Los troncos no mienten

Papúa Nueva Guinea está sufriendo la usurpación de tierras más descarada e ilegal desde sus días coloniales. Corporaciones extranjeras—empresas madereras, más en concreto—están presuntamente falsificando firmas, untando a la policía y mintiendo al gobierno acerca de sus intenciones, que no son otras que talar hasta el último árbol del país.

Casi toda la tierra en PNG es propiedad de sus poblaciones indígenas y está administrada de acorde a las costumbres locales. El gobierno introdujo recientemente un sistema de arrendamiento especial para la agricultura y los negocios, diseñado para fortalecer económicamente a las comunidades permitiéndolas ceder partes de sus tierras al gobierno en usufructo, que a su vez es libre de subarrendarlas a compañías agroforestales. En teoría la situación, con las apropiadas sensibilidad y discreción, debería ser beneficiosa para todos. En vez de eso, se ha convertido en una conveniente forma de que la industria maderera pueda esquivar las estrictas normas medioambientales de PNG y destruir los bosques de los que dependen la comida, el refugio y los ingresos de un 80 por ciento de los papús.

Paul Winn, portavoz del Equipo de Campaña Forestal de Greenpeace, dice: “Toda la operación es un enorme rort”(para los no australianos: una engañifa, una farsa).

La reciente situación en el distrito de Pomio, en Nueva Britania del Este, es un ejemplo de cómo funciona esta engañifa. Haciendo uso del sistema, casi 450 kilómetros cuadrados de terreno fueron subarrendados a una compañía llamada Gilford, que sostiene estar construyendo una plantación para obtener aceite de palma. La realidad es que Gilford es propiedad de Rimbunan Hijau, una compañía maderera de Malasia. Aunque algunos aldeanos apoyan la presencia de la compañía, confiando en que traiga a la zona los tan necesitados dinero e infraestructuras, otros dicen que la tierra ha sido cedida en usufructo sin haberles pedido consentimiento. Winn corrobora esta afirmación, y añade que muchas de las firmas que aparecen en el contrato son de niños, personas fallecidas y aldeanos inexistentes.

Los opositores al proyecto se han dedicado a cortar carreteras y a hacer manifestaciones de protesta para expresar sus frustraciones, y recientemente han sido acusados de atacar a trabajadores de la plantación. A finales de octubre, una escuadra de policías entró en la aldea. Según Greenpeace, los polis, visiblemente borrachos, azotaron a los transeúntes con correas de ventilador y ramas de árbol y encerraron a otros en contenedores. Anton Billy, segundo comisario de policía de Pomio, confirmó que Rimbunan Hijau pagó el transporte en avión y los gastos de los policías; en una entrevista con la cadena australiana ABC admitió que se trata de una práctica habitual en la región.

Liam Fox, un corresponsal de la ABC familiarizado con la situación, dijo: “¿Cómo puede la policía ser objetiva e imparcial cuando está recibiendo pagos de una compañía maderera?”. Añadió que la declaración de Gilford de estar creando una plantación de aceite de palma era sospechosa. “Tienen una criadero con miles de semillas, pero alguien dentro de la industria del aceite de palma me explicó que el tipo de suelo no es el adecuado para esas plantas. Los auténticos cultivadores no tocarían ese lugar ni con una vara”.

El recientemente electo gobierno de Papúa Nueva Guinea, encabezado por el Primer Ministro Peter O’Neill, parece haber tomado cartas en los asuntos, tanto domésticos como internacionales, relacionados con el sistema de usufructos y la corrupción. Una comisión está investigando hasta 75 subarriendos para determinar si fueron obtenidos de forma fraudulenta, y se ha impuesto un embargo a nuevos subarriendos hasta que en marzo se hagan públicos los resultados de las investigaciones. Hay razones para ser optimista, pero Fox se muestra cauto: “Muchos de estos usufructos están interconectados y han sido adjudicados por miembros del Parlamento que no creo que vayan a tener mucha prisa en acabar con ellos”.

Winn está de acuerdo, pero tiene fe en que Greenpeace y la gente de las aldeas tendrán éxito. “La prensa ha aireado este problema lo suficiente como para que muy pocas figuras públicas vayan a atreverse a decir a la ciudadanía que el sistema de subarriendos es bueno para el país”.

Foto de Ian Boot