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Buenaventura, la amenaza del mayor puerto colombiano

El auge del puerto, que mueve el 60 por ciento del comercio exterior colombiano, la riqueza natural del municipio y los corredores de salida para el narcotráfico han hecho de Buenaventura el botín de varias bandas criminales que operan en la zona.
2.7.15
Foto por Javier Sulé

Las "casas de pique" son el paradigma del terror en la ciudad portuaria de Buenaventura (suroeste de Colombia). Las bandas criminales (BACRIM) formadas por paramilitares desmovilizados en 2004 llevan allí a sus víctimas, las torturan y las desmiembran mientras siguen vivas. Al día siguiente los restos del rival, el chivato o el sospechoso aparecen regados por el barrio.

"Es una estrategia de guerra para generar incertidumbre, miedo, desazón (…) con la intención de que la gente se desplace. Quien escuche todas las noches que arrancan pies, cabezas; quien vive viendo como meten en bolsas a una persona y la tiran al mar después de haberla hecho pedazos… Nadie soportaría esas acciones…", expresaba una líder comunal al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) durante la elaboración del informe Buenaventura, un puerto sin comunidad.

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El auge del puerto, que mueve el 60 por ciento del comercio exterior colombiano, la riqueza natural del municipio y los corredores de salida para el narcotráfico han hecho de Buenaventura el botín de varias BACRIM que operan en la zona.

Estos grupos se han enzarzado en una lucha territorial por las áreas donde operan o tienen previsto operar las empresas portuarias. Un hecho que ha salpicado a la empresa española Grup Marítim TCB, propietaria del 60 por ciento de la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen).

"El puerto se ha constituido de espaldas a la ciudad. No hay conexión entre la economía portuaria y la local. Esto ha propiciado la formación de estas bandas", señala María Emma Mills, asesora de dirección del CNMH.

Vista aérea de la Terminal TCBuen junto al barrio de La Inmaculada, Buenaventura. (Foto por Javier Sulé)

"Entre otros proyectos, se ha planeado un malecón turístico de alto nivel en una zona muy desfavorecida. Por ello los delincuentes ven en el desplazamiento de las personas un negocio, pues así pueden hacerse luego con esas tierras y venderlas a un precio altísimo", añade Mills.

En este sentido, entre 1990 y 2014, más de 152.000 personas fueron desplazadas en Buenaventura, según la Red Nacional de Información. El municipio tiene 400.000 habitantes.

El informe del CNMH afirma que estas bandas además ofrecen su seguridad a las empresas vinculadas al complejo portuario. Paradójicamente es una protección ante una inseguridad que ellas mismas crean con otros negocios de su amplio abanico de ilegalidades: narco y microtráfico, extorsión, comercio de armas, secuestros y asesinatos, entre otros delitos.

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Buenaventura conecta con 17 enclaves en Asia, 19 en el Pacífico sur y 13 en América. Además es por donde salen cerca del 23 por ciento de las exportaciones de Colombia y entra al país el 77 por ciento de las importaciones, según el informe Asedio a las comunidades presentado recientemente por la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.

Sin embargo, Buenaventura es uno de los municipios más pobres de Colombia, según el Índice de Pobreza Multidimensional, el 63,5 por ciento de los hogares del casco urbano vive en la pobreza, mientras que en la zona rural es el 91,6 por ciento.

"La mitad de la ciudad sólo tiene agua potable de cuatro a seis horas al día. En el resto es aún peor, pueden estar hasta diez días sin agua", señala el senador colombiano Alexander López, quien participó en la presentación del informe de la ONG catalana. "Sólo el 70 por ciento de la población dispone de energía eléctrica y únicamente 30 por ciento de la ciudad tiene red de saneamiento básico", añade.

Para López, el puerto "es la peor tragedia de Buenaventura". Prueba de ello, son las más de 6.000 personas asesinadas en los últimos 20 años. "Paradójicamente, dentro del recinto portuario, a unos pocos metros de las comunidades, todo funciona bien. Hay agua potable 24 horas al día, electricidad y mucha seguridad".

La compañía española TCB inició en 2005 los trámites para construir TCBuen en la Comuna 5, que con unos 17.000 habitantes engloba a varios de los barrios más convulsos de Buenaventura. Según el informe de la Taula, la violencia se intensificó "a través de amenazas, desapariciones, desplazamientos masivos, violaciones sexuales, asesinatos selectivos y masacres", en especial en el barrio de La Inmaculada.

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Un testimonio que recoge el documento da cuenta de estos hechos. "El que entraba al barrio sin ser de allí ya no salía. Los desplazamientos y balaceras eran constantes y hasta establecieron un cementerio clandestino. Nadie se atrevía a mirar hacia La Inmaculada y cuado la ola de violencia bajó y nos quisimos dar cuenta ya el muelle de TCBuen estaba hecho".

