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Estado de excepción y otras leyes que buscan criminalizar la protesta en México

México podría convertirse en un Estado de Excepción que faculta al gobierno a declarar en alguna situación de crisis la suspensión de derechos fundamentales como libertad de tránsito o de reunión y también se le conoce como "estado de emergencia".

Fotos por Alejandro Mendoza.

Tras la aprobación del artículo 29, algunas organizaciones civiles como Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expresaron su rechazo por ser una ley "regresiva, ambigua y discrecional" pues significaría la criminalización de una protesta, además que la consideraron "tan delicada como el posible establecimiento del Estado de excepción".

Una ley que busca regular el procedimiento que restringe o suspende los derechos humanos y garantías fue lo que aprobaron las comisiones encargadas de los asuntos de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia en el Senado de la República el pasado 28 de abril a puerta cerrada, sin la presencia de ningún representante de medio de comunicación y que por ahora quedó detenida tras finalizar el periodo ordinario de sesiones.

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Es la expedición de ley reglamentaria del Artículo 29 constitucional que concede al presidente ejercer facultades de autoridades en todo el país o en algún lugar determinado si se declara una "amenaza excepional".

La restricción o suspensión de derechos se darían en caso de invasión, "perturbación grave de la paz pública" u otro que pusiera a la sociedad en grave peligro o conflicto.

También señala que toda medida para la restricción del ejercicio de derechos y garantías debe ser "fundada, oportuna, motivada" y proporcional a la situación que se deba afrontar al considerar su gravedad y naturaleza. O si le da la gana al presidente Peña Nieto, que en el 2006 nos dejó claro ciertos impulsos de justificar el uso de fuerza excesiva cuando se violaron garantías individuales a los pobladores de Atenco como estableció la Suprema Corte de Justicia.

Un operativo en Atenco que dejó 2 muertos, 23 mujeres violadas por elementos policiacos, 50 lesionados y 100 detenidos, por los que Peña asumió "plena responsabilidad" el 11 de mayo en la Universidad Iberoamericana al justificar que se hizo uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz.

Por otra parte, días después el Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico estatal, reconocida como la "Ley Antimarchas". Lo cual convierte al estado en el primero del país en decretar una ley contra las protestas sociales en espacios públicos y en caso que se preste la ocasión, se deberá pedir permiso para las marchas a las autoridades, aún cuando el derecho está decretado constitucionalmente en los artículos 6, 7 y 9. La ley aprobada da la facultad a las autoridades de disolver cualquier tipo de concentración a causa de cualquier queja o protesta, pero aseguran que la ley fue para garantizar el ejercicio de derecho de las personas de manifestar sus ideas, pero también de los demás ciudadanos al libre tránsito.

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Pero también en el DF, por lo que el Frente por la Protesta Social y la Libertad de Expresión que reúne a varias organizaciones sociales, entre ellas Artículo 19, se pronunciaron en contra de la recién aprobada Ley de Movilidad del Distrito Federal, ya que encuentran diversas irregularidades como el artículo 212 , párrafo segundo que establece la "necesidad" de dar aviso en manifestaciones públicas por lo que las manifestaciones deberán tener una "finalidad perfectamente lícita" y que no perturbe la paz y la tranquilidad de la población.

El artículo 213 establece que para las manifestaciones públicas, no será posible utilizar las vías primarias de circulación continua y finalmente el artículo 213 que contempla que la Secretaría de Seguridad Pública tome las "medidas necesarias" para evitar el bloqueo de vías primarias de circulación continua. Ya que se refiere a la Seguridad Pública, el Frente señala su preocupación pues el término "medidas necesarias" es ambiguo y vago y afirma que "abre un ámbito de discrecionalidad en la intervención policial".

El Frente recalcó el marco contextual en el, que nos encontramos, mientras se encuentra detenida la discusión de la Ley "Telecom", también considerada por ellos como iniciativa "restrictiva de los derechos humanos" y por la que la ciudadanía ha salido a protestar en recientes ocasiones en diversas partes del país.

México podría convertirse en países como Egipto o Ecuador cuando se habla de un Estado de Excepción que faculta al gobierno a declarar en alguna situación de crisis la suspensión de derechos fundamentales como libertad de tránsito o de reunión y también se le conoce como "estado de emergencia". Y que normalmente se aplica ante una catástrofe natural, perturbación del orden interno, guerra civil o exterior, alguna invasión u otra amenaza considerada peligrosa. Bajo la figura legal, podría incluso disolverse el congreso legislativo.

Para muchos automovilistas quizá esto les resulte más que conveniente ya que por lo menos cada semana en el Distrito Federal las principales avenidas como Paseo de la Reforma e Insurgentes resultan afectadas por diversas movilizaciones, pero cabe recalcar que uno de los principios esenciales de la protesta social es buscar hacer visibles las demandas sociales al hacer uso del espacio público como espacio de participación.

El patrón de las marchas que se ha visto desde el #1DMX ha sido de represión, Mancera manda más granaderos para cada vez menos manifestantes. ¿Cuál podría ser la preocupación tanto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal por la izquierda, Miguel Ángel Mancera y del Presidente Enrique Peña Nieto? Desde el 2006 vimos una gran tolerancia a las marchas en la Ciudad de México, con los plantones de Andrés Manuel López Obrador y del Sindicato Mexicano de Electricistas, de maestros y más. Pero desde hace poco, la violencia, detenciones injustificadas y daños a comunicadores son más recurrentes en las diversas manifestaciones que se han hecho: tanquetas de agua, balas de goma, gente infiltrada que detiene manifestantes y los golpea. Sin duda, cada vez son más evidentes los esfuerzos por las autoridades de reprimir o disminuir el número de protestas sociales.

Por ahora SÓLO se aplicará en dos entidades del país (no debería ser así en ninguna entidad), pero si una de ellas es el bastión izquierdista donde se realizan la mayoría de las concentraciones y manifestaciones, ¿qué pueden esperar los demás estados del país?