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República Dominicana

'Mi hija no murió, la mataron por no querer hacerle un aborto a tiempo'

Rosa lucha en los tribunales de la República Dominicana para que no se repitan casos como el de su hija Rosaura, muerta de leucemia porque los médicos se negaron a practicarle un aborto.
25.1.16
Rosa y su hija Rosaura. (Imagen cedida por la familia)
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Cuando Rosa Hernández llevó a su hija Rosaura al hospital porque tenía fiebre y fuertes dolores abdominales jamás se imaginó que el diagnóstico fuera leucemia. Tampoco que la joven estuviera embarazada de siete semanas. Pero menos aún que los médicos que siempre las habían atendido se negaran a darle un tratamiento que hubiera permitido a la joven luchar contra la enfermedad porque podía dañar al feto.

Los doctores ni siquiera se plantearon practicarle un aborto cuando el Ministerio de Salud les obligó a comenzar el tratamiento aún sabiendo que la quimioterapia podría dañar gravemente el feto y por tanto a la joven. Rosaura murió por una hemorragia masiva 43 días después de haber sido ingresada. Tres meses antes había cumplido 16 años.

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"Mi hija no murió, la mataron porque no quisieron hacerle un aborto a tiempo", denuncia Rosa Hernández a VICE News desde Santo Domingo en conversación con Skype.

Desde que Rosaura murió hace cuatro años su madre pelea en los tribunales para que casos como el de su hija no vuelvan a ocurrir en un país donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia y donde el pasado diciembre el Tribunal Constitucional rechazó la reforma del Código Penal que precisamente permitía la interrupción voluntaria de embarazo en tres supuestos: grave riesgo para la salud de la mujer, incesto o violación o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.

"El caso de Rosaura es consecuencia de la criminalización total del aborto en República Dominicana y un ejemplo claro de la discriminación que sufre la mujer en los servicios de salud", indica a VICE News Glenys de Jesús, abogada de Women`s Link Worldwide, organización que ha denunciado el caso ante los tribunales del país latinoamericano.

"El aborto también es un servicio de salud del que puede depender la vida de las mujeres, negarlo significa que la maternidad está por delante y convierte a las mujeres en meros receptáculos", continúa.

La querella criminal que Rosa presentó contra los médicos que habían atendido a la joven hace un relato pormenorizado de la lucha de una madre por salvar la vida de su hija: cuando el 2 de julio ambas llegan al hospital los médicos le hacen varios análisis a Rosaura y enseguida ordenan su ingreso. La única respuesta que le dan a su madre es que la joven está embarazada de siete semanas y que "algo le pasa en la sangre". "Yo sabía que algo más le ocurría porque por un embarazo no tienes fiebre ni dolores abdominales", cuenta Rosa, a la que se le quiebra la voz varias veces a lo largo de su relato.

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Cuando, días después del ingreso, les dijeron que lo que le ocurría es que tenía leucemia, madre e hija pidieron comenzar un tratamiento de quimioterapia de inmediato. Los médicos se negaron porque podía dañar al feto. Les reclamaron entonces un aborto. También lo rechazaron porque según ellos el artículo 37 de la Constitución [que considera que "el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte] se lo prohibía.

La salud de la joven — quien seguía sin recibir el tratamiento adecuado, que en su caso tenía un 60 por ciento de pronóstico favorable — empeoraba y los médicos decidieron hacerle una transfusión de plaquetas. "Salga a buscar sangre que si no su hija se muere", le dijeron los médicos a Rosa. El seguro médico de maestra de Rosa no cubría los 18.000 pesos dominicanos (unos 370 euros) que costaba cada bolsa y debió endeudarse con familiares y amigos para comprar lo que le pedían los médicos.

Dos semanas después de haber llegado al hospital, el caso llegó a los medios y la presión mediática hizo que el Ministerio de Salud acudiera al hospital e informara a los médicos de que el tratamiento de quimioterapia "no contradecía" el artículo 37 de la Carta Magna.

Comenzaron las curas terapéuticas para Rosaura pero sin interrumpir el embarazo — como indican el protocolos médicos en estos casos — incluso aunque los médicos ya sabían, como se detalla en la querella, que el feto era inviable.

