Mayoría política por la muerte digna y la despenalización de la eutanasia en España

Extraordinario. Cuatro de las cinco principales formaciones políticas del país [aquellos partidos estatales que tienen más representación y/o se espera que la obtengan en los comicios generales del 20 de diciembre] coinciden en defender la necesidad de regular la muerte digna en la próxima legislatura.

Así, tanto Podemos e IU como el PSOE y Ciudadanos se muestran partidarios de legalizar la libre disponibilidad de la vida en situaciones de enfermedad avanzada, dolorosa e irreversible dando cobertura legal a la eutanasia y a la muerte o suicido asistido. Eso sí, consideran que la medida debe contar con un amplio consenso para salir adelante.

El Partido Popular (PP), sin embargo, guarda silencio y se queda sólo en la oscura indefinición. Una posición que mantiene en otros controvertidos debates como la regulación de la prostitución o la legalización de ciertas drogas.

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La muerte digna implica y comprende diversas formulas mediante las cuales el paciente que padece una enfermedad terminal acorta su vida para evitar el sufrimiento asociado a su patología.

La mayoría de estos métodos, como la eutanasia [la administración de un fármaco letal por parte del profesional sanitario al paciente], el suicidio médicamente asistido [en el que el profesional se limita a recetar el fármaco] o la prescripción de un tratamiento paliativo [que puede precipitar la muerte] están tipificados como delito en el artículo 143 del Código Penal.

El delito recae en aquellos que asisten al enfermo o prescriben el tratamiento que puede provocar o avanzar su muerte. De hecho, sólo el rechazo del paciente o de su tutor al soporte vital que alarga la vida del enfermo artificialmente está recogido y protegido por la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, con rango estatal.

"Lo que han hecho muchas comunidades como Galicia, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias y Navarra es afianzar el derecho al rechazo del tratamiento mediante leyes autonómicas que facilitan y detallan estos procesos ofreciendo una mayor seguridad jurídica a los profesionales", asegura a VICE News Luis Montes, presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente.

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Sin embargo, tanto Montes como Mabel Marijuán, directora de la comisión ética de Investigación y Docencia de la Universidad del País Vasco, y otros expertos también consultados por VICE News, coinciden en la necesidad de contar con una ley estatal que dé cobertura a todos los supuestos de la muerte digna.

El consenso social entorno a la legalización de la muerte digna y la evidencia en cuanto a la necesidad de proteger a los profesionales parece una batalla ganada. De acuerdo con un estudio del Centro de investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en 2009, la mayoría de los españoles estaban a favor de legalizar el suicidio o la muerte asistida. Más recientemente, los datos de otra encuesta impulsada y publicada en junio por la prestigiosa revista The Economist cifraba en un 78 por ciento el apoyo de los ciudadanos españoles a este práctica.

Además, en 2007, la Organización de Consumidores y Usuarios publicó otra encuesta de acuerdo con la cual nueve de cada diez médicos había practicado alguna medida que, directa o indirectamente, pudo acelerar la muerte de un paciente terminal que sufría una enfermedad avanzada, progresiva e irreversible.

Los partidos dicen sí, menos el que no dice nada

Ricardo Sixto, diputado en el Congreso por Izquierda Unida, considera que el consenso social todavía no ha llegado al Congreso. Algo que recuerda, se evidenció tras el voto en contra del PP y el PSOE a la admisión a trámite de la propuesta de ley sobre la disponibilidad de la propia vida en 2012.

"Las resistencias de algunos partidos políticos sólo pueden leerse como consecuencia del peso de una moral católica que no nos sacamos de encima", asegura Sixto a VICE News. Para este diputado, que se encargó de defender la proposición de ley, "la vida es un derecho, no una obligación y no puede imponerse cuando no hay condiciones de dignidad. De hecho, sin dignidad, [la existencia] no debería considerada como vida".

Izquierda Unida propone, de cara a la nueva legislatura que se abrirá tras los comicios de diciembre, dos medidas. "Por un lado, la despenalización del auxilio a la muerte, tipificado en el Código Penal y, por el otro, una ley estatal que defienda el derecho de los pacientes o sus tutores a poner fin a su vida en situaciones terminales irreversibles". Esto último, precisa, debería ser fruto de un profundo debate político.

La postura de Izquierda Unida coincide totalmente con la de Podemos. "Si queremos tener derecho a vivir bien también debemos defender el derecho a morir bien", explica a VICE News Ana Castaño, responsable de salud y sanidad de este partido de nuevo cuño. "Despenalizar la muerte asistida e impulsar la aprobación de una ley de libre disponibilidad de la vida que permita a los pacientes decidir y proteja a los profesionales", sentencia.

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Paradójicamente, estas medidas no parecen distar tanto de las que el PSOE recoge ahora en su programa electoral. De hecho, José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el congreso, asegura a VICE News que primeramente "hay que impulsar una ley de la muerte digna que garantice los derechos del paciente en la última fase de su vida y cuando ya no hay tratamiento". Algo que, por ejemplo, daría cobertura a casos en los que la prescripción de un tratamiento paliativo pudiera acortar la vida.

Además, explica Olmos, el PSOE pretende "generar consenso para sacar adelante otra normativa que despenalice el suicidio asistido y la eutanasia".

Patricia Reyes, de la comisión de Igualdad y Justicia de Ciudadanos, declara a VICE News que también en el caso de la muerte digna "el Estado debe respetar la libertad del individuo y regular la realidad sin impartir moralidad". En este sentido, Reyes asegura que "apoyamos el hecho de que se interrumpan tratamientos que mantienen la vida artificialmente y que se ayude a los pacientes terminales a acelerar su muerte" en relación a todos los supuestos que abarca la muerte digna.

Fuentes del PP se negaron a opinar al respecto de esta cuestión y se limitaron a referirse a la inminente publicación de su programa electoral.

Sea como sea, el apoyo mayoritario a legislar sobre la muerte digna y la defensa de la despenalización del suicido asistido y la eutanasia abre un escenario totalmente nuevo en el sentido de contar con el apoyo explícito de cuatro de los cinco partidos con mayor peso en el ámbito político.

Con todo, una victoria del Partido popular, que encabeza los resultados según todas las encuestas, podría comprometer este gran consenso puesto que la formación política siempre ha puesto la zancadilla a todos los intentos de regular esta realidad para permitir a los enfermos decidir sobre su vida en la última fase de su enfermedad terminal.

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