Empresas de EE. UU. contribuyen a que los cárteles mexicanos se enriquezcan secuestrando migrantes

Sin tener una forma legal de reunirse con su familia, Don había acordado pagar a los contrabandistas 12.000 dólares para que lo llevaran a escondidas a través de la frontera y hasta Los Ángeles. Pero en el camino, los escuchó hablar y se dio cuenta de que tenían otros planes.

"¿No trajiste el arma?".

“Sí. Por si quieren correr”.

Pasaron junto a una patrulla, pero Don no se molestó en gritar: asumió que los policías tendrían un trato amable con sus secuestradores, o incluso hasta estaban al tanto del secuestro. Cuando la camioneta se detuvo en una casa, los hombres le pusieron una capucha en la cabeza y le ataron los pies y los brazos. Pensó: “Ya no iba a volver a ver a mi familia. Yo ya me daba por perdido”.

En California, la esposa de Don recibió una llamada telefónica. Un hombre cuya voz no reconoció le exigió que pagara 10.000 dólares a través de transferencias bancarias para que liberaran a su esposo. Ella insistió en que quería hablar con Don. Los secuestradores le acercaron el teléfono a la boca.

“Consíguelo, por favor, consíguelo. Pídele a mis hermanos. Busca a ver quién te presta. Por favor, ayúdame".

A Don lo secuestraron el 13 de enero de 2014. En los años transcurridos desde entonces, decenas de miles de migrantes han sufrido pesadillas similares. Estados Unidos ha gastado miles de millones en cercas, drones y en la seguridad física de la frontera, pero ha hecho relativamente poco para interrumpir la forma en que las organizaciones criminales se benefician del secuestro y el tráfico de personas. Al centro de todo esto están las transferencias bancarias que se realizan a través de empresas estadounidenses, las cuales siguen siendo, por mucho, la forma más común en que los secuestradores reciben el pago de los rescates y los coyotes cobran sus tarifas.

VICE World News revisó 40 pagos de rescate realizados mediante transferencias de dinero en ocho casos de secuestro diferentes desde 2014 hasta enero de este año. Prácticamente todo el dinero pasó por empresas estadounidenses, principalmente a través de Western Union y MoneyGram, pero también de Walmart y empresas menos conocidas como Ria. Según nuestra estimación aproximada, las organizaciones criminales en México han ganado alrededor de 800 millones de dólares solo en secuestros de migrantes durante la última década, y las empresas de transferencia de dinero recibieron un porcentaje en casi todas las transacciones a través de comisiones y tipos de cambio. Las corporaciones estadounidenses se están beneficiando de los secuestros.

Los pagos de rescate son una nimiedad en comparación con las tarifas que la gente paga voluntariamente para ingresar de contrabando a Estados Unidos. Las empresas estadounidenses también se benefician de estos acuerdos, a través de parientes que envían dinero a los coyotes. El costo de cruzar ilegalmente oscila entre los 150 y los 15.000 dólares, dependiendo del tramo de la frontera, el destino en Estados Unidos, y el lugar donde comenzó el viaje. El total que se paga a los contrabandistas, principalmente a través de transferencias electrónicas, es de unos 2 mil millones de dólares anuales, según estimaciones de la policía y los grupos de expertos.

Para comprender esta economía ilícita, VICE World News entrevistó a personas de todas las partes involucradas en el negocio clandestino, incluidos traficantes de personas, investigadores de las autoridades federales estadounidenses, y especialistas en prevención de lavado de dinero que dicen a las empresas cómo evitar infringir la ley. Todos describieron un sistema en el que las empresas tienen un incentivo económico para hacerse de la vista gorda ante los pagos de extorsión y contrabando; en el que se ignoran los “informes de actividades sospechosas” porque la policía rara vez investiga; y en el que los políticos denuncian la crueldad que se vive en la frontera pero pasan por alto el papel fundamental que desempeñan las empresas estadounidenses.

