Una mujer herida es alejada del lugar donde estalló una moto bomba en el 2009, una de las tantas víctimas de la insurrección al sur de Tailandia. AP/Sumeth Pranphet
Desde 2004, más de cinco mil personas, en su mayoría civiles, han muerto en las provincias del sur de Tailandia, en una serie de bombas, tiroteos, incendios y decapitaciones realizadas por insurrectos islámicos que buscan la separación del estado budista tailandés.
El conflicto puede ser rastreado desde 1902, cuando el gobierno central se anexó la tierra adyacente a la frontera con Malasia, un área poblada principalmente por musulmanes. Hubo separatistas activos en los setenta, pero para 1990, la situación parecía haberse calmado, hasta que el gobierno comenzó a desmembrar cualquier tipo de resistencia. Esta nueva línea dura rompió la sutura de viejas heridas que no han parado de sangrar desde ese momento.
Según Amnistía Internacional, entre 2004 y junio de este año, hubo un total de 10,890 actos de violencia en la región, que tuvieron como resultado al menos 4,766 muertes y 7,808 heridos. Con el país y sus fuerzas de seguridad enfocadas en el daño provocado por las inundaciones recientes, los últimos meses han sido marcados por un aumento en los ataques.
Desde 2004, el gobierno ha enviado a más de 40 mil soldados a las provincias del sur para operaciones de contrainsurgencia. En el 2005, se promulgó una ley de emergencia que permitía detener a sospechosos por hasta 30 días, y les proveía inmunidad a los oficiales si violaban derechos humanos cumpliendo su deber. Esta legislación, muy popular entre los tailandeses promedio, ha ocasionado más de cinco mil arrestos e hizo que el gobierno tailandés fuera acusado por tortura sistemática y homicidios. El investigador de Amnistía asignado para Tailandia, Benjamin Zawacki, dice que los ataques son ideológicos y que los insurgentes atacan deliberadamente a civiles. “La figura exacta de homicidios ideolígicos contra los no-ideológicos es imposible de determinar con certeza”, dice. “Si los asesinatos no-ideológicos son tan pocos, entonces ¿por qué las otras fronteras de Tailandia, con los mismos elementos criminales, no son tan violentos y letales como en el sur?”.
Mientras se rumora que los blancos son símbolos del gobierno tailandés, la violencia también parece indiscriminada, hacia víctimas tanto budistas como musulmanas. Amnistía lo llamó un “conflicto armado interno” y dijo que al atacar deliberadamente a civiles es posible juzgar a los autores del delito como criminales de guerra. Pero eso es casi imposible que suceda.
En un artículo publicado poco después del reporte de Amnistía, el policientólogo de la Universidad de Melbourne, Marc Askew, cuestionó los reclamos de los grupos de derechos humanos argumentando que el 30 o 40 por ciento de las muertes está relacionada a actividad criminal, de la cual hay mucha en la frontera con Malasia. Esta propuesta es apoyada por el gobierno de Tailandia, que siempre ha ligado a los insurgentes con el tráfico de drogas al sur del país.
Las teorías sobre quién es responsable de la violencia han variado a lo largo de los años. Algunos sugieren que son grupos separatistas tradicionales del área, a movimientos yihadistas y Al-Qaeda. Uno de los aspectos más impactantes del conflicto de ocho años, es que todavía sea una amenaza sin rostro. Mientras los expertos, ONGs, medios y el gobierno se pelean por terminología legal y porcentajes, hay gente muriendo constantemente de maneras horribles.
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