guerras y conflictos

La represión silenciada de Burundi

El asediado gobierno de Burundi se aferra desesperadamente al poder y sigue violando de manera constante y sistemática los Derechos Humanos de sus habitantes, quienes temen que la violencia pueda estallar en una nueva e indeseable guerra civil.
18.11.16
Unos policias golpean a un joven tras dispersar la manifestación contra un tercer mandato del presidente Pierre Nkurunziza, en mayo de 2015. (Imagen por Dai Kurokawa/EPA

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Agathon Rwasa, el primer diputado de la Asamblea Nacional de Burundi, asegura que el discurso del gobierno, que proclama que el país está estabilizado y en paz, es completamente falso.

"Si la situación es normal, entonces. ¿por qué tenemos que ir armados para sentirnos seguros? Los miembros de la cúpula militar del país, ni siquiera disponen de libertad de movimientos para asistir a cumbres internacionales", explica Rwasa, un excandidato a la presidencia.

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El país cayó en crisis durante la primavera de 2015, cuando el régimen que estaba en el poder respondió a un intento de golpe de estado. La sublevación coincidió con el anuncio del presidente del país, el dictador Pierre Nkurunziza, de concurrir a unas terceras elecciones después de haber detentado el poder durante dos mandatos, el máximo que establece la constitución de Burundi.

Nkurunziza movió hilos para que el Tribunal Supremo del país autorizara su movimiento, y la gente se echó a las calles para manifestarse pacíficamente. Entonces, el presidente desplegó una persecución furibunda de todos los que osaron cuestionarle, desde protestantes a periodistas, pasando por la propia sociedad civil.

La violencia viene cociéndose a fuego lento desde entonces, y las organizaciones humanitarias internacionales han descrito la situación como una "guerra de baja intensidad".

Ruanda teme que la violencia de Burundi se convierta en un nuevo genocidio. Leer más aquí.

Pero mientras la atención de la comunidad internacional sigue alejada de Burundi, el gobierno continúa aferrándose desesperadamente al poder, una maniobra que solo consuma a fuerza de negar los derechos fundamentales de los burundeses, y cultivando una atmósfera de impunidad y de intenso miedo.

El pasado mes de octubre, Pierre Nkurunziza anunció que Burundi abandonaba el Tribunal Penal Internacional (ICC en sus siglas inglesas). La organización de defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch calificó la decisión como "un masivo retroceso".

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El Movimiento Global por los Derechos Humanos (FIDH en sus siglas inglesas) publicó, el pasado martes, un informe de 200 páginas en que detallaba: "la implacable represión y las dinámicas genocidas" en Burundi, y hacía un llamamiento a Naciones Unidas para intervenir, a la vista "del uso de propaganda basada en una ideología xenófoba y étnica, y al uso de unidades militares de élite para suprimir a la oposición".

El miércoles, Médicos Sin Fronteras denunció un incremento masivo del éxodo de los vecinos de Burundi rumbo a la vecina Tanzania. El desplazamiento humano no se he detenido desde 2015 y son ya más de 300 mil las personas refugiadas.

A pesar de las visitas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y del secretario general de la organización, Ban Ki-moon en el último año, los intentos por destacar a un batallón de fuerzas de seguridad formado por policías internacionales sigue fracasando.

Los analistas locales están igualmente preocupados con el uso sutil pero constante de una retórica xenófoba y discriminatoria por parte de las autoridades, y de las emisiones radiofónicas públicas.

Si bien el conflicto se ha originado por motivos políticos, lo cierto es que Burundi es un país dividido entre las dos etnias de la zona, los hutus y los tutsis.

Exclusiva: un documento de la ONU demuestra que no podría evitar un genocidio en Burundi. Leer más aquí.

Los analistas sospechan que desde la más elevadas instancias políticas se habrían llevado a cabo campañas de distorsión y de manipulación, para sembrar el terror, un miedo cada vez más palpable a que la tensión actual desemboque en una guerra civil. Los testigos que han hablado con VICE News a condición de hacerlo anónimamente, han convenido que tanto la policía como el ejército están persiguiendo a los tutsis.

Un vecino que ha sido perseguido por miembros del llamado Imbonerakure, el brazo paramilitar de las juventudes afines al régimen, ha relatado que "me dieron patadas y me llamaron 'mujeri', un perro lastimero. Es la palabra despectiva que se emplea para descalificar a los tutsis".

