"No vamos a gestionar una cárcel": el dilema de las ONG con los refugiados tras el pacto de Turquía y la UE

18 de marzo de 2016. Un auténtico Viernes de Dolores. La Unión Europea (UE) firma con Turquía el que ha sido calificado por muchos como "el pacto de la vergüenza". En él, se establece que todos los refugiados que intenten pasar de suelo turco a las islas griegas serán devueltos a Turquía.

A pesar de la oposición de las organizaciones humanitarias y de la relativa presión de la opinión pública, ésta ha sido la forma que ha tenido Europa, junto con el eterno país aspirante a entrar en la Unión, de zanjar lo que las autoridades comunitarias han llamado "crisis migratoria", que no de refugiados.

A cambio de la "solidaridad" turca, el país recibirá, de manos de la UE, dos paquetes de 3.000 millones de euros de aquí a 2018. Además, Europa se ha comprometido a acelerar los trámites para que los turcos puedan viajar al espacio Schengen sin visado y ha reanudado las negociaciones para la adhesión de Turquía a la Unión.

El acuerdo, que entró en vigor este lunes –cuando se deportó a 202 personas- ha puesto en una tesitura difícil a muchas ONG, que se negaban a ser cómplices de un pacto que consideraban injusto pero que tampoco querían abandonar a las personas a las que estaban prestando asistencia.

"Este tipo de dilemas son muy antiguos en el mundo humanitario", me explica Francisco Rey, codirector del Instituto de Estudios Sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Lo que hace "original" a éste en concreto es, según él, que esta vez "se produzca en Grecia", esto es, en Europa.

Desde que entrase en vigor este pseudotratado, se ha ido produciendo un goteo de ONG que se retiraban de lo que hasta ahora eran simples campos de registro de refugiados, pero que, en virtud de lo firmado hace unas semanas, han pasado a ser campos de detención cerrados en los que los refugiados no tienen libertad de movimiento.

Save the Children, Médicos Sin Fronteras (MSF) o ACNUR son algunas de las entidades que han anunciado que, aunque iban a seguir trabajando en esta crisis sin precedentes, se retiraban de los centros cerrados que, desde el día 20 de marzo, pasan a estar gestionados por el gobierno griego. En estos lugares, explica Andrés Conde, director general de Save The Children España, "los refugiados mantienen una condición de arrestados, y nosotros no vamos a colaborar en el mantenimiento de algo que es ilegal". Las ONG sí continúan, no obstante, trabajando en los campos abiertos, en las zonas de tránsito o en los rescates a pie de playa, donde las personas no están recluidas.

MSF, por ejemplo, mantiene todas sus actividades en el resto de Grecia, pero ha suspendido las que gestionaba en los campos cerrados: "No queremos que nuestra ayuda sea instrumentalizada por los estados europeos", asegura Constance Theisen, asesora de asuntos humanitarios para la organización, quien considera que Europa "ha perdido totalmente la perspectiva" con este acuerdo.

ACNUR también ha hecho lo mismo. "A partir del día 20 los centros de registro cambian su naturaleza y se transforman en centros cerrados, y por eso hemos suspendido nuestras actividades allí, porque ACNUR tiene una política contraria al internamiento de personas y a la detención de refugiados", me explica María Jesús Vega, portavoz en España de la organización. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha sido, sin embargo, una de las organizaciones que ha tenido una posición más difícil. Quizás por su papel más institucional, aparece nombrado en repetidas ocasiones en el texto del acuerdo, aunque ellos insisten en que "ACNUR no ha formado parte del pacto ni ha sido testigo ni parte del mismo". Es más, el organismo critica duramente las "enormes lagunas tanto en Turquía como en Grecia" para garantizar el derecho de protección que tienen –o deberían tener- todos los refugiados.

