Vaca Muerta: crónica de una tierra fracturada

Pocas historias nos atraen más a los argentinos que las que nos profesan el éxito inevitable: la vaca atada; condenados al éxito; entramos al primer mundo; el granero del mundo; el supermercado del mundo… la lista podría continuar. Nos encanta prometernos el éxito asegurado.

La última versión de ese éxito asegurado se llama Vaca Muerta y es un yacimiento de roca de esquisto (shale) del tamaño de Bélgica que abarca partes de las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro y Mendoza, en el norte de la patagonia argentina. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, se trata de la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y la cuarta de petróleo no convencional.

Por las condiciones geológicas, geopolíticas y de accesibilidad a enormes cantidades de agua dulce —necesaria para la estimulación hidráulica y fractura de los pozos no convencionales—, Vaca Muerta es considerado un yacimiento de primera clase y su promesa es que podría convertir a Argentina en un exportador de gas y petróleo con una importante participación en el mercado global.

¿Qué significa que sea no convencional?

En este tipo de yacimientos el gas y petróleo están alojados en la roca madre; es decir que se encuentran en estado sólido miles de metros bajo la superficie terrestre. El método de extracción que se usa en estos casos es la fractura hidráulica de alta intensidad y direccionada, comúnmente conocida como fracking. Si se la compara con las técnicas que se practican en pozos de convencionales, esta tiene más profundidad vertical y horizontal y mayor potencia hidráulica. Al final es un método más costoso y con más riesgos ambientales.

El yacimiento de Vaca Muerta se convirtió en una apuesta desde el 2013, cuando se firmó, con el venio de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el acuerdo YPF-Chevron para la explotación conjunta del bloque Loma Campana, ubicado en Añelo, un pueblo situado cien kilómetros al norte de la capital neuquina que se convertiría en la capital virtual de Vaca Muerta. El acuerdo, que al ser entre dos empresas privadas es confidencial (solo el 51 por ciento de YPF le pertenece al Estado argentino, el resto es privado), resultó en la ampliación territorial del bloque Loma Campana, del cual YPF ya tenía una concesión previa al acuerdo, y en la extensión de los plazos de la concesión, que pasó de 15 a 35 años. El rechazo popular a la asociación de la petrolera de bandera con Chevron fue tal que cuando ese mismo año la legislatura provincial de Neuquén —dueña de los derechos minerales— lo ratificó, miles de personas salieron a las calles a protestar y se enfrentaron a una violenta represión policial.

Siete años después de la firma del acuerdo con Chevron, Loma Campana es el segundo bloque petrolero más productivo de Argentina, la población de Añelo se triplicó caóticamente hasta llegar a los nueve mil habitantes, YPF tiene múltiples acuerdos más con otras petroleras —Shell, Schlumberger, Petronas, Pan American Energy, ExxonMobil y Dow Chemical— y el consenso político de que Vaca Muerta tiene que ser desarrollado y explotado es prácticamente total entre las fuerzas mayoritarias del país.

Según detalla el investigador en geopolítica energética Gustavo Lahoud en un informe enviado al nuevo Gobierno de Alberto Fernández, desde que en 2013 comenzó la explotación de los no convencionales en las provincias de Neuquén y Río Negro hasta hoy, la industria ha percibido 24 mil millones de dólares de fondos públicos en carácter de subsidios, solo con los llamados Plan Gas. Es una cifra que duplica los 10 mil millones de dólares invertidos por YPF en el desarrollo de no convencionales en el mismo periodo, siendo esta la mayor operadora del yacimiento.

Los Plan Gas arrancaron bajo el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con la dirección del exministro de Obras Públicas Julio de Vido, actualmente encarcelado, y el hoy gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien era entonces ministro de Economía. Fueron una respuesta a la necesidad de aumentar la producción local, que había decrecido por dos décadas, y de reducir el déficit energético que por entonces tenía el país. Se diseñaron para completar la diferencia entre el precio interno del gas —por entonces bajo y poco atractivo para inversiones internacionales— y un precio base acordado con la industria gasífera que más que duplicaba el precio internacional real.

Durante los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri estos subsidios continuaron y aumentaron, y se dio también un incremento sideral de las tarifas de gas y electricidad (en Argentina una gran parte de la electricidad se produce en usinas de gas), lo cual generó un periodo de ganancias sin igual para las empresas beneficiarias; es decir, todas las operadoras presentes en Vaca Muerta. Las empresas estaban de fiesta y no se cansaban de celebrar a través de cuanto micrófono tuvieran los esfuerzos del presidente business friendly que tanto estaba haciendo para desarrollar la industria. En 2018, cuando el fracaso económico del gobierno de Macri lo llevó a buscar salvataje financiero en el Fondo Monetario Internacional, este puso como condición que el gobierno adoptara medidas de austeridad, entre ellas un recorte a los subsidios al gas.

