A pesar de los buenos pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el crecimiento económico de España, los datos desvelan cómo se ha escrito hasta ahora el capítulo que sigue a la crisis económica: más pobreza y exclusión social.
Aunque hace unos meses parecía que el otoño nunca iba a llegar, ¿quién se acuerda ya del verano? A menudo, se experimenta una nostalgia difícil de describir cuando este termina. Como en los grandes acontecimientos, hemos pasado meses imaginándolo y, cuando se acaba, escuece ver la distancia entre la realidad y la ilusión.
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Además, los excesos no suelen jugar a favor de la memoria: son solo tres meses, pero a algunos nos lleva más tiempo del que quisiéramos recordar según qué episodio veraniego. Si se trata de acontecimientos políticos o económicos, el esfuerzo puede ser mayor. Hagamos memoria.
A principios de verano, el FMI avaló la “impresionante” recuperación económica de España tras la crisis. En la actualización de su informe Perspectivas de la Economía Mundial, la institución situó en un 3,1% la previsión de crecimiento económico para 2017 (medio punto por encima de la estimación que hizo en abril). Este 10 de octubre lo ha vuelto a hacer, elevando hasta 2,5% la previsión para 2018.
Pero ya hemos dicho que la llegada del otoño rompe con el espejismo del verano. Una semana más tarde de la última estimación del FMI, la European AntiPoverty Network (EAPN) publicó su informe anual coincidiendo con el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza. Éste concluye que desde el comienzo de la crisis económica en 2008, el índice de personas en riesgo de pobreza y exclusión social ha aumentado del 23,5% hasta el 27,9% en 2016 (eso sí, con un leve descenso en relación a 2015). Esto significa que hay 13 millones de personas en esta situación.
El viaje agónico que el gobierno de Mariano Rajoy emprendió en 2011 con las reformas, deja una postal que poco encaja con lo que, a pie de calle, se puede entender por crecimiento y recuperación. Crece la economía española, pero también la desigualdad y la pobreza. Y esto tiene un riesgo: su cronificación y los efectos que esto puede tener sobre la población que la padece.
“Cuando amenaza crisis” —sigue el informe— “los daños comienzan siempre por la población pobre y, cuando se controla, ésta es la última en beneficiarse”. Un dato más; el penúltimo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los centros de alojamiento para personas si hogar acogieron en 2016 un 20,5% más que en 2014.
¿Qué se está haciendo para reducir la desigualdad? El Índice de Compromiso con la Reducción de la Desigualdad (CRI) de Intermón Oxfam recoge qué hacen los gobiernos para reducir la brecha entre la población más rica y la más pobre de su países, es decir, qué hacen para acabar con la desigualdad entre su gente.
España ocupa el puesto 27, situándose entre Argentina y Hungría. El dato podría pasar desapercibido si no fuera porqué España es, de entre los países ricos, uno de los más desiguales: de los 35 países de la OCDE, España ocupa un deprimente puesto 24.
Estamos saliendo de la crisis, pero en ninguno de los casos con el contador a cero: somos más pobres que antes. Y cuando uno tiene menos, gasta menos. Se empieza por tachar los caprichos de la lista. Hasta aquí más o menos bien. El problema llega cuando el bolsillo afecta directamente a nuestros derechos fundamentales. Ahora, ya es habitual mirarnos con más cautela —o desespero— los precios de los alquileres, del recibo de la luz, el agua y el gas. También el tíquet de la compra.
La situación económica ha modificado nuestros hábitos alimentarios y ha afectado a nuestra seguridad alimentaria. El poder adquisitivo de muchas familias ha disminuido y, por lo tanto, el dinero que destinan a la compra de comida, cuando esto es posible. Hasta la crisis, hablábamos de seguridad alimentaria en términos de preservación de la seguridad, salubridad e higiene de los alimentos. Hoy hablar de seguridad alimentaria es hacerlo del grado de dificultad con que las personas obtienen alimentos para garantizar sus necesidades.
En 2007, la Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) situaba en 4.543 euros el dinero que las familias destinaban a la compra de Alimentos y bebidas no alcohólicas.
En 2016, el gasto fue de 4.123 euros: 420 euros menos.
Pensemos en términos de economía familiar entonces. Una hamburguesa de ternera de unos 100 gramos suele costar en una carnicería de un barrio medio de Barcelona alrededor de 1,30 euros. Antes de la crisis, con estos 420 euros, una familia podría comprar unas 323 hamburguesas al año, lo que quiere decir que uno de sus miembros podría comer carne una vez al día durante casi todo el año. Con la crisis, esas hamburguesas se han esfumado.
Crece la pobreza en España, pese al crecimiento de España y su gente. Estamos saliendo de la crisis, pero para muchos esto ha supuesto un ataque directo a sus derechos más básicos.
Arianna Giménez retrata esta realidad en su proyecto ‘Hungerland’, síguelo aquí.
