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Las pandillas salvadoreñas propusieron la tregua y el gobierno les ha declarado la guerra

El gobierno de El Salvador ha declarado el estado de emergencia en siete prisiones del país y espera movilizar a su ejército para combatir a las pandillas en algunas zonas.
Photo by David de la Paz/EPA
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2016 está siendo uno de los años más sangrientos en la historia reciente de El Salvador. La guerra abierta que enfrenta a las dos principales pandillas del país — Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 — ha provocado que el pequeño país centroamericano esté alcanzando los índices de asesinato más altos de todo el hemisferio occidental. Lo más inquietante es que todo apunta a que el curso que están tomando los acontecimientos promete disparar las estadísticas de muertes hasta límites todavía más luctuosos a corto plazo.

Hacia finales de la semana pasada, las pandillas acudieron al ejecutivo salvadoreño para proponer un alto el fuego a cambio de una serie de concesiones. Sin embargo, lejos de escuchar la propuesta de los criminales, el gobierno ha decidido redoblar su ofensiva contra las pandillas. Y ha decidido hacerlo atacando a sus cuarteles generales: nada menos que en las superpobladas y ultracorruptas cárceles del país. Los líderes de las organizaciones criminales salvadoreñas llevan años orquestando sus movimientos desde el interior de los centros de reclusión, donde se hacen con teléfonos móviles de contrabando y supervisan el tráfico de drogas callejero y las operaciones de extorsión; y desde donde ordenan secuestros y ejecuciones a mansalva.

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Este martes pasado, el gobierno declaró el estado de emergencia en siete de sus prisiones y prometió someterlas a redadas intensivas, con el objetivo de incautarse de teléfonos móviles, dinero y de armas. Además, el ejecutivo que dirige el controvertido Salvador Sánchez Cerén también ha trasladado a 299 de los criminales más peligrosos de Mara Salvatrucha a una prisión de máxima seguridad situada cerca de San Salvador, la capital del país.

"Van a estar sujetos a un régimen de seguridad más escrupuloso. Vamos a intensificar el control para asegurarnos de que no puedan comunicarse desde el interior de las prisiones", ha declarado en rueda de prensa el ministro de Justicia Mauricio Ramírez.

Las autoridades también han anunciado que piensan redactar una nueva estrategia para combatir al crimen organizado, que podría consistir en destacar a las tropas del Ejército por distintas municipalidades del país. El Tribunal Supremo salvadoreño ya había dispuesto hace meses en su articulado que las pandillas podrían ser consideradas como organizaciones terroristas. Se espera que los legisladores del estado centroamericano aprueben dichas medidas el próximo jueves.

La interminable guerra contra las maras en El Salvador. Leer más aquí.

Al menos 6.657 personas fueron asesinadas en El Salvador el año pasado, entre las que se contarían 63 policías. 2015 se convirtió en el año más sangriento de la historia reciente del país. No se habían registrado cifras de asesinatos comparables desde 1983, el año en que las guerrillas de izquierdas salvadoreñas decidieron sublevarse contra la dictadura militar respaldada por Estados Unidos. Los índices de asesinatos han seguido al alza en 2016, en que han alcanzado la friolera de 23 asesinados al día. La exacerbada violencia ha desatado un éxodo sin precedentes de mujeres y niños, que están huyendo en masa del país centroamericano rumbo a Estados Unidos.

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La semana pasada tres de los presuntos máximos dirigentes de MS-13 y de Barrio 18 colgaron un vídeo en YouTube en el que ordenaban a todos sus efectivos que detuvieran la matanza que asola a todo el país durante tres días. Las autoridades han reconocido que los asesinatos cayeron en picado durante aquellas tres jornadas.

"Queremos mostrarle a la gente que el gobierno actual y a los representantes de la comunidad internacional, que no es necesario que se adopten medidas contrarias a nuestra Constitución ni a ninguna de las leyes que emanan de ella", proclamó uno de sus presuntos líderes, quien compareció con el rostro oculto bajo un trapo.

Los líderes criminales también exigieron que se mejoren las condiciones y se relajen las restricciones en las prisiones en las que residen sus respectivos dirigentes.

