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Política

Todo lo que hay que saber sobre el juicio al 1-O

La acusación de rebelión es la clave de todo.

por Alba Carreres
12 Febrero 2019, 5:00am

Foto por Albert Gea/REUTERS

Desde hace unos día, no paras de ver en Twitter palabras que te suenan a chino, como “relator”, y algo de un juicio del 1-O que no tienes ni puñetera idea de qué va. Sabes que tiene algo a ver con lo del procés y todo "lo de Cataluña", pero más allá de esto, que no te pregunten nada porque no sabrás responder. Por eso, para que no desentones en ninguna conversación sobre el tema, ya sea alrededor del dispensador de agua de la ofi o el domingo comiendo con tus padres, hemos recopilado todo lo que tienes que saber sobre el juicio de hoy al 1 de octubre.

¿Qué es lo que pasa exactamente hoy?

Doce líderes independentistas serán juzgados ante el Tribunal Supremo por los hechos del 1 de octubre un año después. La fiscalía les acusa de rebelión y malversación de fondos. El juicio al procés empezará con las llamadas “cuestiones previas” que pueden plantear los abogados de la defensa, en las que —según han explicado a VICE fuentes de Esquerra Republicana— reclamarán la nulidad de la causa por vulneración de derechos fundamentales, la falta de imparcialidad de la Guardia Civil, entre otras alegaciones sobre las pruebas propuestas. En principio, este trámite deberá hacerse antes de que empiece el interrogatorio a los acusados.


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¿A quién se va a juzgar y por qué?

El más importante de los juzgados hoy es el exvicepresidente del Govern y exconsejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras. Líder de Esquerra Republicana y una de las figuras centrales del procés. Se le acusa de ser uno de los instigadores del referéndum y de haber llevado a cabo una reunión de coordinación policial junto a Carles Puigdemont y Joaquim Forn, en la que la policía catalana evaluó el gran riesgo de llevar a cabo el plan que habían orquestado para el 1 de octubre. Pese a esto, según el juez, prefirió llamar a la población a participar. Lleva encarcelado desde el mes de noviembre de 2018, cuando el juez Lamela decretó para él prisión incondicional.

El auto imputa también al exconsejero de Interior, Joaquim Forn, y le atribuye la misma implicación que a Oriol Junqueras. Para Jordi Torull, exportavoz y exconsejero de Presidencia, en cambio, el juez le atribuye haber impulsado la movilización a favor del referéndum y haber gestionado la inserción publicitaria.

A Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Llarena le acusa de haber tratado de favorecer el reconocimiento de la república catalana en el extranjero. Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, presuntamente habría participado en las múltiples reuniones que supuestamente definían la estrategia independentista. Rull además es acusado de haber impedido que un ferri con policías atracara en el puerto de Palamós para así poder celebrar el referéndum.

A Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales, se la acusa de malversación por haber utilizado sus departamentos para soportar parcialmente los gastos derivados de la impresión de las papeletas para la votación y la elaboración del censo electoral y para hacer las citaciones a la mesa. A estos seis políticos se les imputan delitos de rebelión, sedición y malversación.

Según el juez, Carme Forcadell, como presidenta del Parlament que era, desobedeció al Tribunal Constitucional al permitir una votación que sirvió para seguir adelante con el referéndum. A los dos activistas de Òmnium Cultural y ANC, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que también están en prisión, se les acusa de sedición y rebelión por haber participado en la manifestación que tuvo lugar delante de la Consejería de Economía en el momento que la policía y la Guardia Civil entró a registrarla para buscar pruebas de delitos.

Los tres otros políticos que serán juzgados pero que se encuentran en libertad por haber pagado la fianza son Santi Vila, exconsejero de Empresa y Conocimiento, Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación, y Carles Mundó, exconsejero de justicia.

¿Cuánto les puede caer?

Por haber organizado el referéndum, la pena máxima son 25 años de cárcel y es lo que pide la fiscalía para el exvicepresidente Oriol Junqueras. También piden 25 años de inhabilitación por delito de rebelión, agravada por la condición de jefe del movimiento. La acusación popular ejercida por VOX pide 74 años de prisión por delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

A Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, exlíderes de Òmnium y ANC, la fiscalía les pide 17 años de cárcel por impedir el trabajo de la policía y la Guardia Civil durante la manifestación espontánea que hubo delante de la Consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil. La abogacía del estado les pide ocho. A Forcadell también le piden 17 años, la abogacía del estado le pide 10 años, dos más que a Sánchez y Cuixart.

Dieciséis años según la Fiscalía, 11 años y medio pide la abogacía del Estado y 74 años de cárcel pide VOX como acusación particular para Forn, Rull, Torull, Romeva y Bassa. Para los políticos que no están acusados de rebelión y sedición, pero sí de desobediencia y malversación —Mundó, Borrás y Vila—, la fiscalía pide 7 años de cárcel.

A los políticos que ya están en la cárcel, en el supuesto de que se les declare culpables, no se les reduce la pena, pero sí computará el tiempo que han estado en prisión preventiva.

¿Dónde están los otros?

Son siete en total los políticos huidos de España. Según los abogados de los políticos encarcelados, no responde a ninguna decisión estratégica y, según explican, corresponden a decisiones personales.

Carles Puigdemont, expresidente del Govern de la Generalitat, es uno de ellos. Según apuntan varios medios, el viaje a Bruselas, donde se encuentra actualmente, se produjo el mismo día en que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, hubiera anunciado una querella contra él por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Clara Ponsatí, exconsejera de Educación, Antoni Comín, exconsejero de Salud, Lluís Puig, exconsejero de Cultura, y Meritxell Serret, exconsejera de Agricultura, Pesca y Ganadería, también se encuentran en Bruselas.

Marta Rovira, la que era portavoz del grupo parlamentario de Junts Pel Sí y Anna Gabriel, presidenta del grupo parlamentario de la CUP, se encuentran actualmente en Suiza.

¿Por qué hay políticos que serán juzgados por el Tribunal Supremo y otros por el Tribunal Superior de Justicia Constitucional o la Audiencia Nacional?

Hay seis personas acusadas de desobediencia que se comenta que, por cuestiones de operatividad, serán juzgadas por el TSJC. Según nos aseguran fuentes judiciales de los partidos independentistas, estas razones de operatividad son también motivos políticos. Carme Forcadell debería ser juzgada con los otros miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña, pero en cambio será juzgada por el Tribunal Supremo.

La “rebelión” es la clave para entender todo

A la mayoría de los políticos juzgados mañana (nueve de los doce), se les imputan delitos de rebelión o sedición. Pero, ¿qué es la rebelión y qué es la sedición? Las diversas intentonas militares y golpes de Estado que ha habido en España hacen que el delito de rebelión tenga una gran trascendencia histórica para el país. Según se especifica en la Constitución, el delito de rebelión debe ser un alzamiento de forma violenta, y es esa violencia la que ha sido cuestionada por la defensa.

La justicia alemana dejó en libertad a Carles Puigdemont y descartó el delito de rebelión que le imputó el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En un comunicado explicaron que el delito de rebelión sería inadmisible porque consideraron que no había habido violencia durante el procés. Sin embargo, la Fiscalía española atribuye acciones violentas a los líderes independentistas, algo de lo que discrepa totalmente la defensa.

La principal diferencia entre rebelión y sedición es que la sedición no es un alzamiento contra el Gobierno, sino contra el orden público. Por lo tanto, serían acciones tumultuarias que implicaría un ataque al desarrollo normal de las actividades y servicios públicos.

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