La masacre fantasma

Una mujer herida es llevada del lugar del atentado en 2009, una de las muchas víctimas de de la insurrección en el sur de Tailandia.AP/Sumeth Pranphet

esde 2004, casi 5.000 personas han muerto en el sur de Tailandia en una serie de ataques con bomba, disparos, incendios y decapitaciones perpetrados por insurgentes islamistas cuyo objetivo es la separación del estado tailandés, de mayoría budista.

Las raíces del conflicto se remontan a 1902, cuando el gobierno anexionó tierras adyacentes a la frontera malasia, pobladas por musulmanes. El movimiento separatista, activo durante los 70, entró en calma en los años 90; la situación parecía haberse tranquilizado hasta que el gobierno decidió reprimir con dureza cualquier acto de resistencia de bajo nivel. Esta nueva política de mano dura arrancó los puntos que cerraban las viejas heridas, que desde entonces no han dejado de sangrar.

Según Amnistía Internacional, entre 2004 y junio de 2011 hubo 10.890 episodios de violencia en la región, dando como resultado al menos 4.766 muertos y 7.808 heridos. Con la atención de las fuerzas de seguridad centrada en los daños causados por las inundaciones, el número de ataques ha aumentado considerablemente.

En estos ocho años, el gobierno ha enviado a más de 40.000 soldados para unas operaciones de contrainsurgencia que no han acabado con los ataques. En 2005 se aprobó una “ley de emergencia” que permitía que los sospechosos pudieran ser retenidos hasta 30 días, garantizando a los agentes de policía inmunidad ante cargos por violación de derechos humanos. Esta legislación, muy aceptada entre los tailandeses de a pie, ha precipitado más de 5.000 arrestos y multitud de acusaciones de torturas y ejecuciones al gobierno de Tailandia por parte de grupos humanitarios internacionales.

Benjamin Zawacki, de Amnistía Internacional, sostiene que los atentados son de índole ideológica y que los insurgentes apuntan a civiles deliberadamente. “Las cifras y porcentajes de asesinatos por ideología en relación con otros motivos son, por supuesto, imposibles de determinar”, dice, “pero si los no ideológicos son tan pocos, ¿cómo es que el resto de fronteras de Tailandia, con idénticos elementos criminales, no son tan violentas como las de las provincias del sur?”

Aunque se dice que cada vez se concede más importancia como objetivos a los símbolos tradicionales del estado, la violencia aparece de forma indiscriminada, y sus víctimas son tanto musulmanes como budistas. Amnistía calificó recientemente la situación de “conflicto armado interno”, y dijo que señalando a civiles como objetivo, sus perpetradores podrían, según la ley internacional, ser juzgados por crímenes de guerra. Aunque hay pocas posibilidades de que eso ocurra.

En un artículo publicado poco después de que se hiciera público el informe de Amnistía, Marc Askew, profesor de ciencias políticas en la universidad de Melbourne, opuso que entre un 30 y un 40 por ciento de las muertes podrían estar relacionadas con la actividad criminal, muy extendida en la frontera entre Tailandia y Malasia. Es una afirmación que apoya el gobierno tailandés, que lleva largo tiempo asociando a los insurgentes con el tráfico de drogas en el sur de Tailandia.

A lo largo de los años se han sucedido distintas teorías en torno a quiénes son los responsables de la violencia. Hay quien ha sugerido que se puede atribuir a los grupos separatistas “tradicionales” del área, mientras que otros culpan a Al Qaeda y a la yihad global. Sin duda, el aspecto más asombroso de este conflicto es que, tras ocho años, sigue sin tener un rostro. Y mientras los expertos, ONGs, medios de comunicación y gobierno tailandés riñen entre sí sobre porcentajes y terminología legal, la gente sigue muriendo de formas terribles con espantosa regularidad.