Las pandillas ya habían suscrito una tregua en 2012. Entonces el índice de asesinatos disminuyó en un 40 por ciento por todo el país. Fue un espejismo que se prolongó durante 9 meses. El caso es que durante aquellos nueves meses las extorsiones y los delitos no dejaron de producirse. Lo más perturbador es que el descubrimiento de una serie de fosas comunes despertó la sospecha de que, quizá, durante aquellos nueve meses, los asesinatos nunca se rebajaron realmente. Simplemente se habrían ejecutado de forma clandestina.

El alto el fuego se derrumbó completamente en 2014, cuando el presidente del país, Sánchez Cerén, asumió el liderazgo del ejecutivo. Entonces las pandillas volvieron a protagonizar extremos episodios de violencia, en los cuales fueron asesinados varios agentes de policía. La tensión en El Salvador ha escalado hasta tal punto que en los tres últimos años más de 800 oficiales de la policía nacional habrían dejado sus puestos de trabajo. Muchos de ellos han denunciado que sus familias han sido amenazadas.

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Quienes se mostraron más críticos con la tregua — entre quienes se contarían algunos miembros de la élite política del país y los familiares de las víctimas de la violencia pandillera — consideran que negociar con las pandillas es una forma de concederles una legitimidad que no se merecen y de provocar que se sientan todavía más impunes.

En vista de ello, la administración Sánchez ha preferido optar por la vía más implacable y ha alentado a la policía a disparar su arma.

"Necesitamos que los policías tengan conciencia que pueden usar su arma reglamentaria para defenderse o defender a terceras personas", dijo el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde el año pasado. "Hay una institución que los respalda, hay un gobierno que los respalda. Háganlo [disparen] con toda confianza y con convicción".

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Raúl Mijango, un ex guerrillero que participó como principal mediador en la tregua de 2012, ha dicho que las medidas anunciadas por el gobierno esta semana ya se han puesto en práctica con anterioridad y que solo han provocado que aumente el derramamiento de sangre.

"Se trata de una guerra irregular que no es fácil combatir con métodos convencionales", ha relatado Mijango. "Quienquiera que sean los responsables de intentar poner fin a esta carnicería, tendrían que utilizar métodos más civilizados: como el diálogo", ha asegurado Mijango. "La tregua marginó a la juventud salvadoreña más de lo que estaba, y provocó que muchos de ellos fueran presa todavía más fácil para las pandillas. Lo único que consiguió la tregua fue fortalecer a las pandillas".

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Mijango cree que la resistencia del gobierno a intentar orquestar una estrategia de paz está más relacionada con la política que con las pandillas.

"En 2012 las conversaciones alcanzaron un acuerdo que abrió uno de los procesos de disminución de la violencia más exitosos de la historia de Latinoamérica", ha opinado. "Los índices de asesinatos cayeron de los 15 a los 5 diarios, durante 15 meses consecutivos. Entonces no fueron las pandillas quienes faltaron a su palabra, sino el gobierno. El gobierno lo echó todo a perder por culpa de sus propios intereses políticos".

Según Mijango, muchos políticos salvadoreños que apoyaron la tregua en sus primeros días, empezaron a utilizar a las pandillas para obtener votos. Algunos de ellos consiguieron lo que se proponían y ocuparían hoy posiciones de poder en el actual ejecutivo. Sin embargo, una vez consiguieron sus objetivos políticos se habrían desentendido de sus promesas. De hecho, actualmente dos líderes del partido de la oposición, la formación conservadora Alianza Republicana Naconalista se encuentran bajo investigación por su presunta implicación en la tregua de las pandillas de 2012.

Por su parte, las pandillas criminales han dejado bien claro que si la tregua no es aceptada, los políticos deberían de ser los siguientes en sentirse asustados. Los hombres enmascarados que aparecen en el vídeo han advertido lo que pasará una vez las medidas de emergencia anunciadas sean implementadas en las prisiones.

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"Estamos advirtiendo al gobierno de que no conseguirá terminar con las pandillas, porque nosotros somos parte de los vecindarios, porque somos partes de este país", proclaman. "Así que queremos hacerles saber que contamos con los medios necesarios para destruir a los políticos de El Salvador".

Mira el documental de VICE News Guerra contra las maras en El Salvador:

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