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Con bolsas en los hombros y su hija de cuatro años de edad en los brazos, Amanda, una madre soltera de 25 años de edad, dejó El Salvador sin decir adiós a sus padres ni hermanos. Sólo tenía una cosa en mente: sobrevivir.
“Tenía una tienda pero los miembros de una banda me pedían 200 dólares de mis ganancias semanales”, señaló. “Pagué durante cinco meses pero luego me quedé sin dinero. Entonces, una mañana dos miembros de la banda entraron a mi casa y dijeron que nos matarían a mí y a mi hija esa misma noche si no les pagaba. Reuní todo lo que pude y me fui”.
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Después de un peligroso viaje hacia el norte de México, Amanda cruzó la frontera de los Estados Unidos con su hija el pasado abril, pidiendo asilo, un estatus brindado a individuos que sufren persecución en su lugar de origen. Ella se encuentra entre las decenas de miles de familias que huyen de la violencia pandillera en Centroamérica desde 2014.
‘Nuestras fronteras no están abiertas a la migración ilegal’.
En un intento por disminuir las inmigraciones no autorizadas de familias hacia los EEUU, el gobierno federal creó un sistema de detención de familias migrantes y lanzó un operativo con el fin de deportarlas. Oficiales de migración revelaron la semana pasada que realizarían otro más en mayo y junio próximos, retirando a los cientos de inmigrantes indocumentados que han llegado a los Estados Unidos durante los últimos dos años.
“Como ya he dicho en repetidas ocasiones, nuestras fronteras no están abiertas a la migración ilegal. Si entran de esa manera, serán enviados a casa”, dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Jeh Johnson, en un comunicado de prensa acerca de la primera ronda de redadas en enero, en la cual oficiales entregaron a más de 121 mujeres y niños para deportación. Dijo también que las redadas ayudarían a enviar un claro mensaje a los migrantes potenciales para no aventurarse al norte.
“El Departamento de los Estados Unidos y el DHS están expandiendo la campaña a Centroamérica, México y los EEUU para informar a aquellos que estén considerando hacer el viaje hacia el norte, así como a sus familias en el extranjero, del los riesgos reales que podrían enfrentar”, dijo. “El mensaje también hará énfasis en las acciones llevadas a cabo”.
EEUU planea un mes de redadas para deportar a cientos de familias centroamericanas. Leer más aquí.
Pero la estrategia de disuasión no está resultando: el número de familias que están dejando Guatemala, Honduras y El Salvador, llamados el Triángulo Norte de Centroamérica, se ha incrementado. Más de 32.000 familias cruzaron la frontera entre octubre de 2015 y el pasado mes de marzo, comparado con las apenas 14.000 en ese mismo lapso del año pasado, de acuerdo a estadísticas de la Patrulla Fronteriza.
VICE News entrevistó a varias familias migrantes quienes aseguraron que las detenciones, redadas y otras medidas no afectarán su decisión de ir a EEUU, porque ellos dejaron sus hogares con tal de salvar su vida.
Amanda, quien pidió ocultar su apellido para evitar complicaciones en su petición de asilo, dijo que no tuvo otra opción más que moverse al norte. Intentaba llegar con su hermano, quien vive en Nashville, así que ella y su hija viajaron en autobús hasta que llegaron a la frontera de México con los EEUU, ahí fueron detenidas por oficiales de migración en el Centro Residencial del Condado Karnes, al sur de Texas por dos semanas.
“Fue terrible dejar a mi familia. Venía llorando todo el camino”, contó en una estación de autobús de San Antonio. “Me sorprendió pasar tiempo en detención, pero al menos aquí nadie está amenazando con matarnos”.
Amanda no tenía idea de las redadas, ni de las detenciones familiares antes de viajar a los Estados Unidos. Otras mujeres salvadoreñas que acaban de ser liberadas de Karnes comenzaban a llegar a la estación, esperando los autobuses que las llevarían con sus familiares, quienes ya las estaban esperando.
“Mi sobrino fue asesinado unos días antes de que dejara el país. Luego un pandillero nos amenazó en la calle”, dijo la mujer de 24 años, quien dio el nombre de Mayra, sentada detrás de Amanda mientras sostenía a su hijo pequeño. “Lo único que pido es que no nos deporten, ya que vinimos para salvar nuestras vidas”.
Una tercera mujer en la estación llamada Alicia volteó tímidamente cuando pregunté sobre los peligros en el pueblo costero de donde es originaria.
“La vida de mi hija estaba en riesgo”, dijo vagamente, negándose a dar más detalles y envolviendo su brazo alrededor de su hija de 15 años. “Esperemos en dios que podamos quedarnos”.
A pesar de que estas mujeres dijeron que no estaban al tanto de las medidas tomadas por el gobierno para desalentar a los migrantes, los expertos han encontrado que incluso aquellos que sí lo están, no desisten de la idea de dejar su tierra. Jonathan Hinskey, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Vanderbilt, encuestó 12 municipalidades hondureñas en 2014 y descubrió que los individuos estaban dispuestos a migrar a pesar del elevado riesgo de deportación y los posibles castigos.
