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Un canal podría acabar con poblaciones indígenas y de jaguares en Nicaragua

El proyecto, financiado por Hong Kong, podría doblar el PIB del país, pero supone una amenaza para los felinos en extinción y para una población estimada de 120.000 indígenas.
16.9.15
Imagen por Mario Lopez/EPA

El enunciado de la pregunta ha cambiado. ¿Cómo conseguirías que un jaguar cruzara un canal?

Para los biólogos de vida silvestre que trabajan en Nicaragua una de las posibles respuestas es fácil: lo primero que haces es meterle en el agua. Claro que si las autoridades no toman las medidas necesarias para construir pasarelas para la fauna, la respuesta cambia. Si el faraónico proyecto de 50 mil millones de dólares avanza y consuma su plan; esto es, unir las dos orillas de Nicaragua, se pondrá en riesgo la existencia de una de las especies animales más emblemáticas y amenazadas del país.

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El arranque del colosal proyecto está programado para principios de 2016. Sin embargo, los biólogos silvestres siguen tachando al proyecto de precipitado, furtivo y potencialmente desastroso para la flora y la fauna de la zona. Las nuevas informaciones recabadas por la sociedad Global Wildlife Conservation and Panthera en colaboración con la Universidad de Michigan son inquietantes. Según estas, dos de las mayores familias genéticas de jaguares y de otros mamíferos serán escindidas por la mitad si el canal interoceánico de Nicaragua es construido.

"La fragmentación es la némesis de la biodiversidad", afirma Howard Quigley, director ejecutivo del programa de ayuda al jaguar de la fundación Panthera. "Siempre que se divide o se aísla a la población, se corta de cuajo el flujo genético y la población disminuye". Ese flujo genético, explica, es lo que posibilita la supervivencia de los ecosistemas y lo que garantiza que las especies animales dispongan de los individuos necesarios para asegurar su conservación a largo plazo. "Cada vez que alteras esa conexión del animal y su entorno estás hundiendo un clavo en el ataúd en que morirá esa especie", añade Quigley.

'Los grupos conservacionistas han encontrado aliados naturales en las comunidades indígenas cuyas tierras están afectadas por la concesión'

El proyecto de la construcción del canal lleva envuelto en la polémica desde 2013. Entonces la Compañía para el Desarrollo del Canal (HKND) con sede en Hong Kong, recibió la concesión del gobierno de Nicaragua para construir su faraónica obra de 50 mil millones de dólares. Los 280 kilómetros del longitud del canal posibilitarán el acceso de grandes cargueros y de barcos petroleros cuyas dimensiones no les permiten cruzar por el canal de Panamá. El proyecto aseguraría doblar el PIB del segundo país más pobre del hemisferio occidental.

Los autores del estudio han presentado un informe técnico al gobierno del presidente del país, Daniel Ortega. En él se contemplan sugerencias para mitigar el daño a la biodiversidad, como la de incluir lugares de acceso que permitan que la vegetación y los animales puedan acceder al límite del canal. Algunos métodos similares, destinados a disminuir los daños a la vida animal, han sido instalados con éxito en el canal de Panamá. Según los biólogos tales puntos de acceso serán la clave para garantizar el movimiento, la reproducción y la supervivencia de los jaguares, los tapires y los pecaríes en Nicaragua.

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"Es una franja de tierra muy estrecha y es fundamental que esas pasarles se conserven", afirma Wes Sechrest, presidente y científico responsable de Global Wildlife Conservation. "Este caso no es como el del Amazonas, donde seccionar una parcela de tierra no tiene porque afectar al flujo genético de la misma manera en que sucedería en Nicaragua".

En 1992 Nicaragua suscribió la Convención Internacional de la Biodiversidad. Y en 2014 el gobierno firmó un acuerdo explícito con la Fundación Panthera. En este se comprometía a desplegar las actividades de conservación necesarias para proteger y conservar a la población de jaguares del istmo Mesoamericano.

Sin embargo, será mucho más difícil saber si el gobierno está tomando las precauciones necesarias para proteger al medio ambiente durante la construcción del canal. HKND subcontrató a la compañía británica Environmental Resource Managment (ERM), para que elaborara un informe de impacto social y medioambiental. ERM entregó su informe a las autoridades del país en mayo, sin embargo el gobierno todavía no lo ha publicado. Sin embargo, una comisión investigadora independiente, que ha tenido acceso a partes del informe, ha mostrado su escepticismo sobre el documento. Según esta comisión el informe habría sido elaborado demasiado deprisa y carece del número de voces expertas necesario.

"Esperemos que un proyecto de semejante magnitud se haga empleando a los mejores científicos del planeta; se ha elaborado en muy, muy poco tiempo", dice Sechrest. "La pregunta es si estas compañías habrán suministrado la medidas de protección al medio ambiente y de seguridad social que han prometido. Y tal es también la pregunta que deberá de formularse el gobierno de Nicaragua".

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Su organización y otros grupos conservacionistas han descubierto que cuentan con aliados naturales en las comunidades indígenas de la zona cuyas tierras están dentro del área de la concesión a HKND garantizada por el gobierno de Ortega. En 2012, el parlamento de la nación aprobó una ley de concesión que, entre otras cosas, otorga derechos ejecutivos exclusivos a la compañía china. Lo cual significa que tienen potestad para construir el canal en un terreno que, en su 52 por ciento, desfila por territorio indígena. El abogado costarricense Luís Carlos Buob, que trabaja para el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, estima que la construcción podría suponer el desplazamiento de 119.000 personas.

Comunidades indígenas como los Rama-Kriol jugarán un papel importante. Si estás se comportan respetuosamente, animales como el jaguar podrán desfilar por la pasarela que atravesará su territorio. Sin embargo, la comunidad indígena tiene sus propias reglas.

"Nosotros tenemos un dicho", explica Norvin Solomon, secretario del gobierno territorial de la comunidad Rama-Kriol. "La tierra es nuestra madre. Si vendes nuestra tierra estás vendiendo a nuestra madre". Según él, la aprobación de la ley de la concesión fue ilegítima. Esta no respetó la ley internacional que estipula que hay que recabar el permiso de las poblaciones indígenas. De tal manera, la comunidad Rama-Kriol habría sido desprovista de su derecho a negociar. "Nuestra comunidad le está exigiendo al estado que contemple nuestro consentimiento… y que lleve a cabo un estudio científico completo de todo el impacto", añade Solomon.

HKND ha proclamado que el canal podría estar terminado tan pronto como 2019, aunque, de momento, las obras realizadas son mínimas. Sin embargo, biólogos como Quigley consideran que el gobierno todavía dispone de tiempo para buscar asesoría científica y reducir el impacto medioambiental. "Nuestro trabajo es suministrar la información", dice. "Pero nuestra esperanza, por supuesto, es que esa información sea comprendida y digerida, de manera que podamos trabajar conjuntamente para construir un mejor mapa de ruta".

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