El pasado domingo, dos periodistas de ¡PACIFISTA!, el portal de VICE Colombia para la generación de paz, debieron protegerse y huir de los disparos y las granadas aturdidoras que miembros de la Policía Nacional lanzaron el domingo contra una comisión de verificación internacional que acompañaban.
El incidente ocurrió a las dos de la tarde en El Tandil, un pueblo de pocas casas ubicado a tres horas de Tumaco, Nariño, en el suroccidente colombiano. Durante décadas, los habitantes de la zona han sido testigos de las dramáticas del narcotráfico, el crimen organizado, la violencia política, la pobreza y la exclusión étnica y social. Hoy, Tumaco y su área rural representan el área más extensa cultivada de coca en Colombia (la zona con el mayor número de hectáreas).
Videos by VICE
Los tiros y las granadas aturdidoras fueron disparadas a pocos metros de una comisión humanitaria que reunía a miembros de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a activistas locales. Periodistas de diferentes medios acompañaban al grupo, entre estos ¡PACIFISTA!.
Múltiples granadas fueron lanzadas y, según un comunicado de prensa de la ONU, uno de los artefactos “estuvo a punto de impactar sobre algunas personas”. “Fueron escuchados disparos y además fue utilizado un tipo de gas,” dice en el comunicado. Un líder campesino les contó a los reporteros presentes de ¡PACIFISTA! que había sido herido con una bala en el brazo y la pierna, antes de ser atendido por soldados del Ejército Nacional presentes también en la zona.
Por fortuna, el incidente no dejó heridos graves.
Los observadores y periodistas visitaban el área con el fin de investigar el incidente mortal ocurrido el pasado jueves cinco de octubre, que dejó a seis campesinos cocaleros muertos, después de que hombres uniformados les dispararan. Alrededor de veinte personas más salieron heridas del episodio, descrito por testigos como una “masacre” perpetrada por la Policía Nacional.
La Defensoría del Pueblo y el Instituto de Medicina legal confirmaron que lo muertos fueron impactados por tiros de larga distancia, comunes en las intervenciones policiales o militares. Según la Defensoría, los únicos miembros de la Fuerza Pública presentes en la zona el pasado jueves (además del Ejército, cuyos miembros llevan uniformes distintivos) pertenecían a la Policía Nacional.
Aunque el Presidente Juan Manuel Santos calificó de “lamentable” el despliegue de violencia, ni su gobierno, ni la Policía Nacional han explicado los pormenores de la matanza del jueves. En vez de eso, la Policía sostiene que exmiembros de las Farc, la guerrilla que en diciembre de 2016 alcanzó un histórico acuerdo de paz con el gobierno, estuvo presente en la protesta y lanzó “cilindros bomba” que exigieron una reacción policial.
La masacre del jueves se dio en medio de un intento de la Policía Nacional por erradicar plantaciones de coca en el marco de la política antidrogas del gobierno de Santos. Durante la acción, un grupo de campesinos locales salió a protestar e hicieron una cadena humana para acordonar las plantaciones en medio del bosque tropical. Según organizaciones de activistas, habría habido más de 1.000 campesinos en la protesta.
Muchos de los campesinos de la región de Tumaco dependen del ingreso de cultivos de hoja de coca y han expresado en repetidas ocasiones su frustración por la incapacidad del gobierno de implementar las políticas de sustitución de cultivos.
Fue precisamente en el intento de esclarecer los hechos en torno a esa masacre que observadores internacionales (acompañados por reporteros, entre estos los de ¡PACIFISTA!) visitaron el área el domingo. Allí, ellos mismos debieron vivir un ataque.
A la confusión que rodeó los hechos del domingo se suma que, según un comunicado de prensa de la ONU, la comisión humanitaria había recibido autorización del Ejército Nacional y de la Policía Nacional para visitar la zona. La autorización no cubría explícitamente a los periodistas presentes.
El lunes, la Policía Nacional emitió una declaración para disculparse y asumir la responsabilidad del ataque del domingo contra observadores y periodistas.
Sin embargo, señaló que la agresión respondió al supuesto intento de un grupo de personas por acceder a la fuerza a una base militar. Los periodistas presentes han desmentido esa versión oficial. “Nadie actuó con violencia. Solo caminamos hacia la zona del crimen porque se suponía que el cadáver de uno de los campesinos asesinados estaba ahí”, dijo Mateo Rueda, fotógrafo de ¡PACIFISTA!. “Después vino una explosión, después otra y otra. Luego empezaron a disparan. Un hombre nos contó que fue herido por una bala”.
La Fundación para la Libertad de Prensa, (Flip) respondió a la declaración policial diciendo que era “insuficiente” y “no del todo cierta” y exigiendo una investigación más extensa. “Estos incidentes son un riesgo para los derechos de la sociedad de mantenerse informada sobre asuntos de interés público y representan un acto de censura por parte de los agentes estatales”, dijo la organización en su declaración.
El pasado martes, para responder la creciente controversia desatada por los dos ataques contra la ciudadanos desarmados, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que 102 policías de la zona serán relevados y reasignados a otras partes del país.
El episodio puede afectar directamente los esfuerzos para implementar el acuerdo de paz firmado entre las Farc y el gobierno Santos en diciembre de 2016. También da cuenta de los peligros y las dificultades que conlleva el eliminar los cultivos de coca por la fuerza, como exigió Donald Trump hace pocas semanas, cuando con su característico tono, reprochó a Colombia el incremento de la producción.