Hablamos con una de las víctimas de espionaje por parte del Ejército colombiano

¿Quién dio la orden? La pregunta inundó el pasado 1 de mayo, cuando prácticamente de lo único de lo que se hablaba era de la pandemia del COVID-19, a los medios de comunicación y las redes sociales en Colombia.

¿Quién dio la orden de que el Ejército realizara, entre febrero y diciembre de 2019, seguimientos ilegales a más de 130 periodistas extranjeros y colombianos, políticos opositores, abogados defensores de derechos humanos y activistas, entre otros? Cinco días después, la pregunta resuena con más fuerza. Y sigue sin respuesta.

El 1 de mayo en la noche Colombia conoció, con dos días de anticipación, la que sería la portada de Semana, la única revista de noticias de alcance nacional que queda en el país y que circula todos los domingos. El informe especial, titulado “Las carpetas secretas”, reveló que entre febrero y diciembre del año pasado varios agentes del Ejército realizaron seguimientos ilegales a más de 130 personas, la mayoría periodistas, y que para hacerlo usaron, entre otros, dineros de la cooperación estadounidense.

Esos seguimientos informáticos derivaban en “carpetas” para cada víctima del espionaje, con información privada que llegó a incluir, en algunos casos, los nombres de familiares y amigos, sus números telefónicos y direcciones, el lugar donde votan, las matrículas de sus vehículos y hasta las infracciones de tránsito que han cometido. Además, a cada “perfilado”, como hoy se les conoce a los que aparecen en las carpetas de la inteligencia militar, se le establecían una serie de relaciones con otras personas que también terminaron siendo víctimas del espionaje y que iban desde un seguidor en Twitter hasta fuentes confidenciales de los periodistas, que han sido claves para revelar algunos de los peores actos de corrupción y masacres de los últimos años, entre otros temas.

¿Quién dio la orden? No se sabe todavía.

Lo que sí se sabe es que los meses de seguimientos ilegales coinciden con el periodo en que el comandante del Ejército fue el general (hoy retirado) Nicacio Martínez, a quien se le acaba de caer un nombramiento como diplomático en Europa y quien acaba de ser citado a un interrogatorio por parte de la Fiscalía. Hace un año, el periódico The New York Times publicó un informe en el que revelaba la existencia de una nueva política de resultados operacionales en el Ejército que podía ser el regreso de los mal llamados ‘falsos positivos’, ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes que eran asesinados por militares y luego presentados como guerrilleros caídos en combate, para luego cobrar incentivos y ascensos, entre otros beneficios. Tras la publicación del prestigioso diario estadounidense, firmada por el periodista Nicholas Casey, corresponsal del Times en Colombia, el entonces canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo (hoy ministro de Defensa) viajó a Nueva York a reunirse con el consejo editorial del periódico para explicarle la “política de paz” del gobierno del presidente Iván Duque y “garantizar su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos”. El general Martínez abandonó el cargo en diciembre de 2019 por “motivos familiares” y fue homenajeado por Duque, pero días después, en enero de 2020, la revista Semana aseguró que su salida se podría deber al “uso ilegal de sofisticados equipos para espiar a políticos, magistrados, generales y periodistas”.

Según el nuevo informe de la revista, justo cuando el canciller y el ministro de Defensa colombianos estaban en Nueva York, Casey fue elegido para ser una de las primeras víctimas del espionaje y terminó con una “carpeta” de más de quince páginas dentro del Ejército en la que, entre otras cosas, se le vincula con “zonas de influencia de las FARC”. En las “carpetas secretas” también aparecen veteranos periodistas estadounidenses que viven en Colombia desde hace años, como John Otis, corresponsal para América Latina de la National Public Radio (NPR), y Stephen Ferry, fotógrafo independiente que ha publicado su trabajo en los medios más importantes del mundo. Además está Lynsay Addario, famosa reportera gráfica que no vive en Colombia y se cree terminó siendo espiada por un fotorreportaje que publicó el año pasado en National Geographic sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Entre los colombianos víctimas de esta nueva serie de seguimientos ilegales por parte del Ejército están Juan Forero, jefe de la oficina de The Wall Street Journal para Suramérica; Daniel Coronell, presidente de noticias de Univisión en Estados Unidos y uno de los columnistas más leídos e influyentes de los últimos años en Colombia; Federico Ríos, reconocido fotógrafo que colabora con The New York Times y otros medios; Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, el noticiero de TV más crítico del gobierno Duque; Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio, reconocida entre otras cosas por sus constantes reflexiones sobre la ética en el oficio; María Alejandra Villamizar, periodista de Noticias Caracol, especializada en temas de paz y quien durante décadas ha entrevistado a varios líderes de las guerrillas en Colombia; Ginna Morelo, entonces editora de la Unidad de Datos del periódico El Tiempo y hoy coordinadora de la Liga Contra el Silencio, una alianza de quince medios que lucha contra la censura en Colombia, y Óscar Parra, creador y director de Rutas del Conflicto, un proyecto dedicado a reconstruir la memoria de la guerra en el país dándoles voz a las víctimas.