En septiembre pasado, tras la devaluación del peso posterior a las elecciones primarias, el gobierno de Macri recortó una parte de los subsidios otorgados a la producción de gas. La respuesta del sector fue un hold de las operaciones de perforación a lo cual continuó el despido de casi mil personas en noviembre. En empresas como Schlumberger, prestadora de servicios de perforación, algunos trabajadores salieron a almorzar y a la vuelta se encontraron con que no podían volver a ingresar ya que estaban despedidos. Situaciones similares se vivieron en Halliburton.

En Neuquén estos despidos se leen en el marco de la transición presidencial. El sector enviando un mensaje bastante claro a los nuevos gobernantes: en Vaca Muerta el Estado Nacional es el socio capitalista mayoritario; si el Estado no pone, la cosa se para.

“Hoy venimos en son de paz” son las palabras que usa el abogado de la Confederación Mapuche de Neuquén, Emiliano Guagliardo, para convencer al oficial de policía apostado en la entrada de una de las salas de las modernas instalaciones de la justicia neuquina en Neuquén capital de que me deje pasar con la cámara y tomar algunas fotos dentro del lugar en el que alrededor de veinte miembros de la Confederación y de la Comunidad Mapuche de Tratayen van a ser sobreseídos de un puñado de delitos relacionados a la usurpación territorial.

Antes de que viniera el negocio petrolero, estos desiertos patagónicos tenían —y en mucho menor medida todavía tienen— una cultura trashumante de veranada e invernada de animales de pastoreo. La tenían los mapuches antes de tener que vivir confinados en comunidades y la adoptaron los crianceros criollos que vinieron después. Muchas de las miles de hectáreas que la provincia de Neuquén llama “tierras fiscales” son tierras centenarias, donde ocurría esta trashumancia y crianza de animales.

Con la llegada de YPF-Chevron comenzaron un interés territorial y consecuente especulación inmobiliaria que en localidades como Añelo va de pequeños lotes de doscientos metros cuadrados a vastos territorios de miles de hectáreas. Sin importar la localidad donde uno esté, el relato popular en Neuquén es el mismo: títulos de propiedad aparecen de la noche a la mañana, e intendentes, concejales y sus parientes o amigos —léase testaferros— se quedan siempre con algo, con todo, con mucho. Tierras de nadie, o “fiscales”, que por siglos tuvieron poco o nada de valor comercial pero que tenían un uso comunitario vital para los pocos lugareños de este desierto de estepas, bardas y viento son hoy producto de una invasión solo comparable con las Campañas al Desierto, en las que a punta de fusil y espada el Estado argentino ocupó la patagonia cien años atrás.

La especulación inmobiliaria es tal que en Añelo, un pueblo sin pavimento y sin redes de servicios básicos, el metro cuadrado puede ser tanto o más caro que en los barrios más exclusivos de Buenos Aires, y alquilar un appart de una habitación —típico de los puestos senior de la industria— puede ser tan costoso como rentar una mansión en un barrio privado en el Tigre bonaerense, la cima del lujo residencial del país.

Pero a diferencia de Estados Unidos, donde el gas y petróleo son de propiedad del dueño de la tierra y han convertido en millonarios a muchos tejanos de la noche a la mañana empujando así el tamaño de sus camionetas al punto de lo grotesco, en Vaca Muerta los beneficios en disputa son mucho menos. Acá es por la servidumbre de paso; es decir, por recibir una renta fija por dar acceso libre y sin oponer resistencia a las empresas petroleras para que destruyan tu propiedad.

Cada pozo implica el desmonte y hormigonado de varias hectáreas. Si la localidad se usa para instalaciones como baterías, plantas de refinado o distribución, el desmonte crece. Muchas veces supone también la construcción de caminos, aumentando el desmonte aún más. La mayoría de los accidentes ambientales, que de acuerdo a las autoridades provinciales de Neuquén ocurren a un ritmo promedio de casi tres por día, suceden necesariamente en estos campos.

En nuestra versión sudaca del shale-boom la moneda de cambio más corriente es “la toyota” , la camioneta doble cabina más popular entre yihadistas de oriente medio, sojeros, abogados y neuquinos. Por el paso anual, media toyota, una, dos. Migajas.

