La justicia en México aguarda en un estado plagado de narcofosas

María del Carmen Bustamante está parada junto al mirador que da hacia el Río Bravo y en la ribera opuesta patrullan las camionetas verdes y blancas de la Border Patrol norteamericana. Deja que el aire de la tarde le señale el inicio del relato, que tiene ya acumulados casi siete años. Durante la semana previa, Mari Carmen fue contando a VICE News algunos detalles de su hijo, Carlos Eduardo Contreras Bustamante, Lalo, desaparecido desde el año 2010, cuando tenía 21. Entonces acababa de mudarse con un amigo y vivía por primera vez fuera de la casa materna. Corría moto-cross y trabajaba en una panadería hasta la medianoche.

Mari Carmen encuentra la punta del hilo del relato: hay que empezar por el contexto. El año en que Lalo fue desaparecido junto a su amigo Samuel en Torreón, una de las principales ciudades del estado de Coahuila, ya habían atacado a tiros al Bar Ferrie, en la madrugada del 1 de febrero, donde murieron otros jóvenes de la edad de Lalo. Su madre lo llamó esa noche y él dijo que estaba bien. Ella volvió a marcarle en la madrugada del 15 de mayo, cuando otro comando armado balaceó la inauguración del Bar Juana´s, donde al menos ocho personas fueron asesinadas. Fue ese contexto el que, quince días más tarde, le indicó que no era normal que su hijo no contestara sus llamadas. A su mente llegó inmediatamente la idea que él era una víctima del narco.

Coahuila es uno de los cinco estados de la República Mexicana que juntos concentran la mitad de los 30.000 casos de desaparición forzada registrados en las cifras oficiales, según un Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Págs.398/630) entregado al presidente Enrique Peña Nieto, a fines de marzo de este año. Coahuila es también uno de los cinco estados en donde se ha encontrado mayor cantidad de fosas clandestinas, según un trabajo reciente de la Universidad Iberoamericana. (Pág.32).

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Pero sobre todo, Coahuila puede ser el estado mexicano que rompa la impunidad enquistada en la justicia local. A comienzos de julio, organizaciones de familiares de desaparecidos y grupos de defensa de derechos humanos, acudieron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional —con sede en La Haya, dónde funciona desde el año 2002— para que por primera vez, atraiga y juzgue delitos de lesa humanidad cometidos en México.

Para presentar el caso, elaboraron un detallado informe de la situación que se vive en ese estado desde el año 2009, y dividieron la violencia en dos periodos.

El primero transcurre entre 2009 y 2011, cuando los crímenes fueron cometidos por agentes de seguridad pública en interacción con Los Zetas, una organización criminal recién escindida de su papel de brazo armado del Cártel del Golfo, que buscaba expandirse territorialmente de manera independiente.

El segundo periodo es a partir del año 2011, cuando las violaciones a los derechos humanos pasaron a ser cometidas directamente por un gran abanico de autoridades estatales que en el discurso, fueron creadas para combatir a la delincuencia con la que antes trabajaron, pero en los hechos, se volvieron contra la población civil.

La desaparición de Lalo cae en la primera etapa, y Mari Carmen tiene la certeza de que a su hijo se lo llevaron Los Zetas. Lo que ella quiere saber es por qué. "Yo misma condenaba a mi hijo, pero lo que encontré al ir a revisar su casa fue a un joven súper responsable, que pagaba su renta de a 200 pesos por semana, la mitad de lo que ganaba trabajando. Que no tenía ropa de marca, ni pantallas planas en sus paredes".

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Michel Chamberlain, del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, una de las organizaciones locales que elaboró el informe, tiene una hipótesis para responderle a esa madre y a muchas otras en el estado. En un entrevista a Aristegui Noticias, en julio 2017, explicó que según el patrón que se desprende de los casos analizados, hay muchos jóvenes desaparecidos en Torreón, de los que, como de Lalo, no se ha conseguido rastro alguno.

Una de las hipótesis que manejan es que Los Zetas, en su intento por arrancar el control territorial al Cártel del Golfo, realizó una leva forzada que engrosó sus filas de jóvenes que morían como moscas y que sus cuerpos eran levantados luego de los enfrentamientos sin dejar huella. También se refrenda esta hipótesis con diversos testimonios de migrantes centroamericanos en tránsito por México, que lograron escapar luego de estar recluidos y obligados a trabajar para las organizaciones criminales, cruzando droga por la frontera.

"El apoyo y la coordinación con Los Zetas se hacía a todos los niveles de los altos mandos del estado de Coahuila en dependencias ligadas a las tareas de seguridad pública, investigación de crímenes y penitenciaría. El crimen iniciaba con la privación de libertad física de las víctimas por las autoridades en las diversas corporaciones (…) para después entregarlas a Los Zetas, y omitían reaccionar cuando presenciaban crímenes o cuando recibían denuncias de crímenes cometidos por funcionarios públicos o por Los Zetas", ilustra el informe (página 49) para demostrar el grado de responsabilidad que le cabe a las autoridades locales en esta crisis. Una política, aclaran, en que los civiles fueron atacados para aterrorizarlos y así facilitar el control territorial, para "llevar de manera lucrativa actividades ilícitas en el Estado de Coahuila".