“Hasta que se les diga a las instituciones financieras que deben monitorear activamente las transacciones para el pago de rescates por secuestro, no lo harán”, dijo Alison Jiménez, presidenta de Dynamic Securities Analytics, una compañía para la prevención de lavado de dinero con sede en Estados Unidos. "Las prioridades son las que el gobierno les dicta, y hasta el momento a nadie se le ha dicho que el tráfico de personas es una prioridad, punto".

En dos de los ocho casos de secuestro que analizamos, las víctimas buscaron ayuda de las autoridades estadounidenses. Después de que Don fue secuestrado en Tijuana, incluso el FBI se involucró. No se llegó a nada. Don y su esposa pidieron el anonimato por temor a que los secuestradores los rastrearan, incluso en Estados Unidos.

Pero no se necesita mucho para investigar las redes de secuestros: las pruebas son sólidas. Las transferencias de dinero incluyen no solo un número de rastreo, sino también los nombres de las personas que reciben el dinero, dónde lo recogen y exactamente a qué hora.

La esposa de Don guardó todos los números de los que llamaron los secuestradores y los nombres de las personas a las que les envió dinero. Localizamos a uno de ellos.

María juntó todo lo que ella y Don tenían, luego se dirigió a sus parientes para recaudar el resto. Condujo hasta Tropicana Foods en San José, un mercado que vende de todo, desde comestibles hasta joyas y ropa. Al pagar en la caja, los clientes también pueden enviar dinero en efectivo al extranjero utilizando una serie de empresas de transferencia de dinero. María eligió Ria, una empresa con sede en California con casi medio millón de sucursales en 159 países, porque ofrecía el mejor tipo de cambio.

Los suegros de María depositaron 2.500 dólares cada uno. Ria cobró 25 dólares por transferencia. Los pagos fueron "estructurados" o divididos en montos más pequeños en un esfuerzo por evitar que se activaran leyes que requieren que empresas como Ria mantengan registros detallados de cualquier transacción de más de 3.000 dólares y monitoreen cualquier comportamiento sospechoso.

Aún así, cuando María intentó enviar su parte, el sistema de Ria bloqueó la transferencia. Sin inmutarse, simplemente se fue a otra sucursal que estaba cerca. Esta vez, pudo realizar la transferencia con éxito. Por este pago de rescate de 10.000 dólares, Ria ganó 100 dólares en comisiones. Ria y otras empresas también se benefician de cambiar dólares a pesos al cobrar tipos de cambio elevados.

Las empresas de servicios financieros desempeñan un papel fundamental al ayudar a los inmigrantes en EE. UU. a apoyar a sus seres queridos a través de las remesas. Pero el modelo de negocio de mover dinero al instante y sin necesidad de responder a muchas preguntas también es ideal para los delincuentes. Por lo tanto, las empresas gastan millones de dólares en capacitaciones para la prevención de lavado de dinero y para proteger la información digital.

Es difícil distinguir las remesas de las transacciones sospechosas, pero no imposible, según especialistas en prevención de lavado de dinero y ejecutivos de las empresas de transferencia de dinero. Algunas señales reveladoras podrían ser: la cantidad en dólares que se transfiere y patrones inusuales de cómo y a dónde se envía el dinero. También existen límites en el volumen y la cantidad de dinero que se puede enviar entre ubicaciones, y las empresas más grandes tienen sofisticados sistemas de rastreo que les permiten identificar geográficamente por dónde pasa el dinero tanto en tiempo real como históricamente. Esto les alerta sobre transacciones sospechosas realizadas en cantidades más pequeñas, como una serie de pagos de rescate.

Estas medidas han evolucionado a lo largo de los años, en gran parte como respuesta a las reprimendas por parte de la policía. En 2010, Western Union acordó pagar 94 millones de dólares para resolver una demanda con la fiscalía general de Arizona, reconociendo que sus empleados "estaban involucrados a sabiendas en un patrón de violaciones de lavado de dinero que facilitaba el tráfico de personas desde México hacia Estados Unidos".