El fuerte de la torta de migajas que distribuye el negocio de la explotación localmente se lo lleva la Provincia de Neuquén, que desde 1994, cuando se reformó la Constitución Nacional, pasó a ser la dueña de los recursos minerales hasta ese entonces de propiedad nacional. Las regalías petroleras y gasíferas constituyen por lejos el mayor ingreso del fisco provincial, que es completamente dependiente de las mismas.

En Vaca Muerta la dinámica funciona casi siempre de la misma manera: YPF avanza, las autoridades provinciales y la policía sostienen ese avance, Gendarmería reprime si algo se complica y finalmente para todo lo demás queda la Justicia, que se encarga de apretar siempre lo suficiente para que la rueda siga girando.

La comunidad Mapuche de Campo Maripe, en las cercanías de Añelo, ha experimentado la dinámica completa y en toda su intensidad. Dentro de los territorios que reclaman como propios se encuentra buena parte de Loma Campana, el bloque petrolero y gasífero no convencional más explotado de Sudamérica, donde se concentran alrededor del 30 por ciento de los pozos operativos de YPF, por lejos la mayor empresa del yacimiento. Al ser territorios reclamados pero no reconocidos, el Estado simplemente entró de la mano de su empresa bandera, sin garantizar los derechos constitucionales ni internacionales a los cuales los pueblos originarios y sus territorios están sujetos y que Argentina suscribe.

Mientras que en 2013 los miembros de la Comunidad se encadenaban a las torres en los pozos reclamando el cese completo de las actividades, hoy reclaman que aunque sea se respete un ordenamiento territorial mínimo. Que los dejen vivir. Que el Estado no los continúe tratando como enemigos, como terroristas.

Albino Campo tiene ese tipo de mirada profunda fácil de reconocer, pero difícil de describir. La mirada de quien vivió muchas vidas en una; de quien lleva una carga, de quien parece poder llevarla. En las afueras de la llamada Ciudad Judicial, Albino me cuenta que desde que comenzó esta lucha ha sido procesado por la Justicia en 19 ocasiones. Pero no está solo, otros líderes y miembros de la nación Mapuche tienen similar cantidad de procesamientos judiciales.

Al arrebatarles sus territorios, les arrebataron el medio de vida. En donde antes los animales pastoreaban ahora hay autopistas de ripio, miles de picadas, luces nocturnas, miles de hectáreas desmontadas y miles de vehículos pesados circulando las 24 horas, todo el año. Los animales se confunden y desorientan. Comen exceso de tierra producto del movimiento de vehículos y aceleran su mortandad; y por supuesto, toman agua de donde la encuentran, que muchas veces son charcos de vaya a saber que pasivo petrolero. Eso también los mata.

En la lucha contra las peores consecuencias del fracking en Neuquén, los mapuches resisten casi en soledad en un clima social de miopía colectiva y triunfalismo en torno al presente y futuro del yacimiento. Justo este clima los instaló como una de las caras de la “resistencia al progreso” en un discurso que repiten hasta voces de militantes de partidos progresistas: “lo que pasa es que a los mapu no les gusta laburar”.

En los últimos años el Estado solo le ha dado a los mapuches que viven en el corazón de Vaca Muerta dos alternativas: o aceptan lo que está sucediendo y negocian la mejor posición posible con las petroleras, o se atienen a la amenaza certera de recibir bala, como ocurrió con los recientes crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en territorios mapuches a manos de Gendarmería.

En este marco de cooperación forzada con las petroleras, la comunidad mapuche Campo Maripe ha recibido maquinaria agrícola liviana, la construcción de un salón comunitario y algunas otras pequeñas, pero necesarias y de otra forma inaccesibles, prebendas. El riesgo que corre la comunidad al aceptarlas es que las petroleras usan esas asistencias para lavar su comportamiento ético y social ante la sociedad, como sucedió en un reciente Congreso del sector organizado por Forbes Argentina, donde el CEO de Shell Argentina mostró un video institucional donde se destaca su cooperación con la comunidad Campo Maripe; esto, mientras que litigios y procesamientos judiciales del sector contra los indígenas continúan.

Le pregunto a Mabel Maripe Campo, la Logko de la comunidad, por una cooperación con Shell. Mabel me dice desconocer de qué se trata, que la única cooperación que han tenido en los últimos tiempos fue con asesores agrícolas de otra empresa, pero que no conoce a qué cooperación se refiere Shell y que no hay ningún marco de trabajo con ellos.

En Campo Maripe me pongo a conversar con Juan Campo, nieto, entenado —me aclara— de Don Albino, a quien se refiere como su papá. “De los hijos de papá una es natural, los otros ocho son adoptados”, me dice, mientras sus dos pequeños espían curiosos por una de las ventanas de una casa bien parada, pero claramente construida con lo que hay.

