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México carga contra la comisión interamericana de DDHH por hablar de 'impunidad’ en el país

El gobierno mexicano rechaza un reporte crítico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por "parcial e infundado". El documento habla de torturas y ejecuciones extrajudiciales que evidencian la "impunidad estructural".
4.3.16
Imagen por Jeffrey Arguedas/EPA
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido muy crítica con el gobierno de México debido a la "seria" crisis en materia de derechos humanos que atraviesa el país, una situación agravada por la insuficiencia de las medidas contra la impunidad.

Este organismo publicó, el pasado 2 de marzo, un duro informe sobre esta cuestión que provocó una airada y vehemente respuesta por parte del gobierno mexicano, que acusó a la comisión de "parcial" y "sin fundamento". Además, el ejecutivo insistió en la idea de que no muestra adecuadamente los problemas que enfrenta el país, ni tiene en cuenta los esfuerzos que se realizan para resolverlos.

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El informe se basa en una visita de los miembros de la Comisión a México realizada en septiembre pasado y centra sus críticas en el contexto de la guerra contra las drogas en el país que, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, se ha cobrado 150.000 asesinatos hasta mediados de 2015.

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El reporte culpa de esta situación a la ofensiva militar lanzada por Felipe Calderón quien, en diciembre de 2006, presidía el país. La estrategia del entonces jefe del ejecutivo no solo no logró contener la violencia criminal, sino que, además, supuso un incremento de las violaciones de los derechos humanos. En este sentido, el documento, considera que dicha situación continua con la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto.

La CIDH aborda en este informe dos tipos de desapariciones: las llevadas a cabo por grupos criminales, y las desapariciones forzadas en las que participan elementos de las fuerzas de seguridad. También subraya la evidencia de ejecuciones extrajudiciales, torturas, y los cuadros de estrés producido por la vulnerable situación en la que se encuentran mujeres, niños, migrantes, defensores de los derechos humanos, y periodistas. En varios puntos del documento se acusa a las autoridades de no investigar correctamente, o enjuiciar de manera equivocada los delitos.

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"La actual crisis de violaciones graves a los derechos humanos en México es, en parte, consecuencia de la impunidad", dice el reporte, señalando que muchas víctimas nunca acuden a los tribunales porque no confían en el sistema judicial.

Si bien el informe reconoce algunos avances recientes, particularmente en las reformas al marco legal, expone que, a pesar de que más derechos han sido reconocidos en un plano teórico, en la práctica se siguen violando.

"La impunidad estructural y casi absoluta permea en los crímenes que se han cometido, y en algunos casos, ha motivado la repetición de serias violaciones de derechos humanos", menciona el texto.

Inmediatamente después de su publicación, la administración de Peña Nieto respondió con un comunicado en el que acusa al reporte de "infundado y tendencioso". Asimismo, refutó la decisión de la Comisión de no prestar más atención a los avances legislativos en los últimos años, y señaló que el informe sólo se enfoca en seis estados y que éstos no representan a México en su conjunto.

"Desafortunadamente, no refleja la situación general del país y se basa en premisas equivocadas y errores de diagnóstico", dice el comunicado, y agrega finalmente que "el país no está experimentando una crisis de derechos humanos".

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Nathaniel Janowitz contribuyó en este reportaje. 

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