“Un encuestado que conoce las dificultades para llegar a los EEUU, así como los riesgos de ser deportado tiene la misma determinación que otro que ignora esta información”, dijo Hiskey. Encontró que un 85 por ciento de las personas encuestadas conocían que las posibilidades de ser deportadas aumentaron después del 2013, pero eso no le hizo cambiar de parecer. Su idea de emigrar parece estar más influenciada por el crimen.
‘Fue terrible dejar a mi familia. Venía llorando todo el camino’.
“Recibieron el mensaje, pero igual no importa”, informó Hiskey, refiriéndose a la campaña persuasiva del gobierno norteamericano. “Lo importante, y más abrumadora variable en el modelo, era si una persona había sido víctima del crimen más de una vez en los últimos doce meses. Las intenciones de la gente de migrar casi de duplicaron si habían sufrido violencia en múltiples ocasiones”.
Hiskey notó que el gobierno de los Estados Unidos no sólo había hecho inversiones significativas en sus operativos de detención y deportación, sino que también las había hecho en una campaña pública en Centroamérica durante el 2014 para frenar la migración. El investigador también encontró que mientras estos mensajes podrían tener un potencial efecto en migrantes por motivos económicos, no lo tienen sobre las madres de familia.
“En 2014 se conoció en algunos medios como Campaña de Concientización de los Peligros, y en 2015 bajo el nombre de Conoce los Hechos. Se mandaron a hacer anuncios, comerciales en el radio, alcanzando también iglesias y ONGs a lo largo del Triángulo Norte de Centroamérica, difundiendo el mensaje de que si venían con nosotros los enviaríamos de regreso”, dijo Hiskey. “No creo que el mensaje pueda ser más claro para la gente en Honduras de que si vienen, las probabilidades de quedarse son limitadas”.
Un vocero del DHS no dio respuestas directas sobre la eficacia de arrestos o detenciones como estrategia de disuasión, pero dijo que las próximas redadas estaban diseñadas para “promover y proteger la seguridad en la frontera”.
‘Predecimos que para verano la situación será mucho peor’.
“Como hemos manifestado repetidamente, el Departamento de Seguridad Nacional debe poner en vigor la ley consistente con nuestras prioridades de reforzamiento”, dijo la vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, Sarah Saldaña, en un comunicado, señalando que los individuos que entraron al país después de enero del 2014 están entre las prioridades de solución. “Hacemos un énfasis en que estas operaciones están limitadas a aquellos que fueron aprehendidos en la frontera después de enero de 2014, a quienes se les dio una orden por parte de la corte, no teniendo pendiente ninguna apelación, solicitud de asilo o cualquier otra ayuda humanitaria existente en nuestras leyes”.
El enfoque disuasivo falla en parar la inmigración e ignora una crisis grave de los refugiados, advirtió Francesca Fontanini, vocera por Latinoamérica en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Apuntó que las familias del Triángulo han incrementado su desplazamiento a México, Belice, Costa Rica y Panamá los últimos dos años.
“Estamos ante una verdadera situación de refugio. No podemos seguir hablando de migración”, resaltó Fontanini. “Es una situación invisible pero a la vez extrema. Cada año tenemos un aumento progresivo de más de un 100 por ciento en comparación con el año pasado. Y predecimos que para verano la situación será mucho peor”.
El paso en la frontera centroamericana ha bajado ocasionalmente mes a mes, particularmente en invierno. En enero y febrero el DHS señaló menos aprehensiones después de las redadas como un signo de que las estrategias de desaliento estaban reduciendo los intentos de cruzar ilegalmente.
Este afroamericano de EEUU solicita asilo en Canadá para huir de la brutalidad policial. Leer más aquí.
Expertos en temas de migración han contestado que la disminución se debe más a factores del clima, ya que menos gente viaja durante el invierno debido a las bajas temperaturas, además del resguardo de la frontera de México, país que ha incrementado las medidas de seguridad, al igual que las deportaciones de centroamericanos. A pesar de esto, migrantes y contrabandistas siguen encontrando nuevas rutas, hecho que en marzo provocó un nuevo aumento en los casos de migración.
Aparte de los motivos de estas familias está la cuestión de una asistencia legal adecuada que de seguimiento a sus peticiones de asilo. Después de la última serie de redadas, el gobierno de EEUU admitió que sólo 12 de las familias detenidas podrían calificar para el estatus de refugiados, ya que los inmigrantes no tienen abogados y carecen de oportunidades para presentar sus casos.
‘Nos dijeron que no podemos trabajar’.
“Tan pronto como estas familias son atrapadas en las redadas, nos damos cuenta de que tienen peticiones de asilo válidas que nunca han sido revisadas”, dijo Ian Philabaum, uno de los abogados pro bono en la unidad de detención Centro Familiar en Texas. “No hacemos nada para de verdad ayudar a estas mujeres a entender los cargos que hay en su contra”.
Para las mujeres en la estación de autobuses de San Antonio, encontrar un abogado es una proeza inimaginable.
“Nos dijeron que no podemos trabajar”, declaró Amanda, refiriéndose a la política gubernamental para la prevención de buscadores de asilo. “Eso lo hace imposible. No puedo pagar un abogado. Me costaría todo lo que tengo aquí”.
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