El gobierno mexicano espía para censurar e intimidar

En México vivimos una crisis de derechos humanos. Lejos de resolver los casos de corrupción, desapariciones forzadas y torturas, la respuesta del gobierno ha sido espiar a quienes los denuncian. Por el New York Times y organizaciones mexicanas como Artículo 19, R3D y Social TIC, supimos que el gobierno mexicano compró un programa de espionaje llamado Pegasus para intimidar a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Algunas de las víctimas son Carmen Aristegui la periodista que expuso la corrupción en la "Casa Blanca" de el presidente Peña Nieto, y su hijo. El activista Juan Pardinas y su equipo, por escribir la #Ley3de3 que pide que los políticos rindan cuentas. El periodista Carlos Loret de Mola por publicar una serie de columnas sobre la ejecución extrajudicial de Tanhuato, Michoacán. El abogado Mario Patrón y su equipo del Centro Pro de Derechos Humanos, una ONG que litiga tres asuntos que cimbraron la reputación (y la legitimidad) del presidente: las mujeres de Atenco que fueron violadas en un operativo que ordenó Peña, la matanza del ejército en Tlatlaya y los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

En los casos que estas personas defienden, hay una tendencia clara: el gobierno federal se ve afectado.

La justificación del espionaje es "proteger la seguridad nacional" o "combatir al crimen organizado". Se puede espiar mientras sea en beneficio de la gente. Nos dicen que hay que sacrificar privacidad para estar más seguros. Y vaya, en un país donde el Chapo Guzmán se escapa dos veces de la cárcel, tiene sentido. Sin embargo, cuando activistas y periodistas se convierten en los objetivos de la vigilancia, el argumento se deshace: el gobierno mexicano espía para censurar e intimidar, no para proteger.

Como ya es usual, después de la denuncia Presidencia de la República negó todo porque "no había pruebas". Y ya de paso le dijeron a las víctimas que por favor pasaran a denunciar.

Primero bueno, obvio el espionaje es secreto. Segundo, sí hay pruebas de que tres agencias del gobierno compraron Pegasus: la PGR por 15 millones de dólares, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por más de 4 mil millones de pesos, y además el CISEN. Tercero la empresa israelí que lo vende, NSO Group, jura solo vender a gobiernos. Negarlo, además de ridículo, es una medida desesperada.

Lo que Pegasus hace es mandar mensajes de texto (SMS) a sus víctimas con algún tipo de información falsa. El objetivo es engañarlos y hacer que den click en la página de internet que descarga el malware. Entonces Pegasus se propaga como un virus en su teléfono celular. El iPhone o Android se convierte en un espía digital al servicio del gobierno: toman control de los mensajes, correos electrónicos, llamadas y actividades en redes sociales. Saben cada detalle de su vida privada y a dónde van cada segundo. El malware además les permite activar las cámaras y micrófonos de forma remota sin que se den cuenta. Todo se graba. Todo se registra.

El dicho popular "el que nada debe, nada teme" no aplica en este caso. Si el gobierno tiene toda tu información, cualquier cosa puede ser sacada de contexto, editada y usada en tu contra. En abril del año pasado, como parte de una campaña de desprestigio por la investigación del caso Ayotzinapa, se "filtró" una conversación telefónica del subdirector del Centro Pro de Derechos Humanos presentándolo como si hubiera recibido dinero de forma ilegal. Eran dos pláticas distintas que no guardaban relación entre sí, pero que al editarse juntas lograron torcer el mensaje. Así de poderoso es el espionaje en la era digital.

No se trata de casos aislados. En México el abuso de herramientas de hackeo en contra de activistas y periodistas es una política sistemática de intimidación y hostigamiento, a pesar de ser ilegal.