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Un portavoz del presidente no aceptó tales denuncias y las tachó de mentiras.

En la capital del país, la ciudad de Buyumbura, la gente pasea por las calles y los niños vuelven a ir a la escuela desde hace meses. Pero los vecinos aseguran que la represión sigue existiendo, solo que sucede de manera más subterránea.

En algunos barrios — donde las protestas tuvieron lugar el año pasado — los militares patrullan el perímetro regularmente. Se ve abundancia de policía y de confidentes policiales en las esquinas de la ciudad. Los Imbonerakure aterrorizan a todos aquellos a los que consideran como amenazas para el régimen, sin temer las consecuencias.

Burundi acepta recibir observadores militares y humanitarios, pero nadie se lo cree. Leer más aquí.

"Basta con mirar al tráfico, a la gente que hay en las carreteras. Cuéntale al mundo que todo es normal" aseguró a VICE News un asesor presidencial durante el pasado mes de octubre. "Nuestros momentos de turbulencias ya han quedado atrás", remacha.

Sin embargo, Damascene, un manifestante cuyo nombre ha sido cambiado por motivos de seguridad, tiene heridas en su cuerpo. Brechas en las muñecas y en los tobillos — los lugares de su anatomía por los que le amordazaron con una cuerda, y por los que le colgaron del techo — que solo ahora empiezan a cicatrizar.

Damascene se sumó a las manifestaciones populares de la primavera pasada. Las furibundas cargas de las fuerzas de seguridad terminaron con la vida de varios de sus amigos, que murieron en las calles como perros. Otros muchos desaparecieron.

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Meses después, Damascene denunció en un programa de radio internacional la existencia de represión de la disidencia, y de sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos por parte del gobierno.

En septiembre, Damascene fue secuestrado por tres conocidos miembros de la Imbonerakure y trasladado hasta una residencia vacía, al norte de la capital. Según cuenta él mismo, sus captores le interrogaron durante horas, y solo le descolgaron del techo para continuar infligiéndole más torturas. Según Damascene, le habrían ajusticiado con barras de hierro, y le habrían quemado los pies y las manos antes de liberarle.

"Me arrebataron el teléfono y empezaron a comprobar los números de mi agenda. Me pidieron que les contara quienes eran mis contactos. Uno por uno. Me exigieron que les diera los nombres de todas las personas que habrían sido enviadas a Ruanda para desestabilizar Burundi. Y me preguntaron por todos los nombres que habían acudido a la manifestación convocados por los defensores de los Derechos Humanos".

Los hombres le acusaron "de conspirar contra el régimen", asegura. "Me llamaron 'estúpido Hutu' y me acusaron de ser 'simpatizante de los tutsus', pero al menos me reconocieron como Hutu".

El gobierno del presidente Nkurunziza se está mostrando cada vez más hostil a la posibilidad de una intervención internacional. Su último movimiento ha consistido en expulsar a los investigadores de Derechos Humanos tras la publicación de una investigación independiente de 9 meses en septiembre.

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Según concluye dicha investigación, el gobierno habría participado "en aberrantes violaciones de Derechos Humanos", como ejecuciones, torturas, violaciones y detenciones arbitrarias, todas ellas acusaciones que los miembros de la cúpula militar han negado una y otra vez.

Para Eric, un burundés de 32 años que trabaja con Abogados Sin Fronteras, la decisión de abandonar el Tribunal Penal Internacional fue toda una advertencia. Él representa a 18 soldados del ejército, detenidos y acusados "de perturbar la seguridad interna". Todos ellos, asegura, son tutsis.

"Lo de haber expulsado a los observadores internacionales es una señal de mal augurio. Representa un riesgo de genocidio. Ya no podremos denunciar ante los observadores internacionales las atrocidades".

Una semana después de la decisión de abandonar el Tribunal Penal Internacional, el gobierno retiró los permisos de varias prominentes organizaciones pro Derechos Humanos.

Los residentes de la capital y los trabajadores humanitarios aseguran que Burundi se está precipitando hacia la violencia de su autoritario régimen sin prisa y sin pausa. La falta de una iniciativa internacional ha llevado a las fuentes de Naciones Unidas a pronosticar que las negociaciones para resolver la crisis están prácticamente muertas.

Y pese a todo, para Agathon Rwasa lo único que se puede hacer es esperar.

"A este régimen le llegará su hora. Un día, todo esto habrá terminado. Solo entonces todo el mundo podría estar seguro y vivir en libertad".

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