Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.
BOGOTÁ, Colombia – A medida que las muertes por COVID en Colombia alcanzan un máximo histórico y una tercera ola de infecciones ha dejado los sistemas hospitalarios al borde del colapso, la empresa de distribución masiva Rappi dijo que ofrecería vacunas a sus empleados.
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Pero hay una condición: los repartidores tendrán que competir entre sí para demostrar que son los mejores trabajadores, con el objetivo de obtener solo un puñado de vacunas.
Juan Sebastián Rozo, director de asuntos públicos de Rappi, anunció la semana pasada durante una entrevista en la radio local que la empresa dará vacunas al 5 por ciento de sus repartidores que “entreguen la mayor cantidad de pedidos y pasen la mayor parte del tiempo conectados a la app, ya que son quienes más se exponen”.
La noticia generó una protesta pública en Colombia, que está sufriendo una brutal tercera ola de infecciones por COVID. Los usuarios de las redes sociales calificaron la idea de “macabra” y “distópica”, y dijeron que solo es un “intento cínico de utilizar una crisis para mejorar la productividad”. Muchos usuarios describieron la propuesta, que no se basa en ningún fundamento epidemiológico ni toma en cuenta la edad o la salud de los trabajadores, con un insulto común en Colombia: “gonorrea”.
El plan también explota la fuerza laboral migrante desproporcionadamente venezolana. Muchos trabajan para Rappi porque carecen de documentación oficial o son migrantes irregulares, así que no son elegibles para las vacunas que proporciona el gobierno.
Héctor Reyes, un migrante venezolano que trabaja para Rappi en Bogotá, estima que el 80 por ciento de los “colaboradores” que trabajan para el servicio son migrantes venezolanos. “Ofrece una forma de subsistir para quienes no tienen un trabajo permanente y atrae a migrantes que pueden ganar más de lo que ganarían trabajando de manera informal o en empleos de salario mínimo. La idea de una competición me parece bastante cínica”.
Colombia entró en la tercera etapa de su implementación de vacunación hace solo dos semanas y los residentes legales de 40 años o más ahora son elegibles para recibir las vacunas, si pueden encontrarlas. Actualmente, solo el 17,5 por ciento de la población está completamente vacunada. El país se está recuperando de un récord de muertes diarias, que se encuentran entre las más altas del mundo por porcentaje de población, y un número crítico de pacientes está inundando los hospitales en los principales centros urbanos. El ministerio de salud ha reportado más de 800.000 nuevas infecciones solo en el último mes, otro nuevo récord.
En este contexto de urgencia, Rappi ofrece 4.000 dosis de vacunas, suficientes para vacunar por completo a sólo 2.000 de sus aproximadamente 40.000 repartidores en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
La empresa adquirió las vacunas como parte del programa “Empresas por la vacunación” del presidente Iván Duque, una apuesta por involucrar al sector privado en la distribución de vacunas. El programa permite que las compañías compren vacunas al gobierno, que actúa como intermediario y asume cuestiones de responsabilidad que hasta ahora han impedido que los productores de vacunas puedan distribuirlas directamente.
Como muestra la propuesta de Rappi, el gobierno no impone condiciones a las empresas sobre cómo deben distribuir las vacunas a sus trabajadores.
Rappi domina el mercado de entregas a domicilio en su país de origen, Colombia, pero se ha expandido a otros ocho países desde su fundación en 2015, incluidos los gigantescos mercados de Brasil y México. La app reparte casi todos los bienes de consumo imaginables a las puertas de los clientes, desde pedidos de restaurantes hasta comida para mascotas y juguetes sexuales. Además, 2020 fue un año de crecimiento masivo para la empresa, ya que las estrictas medidas nacionales de cuarentena provocaron el auge de las entregas a domicilio. La compañía, cuyo valor se estima en unos 3.500 millones de dólares, ha anunciado planes para expandir su presencia en mercados adicionales de Latinoamérica.
A pesar del crecimiento masivo de las ventas, la empresa ha recortado las comisiones destinadas a los repartidores. “Antes, la empresa cobraba, digamos, 6.000 pesos colombianos [1,59 dólares] por una entrega y la mitad de esa cantidad iba al repartidor”, dijo Reyes. “Obteníamos bonificaciones por distancia recorrida y pedidos que tomaban más tiempo. Pero durante la pandemia subieron los precios a los clientes y ahora nos pagan 2.000 pesos [53 centavos de dólar] por una entrega. Sobrevivimos casi exclusivamente de las propinas”.
Los trabajadores en Colombia ya habían protestado antes por lo que ellos consideran condiciones de trabajo injustas y demandas imposibles de la empresa. Incluso organizaron una huelga en septiembre del año pasado. Rappi también fue acusado de hacer la vista gorda ante la presencia de empleados menores de edad en Brasil a principios de este año.
La compañía emitió un comunicado retractándose parcialmente después de que las críticas públicas por el plan de vacunación se extendieran en las redes sociales. Rappi dijo que las vacunas irían a los mejores trabajadores históricamente en lugar de pedirles a sus empleados que compitan en el futuro. También prometió que anunciaría más detalles pronto.
Rappi no respondió a los numerosos intentos de VICE World News para obtener comentarios sobre estos cambios.
“Lo veo como algo bueno”, dijo Rafael Rodríguez, un repartidor colombiano que trabaja para la empresa. “Por desgracia, debido a la corrupción y la desorganización, nuestro gobierno no ha manejado muy bien esta crisis. Cada dosis de vacuna ayuda”.
“Es probable que otras empresas estén observando de cerca la controversia a medida que comienza el despliegue de la distribución de vacunas en el sector privado”, dijo Sergio Gúzman, director de Colombia Risk Analysis, una firma de investigación y consultoría en Bogotá. “El episodio destaca que lo legal no siempre es ético”.