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¿Prohibido fumar? — Clubes cannábicos en España tras la sentencia del Tribunal Supremo

El alto tribunal español establece límites a las asociaciones cannábicas. Con un marco legal aún poco claro al respecto, a día de hoy estos clubes de fumadores se encuentran entre la prohibición, la legalización y la liberalización.
5.10.15
Imagen por Eduardo Verdugo/AP

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Una reciente resolución del Tribunal Supremo establece límites a la apertura de clubes cannábicos en España. El pasado julio, la corte suprema revocó la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya a favor de un club cannábico. Contradiciendo la doctrina establecida hasta el momento, se impuso una pena de tres a ocho meses de prisión a los tres responsables de la bilbaína Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo "Ebers" por un delito de tráfico de drogas, previsto en el artículo 368 del Código Penal. Pero, ¿significa esto un revés o una oportunidad para la regularización de esta realidad?

La proliferación de estas asociaciones cannábicas se fundamentó en la jurisprudencia que asentaron varias resoluciones judiciales que reconocen al autoconsumo compartido al amparo de la ley, en algunos casos y siempre que no medie voluntad de tráfico — la de la audiencia provincial de Vizcaya es solo un ejemplo. La falta de regulación y el derecho de asociación establecido en la Constitución hicieron el resto: en 2014 había estimados 600 clubes cannábicos en España, la mitad de los cuales en la comunidad autónoma de Cataluña.

"Hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo entre el consumo compartido entre amigos o conocidos — uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad — y la organización de una estructura metódica, institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración sucesiva y escalonada de un número elevado de personas", reza el texto del Supremo.

Tal y como la reportera de tribunales María Peral explica en el digital El Español, la sentencia establece que estos clubes han de estar constituidos, exclusivamente, por un reducido grupo, "identificable y determinado", de usuarios habituales o "adictos", e impone que se evite un número indiscriminado de socios. La resolución sigue actualizando la doctrina para que se evite la promoción pública de su actividad mediante un lugar cerrado y que la cantidad de cannabis sea la "mínima y adecuada" para su consumo "inmediato", con el objetivo de excluir el almacenamiento masivo. Los responsables de la asociación serán los responsables del cumplimiento de estos preceptos.

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Solución política

"Una sola sentencia del Supremo no hace jurisprudencia y en España la jurisprudencia del Tribunal Supremo es indicativa pero no vinculante para los tribunales inferiores", matiza a VICE News el abogado Oriol Casals, secretario del Observatorio Civil de Políticas de Drogas.

Casals sostiene, junto a otros, una campaña para "regular la actividad de las asociaciones de consumidores de cannabis de acuerdo a la realidad social y al respeto de los derechos fundamentales, a las políticas de prevención de riesgos vigentes y a los derechos de los asociados" mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) dirigida al gobierno autonómico; una iniciativa de ley propuesta por los ciudadanos a los órganos de gobierno correspondientes.

"Es una cuestión política. En Cataluña [principal epicentro de los clubes] estamos tirando hacia adelante una ILP para regular a los clubes cannábicos. Los grupos políticos que ahora hay en el parlamento catalán son la mayoría favorables a que se regule. Ahora habrá elecciones nacionales… Yo confío, viendo el panorama político, que esto se regule de verdad, y no mediante un panorama judicial que ha llegado donde ha llegado", opina el abogado.

"Lo cierto es que hay una realidad social que es la que ha emergido; la de los clubes cannábicos. Hay un consumo, hay unos consumidores y hay consumidores que son personas responsables y adultas hasta el punto de que pueden crear estructuras que son de sociedad civil, organizarse de manera seria y plantear retos jurídicos y políticos, algo que desmitifica la visión popular de la droga que existe en relación al cannabis", insiste Oriol Casals, a quien los datos le avalan.

De acuerdo con el informe Europeo sobre Drogas de este año, se estima que 78,9 millones de adultos — de entre 15 y 64 años — en la Unión Europea (UE) han consumido cannabis en algún momento de sus vidas: más del 23 por ciento del total. De los 1,25 millones de infracciones de la legislación comunitaria sobre drogas, 781.000 estaban relacionadas con esta hierba y sus derivados. Un 63 por ciento de las sanciones del total de delitos relacionados con las drogas fueron impuestas por su consumo. Y la oferta de esta sustancia representó tan solo el 9 por ciento de las infracciones.

