Bajo el volcán

Los conflictos mineros de Guatemala.

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20 Junio 2014, 12:56pm

Una pancarta en el barrio de La Puya

En 2000, ingenieros de Radius Gold, una empresa minera con sede en Vancouver, descubrieron un yacimiento de oro en San Pedro Ayampuc, en el sur de Guatemala. El gobierno guatemalteco de inmediato concedió a la empresa una licencia de excavación, y durante más de una década, Radius estudió la región para hacer allí una posible base de operaciones. La mina que proponen, llamada El Tambor, se ubicaría a unos kilómetros del pueblo de San José Golfo y de la ciudad pequeña de San Pedro Ayampuc. Sólo algunos lugareños, la mayoría mayas, fueron consultados sobre el proyecto cuando llegó Radius. Pocos de ellos en realidad sabían del proyecto, y seguramente no tenían idea de que vivían sobre una mina de oro.

Fue a principios de 2012 que los pobladores de la zona empezaron a entender la magnitud de lo que ocurría más allá de sus casas. Observaban camioneta tras camioneta, cargadas con equipo pesado, retumbaban por los caminos de la selva que normalmente se usan para las rutas de los autobuses y para las camionetas pick up cargadas de gallinas. En febrero de ese año, Radius obtuvo el permiso final del gobierno para construir su mina, con la esperanza de sacar unas 52 mil toneladas de oro al año, de El Tambor.

Una víctima del ataque de la mina Escobal, en abril de 2013 muestra su herida.

Temerosos de que un gran inversionista extranjero empezara a excavar en sus tierras, las comunidades cercanas decidieron intervenir en el proyecto. Levantaron barricadas humanas, conformadas por personas que hacían turnos sentados en sillas de plástico sobre la carretera. Alzaron pancartas y alimentaron a los manifestantes en cocinas temporales puestas bajo la frondosa vegetación de la selva. La mina sigue sin extraer una onza de oro y el 2 de marzo se celebró el segundo aniversario de este bloqueo, conocido como La Puya, es decir, la punta de la lanza.

La barricada fue la culminación de décadas de frustración con la destructiva y lucrativa industria minera en Guatemala. La industria ha beneficiado los bolsillos del gobierno desde que el país abrió la extracción mineral a empresas extranjeras en los 90. Pero esas ganancias raramente se han filtrado a los que viven cerca de las minas, que son los que más sufren los daños al ecosistema local provocados por la actividad minera. En San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, donde la mayoría de la gente se gana la vida sembrando maíz y atendiendo granjas avícolas, el miedo se concentraba en la posibilidad de que una enorme mina industrial pudiera absorber y contaminar el suministro de agua local, secando las manantiales, agotando el nivel acuífero y contaminándolo con arsénico.

Miembros de La Puya se reúnen con el presidente de Guatemala (en el centro) y el ministro de gobernación, a su derecha.

Visité La Puya en julio de 2013, tras conocer varios ataques violentos que habían soportado las barricadas. Cinco meses después de que se formó La Puya, Radius Gold vendió su licencia de excavación a Kappes, Cassiday & Associates (kca), una empresa minera con sede en Reno, Nevada, Estados Unidos. La barricada humana de La Puya aumentaba los riesgos de su inversión, de modo que el pago a Radius por la venta de la licencia no entrará en vigor hasta que la mina empiece a producir.

Esto fue el incentivo para que ambas compañías sacaran a los activistas para empezar a extraer el oro. En diciembre de 2012, las empresas mineras contrataron a policías y agentes de seguridad privada para llegar en masa a las barricadas con un ultimátum a los manifestantes: o liberaban el camino o serían desalojados por la fuerza. Firmes y resueltos, los activistas no se desplazaron, ni siquiera cuando los policías les dispararon gas lacrimógeno. En respuesta, los manifestantes se tumbaron de espaldas sobre el camino de tierra y alzaron flores como ofrendas a los policías.