En 2007, el barrio quedó bajo control de las bandas criminales y, también según el reporte, TCBuen comenzó a comprar predios en La Inmaculada.

Según datos comunitarios, 45 viviendas quedaron desocupadas y fueron derribadas por paramilitares que impidieron nuevas construcciones. En 2008, se reportaron 16 asesinatos, 10 en 2009 y 6 en 2010.

En 2011, cuando TCBuen empezó a funcionar, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) denunció la presión de las bandas para que los habitantes de la Comuna 5 abandonan sus viviendas. Así, en 2011 y 2012 hubo dos desplazamientos masivos de 151 y 1.111 personas respectivamente.

Estos hechos se fueron repitiendo y en 2014 un incendio arrasó 35 viviendas dejando a 196 personas sin hogar. Antes había sido incendiada la sede de Transformando mentes, una asociación crítica a la actividad de TCBuen."Todos estos hechos han aumentado la presión sobre los pobladores para que abandonen el sector que es una de las áreas de ampliación de TCBuen", señala el estudio de la Taula.

"No hay ninguna prueba de que las empresas privadas estén ligadas a las bandas criminales. No estamos diciendo eso. Pero sí que las áreas con más violencia son donde se da la expansión y dinámicas portuarias", apunta el senador López.

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El informe se hace eco también de acusaciones a TCB de haber construido parte de TCBuen sobre lugares donde habitaban las comunidades. "El 48 por ciento del territorio fue ganado al mar", señala Leyla Arroyo del PCN. "Fuimos creando ese espacio de vida rellenando la tierra con basuras, maderas, piedras hasta crear tierra firme", añade.

Viviendas en la zona de expansión del puerto de Buenaventura (Foto por Javier Sulé).

En este caso, la culpa recaería sobre el Gobierno de Colombia quien no efectúo la consulta previa a las comunidades, tal y como ordena la Corte Constitucional, antes de dar la concesión de los terrenos a la compañía española.

El Estado argumentó que las comunidades estaban en zonas "no susceptibles de ser tituladas colectivamente". Muy probablemente debido a que son viviendas frágiles, de madera y sobre terreno inestable. Pero sin tener en cuenta que las comunidades llevan viviendo allí alrededor de 50 años.

La Alcaldía de Buenaventura, poseedora de un 2,5 por ciento del accionariado de TCBuen, no se ha pronunciado al respecto.

Rocío del Pilar Segura, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio La Inmaculada denunció durante la presentación del informe de la Taula los efectos de TCBuen en el ecosistema del municipio y en la salud de los habitantes.

"La terminal está pegada a la comunidad. El ruido constante y ensordecedor de los contenedores ha generado sordera y estrés por falta de sueño. Además, la vibración que produce el movimiento de los containers está agrietando las viviendas cercanas. Lo cual supone un gasto considerable en tareas de reparación", explica.

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En cuanto al daño medioambiental, señala a TCBuen de erradicar más de 24 hectáreas de reservas forestal y manglares. Además de contaminar las zonas pesqueras — medio de vida de las comunidades — con vertidos de combustible y aguas sucias.

Ante este cúmulo de acusaciones, los responsable de Grup Marítim TCB recibieron el pasado lunes a las dos líderes comunales, quienes reclamaron a la empresa políticas de reparación.

"No teníamos noticia del contenido del informe," afirma el director comercial de TCB, Miguel Ángel Duro. "De todos modos, hay aspectos que no son ciertos. No tenemos relación alguna con la violencia y todas nuestras acciones están bajo la legalidad colombiana".

Duro asegura que seguirán en "la dinámica del diálogo" con las representantes comunales, pero que no es este el primer encuentro que tienen con líderes de Buenaventura. "Todos los años celebramos una asamblea con los representantes de las comunidades del municipio. Eso no lo dice el informe, pero tenemos líneas de acción social y ya hemos iniciado una serie de reparaciones con los barrios afectados", añade.

En este sentido la compañía ha construido varios puentes para facilitar el movimiento de los habitantes, dificultado por el paso continuo de camiones. Han distribuido tanques de agua potable en los barrios y han organizado y subvencionado la atención médica a más 700 personas, entre otros puntos.

Sobre los grupos criminales que desplazan a la población para ofrecer esas tierras a empresa portuarias, el director comercial de TCB dijo que, si bien antes de desembarcar en Colombia sabían del conflicto en este país, no podía asegurar que entonces conocían este hecho concreto.

"No tendríamos porque saberlo, pues nuestras relaciones son con el Estado colombiano. Las empresas de allí no somos garantes de los Derechos Humanos, intentamos aportar nuestro grano de arena, pero esa es función del Gobierno".

Mira el documental de VICE News, Buenaventura descuartizada (reportaje completo):

Sigue a Iván M. García en Twitter: @ivanmgarcia77