"Lo que permiten las asociaciones es que esta realidad que estaba latente se estructure y aparezca estructurada social y políticamente. En España hemos vivido los últimos tres o cuatro años como si el cannabis fuera legal a efectos del consumidor, al margen de los problemas de los locales, ¿y cuál ha sido el resultado? ¿Ha habido algún muerto? ¿Ha habido desórdenes públicos? ¿Ha bajado la productividad nacional?", añade retóricamente Casals.

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Inseguridad legal

Pero, ¿y antes de esta sentencia? ¿Cual era la situación de estos clubes? No todo en el monte era orégano. Miembros del club cannábico Millenari de la localidad catalana de Sant Cugat del Vallès se encerraron y llevaron a cabo guardias de 24 horas dentro del local para evitar que fuera precintado ante las quejas de los vecinos.

"En el primer momento había unos vecinos que se quejaban de que su lavabo olía. Nosotros les dijimos que estábamos ahí para arreglar cualquier problema. Pero dos o tres vecinos afirmaban que querían que nos fuéramos, que solo traíamos problemas y a la droga al barrio y que sus hijos acabarían pinchándose. Ese era el nivel", explica a VICE News Àngel Benito, socio del club, quien entiende que el ayuntamiento debía enviar un técnico a comprobar cuál era el problema.

"Lo primero fue una moratoria, deprisa y corriendo, para decir que no daban más licencias. No lo consiguieron porque el club obtuvo la licencia un día antes de que se publicara en el BOP [Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona]", recuerda Benito. "Después nos precintaron con una ley ridícula. En tres o cuatro días tuvieron que dar marcha atrás. Utilizaron una ley de 2009 que rige los espectáculos públicos y recreativos, que si la policía considera que son un peligro grave inminente para las personas lo podían clausurar".

"Finalmente nos dijeron que no fuéramos a juicio, que lo abrían de nuevo. Pero, como niños pequeños, nos dijeron que no podíamos fumar, pues como somos una asociación de consumidores solo podemos consumir, no fumar. Para que veas el nivel", concluye. Un ejemplo de cómo el vacío legal conlleva inseguridad jurídica.

"Cuando hablamos de legalización no estamos hablando de liberalización, pues esta tiene una connotación económica. Legalización implica regularización y control. Si se regulasen los clubes cannábicos la situación sería aún más restrictiva", aclaró el pasado jueves en una conferencia en Barcelona Araceli Manjón, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y ex directora del Gabinete del Plan Nacional sobre Drogas del gobierno español.

"Es falso que la prohibición limite el acceso. A un niño de 15 años que compre alcohol o tabaco le pedirán el DNI [Documento Nacional de Identidad en el que figura la edad], mientras que el camello [vendedor de droga] no lo hará", ejemplifica la jurista, quien sigue ironizando con afirmaciones del tipo "el mayor riesgo de llevar un porro en el bolsillo no es que te lo fumes, sino que te metan en la cárcel".

Lo cierto es que, apoyando las tesis de Manjón, un informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas de 2011 alentaba a los gobiernos "a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos". Aunque hay matices.

"Los nuevos marcos reglamentarios de los estados de Colorado y Washington, en los Estados Unidos, y del Uruguay han legalizado el consumo recreativo de cannabis, con algunas restricciones. (…) Se prevé que los ingresos fiscales por la venta de cannabis al por menor significarán ingresos públicos. Sin embargo, se deberá evaluar con cautela si esos ingresos se contrarrestan con los gastos en prevención y atención de salud", se sostiene en el Informe Mundial sobre Drogas de 2014 elaborado por las Naciones Unidas (ONU).

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Un negocio lucrativo

Y en la conferencia, entre el público, una pregunta recurrente: ¿Las grandes multinacionales no aprovecharán esta legalización para lucrarse? No se trata de un ejercicio de futorología: la legalización del cannabis en varios estados de EEUU se ha desarrollado en paralelo a la promoción de una industria mediante Arcview Group, punto de encuentro de inversores y compañías en este segmento de mercado por desarrollar.

A ese respecto, la jurista Araceli Manjón lo tiene claro: "En países como México la guerra contra las drogas provoca más muertos que la propia droga. Prefiero que la venda Bayer que [el jefe del narco mexicano] el Chapo".

Mira el documental de VICE News La guerra contra el cánnabis en Ámsterdam:

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