Juan me cuenta que se crió en Añelo y hasta hace algunos años tenía la vida cliché del empleado petrolero: trabajar duro de día y darle duro a la noche con alcohol, merca y lo que venga que acompañe. En algún punto tocó fondo y su familia le propuso cambiar de aire para poder cambiar de vida. Ahora vive en la comunidad con su pareja y dos hijos.

“Añelo es un desastre”, dice, “no podés criar a tus hijos en ese contexto, están todos cebados. Cuando son chicos no los podés ni dejar andar por la calle porque viene un camión y te los lleva puestos, y cuando crecen lo que hay son narcos, aprietes, prostitución. Ese es el ambiente hoy en lo que era el pueblo más tranquilo del mundo hasta hace unos años. Acá mis hijos pueden jugar, estar en la naturaleza con animales, se puede respirar… esa es la vida que se protege en la comunidad”.

Antes de irme, Juan también me comenta de un caso reciente de supuesto apriete entre narcos donde quemaron una casa en la meseta, en el barrio del parque industrial de Añelo.

Elián trabaja de chofer de una de las cientos de vans que trasladan a los empleados petroleros y pueblan casi en la misma proporción que las toyotas y camiones las rutas petroleras de Neuquén. Crystal es su novia y se dedica, en sus propias palabras, a “vender”. Cuando le pregunto “¿Vender qué?”, me contesta “lo que sea”. Elian aclara rápidamente que Crystal se refiere a la venta por catálogo, “sobre todo maquillaje, y esas cosas”. Crystal se limita a sonreír ante la aclaración.

La casa —más bien casilla— quemada en el parque industrial es propiedad de Elián. Esta mañana están los dos limpiando los restos. Crystal me cuenta que la quemó un tipo que tuvieron viviendo un tiempo ahí, pero que habían desalojado. Que hicieron la denuncia pero la policía no hizo nada, y que ellos le avisaron a la policía que si encuentran al tipo lo matan. También me cuenta que si no te la rebuscas en Añelo la vida se hizo imposible de cara, que los sueldos para las mujeres son miserables y las condiciones de trabajo peor. Que el intendente se hizo una mansión, y su mujer se hace tres cirugías nuevas por año: cara, tetas, culo. Que en la meseta ellos no tienen servicios, ni escuelas, ni seguridad, ni pavimento, y en verano, ni agua. Crystal tiene ganas de seguir contando, Elián de que se calle.

Continúo por la autopista de ripio que conecta las distintas plantas del parque industrial de Añelo, y que a su vez conectan a través de miles de picadas a los pozos. Baterías de destilación, plantas de bombeo, galpones gigantes, torres de fractura, gasoductos, oleoductos, acueductos, máquinas viales, tanques de todo tipo, válvulas rojas, plateadas, amarillas y camiones y vans y camionetas.

En el “paseo” se me acercan en un par de ocasiones toyotas sin marcar y veo que me toman la patente. Trato de acercarme a hablar y en ambas ocasiones se van. Ya más tarde en el pueblo un gol polarizado me hace lo mismo, solo que esta vez un hombre en sus sesentas se baja para preguntarme de forma intimidante por qué estaba fotografiando cerca de su casa en la meseta, en el barrio industrial. Le pregunto si tiene algo que ver con la casa quemada, le digo que estoy ahí como periodista y le ofrezco ir juntos a la comisaría para aclarar. En plena escalada verbal el hombre se va.

No llevo 24 horas en Añelo y ya sé a lo que se refería Juan Campo cuando me hablaba de aprietes.

En el paraje Tratayen, unos kilómetros antes de llegar a Añelo yendo desde Neuquen, me detengo en una pequeña chacra a conversar con Juan y Andrea, cuidadores de un campo donde se produce alfalfa y donde desde hace un mes conviven con una torre de fractura en el fondo.

“A mí me pagan 18 mil por mes, y la verdad que no alcanza para nada”, me cuenta Juan mientras apura hasta el final su cigarrillo. “El patrón si hizo un arreglo con la empresa petrolera es algo que no sé, lo que sé es que a mí no me tocó nada de eso”.

A Andrea los ruidos nocturnos, la vibración de la tierra por las explosiones y el circular sin fin de camiones le ha impedido dormir bien desde que está la torre. Pero a Juan no son los ruidos lo que le preocupa; para él el problema es lo que va a pasar con el agua: “Yo no tengo muchos estudios, pero trato de no ser tonto y escucho mucho y la gente habla. Acá el comentario de los camioneros es que todos los restos que salen de estos pozos los entierran un poco más arriba, campo adentro. Y eso eventualmente encuentra su camino al agua. Pero ellos no se quedan a vivir acá, no tienen que tomar nuestra agua, nosotros sí, y si nos enfermamos, ¿vos creés que alguien va a venir a darnos una mano?”

