La oposición venezolana no logra unirse para derrocar a Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nunca ha estado más debilitado. Tres años después de la muerte de Hugo Chávez, Venezuela se encuentra en medio de una profunda crisis política y con una economía al borde del colapso.

Las elecciones parlamentarias del pasado mes de diciembre significaron una dura derrota para el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUD), que perdió su mayoría en la Asamblea Nacional por primera vez desde que Chávez fue elegido en 1998.

El gobierno ha admitido que la inflación está por las nubes — 180 por ciento en 2015 según el Banco Central del país y el doble según analistas privados.

Existe una gran escasez de artículos de primera necesidad, y es prácticamente imposible obtener artículos básicos como repelente de mosquitos — que se convirtió en un bien altamente demandado debido a la propagación del virus Zika por todo el país.

En este contexto, la Asamblea Nacional aprobó este martes la Ley de Amnistía y Reconciliación para los presos políticos. Pero la situación de Maduro puede dificultar la promulgación de la misma, que requiere la revisión del mandatario. "Tengan la seguridad de que esa ley, por aquí no pasará", aseguró Maduro en referencia al poder Ejecutivo sobre la normativa que pretende revertir las condenas dictadas bajo la mayoría parlamentaria del chavismo y con el beneplácito del movimiento.

Si bien la oposición trata de aprovechar el momento y presiona a Maduro para que concluya su mandato, que acaba en 2019, parece que no logra ponerse de acuerdo sobre la estrategia más adecuada.

"La oposición está luchando entre sí para repartirse el poder", relata el encuestador y analista político Jesús Seguías. "Están tratando de demostrar quién es mejor, que es el más bonito, quién pueden llegar más lejos. Es un ejercicio narcisista. Cada uno tiene su propia agenda".

A principios de este mes, tras una serie de acaloradas discusiones a puerta cerrada, los principales líderes de la oposición lanzaron una "hoja de ruta 2016", un plan para expulsar a Maduro. Sin embargo, en lugar de seguir una estrategia única, están desarrollando tres al mismo tiempo.

El primer camino es una enmienda constitucional para acortar el mandato presidencial de seis a cuatro años con el fin de celebrar nuevas elecciones a finales del 2016. Pero la medida requeriría la aprobación judicial y el apoyo de dos tercios en la Asamblea Nacional, una mayoría con la que la oposición ya no cuenta.

"La oposición perdió los dos tercios de la mayoría cuando tres diputados fueron excluidos de la legislatura después de que el alto tribunal los descalificara por irregularidades", explica Luis Salamanca, analista político y experto en derecho constitucional de la Universidad Central de Venezuela.

Otra opción es cambiar la constitución y la estructura del propio Estado mediante la celebración de una Asamblea Constituyente. Es una vía que no se ha utilizado desde que Chávez la usó para redactar la nueva Constitución en 1999.

Este camino, propuesto por el partido Voluntad Popular del encarcelado Leopoldo López, es la más difícil ya que requiere tres elecciones consecutivas: una para elegir los nuevos miembros de la Asamblea, otra para aprobar la nueva constitución, y una tercera para legitimar los poderes obtenidos a través de la nueva Constitución.

"Algunos entienden como ventaja de esta estrategia el hecho de que podría renovar las reglas de juego y cambiarlo todo", afirma Salamanca. "La desventaja es lo dificultoso de convocar elecciones en el actual contexto de crisis. Incluso se podría pensar que no hay dinero en absoluto para nuevas elecciones".

El tercer camino propuesto es el que se conoce como "referéndum revocatorio", que es esencialmente apelar al voto popular para derrocar al presidente.

La constitución venezolana admite que este proceso podría ocurrir después de transitados los tres primeros años del período presidencial. El excandidato presidencial Henrique Capriles hace campaña por esta vía. El inconveniente es que la oposición tendría que reunir 4 millones de firmas en tres días para solicitar formalmente la consulta a las autoridades electorales.

Según datos de la encuestadora Datanálisis, siete de cada 10 venezolanos están contra el gobierno de Maduro. El mismo estudio indica que si las elecciones se realizaran hoy, el presidente perdería.

Sin embargo, dada la indecisión de la oposición y las dificultades implícitas en cada opción, puede que sea demasiado poco contundente y demasiado tarde. Salamanca también señala que Maduro no va a quedarse de brazos cruzados si el referéndum se aprueba.

"El gobierno movilizará a su gente y la convocará para que no vote", presagia Salamanca.

La oposición organizó manifestaciones contra Maduro cuando presentaron su plan a principios de marzo, pero hasta ahora han sido tímidos actos de protesta.

Sólo 3.000 personas participaron en la reciente manifestación que tuvo lugar en Chacao, bastión de la oposición y vecindario de clase media-alta en Caracas. Una cifra insignificante si se extrapola con las masivas manifestaciones contra la asediada presidenta de Brasil Dilma Rousseff en las últimas semanas.

Alberto Aranguibel, analista político, afirma que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de la oposición ha fracasado porque la mayoría de los venezolanos todavía apoya al gobierno. "En la última elección la mayoría de la gente no votó con enojo por la falta de alimentos", opina. "En este país se han aumentado los salarios, y no han aumentado los despidos ni desahuciado familias como en los países capitalistas. Y tenemos asistencia sanitaria y educación gratuita", expone.

Otra posibilidad considerada por algunos es que, dada la profundidad de la crisis económica actual, Maduro opte por renunciar y abandone voluntariamente el palacio presidencial de Miraflores en Caracas. Sin embargo esta opción no parece muy factible. Maduro ha prometido que terminará su mandato.

"Juro que nunca me entregaré a la oligarquía, bajo ninguna circunstancia", dijo el mandatario en una manifestación reciente.

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