En la lista también aparecen tres congresistas opositores, una organización de derechos humanos reconocida por defender a varias víctimas de agentes del Estado, líderes sindicales, militares retirados y hasta un amigo personal del presidente Duque, Jorge Mario Eastman, actual embajador de Colombia ante el Vaticano.

La Fundación para la Libertad de Prensa Colombia (FLIP) hizo público un comunicado con exigencias muy concretas para que Duque y el Ejército respondan no solamente quién o quiénes dieron la orden de “perfilar” y vigilar ilegalmente a los periodistas, sino quiénes eran los destinatarios de esa información y quiénes tienen acceso a esas carpetas, si el presidente y el ministro de Defensa sabían del espionaje ilegal y cómo van a garantizar que los periodistas puedan ejercer su profesión libremente. También exigen que a cada una de las víctimas se les entregue toda la información recogida sobre ellos.

“No logramos comprender el alcance de estas acciones ilegales ordenadas desde una fuerza que tiene la obligación de garantizar nuestra labor periodística, no de perseguirnos y estigmatizarnos”, dice la carta de la FLIP, firmada por varias de las víctimas y por cientos de periodistas y organizaciones y dada a conocer, paradójicamente, el 3 de mayo, Día Mundial para la Libertad de Prensa.

Horas después de que supo cuál sería la portada del domingo de la revista Semana el ministro de Defensa, quien desde enero conoce las denuncias de los seguimientos ilegales a periodistas y políticos opositores, anunció el retiro de once militares y la renuncia de uno más, aunque no dijo los nombres ni precisó las razones de su salida.

¿Quién dio la orden? No se sabe y, si es por los antecedentes, es posible que nunca se sepa, pues durante las últimas tres décadas se han denunciado continuos seguimientos ilegales por parte de agentes del Estado, sin que nadie haya asumido la responsabilidad política por estos hechos. Lo máximo que ha ocurrido es que algunos civiles han sido destituidos y condenados a pagar cárcel (como en el caso de las llamadas “chuzadas” del DAS, el departamento de inteligencia de Colombia eliminado en 2011 por interceptaciones ilegales durante los mandatos del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez). O que varios militares sean llamados a calificar servicios, como ahora.

VICE habló con Óscar Parra, ingeniero y periodista, experto en periodismo de datos. En Rutas del Conflicto, el medio digital independiente que creó y que dirige, trabaja con dieciocho jóvenes, casi todos universitarios. Desde 2014 han registrado en profundidad más de 700 masacres perpetradas en Colombia en los últimos treinta y ocho años. Todo el equipo de Rutas del Conflicto aparece en las “carpetas secretas” del Ejército.

VICE: ¿Cuándo se enteraron que fueron seguidos ilegalmente por el Ejército?

Óscar Parra: Nos enteramos la semana pasada pero no tenemos más información que la que reveló la revista Semana. Esto genera estrés y ansiedad no solo en nosotros sino en nuestras familias. La mayoría de los miembros del equipo, por ser tan jóvenes, han estado muy angustiados. Da mucho miedo que la inteligencia militar tenga el teléfono de uno, la información de sus familiares. Además eso crea estigmas injustos, nos señala como si fuéramos culpables de algo, pero solo estamos haciendo nuestro trabajo.

