El motín. Cuando los reos tienen hambre

Artículo publicado por VICE México y apoyado por Quinto Elemento Lab, que dio acompañamiento editorial y financiamiento a esta investigación.

Hace una hora que amaneció en la isla María Madre, donde sólo los barcos autorizados pueden cruzar la barrera de las 12 millas náuticas. Son las 8:45 de la mañana y en esta cárcel, enclavada en el Océano Pacífico, está por romperse la monotonía.

Unos 50 hombres con el rostro cubierto se encuentran alrededor de una de las celdas haciendo destrozos y pronto a esa turba se unirán muchos más, hasta llegar a 700. Portan palos, piedras, varillas y herramientas y se dispersan con rapidez hacia varios puntos de Laguna del Toro, una de las cinco prisiones que forman parte del penal de Islas Marías.

Unos se enfilan al área administrativa, tiran las puertas y prenden fuego a las habitaciones de los custodios. Otros saquean los almacenes de abasto de comida y la tienda; también los depósitos donde se guardan los kits de aseo, los uniformes y el calzado.

Los hombres que permanecen alrededor de las celdas de castigo —donde comenzó el motín— embisten la alambrada y arrancan la puerta con ayuda de un trascabo Caterpillar, una pipa y un camión de pasajeros. Destruyen las cámaras de seguridad y abren grandes boquetes en las paredes de las celdas por donde sus compañeros escapan.

La comandante encargada de Seguridad y Custodia corre hacia la cárcel Femenil y abre las puertas de las celdas: “¡Las van a violar!”, les grita y las hace salir.

El cártel de la comida.

En la Ciudad de México, Manuel Mondragón y Kalb, un hombre de expresión adusta, ordena que un equipo del Sistema Penitenciario Federal vuele a las Islas Marías para realizar un diagnóstico.

Mondragón y Kalb lleva apenas un par de meses al frente de la Comisión Nacional de Seguridad, un organismo que ve por el orden público y supervisa cárceles federales. Pero este día, 2 de febrero de 2013, todo se salió de control en Laguna del Toro. Los motines en cárceles federales ocurren muy rara vez, según las estadísticas oficiales. De hecho, no ha habido otro motín en una cárcel federal desde entonces.

A 210 oficiales de la Marina, de la policía federal, rural y antimotines les tomó casi tres horas someter a los presos y recuperar el control de esta cárcel ubicada en el extremo sur de la isla. Corrieron con suerte de que la violencia no se propagara a las otras prisiones de la isla, separadas de Laguna del Toro por varios kilómetros de terreno en breña. La represión dejó 37 presos lesionados, algunos de ellos con heridas de bala. La policía peinó la isla en busca de tres internos que escaparon hacia el monte.

Además de la comitiva de Mondragón y Kalb, a la isla también llegó un equipo de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). A partir del 3 de febrero, ellos entrevistaron a decenas de reos y custodios; por espacio de unas semanas estuvieron revisando informes médicos, reportes de la policía, de la Marina y del Ejército. La reconstrucción de los hechos aquí narrados son parte de su informe.

El otro reporte, el de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), llegó a manos de Mondragón 15 días más tarde y ambos, hechos por separado, reportaron conclusiones similares: la alimentación deficiente, la escasez de agua para beber y el abuso al que se sometía a los internos en las celdas de castigo fueron algunos de los detonantes de la rebelión.

Los presos sufrían vejaciones, no comían bien y no bebían lo necesario en esa isla donde el calor no da tregua.

La compañía contratada desde mayo de 2012 para dar el servicio de alimentación era La Cosmopolitana, de Corporativo Kosmos, una empresa familiar de la Ciudad de México que se ha convertido, sigilosamente, en el monopolio del servicio de comidas para un enorme número de mexicanos cautivos, como publicaron VICE y Quinto Elemento Lab en la primera parte de esta investigación.

La Cosmopolitana estaba a cargo de la alimentación, el suministro de agua, la entrega de artículos de aseo personal y una decena de servicios relativos al mantenimiento de los penales federales.

En el documento interno de la CNS, hasta hoy inédito, los funcionarios detallaron seis aspectos de la vida en Laguna del Toro que dieron origen al motín. Entre éstos, fallas en la seguridad, abusos de poder por parte de algunos comandantes y la falta de trabajo remunerado.

En el apartado quinto, dedicado a los servicios en el penal, detalla:

• Los alimentos son insuficientes, no cambian el menú en meses, siendo lo más común que les sirvan chayote y papas mal cocidas (y) cuando se les llega a proporcionar carne o pollo, ocasionalmente se encuentra en estado de descomposición.
• Las condiciones en las que se preparan y sirven los alimentos son poco higiénicas.
• La alimentación es mala al igual que el agua para consumo.
• Los artículos de aseo personal son de mala calidad.

El documento instruye las acciones que debían emprender enseguida: “sustituir el actual menú por uno que cumpla con estándares de calidad diseñados por especialistas (nutriólogos), y adecuado a los gramajes de proteínas y calorías necesarios”, aumentar la reserva de alimentos en la isla, abastecer a los presos con implementos para sus alimentos y aumentar la plantilla de trabajadores de La Cosmopolitana, para cumplir con los servicios contratados.

