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Activistas que se oponen a los JJOO de Río temen ser acusados de terrorismo

El país sudamericano culpa a la presión de la fuerza especial contra la financiación terrorista estadounidense de la inminente aprobación de un proyecto de ley que recortará poderosamente las libertades civiles, equiparando protestas y terrorismo.
4.11.15
Imagen por Leo Correa/AP
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Los activistas brasileños aseguran que una nueva propuesta de ley que pretende describir qué es terrorismo, está diseñada para criminalizar a los movimientos protesta. De tal forma que la entrada en vigor de la flamante ley podría condenar como actos terroristas a todas las manifestaciones que utilicen la proximidad de los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Río de Janeiro en 2016, para denunciar las injusticias sociales y exigir reformas en el castigado país sudamericano.

La propuesta de ley, suscrita por el despacho de la presidenta Dilma Rousseff, fue inicialmente enmendada de camino al Congreso. Entonces se le incorporaron algunas exenciones contempladas para respetar la libertad de los movimientos sociales. Claro que las enmiendas fueron eliminadas en el trayecto de la ley del Congreso al Senado. La propuesta se dirige ahora hacia su última fase: la lectura final de los diputados y la aprobación final de la presidenta.

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Los partidarios de la propuesta argumentan que Brasil necesita una legislación adecuada para definir y combatir el terrorismo. Sin embargo, los expertos consideran que se trata de un movimiento adoptado para complacer a Estados Unidos y a su cuerpo contra la financiación terrorista — el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (FATF en sus siglas inglesas). Brasil teme ser sancionada si no cumple con los preceptos estadounidenses, una medida que complicaría su ya de por sí delicada recesión. La ley ha sido suscrita por la cúpula financiera de confianza de Rousseff — en la que se cuenta el ministro de Economía Joaquim Levy. Fuentes del gobierno han comentado a VICE News, que Levy es el mayor defensor de la nueva ley.

Más del 80 organizaciones y movimientos políticos y sociales han firmado una carta abierta en la que repudian lo que consideran un "retroceso" en el derecho de los ciudadanos a manifestarse. La misiva argumenta que la nueva ley convertirá el "estado de excepción", algo que ya sucedió por defecto en Brasil durante el Mundial de fútbol de la año pasado — entonces se confirió a las autoridades la discreción para detener y acusar a la gente de "terroristas" y ahorrarse así cualquier complicación cuando alguna manifestación se tornaba violenta.

"Bajo esta ley todo lo que suceda durante una manifestación, como una luna que se quiebra accidentalmente, será considerado terrorismo", explica a VICE News Ana Paula Ribeiro, implicada en el Movimiento de Vagabundos Trabajadores.

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"No detendremos nuestras protestas hasta que los políticos retiren esta ley innecesaria", añade Ribeiro. La activista ha asegurado que su grupo — uno de los movimientos sociales más poderosos del Brasil — no "abandonará las calles", ni siquiera aunque la propuesta de ley sea aprobada.

Un informe sobre las cárceles de Brasil evidencia un 'desastre en derechos humanos'. Leer más aquí.

Una de las cláusulas más controvertidas de la ley define como actos terroristas actos como "el vandalismo… o el destrozo… de transportes públicos y de la propiedad privada".

La violencia y el vandalismo están a la orden del día en las manifestaciones brasileñas. Ambos terminaron detonando en las masivas manifestaciones contra el gobierno, el estado del servicio público y el despilfarro multimillonario del Mundial, celebradas en 2013 y 2014.

Durante aquellas protestas decenas de activistas fueron detenidos, entre ellos Camila Jourdan, una profesora universitaria. Ella fue una de las 23 personas condenadas a prisión preventiva antes de la celebración de la final del Mundial. Fue retenida en prisión durante 13 días acusada de cargar y almacenar explosivos y de asociación criminal. Jourdan tiene prohibido participar en manifestación alguna mientras su caso siga abierto.

"La nueva ley terrorista pretende criminalizar los movimientos sociales y políticos", explica Jourdan a VICE News por teléfono desde Río. "Los jueces ya pueden valerse de la legislación actual para encerrar a los manifestantes preventivamente. Las nueva ley todavía es mucho más vaga y pretende que los movimientos sociales hagan poco más que pasearse de arriba abajo por la playa de Copacabana".

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Algunas de las preocupaciones de los activistas han sido aireados durante la legislatura. Los senadores Humberto Costa, Vanessa Grazziotin y Randolfe Rodrigues han intentado y fracasado a la hora de reintroducir enmiendas destinadas a eximir a los activistas de las definiciones que les emparentan con terroristas.

"Contemplar el 'extremismo político' como uno de los elementos definitorios del terrorismo constituye una manera alarmante y sin precedentes de criminalizar el activismo", ha explicado el senador Rodrigues al Senado durante el debate.

'Bajo esta ley todo lo que suceda durante una manifestación, como una luna que se quiebra accidentalmente, será considerado terrorismo'.

Las enmiendas han sido rechazadas por la mayoría. El argumento esgrimido para hacerlo es que solo los jueces pueden decidir si el ataque es constitutivo o no de terrorismo.

