La Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos (31 millones de dólares) para repartir 500.000 paquetes de alimentos, camisetas y gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, recién creado por el gobierno para combatir la pobreza extrema.
Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que solo se entregó el 7 por ciento de las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancias de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.
Únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.
Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.
En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones (unos 124 millones de dólares), que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.
Las universidades, que no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación, "sólo" se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos (unos 12 millones de dólares).
La pobreza que mata: el suicidio de una madre mexicana que se llevó a sus hijos.
Pero el resto del dinero, poco más de 2 mil millones de pesos (casi 112 millones de dólares), se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con un ramillete de irregularidades tal que debían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo que marca la ley.
Durante varios meses, Animal Político y MCCI se dieron a la tarea de visitar las oficinas de esas empresas en seis estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía.
La investigación arrojó que los recursos se les entregaron a tres empresas fantasma, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2015; a otras tres que están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares; a seis que no cumplen con un requisito indispensable para operar —el registro ante la Secretaría de Economía—; a una cuya oficina fue desmantelada apenas se recibió el dinero; a otra que no fue localizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no corresponde a su sede—; a una que tiene una oficina virtual de la que no existe registro de que pueda realizar servicios; a otra que es un despacho contable sin personal o infraestructura, y a tres más que tienen un objeto social que es completamente distinto al servicio que debían dar. Sólo una es legal.
Relacionado: Ellos son los 12 más pobres de México: la cara opuesta a la lista Forbes.
La Sedesol, sin embargo, se declaró "satisfecha" con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de 220 millones de pesos por parte de las universidades a cambio de nada.
Pincha aquí para leer en reportaje completo en Animal Político.
Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs