La tala ilegal de caoba en Ecuador está fuera de control

Artículo publicado por VICE México.

William Angulo no había terminado de cortar el tronco de cedro cuando recibió el impacto de nueve lanzas en su cuerpo. En ese momento sobrevivió al ataque, pero días después murió de una infección en un hospital público de Quito, a 320 kilómetros de la Amazonía donde había sido atacado por un grupo de indígenas en aislamiento voluntario.

Andrés Moreira, su compañero, tuvo mejor suerte y sobrevivió para contar su historia. Ambos habían llegado a ese recóndito lugar de la selva ecuatoriana para extraer madera. Eran 17 madereros provenientes de distintas ciudades. Durante 18 días se internaron en la zona de Cononaco Chico, a unos 90 kilómetros de Coca, para talar árboles de cedro. Habían sido contratados por un “patrón” y esperaban ganar un jornal diario de 10 dólares.

Un trabajo informal que no cubre seguro de vida ni accidentes. El cedro era extraído de una zona intangible del Parque Nacional Yasuní y cada semana era transportado en cuatro camiones. En su libro, “¡A quién le importan esas vidas!”, la periodista Milagros Aguirre Andrade, denunció el tráfico de madera en una de las áreas naturales más megadiversas del mundo. Once años después de sus primeras denuncias, habla de la situación actual: “se ha instalado un puesto de control oficial, pero no se ha apresado ningún maderero en Coca en todo este tiempo”.

En el complejo circuito de la extracción de la madera algunos de los indígenas waorani han participado directamente durante muchos años. Ellos son un pueblo que fue contactado a mediados del siglo pasado por misioneros estadounidenses. Sus parientes lejanos son los clanes que se resistieron al contacto y escogieron el aislamiento. Aquellos que atacaron a Andrés Moreira y demás madereros.

“Algunos de los waorani que estuvieron involucrados en la extracción de madera cambiaron de actividad y se fueron a trabajar con las empresas petroleras”, dice Milagros Aguirre. Pero el tráfico continúa en la zona. Los ministerios de Ambiente y Justicia del país han realizado inspecciones en el margen sureste del Parque Yasuní y han encontrado campamentos dedicados a la extracción ilegal de especies que luego son enviadas hacia el Perú, por el río Napo, uno de los principales afluentes del Amazonas.

La zona intangible Tagaeri Taromenani (ZITT) es un territorio de más de 750 mil hectáreas dentro del Parque Nacional Yasuní, y la explotación de recursos naturales está prohibida en esta zona ocupada por indígenas en aislamiento. “La situación [por el ingreso de taladores ilegales] es delicada para los pueblos aislados”, dice Washington Huilca, investigador que lideró expediciones en la zona, como parte de un esfuerzo conjunto entre la Fundación Alejandro Labaka, Acción Ecológica y Land is Life, organizaciones no gubernamentales que trabajan en la región amazónica. “Lo que más nos preocupa es que están talando cedro”, dice Huilca.

Según el informe técnico que elaboró la expedición, grupos de madereros —algunos creen que provienen de Perú— ingresan en estos territorios protegidos para cazar animales y cortar árboles de chuncho y cedro. Esta especie, conocida también como oro rojo, puede comercializarse en tres mil dólares por metro cuadrado. Según David Suárez, quien integró la misión, “la ausencia de controles del Estado hace que la madera sea comercializada ilegalmente en la frontera peruana”.

Aunque la tala de árboles en el margen sureste del Parque Yasuní puede considerarse una actividad ilegal, Elena Mejía, investigadora del Center for International Forestry Research (Cifor), explica que hay otras zonas donde forman parte de proyectos de autosostenibilidad.

En 2013, Mejía integró un equipo de expertos que levantó información sobre los mercados de la madera en Ecuador, Perú y Bolivia. En Ecuador se concentraron en las provincias de Orellana y Napo. Hallaron que la mayoría de finqueros (indígenas kichwas, shuar y colonos) que explotan sus bosques, lo hacen a pequeña escala con proyectos del Ministerio de Ambiente, que intentan que esta actividad sea sustentable.