Peña Nieto espió a Josefina Vázquez Mota y a Andrés Manuel López Obrador durante las campañas presidenciales en 2012. Pegasus fue usado antes en contra de Rafael Cabrera —un periodista clave en la investigación de la Casa Blanca en el equipo de Carmen Aristegui— y contra activistas como Simón Barquera, Luis Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo cuando propusieron aumentar los impuestos a compañías refresqueras. Además el gobierno mexicano es el cliente más grande de Hacking Team en el mundo: una empresa italiana que vende malware parecido llamado Galileo. Este fue usado por Moreno Valle en contra de Ernesto Cordero durante las campañas de Puebla.

Con todo, la Constitución y las leyes son súper claras (aunque luego en este país poco importan). Para justificar el uso de Pegasus en estos casos, el gobierno mexicano tendría que probar que las víctimas están bajo investigación penal o son una "amenaza inminente a la seguridad nacional" y que existe una orden judicial por lo mismo. No solo es improbable, sino también ridículo. Además, la sanción penal por vigilancia ilegal son entre 6 a 12 años de cárcel.

¿Cuándo vamos a saber qué dependencia de gobierno fue? ¿Habrá sido idea de Peña? ¿Existen órdenes judiciales? ¿Qué dicen los jueces? Y además, ¿cómo se sanciona a NSO Group por la irresponsabilidad de vender su malware a gobiernos corruptos y autoritarios como el mexicano?

Parte del problema es que no podemos castigar a la empresa porque los tratados de derechos humanos no le aplican directamente. Existe un "arreglo" firmado en Wassenaar para controlar las exportaciones de armas y "tecnología de doble uso", pero no sirve de mucho: ni regula bien el malware, ni puede castigar a nadie.

En tal contexto de impunidad, el espionaje se suma a un panorama de censura devastador. México es de los lugares más peligrosos para ser periodista, después de países en guerra como Afganistán y estados fallidos como Somalia. Desde el año 2000, 104 periodistas han muerto y 25 han desaparecido. En los últimos seis años hay más de 800 casos de acoso y homicidios en contra de periodistas, y la FEADLE —una institución "independiente" responsable por esclarecer estos delitos— solo ha sancionado dos. El gobierno está directamente involucrado: más del 53% de los actos de violencia e intimidación se vinculan a funcionarios y policías.

Carmen Aristegui lo dijo mejor que nadie en conferencia de prensa: "No sabemos si los periodistas asesinados antes fueron espiados, pero tenemos derecho a pensarlo". Tiene razón. No es lo mismo espiar para investigar delitos o prevenir "ataques terroristas" que hacerlo para intimidar a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Lo primero puede ser desproporcional e injustificado, pero lo que hace el gobierno de Enrique Peña Nieto es propio de regímenes autoritarios.

En la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, el espionaje ilegal fue el elemento central de una campaña de censura que a su vez se tradujo en ejecuciones y torturas arbitrarias. Pero además fue un asalto a la imaginación: ¿cómo era vivir aterrorizados por que cada palabra, gesto, comentario o pensamiento pudiera ser escuchado? La paranoia engrandece a los regímenes totalitarios. Empieza entonces a instalarse el silencio.

En el caso del gobierno mexicano, el uso de malware de espionaje no sólo es una forma de chantaje directo a disidentes, sino que además envía un mensaje claro al resto de la sociedad: frente a la posibilidad de ser espiados diremos menos, haremos menos y publicaremos menos.

Entre nosotros hay quienes dicen que da igual si el gobierno los espía. Que la privacidad no importa porque "no tienen nada que esconder". Este argumento es tan ciego como decir que la libertad de expresión no importa porque no tienen nada que decir.

¿Cómo olvidar la "versión histórica" que Murillo Karam repitió sobre el caso de los 43? ¿O el carpetazo que Virgilio Andrade quiso darle a la corrupción entre OHL y el presidente de México? Los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos son los únicos que pueden contradecir la versión de la historia que el poder quiere imponer. Como sociedad no nos podemos dar el lujo de su silencio. Los casos deben investigarse. El gobierno y Enrique Peña Nieto nos deben una respuesta.