Así las cosas, desde hace unas semanas, se han suspendido importantes actividades en lo que las ONG llaman ahora 'centros de detención'. En el campo de Moria, por citar uno, MSF ha interrumpido el transporte de refugiados desde la playa al centro, así como sus servicios de agua y saneamiento y las consultas médicas. ACNUR ha hecho lo mismo, pero ha decidido mantener dentro de los centros equipos que informen a los refugiados de su derecho de pedir asilo. Save The Children ha tomado, más o menos, la misma decisión: ha suspendido su servicio de distribución de mantas, comida y material de refugio, pero ha mantenido sus actividades de protección de la infancia. "Nos preocupa tanto la situación de los niños que hemos decidido que, aunque los centros se hayan convertido en lugares de detención, esas actividades no las vamos a suspender", explica Conde.

Ante esta situación, surge una pregunta lógica: ¿quién asumirá a partir de ahora las tareas que las ONG venían haciendo y ahora han interrumpido? Lo hará el ejército griego. Y aunque las organizaciones reiteran que estarán vigilantes, todavía es una incógnita si Grecia va a comprometerse con estas funciones de la misma forma que hasta ahora lo estaban haciendo las ONG. "Es difícil que vayan a dar una atención con el mismo cuidado con que lo hacían las organizaciones humanitarias", sostiene Rey.

Es por esto que hay quien se plantea si en este escenario no son los refugiados, una vez más, quienes peor parados salen. "Ésa es la pregunta clave", dice Theisen, que asegura que este tipo de decisiones "nunca son fáciles de tomar " y generan "mucho debate". Quizás por eso no todas las organizaciones tienen aún claro cómo actuar. Médicos del Mundo se encuentra, en estos momentos, precisamente, gestionando este dilema. "Cada ONG estará valorando la situación, y no creo que haya posiciones unánimes en esto", explica el codirector del IECAH, que apunta además que, en estos casos, "suele suceder que el personal en terreno y el de las sedes ven las cosas de distinta manera".

Conde resume la disyuntiva a la que se enfrentan de una manera muy gráfica: "Nosotros podemos trabajar en una cárcel, pero quienes no vamos a ser nunca es quienes gestionamos esa cárcel". Aunque el director de Save the Children señala que "por supuesto que la decisión ha sido difícil porque con muchos de los refugiados teníamos ya una relación personal", asegura que "no hemos tenido ninguna duda de que las ONG no podemos colaborar en esto por una cuestión de coherencia con nuestra misión y de respeto con el derecho humanitario más básico".

Aunque en esta decisión haya unos claros perjudicados, lo cierto es que las organizaciones han hecho este movimiento con la esperanza de que sea una medida de presión, una desesperada llamada de atención para que cambien las cosas. "El gobierno griego y toda la Unión Europea deben reflexionar", dice Conde, que asegura que "por supuesto que estamos dispuestos a cambiar esta decisión si las circunstancias cambian y los centros vuelven a ser abiertos". "Quizás todo vaya a cambiar en una semana, quizás las autoridades griegas empiecen a organizarse mejor pero, por ahora, la situación no es aceptable para nosotros", explica a VICE la representante de MSF.

Mientras una u otra cosa se decide, en medio están, como siempre, los más débiles. Las miles de personas encerradas en los campos de detención esperando a ser devueltas a Turquía. Las 11.000 hacinadas en Idomeni en condiciones infrahumanas. Las 50.000 retenidas dentro de Grecia porque llegaron al país antes del acuerdo y ahora están en tierra de nadie. El 40% de ellas son niños, según datos de UNICEF, que insiste en que sus peticiones de asilo también deben ser estudiadas "caso por caso".

Entre tanto, las organizaciones continúan desbordadas ante una situación que no tiene visos de solucionarse en breve. "Hay gente que no está recibiendo ningún tipo de ayuda, y nos estamos viendo obligados a tomar decisiones durísimas de ver quién es el vulnerable entre los vulnerables", explican la representante de ACNUR, que repite una y otra vez en "la importancia de alternativas legales para la entrada de refugiados en la Unión Europea y en el resto de países".

Sin embargo, esto tampoco parece estar entre las más urgentes prioridades de los estados miembros. España, por ejemplo, sólo ha acogido a 18 refugiados de los 16.000 a los que se comprometió en octubre.