Terry Goddard, el exfiscal general de Arizona que supervisó el litigio de 2010, dijo que las redes de contrabando se adaptaron en cuestión de días para eludir un monitoreo de transacciones más sólido. Cuando el límite se redujo a 500 dólares, dijo Goddard, pronto empezaron a realizar pagos de 499 dólares. Goddard dijo que las autoridades federales se mostraron reacias a involucrarse.

"Simplemente no fue una prioridad para ellos", dijo Goddard. “Cuando no hay alguien que diga: 'Esto es una prioridad, en esto necesitamos gastar nuestros recursos', todo pasa desapercibido. Y me temo que eso es lo que está sucediendo ahora".

Scott Apodaca, director global de inteligencia financiera de Western Union, dijo que la compañía ahora tiene una unidad completa con más de 500 empleados que "desarrollan reglas y algoritmos específicos diseñados específicamente para el tráfico de personas o incluso la trata de personas".

"No podemos detectar todas y cada una de las transacciones sospechosas", dijo Apodaca a VICE World News. "Nos damos cuenta de que hay ocasiones en que hay incidentes aislados, que las transacciones pueden pasar desapercibidas y que no se garantiza al 100% que todas las transacciones que se revisan y monitorean relacionadas con la actividad ilícita finalmente se detendrán".

La mayoría de los familiares de las víctimas de secuestro pagan entre 2.000 y 4.000 dólares para liberar a sus seres queridos, según los recibos que revisamos y las entrevistas que tuvimos con casi una docena de víctimas. A excepción de algunos, los secuestros los llevan a cabo cárteles o grupos criminales afiliados. Al igual que María, las víctimas suelen reclutar a amigos y familiares para que les ayuden a enviar el dinero para evitar que bloqueen la transacción. La primera extorsión suele ser solo el comienzo. Si los secuestradores sienten que las víctimas no agotan hasta el último recurso, exigen más. Tal fue el caso de María y Don.

Horas después de que María envió los pagos, los secuestradores enojados volvieron a llamar y le dijeron que una de las transacciones de 2.500 estaba bloqueada. María pudo recuperar ese dinero, pero el hombre dijo que tenía que transferirle otros 8.000 para compensar la pérdida o nunca volvería a ver a Don.

La madre de Don había vendido recientemente una casa y había dividido el dinero entre sus hijos, dinero que ahora se utilizaría para pagar a los secuestradores.

Los secuestradores dieron a María otros cuatro nombres y le volvieron a ordenar que enviara el dinero en partes. Regresó a Tropicana Foods e intentó hacer la transferencia, pero esta vez el cajero le dijo que la cantidad era demasiado grande. El sistema funcionó según lo previsto, pero no a favor de María. Quería que el dinero pasara. La vida de Don dependía de ello.

Un portavoz de la empresa matriz de Ria, Euronet Worldwide, se negó a proporcionar más información sobre el caso de Maria y Don, pero dijo que la empresa estaba "complacida de que nuestros sistemas y procesos tuvieran éxito en identificar y bloquear los pagos de extorsión".

"Podemos decir, de manera inequívoca y enfática, que Ria ha sido un líder de pensamiento en la industria y un gran contribuyente a la lucha contra cualquier actividad ilícita que pudiera intentar infiltrarse en nuestro servicio", dijo Stephanie Taylor, directora de planificación financiera de Euronet.

Pero John Cassara, un exagente especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijo que congelar el dinero en este caso podría haber sido un error. Si bien advirtió que no conocía todos los detalles del secuestro de Don, para los investigadores puede ser muy útil ver cómo se realizan los pagos.

"Las transferencias no deberían congelarse automáticamente", dijo Cassara. "Si las autoridades lo supieran y tuvieran los recursos, dirían que es la oportunidad perfecta para que podamos monitorear esto en vivo".