Los temores de Juan son rotundamente negados por las empresas gasíferas y petroleras operando en Vaca Muerta, que acusan tener buenos records ambientales y que los métodos y procesos que se utilizan son estrictamente rigurosos en el cuidado y manejo de los pasivos que generan. Esas afirmaciones corporativas rara vez o nunca verifican en el relato diario de los trabajadores petroleros cuando llegan a sus casas, en asados con amigos, en charlas de bar. Pero fuera de esos contextos, es muy difícil que alguien quiera o se anime a contar.

A través de un amigo en común, quedo de acuerdo para hablar sobre estos temas con Marcelo, quien trabajó realizando fracturas hidráulicas en Halliburton desde 2007 hasta octubre de 2019, cuando con los últimos recortes de planta le ofrecieron renunciar con un arreglo económico de por medio.

“En la industria, Halliburton es vista como si fuera Ferrari en la Fórmula 1”, me cuenta Marcelo. “Pero cuando estás adentro te das cuenta de que los camiones son los mismos camiones hechos poronga de las otras empresas, de que faltan herramientas, que quieren recortar por todos lados y que la mitad de la gente con la que trabajas no puede ni siquiera hacer una regla de tres simple para pasar galones a litros”.

“El método de fractura es el mismo en los convencionales que los no convencionales; lo que cambia es la potencia y la intensidad del proceso, que es muchísimo mayor. Nosotros encaramos una fractura convencional con dos bombas, seis, nueve si se requiere mucha potencia y por si se rompía alguna; en los no convencionales lo encaras con diecinueve bombas, y así todo. La cantidad de personas trabajando, la cantidad de agua que vas a necesitar, de arena, de químicos, todo se escala en esa proporción”, explica Marcelo. “Cada fractura te consume un millón, millón y medio de litros de agua, y eso te dura dos horas… donde no hay acueductos y usan camiones, eso son 20 camiones cisterna yendo y viviendo las 24 horas”.

Le pregunto a Marcelo por el agua de fractura, que no es solo agua, sino que tiene un cóctel de hasta cuatrocientos químicos diseñados para lubricar, lavar, disolver, trazar, y un largo etcétera. Quiero saber qué pasa en la práctica con esos desechos. Marcelo me explica con una franqueza cruda cómo es el manejo de ese y otros pasivos de la industria:

“Se habló mucho del tratamiento de esta supuesta agua. Yo nunca vi que se tratara. El agua se ventea, queda en la fosa, se evapora… un poco del agua de purga se puede usar para lavaje. Algo se puede usar en pozos de inyección, que se usa para estimular la presión de la red. Pero en mis años trabajando nunca vi que se la llevaran para tratar. Lo mismo pasa con la tierra empetrolada. Tenés 10 metros (cúbicos) de tierra; llamas a la empresa que se hace cargo, como COMARSA, le pedís que te haga un certificado por 10 metros y que se lleve un poco. Nunca vi que se llevaran todo. La tierra empetrolada, nadie limpia nada, se tapa todo con tierra y esta joya… Solo si la cagada es muy muy grande se trata… Nosotros mismos decíamos échale un poco de tierra y a la puta que lo parió”.

Lo mismo pasa con los totems de 1000 litros que se usan para los químicos de fractura. Supuestamente se tendrían que lavar y destruir pero, como me explica Marcelo, no existe control sobre ese proceso tampoco. En la práctica viene el camión y se lleva 24 totems vacíos, pero a la planta llegan tres o ninguno, pues mientras esté la firma de que llegaron 24 a nadie le importa que el camionero pare en el medio del traslado y los baje a alguien que se los compre por mil pesos cada uno para venderlos como tanque de agua para los campos o los pobres.

Los riesgos asociados al uso de estos contenedores de químicos para agua de consumo animal o humano son desconocidos. Tan desconocidos como los químicos que la industria pone dentro de esos contenedores y que las autoridades argentinas no les obligan a revelar a las petroquímicas, adhiriéndose de facto a lo que en la industria del petróleo se conoce como el Halliburton loophole, una excepción en las leyes ambientales que regulan la industria gasífera y petrolera en los Estados Unidos, que aduciendo motivos de competencia y exclusividad permite a las empresas bombeadoras no develar qué químicos utilizan.

Una actualización reciente de la Asociación Americana de Pediatría del Estado de Nueva York sobre los químicos encontrados en fracturas hidráulicas no convencionales describe cómo el 67% de los químicos en desechos de actividades no convencionales son altamente perjudiciales para la salud. Según dice, estos son posibles causantes de múltiples enfermedades graves y un 32% es altamente perjudicial para el ambiente, pues causa efectos de difícil o imposible reversión.

