanos a los órganos de gobierno correspondientes.

"Todo esto es un papeleo y una serie de recursos para casos que tampoco son de prioridad ciudadana. La inseguridad ciudadana la gente la pide en otros campos: lo que serían robos violentos y lo que serían otros tipos de acciones, que son mucho más nocivas o que hay una percepción de mucha más nocividad social", añade el abogado. Todas las partes coinciden en la idea de que la solución sigue pasando por la clarificación en el marco legal.

"Las actuaciones del agente vienen marcadas por lo que dice el Supremo. Pero vuelvo a decir que, tampoco es menos cierto, que lo que ayer era blanco hoy será negro. Por lo tanto, habrá que ver el seguimiento de todo esto", acaba el inspector Antoni Mariscal.

Sigue a Quique Badia en Twitter: @qbadiamasoni