Sin embargo, el dinero de María estaba congelado y le aterrorizaba la idea de ir con la policía. Los secuestradores estaban furiosos cuando María llamó para explicar la situación. La acusaron de mentir y le dijeron que esta vez tendría que entregar el dinero en persona, en Los Ángeles.

Recuerda que estaba solo, con los ojos vendados y atado. Solo le daban agua, nada de comida. Dijo que el primer guardia le dio una patada, y otro le bajó los pantalones y le tocó los genitales.

"Él me tocaba mis partes y me decía que me iba a ayudar, que hiciera lo que él decía, que si no hacía lo que ellos decían, me iban a matar. Prácticamente yo estaba como un animal al que quieren sacrificar”.

Don, de 48 años, es delgado y de voz suave. Había vivido intermitentemente durante 20 años en California, trabajando en la construcción y criando a sus dos hijas con María. Había sido deportado anteriormente cuando intentaba ingresar a EE. UU., y su deportación en 2013 se produjo después de que la policía encontrara un arma durante una infracción de tránsito, un artículo de colección, una estrella ninja o shuriken.

Al tercer día de su secuestro, el hombre que había toqueteado a Don entró en la habitación y anunció: “Te vas a tomar dos Tonayans”. Llevaba dos botellas de Tonayan, una marca de licor de caña barato que se vende en una garrafa de plástico. Don quedaría en libertad, pero primero tenía que beber.

Sin otra alternativa, Don comenzó a beber el licor. Se desmayó y despertó junto a una carretera. Le habían dado una golpiza y estaba ensangrentado, con la ropa sucia y manchada. Pidió ayuda, pero los transeúntes mantuvieron su distancia.

Don logró llegar a una iglesia en Tijuana. Un hombre que estaba afuera accedió a llamar a la casa de Don y María contestó. Durante los tres días anteriores, había pagado a los secuestradores 14.500 dólares por la liberación de Don: 7.500 en transferencias de dinero, más los 7.000 adicionales en efectivo que sus suegros entregaron atemorizados en un parque al este de Los Ángeles.

María hizo planes para que un primo recogiera a Don. A pesar de todo lo que había soportado, Don estaba decidido a reunirse con su familia. Encontraron otro coyote para pasarlo de contrabando cerca de Calexico, California.

Millones de personas comparten la incansable determinación de Don de cruzar la frontera. Solo en marzo, los agentes fronterizos de Estados Unidos reportaron 171.000 detenciones, incluidos 18.800 niños sin compañía de un adulto. La gran mayoría pagó a un coyote en algún momento de su viaje. La mayor parte de ese dinero se desplazó a través de instituciones financieras estadounidenses. Los migrantes rara vez llevan dinero en efectivo porque es demasiado peligroso y las transferencias electrónicas ofrecen cierto grado de protección contra robos.

En meses recientes, los coyotes han aprovechado la percepción de que el presidente Joe Biden está adoptando un enfoque más humanitario que su predecesor hacia los inmigrantes y solicitantes de asilo, haciendo correr la voz en Facebook y WhatsApp de que están permitiendo la entrada de niños. Pero casi todos los demás siguen siendo rechazados, lo que provoca un aumento en los intentos de cruzar de forma ilegal y deja a las personas particularmente vulnerables a los secuestros.

No existen estadísticas confiables sobre los secuestros de migrantes. El reporte más reciente del gobierno mexicano, de 2011, documentó más de 11.000 en solo seis meses. Si ese ritmo continúa, serían más de 200.000 secuestros en una década. Suponiendo que los plagiarios recibieron alrededor de 2.000 a 4.000 dólares por víctima —la tarifa actual en los recibos que analizamos—, estaríamos hablando de 40 a 80 millones de dólares en rescates anuales. El verdadero total es imposible de precisar, ya que la mayoría de los secuestros no se denuncian y solo los casos más aterradores llegan a las noticias.