Esos son los mismos —sino muy similares— químicos que cargan los totems que pueden ser vistos como tanques de agua en muchas casas del parque industrial de Añelo, en casi cualquier paraje rural y en más de una plantación de frutales como tanques de fumigación.

En una frase que parece sacada del mismo manual de cinismo corporativo que originó la célebre afirmación “El cianuro es una sal. Lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”, pronunciada por el exsubsecretario de Minería tras los derrames de cianuro en ríos de San Juan por parte de la minera Barrick Gold, la industria del shale dice textualmente sobre los químicos que utiliza: “Los surfactantes encontrados en muestras de fluido de fractura no son más tóxicos que las sustancias que se encuentran comúnmente en los hogares”. Chistes sin gusto, sin gracia y sin remate, que se burlan de los ciudadanos en la cara y cumplen la función de dilatar los tiempos de cualquier tipo de debate serio o investigación oficial sobre lo que sucede con los proyectos extractivos masivos, sus métodos y consecuencias.

Laura tiene una pequeña chacra en las afueras de la ciudad de Allen, la capital nacional de la pera, en la provincia de Río Negro, en lo que YPF denomina E.O.S., abreviatura para Estación Fernández Oro. Ella cree, sabe, que esa afirmación de la industria sobre los químicos que utiliza es “un montón de mierda”, así como también conoce por experiencia propia lo que es vivir al lado de los pozos, mirarlos por la ventana.

Su chacra está rodeada de pozos de fractura. Un año después de la llegada del fracking a la zona, mientras llenaba su pileta, detectó que el agua estaba rara y que reaccionaba de una manera aún más extraña cuando le ponía cloro. “Acá nos arruinaron el agua”, me dice. Laura encontró bencina, ácidos, metales pesados: el coctail completo.

Hace tres años, cerca de donde está ubicada su chacra, ocurrió un derrame de 240 mil litros de lo que YPF llamó “agua de inyección” y que mató a animales y cultivos por igual. Un desastre que por su dimensión llegó a las noticias, a diferencia de los cientos de “accidentes” que no lo hacen, que contaminan en el anonimato.

En los últimos años, entre la contaminación y la crisis que atraviesa el sector frutícola, Laura se vio en la obligación de tumbar buena parte de sus perales y reemplazarlos con alfalfa. Frutas por pastura.

“Lo que más le gustaría a YPF es que yo les haga juicio… ese es su terreno, donde te terminan quebrando, porque tienen todos los recursos y yo no tengo ninguno”, dice. “Pero yo no les voy a hacer juicio, ni voy a arreglar como todos estos otros pelotudos que venden por dos mangos, que cambian la chacra por una camioneta y un departamento en el centro. A mí si me quieren sacar de acá me van a tener que volver millonaria, pero en serio, a lo yanqui, porque la realidad es que me cagaron la vida”.

Lucas Martínez es mi contacto en Allen, uno de los pocos miembros de lo que queda de la Asamblea del Agua del Comahue de Allen. También es militante de un partido de izquierda y metalúrgico de profesión. Con Lucas viene Belén, su hija, y a todos nos busca Andrés, el cuñado de Lucas.

En el transcurso de lo que denominan él “toxi tour” —un recorrido por algunos de los cientos de pozos de fractura de donde se extrae tight-gas principalmente, y que se encuentran entre cultivos de peras y manzanas que se consumen en todo el país y se exportan al mundo—, me cuentan que en Allen la mitad de la gente no está ni enterada de lo que está pasando entre los cultivos, y que la otra mitad está comprada y silenciada con contratos de confidencialidad. Que los aprietes de tipos que se bajan de camionetas petroleras blancas sin marcar y sin patente están a la orden del día. Que en verano cuesta respirar. Que los casos de leucemia infantil quintuplican los que debería tener una localidad como Allen. Que los derrames están a la orden del día. Que en muchas partes el agua no se puede tomar. Que la mayoría de los productores ya fueron comprados. Que las peras que se producen acá las comemos todos. Que YPF es un matón. Que prima la lógica del sálvese quien pueda. Que Allen a través de su Consejo Deliberante había prohibido el fracking. Que la provincia se recontra cagó en esa resolución, los pasó por encima y permitió el fracking igual. Que les mintieron. Que les mienten. Que no dejan nada. Que esta es una zona de sacrificio. Que acá no hay pan, esto es hambre para hoy, hambre para mañana.