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Es difícil explicar el papel de los GATE —Grupo de Armas Tácticas y Especiales, creado en 2011— pero Hortensia Rivas, otra madre sin hijo, ya lo ha hecho infinidad de veces desde que entraron a la casa de Víctor y se lo llevaron, según asegura a VICE News.

Víctor Manuel Guajardo Rivas está desaparecido desde el 10 de julio de 2013 y ella creó una asociación, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, con la que acompaña a otras víctimas en su búsqueda de justicia. También se han convertido en especialistas en evitar que las detenciones arbitrarias que estos uniformados siguen cometiendo, se conviertan en casos de desaparición forzada, interponiendo amparos de manera inmediata en favor de los detenidos y presentándose en el cuartel a reclamar.

"El GATE fue un grupo que formó el gobierno del estado para aplacar a Los Zetas, para dar seguridad, según las palabras que la Secretaría de Seguridad Pública nos contestó en un oficio. Mi nuera y mis nietos fueron testigos de cómo sus miembros golpearon y torturaron a mi hijo después de haber forzado la puerta de su propia casa. Lo golpeaban y le pedían dinero. Me avisaron que se lo habían llevado y fui a su cuartel, que entonces estaba ubicado en los terrenos de la feria ganadera. Vi cuando llegaron tres camionetas, en la segunda iba mi hijo, desmayado, con la cabeza que le balanceaba. Ahí lo tenían", asegura Hortensia.

El informe presentado ante la Corte Penal Internacional indica que a partir del año 2011, comenzó a registrarse un incremento de casos en que esta corporación privaba de su libertad a gente de manera ilegal, las torturaba y las desaparecía. Las denuncias se apilan en contra de todas las fuerzas de seguridad pública que en Coahuila se multiplicaron bajo distintos nombres y siglas: la Policía Estatal Acreditable, GATEM y/o GRUPO DE ELITE, y el GROM, creados estos últimos en 2012. El informe indica que más del cincuenta por ciento de los casos analizados fueron cometidos por alguna de estas corporaciones.

"La legitimidad del GATE fue cuestionada desde su origen, debido a la ausencia de una ley orgánica que regulara de manera clara su creación, organización y funciones. Esta irregularidad se sumó al hecho de que dicho grupo se convirtiera en el principal violador de garantías individuales en Coahuila, siempre con el pretexto de actuar en el marco de la denominada ´Guerra al Narcotráfico´" (informe, página 33) Tres años más tarde, en junio de 2014, se publicó la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Coahuila "que reguló la creación de dicha corporación sin precisar sus funciones y organización."

Hortensia acababa de pensionarse cuando los GATE se llevaron a su hijo. Pensaba viajar y poner un par de negocios en su casa, aprovechando el tiempo que ganaría con la vida pasiva.

Nada de eso sucedió. Los cuartos que iban a funcionar como peluquería en el terreno al frente de su casa, quedaron a medio construir años atrás. Hoy están resguardados por una alta valla con alambres de púa y la vigilancia constante de las cámaras esparcidas por la casa de Hortensia, que forman parte de la seguridad que le ofrece el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, que depende de la Secretaría de Gobernación mexicana.

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Desde comienzos del año 2016, los integrantes de estas corporaciones han pasado a formar parte de "Fuerza Coahuila", que reagrupó en una sola las distintas fuerzas de seguridad del estado, pero que ya cuenta con denuncias en su contra. "Sólo un cambio de nombre para una corporación que parece seguir cometiendo los mismos crímenes" (página 51) "ya que las mismas personas que formaban parte de aquellas fuerzas, incluidos sus altos mandos, integran ahora Fuerza Coahuila".

Hortensia está de acuerdo, dice, pero algo ha cambiado. Ella y su organización, Familias Unidas —que funciona sobre todo en Piedras Negras, paso fronterizo hacia Estados Unidos, vecina de Eagle Pass, Texas— saben que la clave es actuar rápido.

"Los GATE de antes están ahí todavía, pero ya no nos sentimos con miedo. Y ahora sabemos lo que estamos haciendo, entonces nos hacemos acompañar de los medios ante una detención arbitraria para evitar la desaparición de la persona. Presionamos y logramos que en dos o en cuatro horas, los presenten", dice respecto al método artesanal, pero efectivo, que crearon, y que ponen en práctica en conjunto con la abogada Ariadna García, otra de las que elaboró el informe durante más de un año de trabajo y análisis de casos.

No hay plazo establecido para que la Corte Penal de La Haya responda al pedido de las organizaciones mexicanas y comunique si acepta juzgar o no el caso, pero esperan que en septiembre pueda haber novedades. Este intento de acceder a la justicia a nivel internacional, busca renovar la esperanza de las familias y las víctimas porque a la fecha, no se conoce en México sanción alguna a los crímenes de lesa humanidad que se mencionan en este artículo.

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