En el caso viral más reciente se difundieron imágenes de un niño lloroso de 10 años, procedente de Nicaragua, que fue encontrado vagando solo en el desierto de Texas. Según los reportes, el niño fue secuestrado en México junto con su madre y retenido por un rescate de 10.000 dólares. Sus familiares de Florida solo pudieron recolectar la mitad del dinero, el cual enviaron a los plagiarios a través de varias empresas y apps de transferencia de dinero, incluida Western Union, según contó un miembro de la familia a VICE World News. Liberaron al niño poco tiempo después, pero su madre siguió secuestrada.

Con la esperanza de evitar un destino similar, los migrantes pagan a los coyotes más de 14.000 dólares para que los trasladen desde Guatemala u Honduras a una ciudad determinada en Estados Unidos, por lo general solicitando préstamos a tasas de interés exorbitantes y poniendo las propiedades de su familia como garantía para pagar la tarifa. El viaje se anuncia con todo incluido: no solo comida, sino también la cuota que se paga a los cárteles para atravesar el territorio que controlan.

La opción de bajo presupuesto es hacer el viaje hacia el norte sin un coyote y solo pagar por cruzar la frontera hacia Estados Unidos, que va desde un par de cientos a un par de miles de dólares. El pago no es negociable.

“Aquí [el cártel] tiene reglas”, dijo un contrabandista de 43 años en Juárez que pidió usar el nombre de Spider. “Entonces aquí al que no paga, lo desaparecen”.

Spider ha trabajado como coyote durante 20 años. Cuando tenía 13 podía cruzar libremente a El Paso. Ahora cobra entre 1.500 y 1.800 dólares por el mismo viaje. Un tercio de la tarifa la entrega al cártel que controla su sección del Río Bravo. Para llegar a Dallas, el precio sube a 5.500 dólares. Dijo que había cruzado a 12 personas el día anterior. Su servicio preferido para recibir los pagos es MoneyGram, pero también utiliza Elektra, BanCoppel y otros.

MoneyGram señaló en un comunicado que posee “algunos de los controles de cumplimiento más estrictos y sólidos de la industria” e “invirtió millones en el desarrollo de un programa de cumplimiento impulsado por tecnología, el mejor en su clase, para proteger a los consumidores y garantizar que sus servicios se utilicen para su verdadero propósito”. Añadió que “MoneyGram trabaja en estrecha colaboración con las agencias policiales de todo el mundo”.

Elektra también dijo que tiene “uno de los programas más robustos de prevención del lavado de dinero a nivel internacional”.

“Somos referente al ser una de las pocas instituciones en contar con la capacidad tecnológica para agrupar y limitar en tiempo real las transacciones de un individuo, utilizando múltiples parámetros dirigidos a la detección de crímenes como la trata de personas”, aclaró la empresa en un comunicado. Agregó que las actividades sospechosas se comparten con las autoridades correspondientes.

BanCoppel declinó hacer comentarios.

El dinero de Spider es recolectado por un elenco rotativo de familiares, amigos y conocidos a quienes ha entrenado sobre qué decir si los cuestionan. Si el cajero pregunta quién envió el dinero, por ejemplo, deben responder que lo hizo un familiar, pero uno lejano, como un padrastro o un cuñado, o incluso una pareja. Por lo general, sus colaboradores pueden recaudar hasta cuatro depósitos con una misma empresa antes de que los congelen, dijo, pero después de unos meses vuelven a operar con normalidad.

“Este es un negocio redondo. O sea, me ayudas, te ayudo”, dijo Spider. “Todos se benefician porque se les da [a las personas que recogen el dinero] 500 pesos por depósito”.

Si Estados Unidos alguna vez promulga una reforma migratoria y permite más cruces legales, bromeó, “[Los coyotes] podríamos hacer una huelga porque se nos acaba el trabajo”.

