Estados Unidos

Cada año, 10.000 mamás y papás en California con hijos estadounidenses son deportados

Un informe publicado por Humans Right Watch alertó que la cifra anual registrará una alza durante la administración del presidente Donald Trump, quien pretende enviar a cada vez más indocumentados a los centros de detención californianos.
16.5.17
Imagen por Mike Nelson/EPA
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Pese a que California es considerado un estado amigable con los migrantes indocumentados que llegan desde México y Centroamérica, un informe de dado a conocer este lunes por la ONG internacional Humans Right Watch (HRW) reveló que cada año, en ese estado, unos 10.000 padres y madres de niños con ciudadanía estadounidense son detenidos y deportados.

La cifra de familias separadas se obtuvo gracias a peticiones de información enviadas por HRW a autoridades federales, quienes aceptaron que en los últimos cuatro años y medio se han realizado cerca de 300.000 arrestos federales contra inmigrantes en centros de detención en California. El desagregado de esos datos permitió conocer cuántos de ellos contaban con hijos con documentos legales en Estados Unidos.

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Para HRW, es altamente probable que esta cifra de detenciones y deportaciones crezca en la administración Donald Trump, quien ha amenazado con cortar fondos federales a aquellos estados y ciudades "refugio" que no colaboren con su gobierno en las redadas contra indocumentados.

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"Los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, incluidos los padres de ciudadanos estadounidenses, están bajo amenaza más que nunca", dijo Clara Long, investigadora de Humans Right Watch. "Con el 15 por ciento de todos los inmigrantes detenidos en Califonia, es crucial contar con una legislación estatal que garantice que las detenciones estén apegadas a los derechos humanos y con un debido proceso judicial".

Para HRW, el presidente Donald Trump ha dado señales de que su intención es enviar a cada vez más personas a esos centros de detención, que son conocidos por sus condiciones inhumanas. Una de las grandes preocupaciones de esos lugares es que la atención médica es insuficiente, lo que ha llevado a muertes que pudieron ser prevenidas.

Además, los inmigrantes en la "era Trump" tienen otra amenaza: las deportaciones exprés, lo que afecta a inmigrantes que buscan asilo político o cuyas vidas están en riesgo en sus países de origen, y el derecho de otros indocumentados a que un juez escuche su caso y lo evalúe personalmente.

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Actualmente, el Congreso de California está revisando un proyecto de ley que podría ayudar a paliar los abusos contra indocumentados en los centros de detenciones.

El 11 de mayo pasado, el gobernador Jerry Brown propuso un fondo estatal de 15 millones de dólares para proveer de abogados a los inmigrantes detenidos en California. Un estudio reciente encontró que el 68 por ciento de los indocumentados arrestados en ese estado no tenía un representante legal que lo ayudara a defenderse.

"Todos deberían tener el derecho a una defensa en un proceso de deportación", comentó la investigadora Clara Long. "Los políticos estatales deben atender los vacíos que hay en los procedimientos de detención de inmigrantes, independientemente de la situación o la historia del indocumentado".

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