Ese intento oficial de desplazar el bloqueo fue caótico pero técnicamente dentro de la ley, la cual fue justificado como que el estado utilizaba la fuerza contra manifestantes que estaban bloqueando ilegalmente una vía. Pero meses antes, Yolanda (Yoli) Oquelí Veliz, una de las líderes de La Puya, había recibido una visita mucho más amarga de lo que habían informado fuentes oficiales.

Otto Pérez Molina, derecha, y el ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla.

La noche del 13 de junio de 2012, mientras conducía a su casa desde la barricada, dos hombres enmascarados persiguieron a Yoli en motocicletas y le dispararon varias veces. “Todavía tengo la bala en mi espalda”, dijo Yoli en una entrevista en el campamento de La Puya, un día tranquilo y caluroso de julio. Se estiró el cuello para señalar una marca sobre su piel, cerca del riñón.

Aunque muchos no se denuncian, ataques como al que sobrevivió Yoli son comunes. Campamentos de opositores a estos proyectos se encuentran por todo el campo de Guatemala, y ataques de fuerzas de seguridad privada se han denunciado en todo el país. Uno ocurrió en abril de 2013, en la mina de plata Escobal, de la empresa canadiense Tahoe Resources, en el suroeste de Guatemala. El jefe de seguridad de Tahoe dio órdenes para disparar a manifestantes que bloqueaban una carretera cerca de la mina, según una investigación del diario guatemalteco Siglo 21. Seis personas resultaron gravemente heridas.

Después del ataque, personas de las comunidades cercanas empezaron a quemar vehículos y estallaron motines. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, declaró estado de sitio durante 30 días, una jugada legal que permitía al ejército guatemalteco imponer ley marcial alrededor de la mina. El bloqueo de la comunidad se disolvió, y Tahoe ha estado extrayendo plata a nivel industrial desde enero 2014. Según la misma empresa, Escobal está a punto de convertirse en la mina de plata más grande del mundo.

Guatemala se asienta sobre una corona de recursos naturales —níquel, oro, plata, titanio— que se encuentran bajo el fértil subsuelo volcánico. En 1960, la International Nickel Company (inco), otra empresa canadiense, fue la primera compañía transnacional que empezó a operar en Guatemala. Ese mismo año marcó el inicio de la guerra civil entre el gobierno y las guerrillas de Guatemala, que combatieron durante 36 años debido a la distribución de las tierras, los derechos de los indígenas y la equidad económica.

El conflicto terminó oficialmente en 1996, después de que se establecieran grandes controles económicos neoliberales en el país. Muchas de sus regiones —anteriormente controladas por las guerrillas— fueron abiertas a la industria de extracción mineral.

Desde entonces, el gobierno ha otorgado más de cuatrocientas licencias a corporaciones multinacionales y los términos de estos contratos suelen ser extremadamente favorables para las empresas. El gobierno casi nunca se queda con más del cinco por ciento de las ganancias de las compañías, y bajo el liderazgo del presidente Pérez Molina, las corporaciones han dejado al gobierno con solo un uno por ciento del valor de los minerales que extraen. Además, estas empresas pueden usar el agua local sin coste alguno. Explotación mineral es un término técnico para el proceso de minería. Pero comunidades como las que se encuentran cerca de La Puya están siendo saqueadas de su oro, su agua y su patrimonio, mientras que las minas no dejan sino un paisaje saqueado y tóxico.

Una granja encima de la mina de plata Escobal.

El 12 de junio de 2013, fui invitado junto con diez representantes de La Puya al Palacio Nacional de Guatemala para hablar con el presidente y su secretario de gobernación. La meta era llegar a un acuerdo entre los activistas y el gobierno. Los manifestantes de La Puya son el único grupo a nivel comunitario que ha sido invitado a la sede presidencial para este tipo de reuniones. Pero sin que hayan avisado a los comunitarios, el presidente también invitó a representantes de kca, en un intento de abrir el diálogo entre los dos lados. Yoli se enfureció y se rehusó a hablar con los ejecutivos de kca. Lo cual tenía mucho sentido, considerando que el objetivo de la reunión con el presidente era la cancelación de todas las licencias mineras dentro de los territorios de su comunidad.