El contrabando de migrantes no termina en la frontera con Estados Unidos. Una vez que cruzan el Río Bravo, normalmente son entregados a otro miembro de la organización, quien los lleva a una casa de seguridad, donde esperan a que se realice la transferencia de dinero antes de que puedan liberarlos o continuar su camino hacia el norte.

Ramón, un coyote radicado en Arizona, es un ciudadano estadounidense que gana alrededor de 1.200 dólares por viaje, transportando hasta seis personas a la vez a Phoenix o Tucson, desde la frontera. Comparó el servicio con una agencia de viajes, con los coyotes como “agentes” que refieren a los clientes y él como el “chófer” que conduce el último tramo del viaje.

“Es un verdadero halago, para ser honesto”, dijo Ramón. “Si logras cruzarlos, te dicen: ‘Gracias, muchas gracias’”.

La línea entre el contrabando y el secuestro puede ser tenue, con personas secuestradas durante días o semanas en casas de seguridad hasta que pagan lo que deben, a veces más. Ramón recordó haber sido testigo de cómo un trabajador de una casa de seguridad amenazó a alguien con disparos al aire: “Le dijo: ‘Tienes que darte prisa, consigue todos esos números de cuenta, de lo contrario tendré que llamar a la madre de este chico y explicarle por qué su hijo está atado’”.

Los recibos que analizamos contienen evidencia de pagos por extorsión relacionados con casas de seguridad en Estados Unidos. Una familia de Nueva Jersey utilizó el servicio de transferencia de dinero Walmart2Walmart para enviar dos pagos por un total de 1.000 dólares para liberar a sus parientes detenidos en Texas.

Un portavoz de Walmart dijo que la compañía emplea “numerosos controles de primera línea y monitoreos internos para prevenir la actividad de lavado de dinero, incluida la posible trata de personas” y que los empleados están capacitados para reportar actividades sospechosas a la policía.

Ramón dijo que ha visto que ocasionalmente se usan tarjetas de débito prepagadas y transferencias bancarias electrónicas, pero nada que sea más tecnológico.

“La forma en que envían las transferencias de dinero no ha cambiado en probablemente 30 años”, dijo. “Tengo algunos amigos que pueden hacer cosas locas con bitcoin, pero yo no soy tan habilidoso. Soy de la vieja escuela”.

Después de entregar el segundo pago del rescate, supo que los criminales tenían conexiones en California y temía represalias. También conocía a otras personas —familiares de amigos de la iglesia— que habían sido secuestrados al cruzar la frontera.

“[Me] sentía muy mal”, dijo. “Y allí [mis amigos de la iglesia] me dijeron: ‘Sabes que tienes que denunciarlo porque si te quedas callada va a seguir pasando. Tú tienes que hablar para que otras personas lo hagan, pierdan el miedo y también denuncien, porque si ustedes los perjudicados no hablan, eso se queda en secreto y nadie va a poder hacer nada’”.

Condujo hasta el Departamento de Policía de San José, acompañada por un miembro de la iglesia. Contó en detalle el secuestro a un oficial de policía, entregando copias de los recibos de las transferencias de dinero y los números de teléfono de los secuestradores. El oficial se mostró desdeñoso y más concentrado en su estado migratorio. La policía remitió el caso a las autoridades federales. Un portavoz de la Policía de San José dijo que se “espera que los oficiales traten a todos nuestros ciudadanos con cortesía y respeto”.

Dos agentes del FBI llegaron a la casa de María unas semanas después. Volvió a contar la historia, proporcionando de nuevo copias de todos los registros. María dijo que nunca más supo de ellos.

Un portavoz del FBI no reveló los detalles del caso de Don, pero hizo referencia al arresto de un hombre del condado de San Diego en 2015 como prueba de que la agencia se toma en serio los secuestros. En ese caso, los criminales secuestraron, golpearon y violaron a al menos dos decenas de víctimas en Tijuana. Uno de los responsables recibió 18 meses de prisión; otros cuatro en México no pudieron ser aprehendidos.