¿Y tiene idea de por qué terminaron en esas carpetas?

Precisamente, por hacer nuestro trabajo. Creemos que se debe a una investigación que hicimos junto con la Liga Contra el Silencio en 2019, que reveló que las Fuerzas Armadas y la Policía reciben financiación de petroleras y mineras en zonas de Colombia donde estas empresas tienen sus proyectos y en donde las comunidades han denunciado serias violaciones a los derechos humanos. Para publicar esa investigación le pedimos información al Ejército pero nos decía que era reservada, así que insistimos y con ayuda de la FLIP acudimos a varias instancias judiciales, hasta que los obligaron a entregarnos los datos. Y pasó algo muy raro: en el proceso para decirnos que era información reservada usualmente nos enviaban correos físicos o digitales, pero un día aparecieron dos militares en nuestra oficina preguntando por la encargada de la investigación para darnos personalmente una respuesta y luego se quedaron un rato largo afuera del edificio. Nosotros consideramos que eso fue una intimidación y se lo hicimos saber al juez que llevaba el caso y que al final le ordenó al Ejército que nos diera la información. Después el general Nicacio Martínez me puso una tutela (un mecanismo que en Colombia ha sido sido muy eficaz para que los ciudadanos acudan ante un juez si consideran que se les vulnera un derecho fundamental) porque decía que estábamos desprestigiando al Ejército, pero la justicia nos dio la razón y cerró el proceso.

¿Qué es lo que más les preocupa en este momento?

Solo tenemos un conocimiento parcial de la información de esas carpetas, así que necesitamos que el Estado nos diga en detalle qué fue todo lo que recolectaron sobre nosotros, nuestros familiares y amigos, y queremos saber con qué fines iba a ser usada esa información. Nos angustia mucho la seguridad de las personas que nos rodean, pero también tenemos una preocupación enorme por las fuentes. Necesitamos saber si también fueron perfiladas. De alguna manera uno en Bogotá puede correr un peligro, pero nunca se compara con lo que vive una fuente confidencial en región que cuando habla con un periodista no puede dar su nombre porque pone su vida en peligro y que ahora con esto puede quedar totalmente expuesta. Nosotros finalmente somos periodistas y recibimos toda la solidaridad, pero ellos del otro lado no tienen nada.

Rutas del Conflicto es un proyecto construido por jóvenes, muchos de los cuales comienzan a trabajar allí incluso antes de terminar la universidad. ¿Qué ha significado esto para ellos?

Aquí he notado una diferencia generacional. Mientras a muchos de nuestra generación (Parra tiene 42 años) les hicieron creer que una amenaza del Ejército era una medalla y era para salir a ‘chicanear’ (alardear), los chicos que hoy comienzan en el oficio son mucho más críticos y tienen claro que ser periodista implica correr riesgos pero que nada justifica convertirse en mártir. Son jóvenes que no creen en la romantización del periodismo y están convencidos de que esto que nos acaba de pasar no puede convertirse en paisaje, no podemos acostumbrarnos a andar con escoltas ni con seis celulares por seguridad, eso no es normal.

No es la primera vez que se revelan seguimientos ilegales a periodistas por parte de agentes estatales en Colombia. ¿Cree que esta vez sí va a pasar algo con las investigaciones y se va a saber quién dio la orden?

Si uno se amarra a lo que ha pasado históricamente, pues en realidad no queda nada de confianza; es que el asunto parece una política de Estado, pero claro, es muy difícil encontrar un documento en el que esté explícito que un gobernante ordenó perseguir a periodistas. Lo que no pueden hacer es seguir insistiendo en que se trata solo de “tres o cuatro manzanas podridas” y en que si exigimos respuestas es porque somos enemigos del Ejército. Si dicen que hay tres o cuatro manzanas podridas en la caja es porque tal vez toda la caja está podrida. El Estado debe ponerle la cara a esto y la sociedad debe exigir que no se repita la historia cada dos o tres años. Esto es sistemático, está enquistado en todos nuestros gobiernos y uno nunca ve a un político respondiendo, siempre lo niegan.