“Nosotros no tenemos nada que decirles a ellos”, le dijo Yoli a Pérez Molina. “Buscamos resolver los problemas a través del diálogo con el gobierno, no con la empresa”.

El presidente lo pensó, antes de pedir a los representantes de kca que salieran de la sala un momento, para que luego él, el ministro de gobernación y los representantes de La Puya hablaran. Uno de los temas principales que trataron fue el estudio de impacto ambiental que ejecutó kca para preparar su mina. El estudio concluyó que los riesgos ecológicos para las áreas alrededor de la mina serían de bajo impacto, una conclusión que ha sido rechazada desde entonces por geólogos de reputación. La Puya exitosamente argumentó su caso, y la reunión terminó con la promesa de que el gobierno de Pérez Molina comisionaría un segundo estudio de forma independiente. Mientras, a kca se le ordenó la suspensión de sus operaciones.

Ese momento se consideró un logro pequeño. Pero hasta la fecha, el segundo estudio prometido por el gobierno sigue sin ser encargado y los ataques a los manifestantes cerca de la mina siguen aumentando.

El turno de día en el campamento de La Puya.

Regresé a Guatemala en diciembre de 2013, y visité San José de Nacahuil, una comunidad indígena a unos 24 kilómetros de distancia de La Puya. El 7 de septiembre de 2013, 11 personas fueron asesinadas y más de 28 resultaron heridas cuando hombres encapuchados atacaron la calle central del pueblo. Las autoridades y los periodistas locales vincularon el tiroteo con pandillas del crimen organizado, pero los lugareños refutaron esta hipótesis.

Conduje hacia San José de Nacahuil por un camino de un solo carril. Me enseñaron el café donde murieron diez de las víctimas en el ataque del 7 de septiembre. Agujeros de bala llenaban las paredes. Más tarde, una viejita me llevó a un sitio donde —dijo— unos pistoleros persiguieron a un hombre, lo acribillaron y luego llevaron su cuerpo al café para que quedara con los otros muertos.

De acuerdo con varios de los residentes que entrevisté, la policía invadió la comunidad horas antes de la masacre, para intimidarlos. Después de que se fue la policía, llegaron los hombres armados y atacando los mismos negocios que habían sido visitados por las fuerzas policiales ese mismo día.

La comunidad de La Puya en resistencia pacífica.

Los lugareños creen que se han incrementado las tácticas de intimidación de las empresas mineras, y señalan que están de acuerdo con la policía para subyugar —al estilo paramilitar— a las comunidades que buscan defender su medio ambiente. Su estrategia es ahora una de anticipación; policía y gángsters locales han cambiado sus objetivos de las barricadas ya establecidas a las comunidades cercanas que se quieran unir a la causa.

Parece que la resistencia contra las empresas mineras en esta zona rural de Guatemala no parará pronto.

Yoli, la mujer que fue tiroteada por la espalda cerca de La Puya, se presentó a un juicio este febrero, junto con seis de sus compañeros de la barricada. Se enfrentan a cargos de secuestro e intimidación, cargos que sus simpatizantes niegan. Hasta la fecha, el juicio no acaba, pero para las compañías mineras, el juicio ya es una victoria; ha mantenido a Yoli en un tribunal muy, muy lejos de los bloqueos.

Pero a la vez, parece haber buenas señales en el horizonte. El 26 de febrero, la empresa P&F Contratistas retiró toda su maquinaria pesada de la mina El Tambor. Esto ocurrió con el apoyo de la gente de La Puya. P&F Contratistas rompió su contrato con kca, al decir que la empresa de Reno, Nevada, no ha pagado sus servicios desde octubre 2013. En La Puya, los manifestantes dicen que no bajaran su barricada hasta que cada contrato relacionado a la mina El Tambor quede completamente cancelado.