“En Estados Unidos, las instituciones financieras cooperan y responden a las solicitudes de registros de procesos legales”, dijo el FBI. “Los delincuentes suelen utilizar los servicios de transferencia de dinero, que se adaptan rápidamente a las siempre cambiantes regulaciones relacionadas con las transferencias”.

Usando la misma información que María proporcionó al Departamento de Policía de San José, VICE World News llamó a uno de los secuestradores en Tijuana. El hombre que respondió a la llamada con escepticismo nos preguntó qué queríamos. Cuando le pedimos que nos diera su versión de los hechos, colgó el teléfono.

Otras víctimas de secuestro también compartieron sus recibos de las transferencias de dinero. Utilizando los nombres de los destinatarios, localizamos a algunas de las personas responsables de cobrar los rescates en cuestión de minutos, con solo buscar en Facebook. Un hombre que ignoró nuestros mensajes vive en la ciudad fronteriza mexicana de Nuevo Laredo. En su ocupación aparece “Jefe de Los Zetas”, un cártel notoriamente violento, aunque parece tener 20 años de edad como máximo. Recibió una transferencia de dinero de 1.500 dólares de Transfast —una subsidiaria de Mastercard—, uno de los cuatro pagos enviados en el secuestro de una familia ecuatoriana que intentaba llegar a Estados Unidos.

“Usamos una combinación de las tecnologías de última generación y las mejores prácticas para monitorear y analizar patrones de actividad potencialmente sospechosa” y “reportamos activamente dicha actividad a las autoridades relevantes para que puedan tomar las acciones apropiadas”, dijo Mastercard en un comunicado, agregando que ya no ofrecen servicios de cambio de divisas a consumidores individuales.

Estados Unidos y México solían trabajar juntos para combatir el tráfico de personas bajo una operación conjunta entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la fiscalía general de México. De 2005 a 2016, la CBP remitió más de 3.000 casos para su procesamiento en el sistema de justicia mexicano. Pero a partir de 2017, según la CBP, México comenzó a exigir que las víctimas comparecieran ante la corte para testificar contra los coyotes, que a menudo tienen vínculos con el crimen organizado. Como era de esperar, el programa fracasó. CBP remitió un total de nueve casos en los últimos cuatro años, según la agencia.

La fiscalía general de México no respondió a una solicitud de comentarios sobre por qué implementó este requisito poco realista. Como candidato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió proteger a los migrantes, pero como mandatario ha desplegado al ejército para reprimirlos y ha cedido a las demandas estadounidenses sobre migración.

Las empresas de transferencia de dinero y las autoridades estadounidenses tienen herramientas para rastrear los millones de dólares que se envían a los coyotes y secuestradores. Pero la mayor parte de la información se pierde en una red burocrática.

Cuando las empresas detectan algo sospechoso, como una gran transacción o estructuración, están obligadas a presentar un “Reporte de Actividad Sospechosa” ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, el sistema es un agujero negro de información. El año pasado, las empresas presentaron 2.5 millones de estos reportes, tantos que la base de datos se ha vuelto difícil de manejar casi hasta el punto de la inutilidad, especialmente para los secuestros que involucran cantidades de dólares relativamente pequeñas.

“La orden era que se volvieran un archivo, un repositorio de datos”, dijo Jiménez, la experta en lucha contra el lavado de dinero. “Muy pocas fuerzas policiales utilizan los [Reportes de Actividad Sospechosa] como punto de partida para una investigación. Lo usan como complemento”.

Los Reportes de Actividad Sospechosa ofrecen a las empresas una forma de protegerse. Éstos no activan automáticamente las alarmas y, si los investigadores regresan más tarde, la empresa puede hacer referencia a ellos como prueba de que tomaron las medidas necesarias. La empresa se queda con el dinero y sigue funcionando como de costumbre.