Desde la llegada de la explotación de no convencionales se estima que solo en Allen y sus alrededores se perdieron más de tres mil hectáreas de cultivos que pasaron de producir peras y manzanas, a gas, y en menor medida petróleo. Más gas y menos frutas; menos trabajo para los locales y menos aire respirable en verano, cuando a la industria no le queda otra que ventear el excedente de producción de gas, típico de la temporada estival. Más accidentes que contaminan todo, que matan. Más emisión de gases de efecto invernadero que nos están recalentando como nunca se vio antes.

La provincia de Río Negro cobra anualmente unos 500 millones de pesos en conceptos de regalías por estas actividades. Toyotas.

“Entre el 5 de diciembre del 2018 y el 16 de mayo de 2019, de acuerdo a los datos publicados por Secretaría de Energía, en las zonas petroleras de El Mangrullo y Fortín de Piedra se realizaron hidrofracturas en seis pozos, unas 150 fracturas horizontales, a promedio de 25 por pozo. Para hacer esas fracturas se utilizaron 360 mil toneladas de arena, que si las ponemos en línea significan dieciséis kilómetros de camiones y 312 millones de litros de agua, lo que serían unos 80 kilómetros de camiones”, me dice por audio Javier Grosso, geógrafo y profesor universitario que hace un tiempo comenzó a preguntarse por las noticias de sismos que se concentraron en la misma zona donde se hicieron estas hidrofracturas y que se sienten especialmente en Sauzal Bonito, una pequeña localidad a 150 kilómetros de la ciudad de Neuquén.

Su audio continúa: “Durante el mismo período de tiempo, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica registró, con una distancia no mayor de entre tres y quince kilómetros de estos campos petroleros, una cantidad de 21 sismos de intensidad mayor a 2.5 en la escala de Richter, la intensidad mínima que el Instituto registra. Lo llamativo también es que estos sismos se están dando en profundidades similares a las que se está perforando. Son datos que deberían estar llamando la atención de las empresas y de las autoridades”.

“Lo primero que se sintió es como una explosión; después vino el temblor”, me dice Axel, el oficial de policía destacado en Sauzal Bonito, sobre el último temblor grande que sintieron una noche de septiembre pasado a la una de la madrugada. Para el policía local, como para el resto del pueblo la relación entre los sismos y la actividad de las empresas perforando y fracturando en la zona es inevitable.

“Los más chiquitos viven con miedo, a la noche cuando se acuestan preguntan si la casa se va a caer, si el techo se les va a caer encima… uno trata de tranquilizarlos, de decirles que está todo bien, pero por dentro tenés los mismos miedos”, me cuenta Marisol, una de las poco más de cuatrocientas vecinas de Sauzal Bonito.

Según los datos que recolectó la comisión de fomento local, de las 106 viviendas de la localidad, el 90% tiene daños estructurales producto de los sismos que han estado sucediendo desde que en el 2015 comenzó la explotación no convencional en los bloques que rodean la localidad y que explotan las empresas YPF y Tecpetrol.

Los sismos se intensificaron a partir del 2018, casualmente cuando los bloques pasaron de la fase de prospección a la de explotación. En total ya van más de 150 veces.

En enero de 2019 el pueblo entró en pánico cuando tembló 38 veces en solo dos días. Varios de estos sismos superaron los 4.0 en la escala de Richter, más que suficiente para dañar cualquier infraestructura de un pueblo en el que hasta el 2015 no había temblado nunca.

“Dirección de Vivienda de la provincia vino a mi casa como a casi todas las otras casas, pusieron un yeso testigo sobre las rajaduras, y no volvieron nunca más”, me dice Malvina Méndez, una vecina con la vivienda partida en los pisos y paredes de casi todas las habitaciones. “A tres familias les dieron casas nuevas, antisísmicas, porque sus casas estaban destruidas, inhabitables; pero si vos ves mi casa está rajada por todos lados, si se vuelve inhabitable es porque probablemente se me cayó encima y estoy muerta; y ahí van a decir que fue un accidente, que son construcciones precarias… yo no pido que me hagan una casa nueva, pero quiero que me ayuden a poder arreglar esta, que me presten la plata para poder hacerme otra, una casa que resista esto que nos está pasando. Si así es como hay que vivir ahora, por lo menos hacerlo sin el miedo que se te caiga la casa encima”.

“Acá vinieron de la Provincia con geólogos de la Universidad de San Juan a dar una charla y tratar de convencernos de que todo esto es natural, que las actividades de las empresas no tenían nada que ver… Se creen que porque somos del campo somos pelotudos”, me cuenta Adrián Sandoval, hermano de Marisol, mientras tomamos unos mates y me acercan mapas que les dejaron de una ONG de estudios sismográficos chilena que viene siguiendo el tema, los únicos que junto con el profesor Grosso les han asistido en medio de la absoluta incertidumbre en la que viven.

