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Así es como en Venezuela se le tapa la boca a la oposición, según Amnistía Internacional

Un nuevo informe de la ONG apunta a siete argucias extralegales que usa el gobierno de Nicolás Maduro para callar a los disidentes. El documento fue dado a conocer horas después de que Venezuela salió voluntariamente de la OEA.
27.4.17
Imagen por Miguel Gutiérrez/EPA

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Un nuevo informe de la ONG Amnistía Internacional (AI) sobre la crisis política en Venezuela ha recopilado, al menos, siete argucias legales que usa el gobierno de Nicolás Maduro para callar a la oposición.

El informe "Silencio a la fuerza. Detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela", fue dado a conocer este jueves por la mañana a sólo unas horas de que la canciller venezolana Delcy Rodríguez anunció que su país se retira de la Organización de Estados Americanos (OEA), un organismo que desde hace meses buscaba expulsar al país sudamericano por las constantes violaciones a derechos humanos.

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Amnistía Internacional concluyó que en Venezuela los subalternos del mandatario Maduro han mostrado "no tener límites" para perseguir y castigar a quienes ven con malos ojos a la "revolución boliviariana", que inició el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999.

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Un primer recurso usado para descarrilar a la oposición son las detenciones sin órdenes judiciales, como la que sufrió el concejal José Vicente García del partido opositor Voluntad Popular. Según la investigación de AI, en octubre de 2016 García fue arrestado afuera de su casa y llevado ante un juez por presuntamente acopiar granadas y uniformes militares en su vehículo.

Sin embargo, la Fiscalía General de Venezuela admitió que nunca había solicitado su arresto, pues no había acusaciones en su contra. Pese a ello, el político sigue recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) sin ningún cargo criminal.

Un segundo recurso es el "atropello a los requisitos legales para llevar a cabo una detención". Por ejemplo, pasar por encima del fuero constitucional para detender a un legislador. Eso lo vivió el diputado Gilber Caro, adversario de Maduro, quien en enero de este año fue detenido por el SEBIN por presuntas actividades terroristas.

"No sólo se ha violado su inmunidad parlamentaria, sino que se encuentra privado de libertad en un centro penitenciario sin contar con orden de detención, ni haber justificado su detención en flagrancia ante ninguna autoridad judicial", documentó AI.

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Un tercero es la falta de independencia de los operadores de justicia. En ese punto, el informe acusa a ministerios públicos y jueces de estar supeditados a las órdenes del gobierno y cita al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que señaló que cerca del 65 por ciento de los jueces y juezas en Venezuela se encuentran en situación provisional, por lo que hay un riesgo alto de ser sometidos a presiones de dictaminar como quiere el gobierno o pueden perder su empleo.

Una cuarta trampa son los tipos penales ambiguos como "la traición a la patria" o la "rebelión". Estos delitos son típicamente reservados para las fuerzas armadas. Pero en Venezuela pueden recaer sobre un civil, por lo que el acusado queda a merced de la justicia militar, lo que afecta el derecho del imputado a un juez civil, independiente e imparcial.

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La quinta es el uso generalizado de la incomunicación y el aislamiento contra presos políticos para disuadir a la oposición. Lo sabe bien Yon Goicoechea, el líder estudiantil que ganó notoriedad en el 2007 cuando la oposición se aglutinó contra la reforma de la Constitución venezolana propuesta por el entonces presidente Hugo Chávez.

A Goicoechea lo detuvieron en agosto de 2016 en Caracas, la capital del país. Sus captores eran personas no identificadas, quienes lo acusaron de portar explosivos que se usarían en las manifestaciones, según relataron testigos presenciales a AI. El dirigente estuvo incomunicado por más de 13 horas a partir de su detención, lo que, según el organismo internacional, afectó gravemente su posibilidad de preparar una defensa adecuada.

"Desde el día 20 de octubre de 2016 existe una resolución judicial en la que se reconoce que se han cumplido todos los requisitos para su excarcelación, debido a que el Ministerio Público no encontró elementos suficientes para acusarlo de ningún delito. Pese a ello, se encuentra todavía privado de libertad en el SEBIN", se lee en el reporte.

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El sexto recurso es el uso de informantes anónimos como fundamento de la detención. Le sucedió al abogado Marcelo Crovato, detenido en abril de 2014, mientras aconsejaba a una pareja que fue acusada de dar asilo a manifestantes que se ocultaban de la policía. A Cravoto se le acusó de instigación pública, asociación para delinquir y desobediencia a las leyes por testigos anónimos, que resultaron ser policias encubiertos, quienes no tenían autorización para investigarlo.

El séptimo y último es el "desacato de órdenes de liberación". Sobre este punto, AI escribió en el informe que "ha documentado la situación de no menos de 16 personas que actualmente se encuentran privadas de su libertad a pesar de que se han cumplido los requisitos legales para su liberación".

"Que en Venezuela hayan personas detenidas a pesar de no tener ninguna acusación oficial en su contra, es una ilustración de la dramática situación de derechos humanos en la que se encuentra sumergido el país," afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

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