La Comisión Nacional de Seguridad envió este documento el 18 de febrero de 2013 a Eduardo Gómez García, titular del área que contrató a La Cosmopolitana para prestar una docena de servicios en 14 prisiones federales alrededor del país, donde vivían en ese tiempo 20 mil hombres y mujeres presos.

En el documento, la CNS le pedía, entre otras cosas más, ligadas a la operación del penal, “revisar y supervisar el cabal cumplimiento” del contrato de cuatro años que tenían firmado con La Cosmopolitana y “evaluar la conveniencia de continuar contando con los servicios de la misma”.

En el contrato por 6 mil 493 millones de pesos, La Cosmopolitana se comprometía a­ entregar “ frutas, verduras, cárnicos, pollos, pescados y mariscos de primera calidad y con marcas especificadas”; y se aseguraría que la comida que saliera de sus cocinas fuera saludable y segura.

También debía dotar con agua suficiente a presos y al personal de administración y custodia. Los empleados de La Cosmopolitana debían usar cubrebocas, guantes y cofias, gorras y zapatos especiales. Todos pasarían por controles sanitarios y exámenes clínicos regulares.

Según el contrato, habría castigos si fallaba. El gobierno tenía la facultad de suspender anticipadamente o dar por terminado el contrato, si la proveedora no cumplía con lo establecido o si ponía en riesgo la operación de cualquiera de las cárceles, o causaba algún daño. La rescisión podía darse “por incumplimiento de las obligaciones pactadas” y “cuando existan causas justificadas”.

Una colección de fotografías a las que tuvieron acceso VICE y Quinto Elemento Lab, tomadas el día después del motín, muestra los saldos de la revuelta en Laguna del Toro.

Los presos hicieron agujeros en los muros de un galerón con celdas, por donde presumiblemente ayudaron a escapar a sus compañeros. Prendieron fuego a un autobús de pasajeros, derribaron grandes estructuras de acero y destrozaron partes del área administrativa; los expedientes y documentos terminaron dispersos por el suelo. La ira quedó plasmada en rayones con leyendas de odio y amenazas contra los guardias alrededor de la cárcel.

“Evidentemente, la comida tuvo un peso sustantivo en ese motín”, dijo en entrevista con VICE y Quinto Elemento Lab Elena Azaola, quien lleva tres décadas estudiando las cárceles de México desde varias instituciones, entre ellas el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “En la gran mayoría de las cárceles, si tu tienes mala calidad en la comida, falta de agua y maltrato, tienes un escenario explosivo”, dijo.

“La falta de agua es gravísima y la comida era un elemento importantísimo que hizo que todo estallara”, indicó. “Recuerdo que en la visita que yo hice a Islas Marías (en 2012), en el área de mujeres, una tras otra, todas las internas dijeron que estaban enfermas del estómago constantemente por la comida”, comentó una de las voces más respetadas por su conocimiento del sistema penitenciario.

Fernando Figueroa y María Cristina Montaño han dedicado años de trabajo a realizar encuestas en penales federales y estatales para la casa encuestadora Grupo MUND. En general, los servicios de alimentación que han tenido oportunidad de evaluar son “realmente pésimos”; a menudo la comida “está podrida y es realmente asquerosa”, coinciden.

El de Islas Marías fue el único y más grande motín oficialmente registrado dentro de una cárcel federal (CEFERESO) durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Este motín “puso en riesgo la vida e integridad física de la población penitenciaria, así como del personal administrativo”, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe, que dio pie a la recomendación 44/2014 a la Comisión Nacional de Seguridad.

Un año y cuatro meses después, la misma proveedora fue hallada responsable, según informes oficiales, de la intoxicación de 683 presos en Puente Grande, Jalisco, una de las más grandes intoxicaciones de que se tenga registro en penales en América Latina.

Los directivos de Corporativo Kosmos declinaron a insistentes solicitudes de entrevista en las seis semanas previas a esta publicación. “El grupo tiene firmados distintos contratos con cláusulas de confidencialidad, lo que nos impide contestar a las preguntas que nos hace”, respondieron al cierre de esta edición.

Recién la semana anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno revisa los contratos firmados con empresas proveedoras de medicinas y las que surten alimentos a las cárceles. Anunció incluso el cierre de la penitenciaría en Islas Marías para convertirlo en centro cultural.

Francisco Garduño, director de Centros Penitenciarios Federales, dijo en una entrevista con la radiodifusora ACIR que los contratos que actualmente tienen, principalmente los de alimentación, son “leoninos”. Garduño indicó que cada reo les “está costando 2 mil 800 pesos diarios en Islas Marías. Imagínese, más de 80 mil pesos al mes. No es posible dedicar estas cantidades a penales”.

Incisivo, Garduño añadió: “Estamos hablando de una corrupción legitimada a partir de contratos civiles”, dijo con respecto a la empresa que ha acaparado la mayor parte de los contratos para surtir alimentos en las cárceles federales, aunque tomó el cuidado de no mencionar a La Cosmopolitana por su nombre.

* El de Laura Sánchez Ley y Karla Casillas fue uno de los cuatro proyectos seleccionados en la primera Convocatoria de Quinto Elemento Lab, una incubadora de reportajes de investigación. Laura y Karla eran reporteras de VICE Noticias al momento de la investigación. Laura ahora trabaja con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Karla con mexico.com .

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Laura Sánchez Ley en Twitter: @LauraSanchezLey

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