En octubre pasado, Camila* tomó un avión de Chile a Los Ángeles para reencontrarse con su novio David, con quien mantenía una relación a distancia. Se conocieron hace dos años en Ecuador y, como a Camila la aceptaron en una maestría en la Universidad de Colorado el año pasado, estaban pensando en comprometerse.
Sin embargo, Camila no logró salir del aeropuerto porque los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos —quienes la tenían etiquetada por la frecuencia y duración de sus viajes al país— la llevaron a una habitación para interrogarla.
Videos by VICE
“Revisaron mi billetera, mi equipaje, mi celular, todos mis correos electrónicos y mis fotos”, me explicó la chilena en una conversación que tuvimos por Skype. “Se dieron cuenta de que había estado en Colorado, y me pidieron que les mostrara fotos del lugar. Entre las imágenes vieron fotos de un dispensario de marihuana”.
Enseguida, los funcionarios le preguntaron —no sin antes advertirle que si mentía podía enfrentar una pena por perjurio— si alguna vez había fumado hierba. “Les dije que la había probado en Colorado. Pensé que era normal, todo el mundo fuma en Colorado, allí es legal hacerlo”, me contó Camila.
Si bien el uso recreativo de la marihuana es legal en Colorado, el gobierno federal aún no lo ha legalizado. Y como la posesión, venta y tráfico de marihuana son delitos federales, admitir cualquiera de estas acciones, incluso sin haber sido condenado, puede ser un motivo de deportación para quienes no tienen la ciudadanía americana.
Las autoridades de inmigración detuvieron a Camila durante 15 horas. Finalmente, la enviaron de regreso a Chile y le prohibieron por término indefinido el acceso a Estados Unidos.
Según Scott Railton, un abogado especialista en inmigración, casos como el de Camila se han vuelto comunes en Estados Unidos desde que varios estados han legalizado la marihuana.
“Un número importante de estados ha legalizado la marihuana para uso médico o recreativo, pero la ley federal dice que la hierba y todos sus derivados siguen siendo sustancias prohibidas”, explica Railton, haciendo referencia a la Ley de Sustancias Controladas. “Es un problema real para quienes no son ciudadanos americanos porque en su caso el órgano regulador es el gobierno federal”.
Railton, quien ha escrito varios artículos legales sobre sanciones a la inmigración por uso de marihuana, explica que la ley de inmigración es severa cuando se trata de sustancias controladas. La Ley de Inmigración y Nacionalidad niega específicamente la entrada a Estados Unidos a los extranjeros “condenados por, o que reconocen haber cometido… una violación de un estado, de Estados Unidos, o de un país extranjero con relación a una sustancia controlada”.
Y si bien el caso de Camila puede ser interpretado como la exageración de la aplicación práctica de esta ley, Railton afirma que es absolutamente legal. La Ley federal avala al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional el derecho de requisar celulares y computadores portátiles sin una orden, como lo hicieron con la chilena.
“También pueden hacer preguntas bajo juramento”, explica Railton y añade que si un individuo no responde a las preguntas puede ser expulsado inmediatamente del país. “Sólo se requiere que un oficial en la frontera o consulado tome la determinación de que una persona es inadmisible. Con eso es suficiente para que lo deporten”.
Railton, quien trabaja en el norte del estado de Washington, cerca de la frontera con Canadá, dice que la situación es particularmente común en esa región desde que la marihuana es legal en el estado. Los viajeros son interrogados con regularidad antes de entrar al país.
Las autoridades no sólo instan a admitir el consumo de drogas, sino que impiden entrar a inmigrantes legales que dicen que van a trabajar en cultivos de marihuana, pues esto se considera trabajo vinculado al tráfico de drogas, una actividad prohibida por la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Los agentes también pueden denegar la entrada a quienes declaran que planean visitar dispensarios de hierba legales, señala Railton.
Incluso el hecho de cargar con un carné que certifique al individuo como paciente de marihuana medicinal podría ser suficiente para provocar preguntas de los funcionarios de aduanas.
“En ocasiones, Aduanas y Protección Fronteriza revisa las billeteras. No viajen a destinos internacionales con un carné de marihuana medicinal”, aconsejó Railton en una presentación reciente para la Asociación Americana de Abogados de Inmigración del Noroeste. “La tarjeta en sí no es prueba de una violación a la Ley de Sustancias Controladas, pero puede dar lugar a preguntas que acaben en la inadmisibilidad”.
Defensores de la marihuana como Morgan Fox, director de comunicación del Marijuana Policy Project, expresan que casos como el de Camila ponen de manifiesto la necesidad de acabar la prohibición federal sobre la marihuana.
“Las personas de cualquier parte de Estados Unidos pueden ir a un estado donde la marihuana es legal y consumir responsablemente una sustancia que es más segura que el alcohol sin temor a ser detenidos. Sin embargo, los extranjeros se enfrentan a la discriminación, a la deportación y a una prohibición de regresar al país porque su comportamiento es supervisado por, y sujeto a, la aplicación de la Ley Federal en un grado mucho mayor”, dice Fox. “Esto es sólo una razón más por la que la prohibición federal sobre la marihuana tiene que terminar, y la hierba debe ser eliminada de la Ley de Sustancias Controladas”.
VICE contactó a representantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduana, pero estos no hicieron comentarios sobre las detenciones vinculadas al consumo de marihuana de las personas que no tienen la ciudadanía americana.
En el caso de Camila, la situación ha tenido costos personales y profesionales. Como le prohibieron el ingreso Estados Unidos por tiempo indefinido, terminó su relación con David. Además, tuvo que rechazar la oportunidad de hacer su maestría en Estados Unidos.
Para poder volver a ese país, la única opción que tiene Camila es aplicar por una exención de visado al gobierno federal, y exponer las razones por las que se le debería permitir el reingreso. Pero, según expertos en inmigración, la obtención de un asesor legal para completar la solicitud de exención es costosa, y el gobierno rara vez concede exenciones a personas que han sido deportadas en los últimos dos años.
“Fui deportada por ser honesta con los oficiales. Nunca había estado en una situación así. Nunca he cometido un crimen”, se lamentó Camila limpiándose las lágrimas. “Esto no tiene sentido”.
***Los nombres de Camila y David han sido cambiados para proteger su identidad.
Sigue a Meredith Hoffman en Twitter: @merhoffman