“Sacar madera es riesgoso y costoso. Una persona que tiene varias hectáreas (finquero) utiliza toda la mano de obra de la familia para hacerlo. Si les cae un árbol encima nadie los va a ayudar. En Ecuador hay varias comunidades que hacen esta actividad solo por necesidad”, dice Mejía.

El estudio sobre Ecuador revela también que los pequeños extractores —el eslabón más bajo de la cadena de comercialización— son los que obtienen menores ganancias. Los intermediaros y las empresas se llevan los mayores réditos económicos. Una parte de la madera que sale de la Amazonía se destina a aserraderos y fábricas para la elaboración de muebles y la construcción. Otro bloque importante es enviada a Huaquillas, en la frontera, para luego ser enviada a Perú.

Los datos oficiales a los que tuvimos acceso para esta investigación señalan que Ecuador extrae entre 3,5 y 3,9 millones de metros cúbicos de madera cada año. El 80% proviene de plantaciones de Pino, Eucalipto, Teca y Balsa, ubicadas en las regiones Costa y Sierra. El 20% restante se extrae de bosques nativos asentados principalmente en la Amazonía, mediante un proyecto de aprovechamiento sustentable dirigido por el Ministerio de Ambiente. De todo este volumen, un 40% se destina para la exportación.

En 2017, Ecuador exportó alrededor de 91 millones de madera aserrada (principalmente Balsa y Teca) y más de 120 millones de dólares en productos elaborados como tableros (Pino y Eucalipto). En Ecuador las empresas exportadoras que lideran el mercado administran también la cadena completa de plantación, aprovechamiento, procesado y distribución. Estas son: Plantabal, Novopan, Diab Ecuador, Cobalsa, entre otras. Colombia es el primer destino de las exportaciones madereras de Ecuador. Recibe la mayor parte de tableros aglomerados. En segundo lugar está Estados Unidos. La madera aserrada, sin embargo, tiene como destino principal China e India.

En octubre del año pasado la caoba o ahuano ( Swietenia macrophylla) fue declarada en veda por diez años. Desde el 2013 se encuentra en el apéndice II del acuerdo de la Convención sobre Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES). Según el Ministerio de Ambiente, las provincias de Pastaza y Morona, albergan a las últimas poblaciones de esta especie en Ecuador.

¿Cómo controlará la autoridad ambiental el cumplimiento de la veda? De acuerdo a la autoridad incrementarán el control en las carreteras, pondrá vigilancia móviles en rutas programadas, se verificarán los programas de manejo forestal y se fiscalizará el trazo del producto hasta su destino final (industrias, aserraderos, centros de acopio, entre otros).

El equipo de control tiene en todo el país a 82 técnicos (distribuidos en 41 oficinas forestales). Por su parte, el proyecto de Sistema Nacional de Control Forestal tiene 68 especialistas en las provincias con mayor conflictividad. “Los funcionarios se encuentran capacitados para el reconocimiento de las especies que son aprovechadas y comercializadas”, explica la autoridad.

Sin embargo, el experto forestal Walter Palacios advierte que la decisión de la veda por diez años solo será positiva, “en la medida en que se adopten medidas complementarias, entre ellas, un inventario general para evaluar el estado de la población y un control efectivo de la extracción ilegal”.

Penti Baiwa, indígena waorani que vive en Baameno, una de las tres comunidades asentadas en el área intangible del Parque Yasuní, habla de su padre. “Fue un guerrero que defendió la selva con lanzas, y nosotros vamos a defenderla de los coworis (taladores) que quieren llevarse la madera”. La madera es extraída ilegalmente de la Amazonia ecuatoriana y luego incorporada al circuito formal del comercio y la industria.