Ser inmigrante en España es una mierda

La forma calificativa de participio activo por la que todos conocemos a los extranjeros que vienen a vivir y trabajar aquí —entiéndase "inmigrantes"— define perfectamente la situación en la que se encuentran en la actualidad en España. Este adjetivo expresa una acción permanente, no se refiere a una descripción transitoria, por lo que describe a una persona que se encuentra en un estado permanente de movimiento, alguien que está en suspensión, que vive en el umbral, entre dos mundos —el que ha abandonado y ese al que se dirige pero nunca termina de llegar—, en fin, alguien que está eternamente inmigrando. Como dice , profesor de antropología religiosa en la Universidad de Barcelona, nos referimos erróneamente a ellos como "inmigrantes" pese a que realmente queremos definir una acción que en principio ya ha pasado pues el sujeto ya ha llegado a este nuevo territorio, ya ha dejado de inmigrar. En todo caso tendríamos que llamarlos "inmigrados". Aun así este pequeño desliz semántico se ajusta perfectamente a la idea que tienen las instituciones en referencia a estas personas migradas, quienes siempre se encuentran en un estado de tránsito legal y moral. Individuos que se caracterizadas por estar dentro pero también fuera, ya que según las instituciones una parte de ellos (ya sea su integración, su familia, trabajo, cultura…) siempre existirá fuera de campo.

Manuel Delgado

Este estado de suspensión teórica y moral al que están sujetos se reafirma al entrar en juego la eterna cruzada que viven para intentar lograr la ciudadanía y luego la nacionalidad. Según Guillermo Morales, director general de Legalteam, un despacho especializado en temas de inmigración y extranjería, a día de hoy, el procedimiento para la obtención de la nacionalidad se dilata exageradamente. El proceso, desde que se presentan los expedientes hasta que se concede la nacionalidad, suele tardar un año o un año y medio pero el verdadero problema radica en las fechas que se dan para pedir la cita inicial y poder presentar el expediente para obtener —o no— la nacionalidad. "En lugares como Barcelona (ciudad) se están dando en estos momentos para octubre de 2016, en Vilanova i la Geltrú (provincia de Barcelona) para abril de 2019, Badalona (provincia de Barcelona) para abril de 2018 y en Santa Coloma de Gramanet (provincia de Barcelona) para después de 2020", apunta Morales. A esto hay que sumar los 10 años de residencia legal y continuada que se les exige para poder pedir la nacionalidad —los inmigrantes que provienen de países de excolonias iberoamericanas pueden solicitar la nacionalidad a los dos años de residencia legal y continuada.

Según la Sectorial de Migración y Ciudadanía de ICV (Iniciativa per Catalunya Verds) lo que busca la burocracia administrativa es el desgaste del solicitante, es por eso que han abierto una oficina parlamentaria de inmigración donde ayudan a todos aquellos que se encuentren con problemas a la hora de formalizar su nacionalidad. A este clima de eternización hay que sumarle las masivas denegaciones que vienen dándose desde finales de 2012 con la implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) y que, evidentemente, no hacen más que consolidar este estado de suspensión. El 26 de junio de 2012 se firmó la Encomienda de Gestión de Expedientes de Nacionalidad Española con el fin de que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles trabajasen en la tramitación de 450.000 expedientes de petición de nacionalidad que llevaban parados desde 2007 en la sede de la Dirección General de los Registros y del Notariado. El responsable fue el por aquel entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Desde entonces la ejecución de este plan ha sido objeto de críticas y errores pues en tres meses tramitaron el 83% de los expedientes recibidos y las denegaciones se multiplicaron por cinco. Muchas de estas denegaciones se justificaron alegando una falta de integración en la sociedad española (valorada a partir de este test)) pero también por falta de buena conducta cívica, por antecedentes penales o por falta de residencia legal y continuada. Muchas de las denegaciones analizadas por la Oficina Parlamentaria de Inmigración de ICV contenían errores y fueron recurridas y, posteriormente, aprobadas, ya que no se correspondían con la realidad. Esta misma oficina cree que todas estas políticas de desgaste y denegación justifican un posible caso de racismo institucional. Lo que está claro es que existe una enorme falta de interés por parte de las instituciones a la hora de solucionar un problema que afecta gravemente a miles de ciudadanos que residen legalmente en territorio español.

La presencia del test (que quiere legalizarse con el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros presentado por el PP) supone pensar en la superioridad de lo español frente a lo foráneo. Nuestra existencia como seres colectivos con una historia, características, idiosincrasias y tradiciones choca plenamente con esas nuevas costumbres alienígenas y exóticas. El Estado considera anómalas todas esas rutinas y prácticas religiosas que son, al fin y al cabo, deformaciones, exageraciones y carencias culturales. Se supone que con el adoctrinamiento del test queremos curarlos, que dejen de ser ellos —unas aberraciones culturales— para que se conviertan en uno de los nuestros.

Todos estos factores alimentan la concepción que ICV tiene sobre la inmigración en España, cuyos pilares responderían a dos factores concretos; la discrecionalidad y el afán recaudatorio. Lo primero respondería a una intención de mantener el statu quo de estratificación de clases, de mano de obra barata y precarización extrema. "Europa no es un club de buenos ciudadanos, es un mercado. Una ley de extranjería que dice que eres ilegal y que no puedes estar aquí pero que también dice que si aguantas tres años y presentas un contrato de trabajo se te puede conceder el arraigo", comenta Gabriela Poblet del sectorial de Migración y Ciudadanía de ICV. Por otra parte, a nivel recaudatorio, los extranjeros pagan tasas constantemente. Poblet afirma que tienen que pagar "200 euros para renovar la residencia y toda la gente que no formalizó la nacionalidad ahora tendrá que pagar la nueva tasa [que si se aprueba el anteproyecto de ley será de 75 €]". También tenemos que tener en cuenta que adquirir la nacionalidad en países de nuestro entorno tiene un coste mucho más elevado, en términos comparativos, España es el país de la UE en el que resulta más fácil acceder a la nacionalidad para la mayoría de los inmigrantes no comunitarios. Aquí podéis consultar las tasas españolas actuales.

Aparte de esto, la inmigración es parte de un gran negocio donde entran en juego varios elementos: empresas de gestión de fronteras (FRONTEX, EUROSUR,…), construcción de vallas, venta de dispositivos de seguridad, vigilancia fronteriza y por supuesto, y como hemos mencionado antes, la entrada en el mercado de mano de obra barata divorciada de cualquier tipo de derechos. Sin todo este conglomerado de seguridad los inmigrantes no viajarían por rutas cada vez más peligrosas y que a la vez requieren nuevos medios de control que suponen una enorme inversión por parte del Estado. Actualmente la solución está alimentando el problema.

La situación de letargo en el que muchos inmigrantes se encuentran hace que muchos decidan tirar la toalla a la hora de obtener la nacionalidad, generando una masa cada vez más grande de ciudadanos sin derechos fundamentales. Sería necesario un cambio de visión política para virar esta concepción de proteccionismo hacia un estado de derecho garantizado para todos aquellos que comparten el mismo territorio.