En los mapas que me muestran Adrián y Marisol se ven ubicados al menos cuatro pozos sumideros. En estos pozos es donde se inyecta la llamada agua de inyección, que suele ser agua de flowback o devolución de las fracturas. El propósito de estos pozos es aumentar la presión en la red, con la función de acarrear más gas y petróleo a los pozos de extracción. Cientos de millones de litros se inyectan a alta presión en estos pozos. Un artículo reciente de la revista Science establece cómo este tipo de pozos están directamente relacionados a la aparición o el aumento de movimientos sísmicos, en muchos casos de forma dramática.

Sismos masivos de hasta 5.0 en la escala de Richter inducidos de forma directa por la actividad humana. Un nuevo hito de la era del antropoceno.

De los 34 campos petroleros puestos a licitación por la provincia en la cuenca neuquina de Vaca Muerta, solo cinco se encuentran en lo que la industria llama desarrollo continuo (explotación propiamente dicha). De ellos, cuatro se encuentran sobre las márgenes del río Neuquén. De los 24 campos donde existen pilotos en curso, sólo cinco tienen planes anunciados de pasar a etapa de desarrollo. De esos cinco, uno se encuentra sobre la margen del Neuquén y los demás son segundas franjas de campos de las mismas empresas sobre la margen del Neuquén. En la cuenca rionegrina el campo no convencional de mayor desarrollo, Estación Fernández Oro, queda sobre la margen del río Negro. La idea se hace obvia: los no convencionales no se alejan de grandes fuentes de agua. Alejarse implica costos más elevados de traslado, ya sea por camiones, acueductos o ambos.

Esta concentración de campos petroleros y gasíferos sobre las márgenes del río Neuquén es producto de una legislación que le prohíbe a la industria servirse de aguas subterráneas para sus actividades. El agua se debe tomar de superficie, es decir de lagos y ríos. Pero el traslado es el único costo que la industria paga por el agua. El insumo en sí, se regala. Millones de litros diarios del recurso más valioso del planeta se le regalan a una industria que convierte ese agua en basura que no se puede consumir, que se ventea o vierte contaminada, o se inyecta a profundidades lubricando fallas, terminando quién sabe dónde, originando quién sabe qué consecuencias a largo plazo.

La principal excusa para regalar el agua es porque en Neuquén agua hay. Porque supuestamente sobra. Para hacer esto la industria y las autoridades se amparan en el discurso de que la actividad es segura, que no hay riesgos ambientales mayores. Que al agua nunca le va a pasar nada, y que si algo le pasa, constituirá una excepción. Pero si miramos a la industria petrolera de cerca, y en cualquier lugar del mundo es igual, es visible que lo que la industria llama excepciones son muchas veces reglas. Que el récord ambiental de todas las empresas es horroroso. Que su costumbre es el desastre, tapado con tierra, corrupción, plata, aprietes, mentiras, arreglos extrajudiciales y contratos de confidencialidad.

Hoy Vaca Muerta se encuentra en el cuatro por ciento de su desarrollo potencial. Si se llegara a explotar masivamente, liberaría una cantidad de carbono retenido y gases de efecto invernadero suficientes para poner al planeta entero un gran paso más cerca del borde de la extinción. No debería haber más razones que esa para detener su desarrollo masivo y pensar cómo queremos encarar esta crisis de escala global. Sin embargo, los anuncios del nuevo gobierno bajando las retenciones al petróleo, gas y minería, mientras se las suben a los productores rurales y aumentan los impuestos a la clase media, no parecen dar señales de que alguien en el gabinete tenga esta conciencia.

En su discurso de asunción el Presidente Alberto Fernández le pidió a la población que saliera a las calles si veía que estaba haciendo las cosas mal. Antes de terminar el año, Mendoza vio la mayor movilización de su historia después de que su Congreso, con apoyo bipartidista, habilitara el uso de tóxicos como el cianuro, indispensables en emprendimientos de megaminería. Las manifestaciones a nivel provincial, que en varios lugares fueron enfrentadas con represión policial, lograron que días después de aprobada la ley, el gobierno provincial no se atreviera a promulgarla, dejándola por ahora sin efecto. Chubut vive por estas horas un panorama similar, con una sociedad movilizada ante las intenciones del gobierno provincial de levantar la prohibición vigente a la megaminería.

En defensa del agua y la vida el pueblo ya está en las calles de muchos lugares del país. Ahora le toca responder al poder.