Incluso en el mejor de los casos, es probable que los secuestradores de Don hubieran escapado de la justicia. Si bien los criminales tenían socios en Los Ángeles, solo las autoridades mexicanas hubieran podido arrestar a los secuestradores en Tijuana. No hay forma de que los agentes estadounidenses rastreen los teléfonos de los plagiarios y los arresten sin involucrar a la policía mexicana.

“Los obstáculos [en el proceso] son serios”, dijo un agente federal. “Tendría que ser algo que crearan y que no existe en este momento”.

También les habló del secuestro, y luego de pasar un año en detención, un juez ordenó su liberación, dictaminando que tenía un “temor fundado” de volver a México. Actualmente, él y María están solicitando la Visa U para inmigrantes indocumentados que son víctimas de delitos y cooperan con las fuerzas del orden. Estas visas podrían usarse para ayudar a reasentar de manera segura a otras víctimas de secuestro, pero el gobierno emite solo 10.000 por año, y actualmente el tiempo de espera típico para que sean otorgadas es de entre 5 y 10 años. Si la solicitud de visa de Don es rechazada, podría terminar enfrentando su deportación a México.

Don se reunió con su familia en San José el 19 de diciembre de 2014, pero no ha tenido una vida feliz. El día de su regreso era el cumpleaños de su hija menor. Pero cuando vio a sus hijas, no pudo abrazarlas.

"Me sentía raro, o sea, que no era yo mismo", dijo. “Mis hijas me abrazaban y decían que sentían mi rechazo, pero era por la forma en que yo me sentía. Yo me sentía como un extraño. No me sentía bien al abrazar a mis hijas".

Hasta el día de hoy, no puede abrazar a sus hijas como lo hacía antes del secuestro. Y aunque hay momentos o días en los que se siente normal, los recuerdos vuelven. "Es difícil vivir así", dijo llorando.

La investigación del FBI no arrojó ningún resultado. En 2017, el abogado de Don se puso en contacto con el agente del FBI que visitó a María. El agente respondió mediante un correo electrónico que el caso estaba cerrado porque no había sido posible contactar a Don para una entrevista mientras estaba bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Actualmente, María trabaja en un restaurante mexicano y Don ha regresado a la industria de la construcción, colocando azulejos en baños y cocinas por 28 dólares la hora; pero la pandemia ha hecho que el trabajo sea escaso. Todavía les deben dinero a los familiares que los ayudaron a pagar el rescate por 14.500 dólares.

Las empresas que ofrecen servicios de transferencia de dinero han visto aumentar sus fortunas en los años transcurridos desde el secuestro de Don. Las remesas a América Latina son una industria de 100 mil millones de dólares al año.

“Las instituciones financieras de todo el espectro están ganando una fortuna”, dijo Richard Lee Johnson, investigador doctoral de la Universidad de Arizona que estudia la relación entre deuda y migración en Guatemala. “Es toda una economía. Dicen: ‘Esto no es ilícito’, y no necesariamente investigan lo que sucede. Están felices de recibir el dinero".

Sin cambios que permitan abrir de forma radical las vías para que los inmigrantes vivan y trabajen legalmente en los Estados Unidos, el efectivo seguirá fluyendo a través de las empresas dedicadas al envío de remesas y llegará a los bolsillos de los delincuentes. Frente a la ola actual de personas desesperadas que intentan llegar a Estados Unidos, la administración Biden ha adoptado una vieja estrategia: presionar a México y a los países centroamericanos para que impidan que la gente cruce sus fronteras. Esta estrategia fuerza a las personas a emprender viajes cada vez más peligrosos, lo cual los vuelve más vulnerables a ser secuestrados.

Don y María todavía tienen la esperanza de que los secuestradores sean capturados y procesados, pero saben que con cada día que pasa es más difícil que eso se haga realidad. “Ya sabe uno que no se lo van a devolver [el dinero]”, dijo Don. "Entonces, ya con que se hiciera justicia y no le hicieran lo mismo a otras familias, sería bastante".

Luis Chaparro contribuyó a este artículo con reportes desde Ciudad Juárez.