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Más de 100 activistas ambientales fueron asesinados en 2014 según un informe de Global Witness

Por quinto año consecutivo, Honduras fue en 2014 el país más peligroso per cápita del mundo para los activistas ambientales.

El 2 de octubre del año pasado, el activista ambiental hondureño Daniel Humberto Sánchez Avendaño no regresó a casa después de salir a comprar cigarrillos.

Daniel Humberto, de 19 años, era miembro de COSAJUCA, una organización juvenil en el centro de Colombia que lucha contra una mina de oro local a cielo abierto. COSAJUCA había ofrecido diversos talleres para educar a los residentes locales acerca de la pesada carga ambiental de la mina. Otros miembros del grupo fueron amenazados en repetidas ocasiones, y Avendaño fue hostigado por la policía apenas unos días antes de desaparecer.

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Avendaño fue encontrado muerto cinco días después —uno de los 116 activistas ambientales asesinados en el mundo en 2014, según un informe de Global Witness. Las víctimas procedían de 17 países, más de tres cuartas partes de las muertes ocurrieron en Sudamérica y Centroamérica, donde los miembros de los grupos indígenas constituyen el 40 por ciento del total mundial. En 2014 el número de asesinatos aumentó un 20 por ciento con respecto al año anterior.

Las verdaderas cifras probablemente sean superiores, advirtió Billy Kyte, de Global Witness. Los casos en áreas remotas con acceso limitado a los medios de comunicación, donde los regímenes autoritarios esconden estrictamente la información que no les conviene hacer pública, o donde la sociedad civil organizada es escasa no permiten llevar una investigación completa.

"Este hecho sin duda está perjudicando enormemente el activismo en todo el mundo. Los defensores de la tierra y el medio ambiente están siendo atacados sistemáticamente. Se están imputando cargos falsos en su contra", aseguró Kyte a VICE News. "No se trata solo de los asesinatos. Se trata de la criminalización de la protesta, del debilitamiento de las leyes y la protección del medio ambiente, así como de las restricciones a las libertades de los activistas para poder viajar y llevar a cabo su trabajo".

El año pasado, la organización no gubernamental Global Witness, con sede en Londres, reveló que los asesinatos de activistas se habían triplicado en la última década y que de los 908 asesinatos registrados en ese periodo solo diez asesinos habían sido condenados. El aumento de la violencia trasciende fronteras, dijo Kyte.

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Global Witness define a los contabilizados en el informe como "personas que emprenden acciones pacíficas para proteger los derechos ambientales o de la tierra, ya sea en su propia capacidad personal o profesionalmente… y como tal gozan de todas las protecciones establecidas en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos". Sin embargo, según un informe de la ONU de 2007, entre aquellos que luchan por los derechos humanos, los activistas ambientales y de la tierra son el segundo grupo con más probabilidades de morir, solo superado por los que trabajan en los derechos de las mujeres.

Las víctimas de 2014 tenían distintos perfiles, señaló Kyte. Suelen ser ciudadanos corrientes de las comunidades rurales, que luchan contra la extracción de recursos naturales. Pero a veces son abogados profesionales o periodistas de investigación.

Los autores de estos crímenes son en gran medida desconocidos, pero entre los casos bien documentados de Global Witness se han vinculado diez muertes con grupos paramilitares, ocho con la policía, cinco con la seguridad privada, y otros tres con militares. El informe sugiere que "los grandes terratenientes, los intereses empresariales, los actores políticos, y los miembros de la delincuencia organizada" a menudo se encuentran detrás de estas muertes, especialmente en los países donde "se puede contratar de forma barata a asesinos o matones, que se utilizan para llevar a cabo la vigilancia ilegal, para amenazar, atacar o matar a los activistas".

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Por quinto año consecutivo, Honduras fue el lugar más peligroso per cápita del mundo para los activistas ambientales. Doce personas murieron en 2014 y 111 activistas han sido asesinados allí desde 2002, donde tanto la policía hondureña como el ejército han cometido violaciones de derechos humanos, condena Global Witness.

Es de los países más corruptos del mundo y tiene uno de los índices más altos de deforestación. Casi dos tercios de la población vive en la pobreza y según consta, el número de guardias de seguridad privada es cinco veces mayor al de agentes de policía, asegura el informe.

Berta Cáceres es la coordinadora general de COPINH, una ONG que trabaja con las comunidades indígenas en Honduras, y ganadora del Premio Goldman 2015 por su defensa del medio ambiente. Desde 2011, COPINH ha luchado en contra de la propuesta de fabricación de una presa hidroeléctrica en la región de Aguas Zarcas, lo que obligaría a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco a abandonar sus tierras ancestrales.

"[Ha habido] amenazas de muerte, amenazas de secuestro, amenazas de linchamiento… no sólo contra mí, sino también contra el consejo indígena en estas comunidades", dijo Cáceres a VICE News. "Las amenazas han infundido mucho miedo y preocupación, pero también nos han unido y han creado solidaridad entre nosotros".

La violencia contra los activistas se ha incrementado desde el golpe militar de Honduras de 2009. Las inversiones en la minería, la silvicultura, la agroindustria y las presas hidroeléctricas han sido una prioridad para el nuevo gobierno de derechas del presidente Juan Orlando Hernández, explicó Kyte. El aumento de la extracción de recursos naturales ha traído consigo un aumento del número de conflictos.

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"El gobierno de Estados Unidos, a pesar de que denunció tímidamente el golpe militar en 2009, ha prestado apoyo táctico a este nuevo gobierno de Honduras", aseguró Kyte VICE News. "A raíz de los programas de ayuda, en particular a los militares hondureños, se le ha acusado de muchos de estos abusos".

Veintinueve activistas ambientales fueron asesinados en Brasil en 2014. Cuatrocientos setenta y siete han sido asesinados en el país desde 2002. Colombia siguió a Brasil de cerca, con 25 asesinatos en 2014. Filipinas ocupó el tercer lugar con 15 asesinatos, seguida de Honduras.

Según la autora Naomi Klein, los activistas pueden verse comprometidos con acciones muy locales para proteger el medio ambiente o en la lucha contra la reubicación forzosa debido a la construcción de una mina o una presa, pero añadió que su trabajo tiene profundos beneficios.

"Muchas de las personas que están siendo asesinadas en estas luchas no sólo están protegiendo sus tierras y su aguas locales. Al mantener el carbono en el suelo, y mediante la defensa de las prácticas agrícolas ecológicas, están mostrando al resto del mundo cómo evitar un cambio climático catastrófico", dijo Klein a VICE News. "Es un síntoma de la locura de nuestro tiempo que, para un número creciente de valientes activistas, el coste de defender la vida en la tierra sea la muerte".

Sigue a Darren Ankrom en Twitter: @darrenankrom

Imágenes vía Global Witness