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La joven llevaba 24 días ingresada. 19 días después murió por una hemorragia masiva debido al aborto espontáneo que le provocó la quimioterapia.

"Los médicos sabían que iba morir, no actuaron en beneficio de la paciente y esa negativa llevó a la muerte de Rosaura", señala la abogada, quien añade: "Pero el Estado también es responsable porque es el garante de los derechos humanos y del derecho a la salud y de que estos servicios sean de calidad".

De ahí que Rosa y Women`s Link Worldwide también presentaran una demanda por vía administrativa contra el Gobierno dominicano por su responsabilidad en el caso. Tras haber sido rechazada en varios audiencias, ahora están a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva en casación.

"La maternidad en República Dominicana es de alto riesgo", subraya De Jesús. Sergia Galván, directora de Colectiva Mujer y Salud, una organización que lucha desde hace más de 40 años por los derechos sexuales y reproductivos en el país latinoamericano aporta los datos que sostienen la afirmación de la abogada: en 2015, murieron 189 mujeres por cada 100.000 nacidos, en 2014, 193, en 2013, 183.

"Son datos del Ministerio de Salud y creemos que las cifras son aún más altas, y lo que es más terrible es que el 97 por ciento de los partos se produce en el hospital", explica a VICE News en conversación vía Skype desde Santo Domingo.

Para la activista, el caso de Rosaura no solo refleja las consecuencias de la penalización absoluta del aborto sino que pone de manifiesto "los deficientes servicios de salud" que hay en el país. Además, subraya que la ausencia de una normativa sobre salud sexual y reproductiva — rechazada recientemente en el Parlamento — hace que República Dominicana tenga una de las tasas más elevadas de embarazos no deseados de Latinoamérica y Caribe: un 48 por ciento de todos los nacimientos en 2013. En adolescentes es de un 20 por ciento y en las zonas más pobres el porcentaje sube al 40.

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"Los métodos anticonceptivos están contemplados en el paquete básico de la seguridad social pero la píldora no está en el programa de medicamentos esenciales de la Red de Farmacias del Pueblo —donde los que menos tienen pueden comprar medicinas más baratas — por lo que tenemos un 27 por ciento de adolescentes que no pueden acceder a la anticoncepción", subraya Galván.

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La presión mediática por el caso de Rosaura puso de nuevo sobre la mesa la necesidad de despenalizar el aborto. Congreso y Senado rechazaron sin embargo incorporar la medida en la reforma del Código Penal que entonces tramitaban y el actual presidente, Danilo Medina, hizo valer su capacidad de veto — en República Dominicana se denomina observación — para incluir la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres condiciones.

El pasado diciembre el Tribunal Constitucional rechazó la reforma — por un error en la tramitación sin entrar a comentar el contenido de la ley — después de que tres organizaciones ultraconservadoras recurrieran el nuevo Código Penal. Ahora, el Congreso debe tramitar de nuevo la reforma y mientras tanto en el país permanece vigente uno aprobado en 1884.

Para Galván, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres pasa por la "regionalización" y de ahí que miren muy de cerca la nueva ley del aborto que se está tramitando en Chile, uno de los ocho estados junto a República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras Haití, Malta y Surinam donde la interrupción voluntaria del embarazo está penada en cualquier circunstancia.

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"Igual que los grupos más católicos y conservadores se han organizado para introducir en diferentes constituciones que la vida era inviolable desde la concepción — en El Salvador la reforma se hizo en 1999 y en República Dominicana la nueva Carta Magna se aprobó en 2010 — nosotras también debemos hacerlo para lograr avanzar porque cuando uno avanza avanzamos todos", subraya.

La querella penal y civil contra los médicos y el hospital que trató a Rosaura permanece paralizada desde 2013 en la Fiscalía, que es quien debe iniciar la investigación o cerrarla por falta de indicios. En mayo se cumplen los tres años de plazo que marca la ley para que haya una acusación y si no es así el caso se archivará de manera automática.

Su madre y sus abogadas recurrirán a otras instancias y si es necesario incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "No me voy a cansar de luchar por sacar a la luz todo lo que ha pasado porque lo que nos ocurrió a mi hija y a mí les sigue ocurriendo a muchas mujeres", señala Rosa.

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