Sin embargo, algunos expertos legales han criticado la aproximación. "Simplificar las cosas de tal manera es muy peligroso", explica Brito Cruz, abogado y filósofo experto en derechos humanos. "Cada análisis tendrá un ángulo político y cada juez lo interpretará a su manera".

Al mismo tiempo, la ley ha sido vapuleada por todos los que están convencidos de que se trata de una medida puramente adoptada para complacer al Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (FATF) estadounidense. Los partidarios de esta opinión consideran que la polvareda y la polémica sobre la amenaza terrorista y su definición son una mera cortina de humo.

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El FATF fue fundado durante una cumbre G7 de 1989 con el objetivo de combatir contra el lavado de dinero en todo el mundo. Después de los ataques del 11-S, la agencia fue revitalizada y sus potestades, multiplicadas. Desde entonces, la fuerza especial goza de la libertad de imponer sanciones económicas y de mancillar la reputación financiera de países enteros. Le basta con degradar a los países entre las agencia de rating financiero.

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El FATF considera que los países adscritos a su poder tienen que asumir las directivas que la agencia dictamina en las materias que considera relevantes. Y resulta que Brasil es uno de los 36 estados que forman parte de la jurisdicción de la agencia. En 2010 el FATF ya publicó un informe en el que expresa que Brasil debería de "tipificar autónomamente como delito la financiación terrorista… como cuestión prioritaria".

Varios funcionarios del gobierno brasileño han proclamado a VICE News que las recomendaciones estadounidenses no han sido ningún detonante para redactar la nueva ley.

"Es posible que la presidenta dispusiera que la ley tuviera que aprobarse por la vía rápida debido a las amenazas de el FATF. Sin embargo, tal no es el caso del Congreso", explica el senador Aloysio Nunes, el máximo valedor de la ley en la Cámara Alta.

Sin embargo, un informe interno del Senado obtenido por VICE News, subraya que ignorar las recomendaciones de la fuerza especial estadounidense podría ser sumamente costoso. A fin de cuentas, Brasil lucha actualmente por salir de una dura recesión. "La no aprobación de esta ley podría desembocar en una cadena de sanciones internacionales a Brasil. El FATF ya lo ha advertido. Y eso significaría que Brasil quedaría incluido en la lista negra formada por países que han incumplido sus responsabilidades", señala el informe.

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El pasado 16 de octubre, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suscribió una ley en la que criminaliza la financiación del terrorismo según el mandato de el FATF. Se da la circunstancia de que la aprobación se produjo solo cuatro días antes de que la presidenta se reuniera con miembros de la fuerza especial. Esta, sin embargo, todavía no contemplaba qué es lo que se considera terrorismo.

Según Ibrahim Warde, autor del libro El precio del miedo: la verdad detrás de la guerra financiera contra el Terror, el FATF ha empleado una eficaz política de señalar y culpar a países para que obliguen a sus legisladores a aprobar sus leyes. "La mayoría de países no son los suficientemente fuertes políticamente como para desobedecer las recomendaciones. Aquí, la crisis económica de 2008 ha dejado al país en una situación muy vulnerable", explica Warde a VICE News.

Los detractores señalan que el FATF ha presionado a los países adscritos no solo a definir qué es financiación terrorista, sino a definir también qué es terrorismo — un término cuya descripción cuenta con un escaso consenso internacional. Los opositores señalan también que la legislación de el FATF ha generado una restricción mundial en cadena de los derechos de los manifestantes — directa o indirectamente — en 15 países distintos, como España, Turquía, Egipto y Túnez.

"Nos preocupa especialmente la ausencia de garantías para los derechos humanos en el seno de el FATF. Y nos preocupa también que las recomendaciones de la fuerza especial no contemplen el principio de proporcionalidad en las medidas que proponen a los gobiernos", cuenta a VICE News Iva Dobichina, directora asociada de Open Society Human Rights Initiative.

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"En países tradicionalmente poco respetuosos con la sociedad civil, esta clase de recomendaciones suponen un nuevo pretexto para seguir retrocediendo", explica. "Necesitamos garantizar… que estas leyes no violan el derecho de la gente para organizarse".

A falta de menos de un año para que cientos de miles de personas asistan a los JJOO de Río de Janeiro, los movimientos sociales brasileños insisten en que se les abra el paso. Lo único que quieren es aprovechar que su país estará en el punto de mira de todo el mundo, para reivindicar su causa sin miedo a que se les acuse de terroristas.

"Los Juegos Olímpicos de Río ya han sido utilizados para justificar la guerra por los salarios entre los más pobres", razona Jourdan. Se refiere al imparable fenómeno de trasladar a familias que vivían en descampados y en favelas, para desplegar en sus ex asentamientos más instalaciones olímpicas. Se estima que organizar los Juegos Olímpicos costará alrededor de 9.000 millones de dólares.

"Estoy absolutamente convencida que si esta ley se hubiera propuesto el año pasado, ahora yo y otros muchos, estaríamos siendo juzgados como terroristas", concluye Jourdan.

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