Tsipras acepta las condiciones del Eurogrupo y Merkel le da 48 horas para aplicarlas

El pasado viernes 10 de julio, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, obtuvo el mandato del parlamento para negociar un acuerdo “estable y duradero” con el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y El Eurogrupo — los ministros de finanzas de los diecinueve estados de la zona euro. Según la propuesta de Tsipras al parlamento, el Fondo Monetario Internacional, que hasta entonces había sido parte de las negociaciones, sólo tendría en ellas “un papel consultivo”.

La propuesta que Tsipras presentó a la cámara consistía, a grandes rasgos, en una reforma fiscal para gravar a las rentas más altas. Subida del impuesto de sociedades, subida de impuestos a quienes perciban más de medio millón de euros anuales, subida del “impuesto de solidaridad” que recae en las rentas más altas y de los impuestos a los bienes de lujo. Recorte de los complementos a algunas pensiones, desincentivar las prejubilaciones, reducir los complementos de las pensiones, finalizar las privatizaciones de los puertos y los aeropuertos regionales ya en marcha. Respecto al IVA: reducir el impuesto en libros, medicamentos y entradas de teatro del 6,5 por ciento actual al 6 por ciento. Por otro lado, subir el IVA de los hoteles y la hostelería del 6,5 por ciento actual al 13 por ciento.

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El primer ministro heleno, durante su intervención parlamentaria, reconoció que varias de las reformas propuestas “se alejan del programa” con el que la Coalición de Izquierda Radical (Syriza) ganó las elecciones el pasado 25 de enero. Para justificar el porqué, señaló que tanto las negociaciones como el referéndum del pasado 5 de julio, se han producido en una situación de “asfixia monetaria”. Los bancos de Grecia permanecen cerrados y se mantiene la restricción de retirar 60 euros al día de efectivo de cada cuenta.

Fuentes de Syriza han declarado a VICE News que “el objetivo de dichas medidas es, por un lado satisfacer las demandas de los socios para desbloquear la situación pero, aceptando que, como ellos dicen, debemos ahorrar 8.000 millones al año, trasladar el esfuerzo que hasta ahora han hecho las clases populares a las rentas más altas. Por eso es, sobre todo, una reforma fiscal”.

Tsipras, para convencer a las voces críticas de dentro de su partido, dijo que no eran medidas “fáciles de acometer” pero era “el acuerdo al que es posible llegar con los socios”.

De los 149 parlamentarios de Syriza, dos votaron en contra de la propuesta. Ocho se abstuvieron, entre ellos el ministro de reconstrucción productiva y líder de la Plataforma de Izquierdas de Syriza Panagiotis Lafazanis y la presidenta del parlamento Zoi Konstantopoulo. Siete diputados de la coalición no fueron al pleno, entre ellos el ex primer ministro de finanzas Yanis Varoufakis, que alegó motivos personales pero manifestó que habría votado favorablemente.

El principal argumento para convencer a los críticos fue que, en paralelo a esta propuesta, se está negociando la reestructuración de la deuda. Antes de referéndum ninguno de los acreedores se mostraba favorables a una quita o reestructuración, pero durante la campaña y posteriormente tanto el FMI, Jean-Claude Junckre y el ministro alemán de finanzas Wolfang Schäuble han manifestado públicamente su convencimiento de que la deuda griega es “insostenible”.

Además, la propuesta preveía la necesidad de refinanciar a Grecia con 72.000 millones de euros, de los que 25.000 tendrían por objetivo reforzar el sistema bancario heleno, muy dañado tras la masiva fuga de capitales de los últimos meses.

Tras el respaldo del parlamento griego y las manifestaciones positivas de la mayoría de los líderes europeos, todo parecía indicar que, esta vez, sí habría acuerdo en la reunión del Eurogrupo y posterior cumbre extraordinaria de la UE convocadas para el sábado 11 y domingo 12 de julio. Sin embargo, durante la tarde del sábado 11, el gobierno de Finlandia anunció que no respaldaba las negociaciones con el gobierno griego. Finlandia, junto a Alemania, Letonia, Estonia, Lituania y Holanda, conforma el bloque más reacio al pacto con Grecia y se ha posicionado públicamente a favor de la expulsión de Grecia de la moneda común.

Las dificultades para Tsipras no acabaron ahí. Tras interminables reuniones, interrumpidas para dar lugar a varios encuentros bilaterales, el Eurogrupo redactó un borrador de documento en el que considera “insuficientes” las medidas propuestas por Tsipras, a la espera de ser ratificado por los jefes de estado y de gobierno en la sucesiva cumbre. Por ello, proponen varias “medidas adicionales” y fijar un calendario para la adopción de las mismas. 

Las medidas se pueden resumir en la fijación de una meta de superávit primario de un 3,5 por ciento del PIB en 2018; una “reforma ambiciosa de las pensiones” y adoptar reformas “más ambiciosas” de liberalización del comercio; la privatización de ADMIE, operador de la red eléctrica; una reforma laboral que incluya “exámenes rigurosos” de la negociación colectiva, el derecho de huelga y facilite los despidos colectivos; la aplicación completa del Tratado de Estabilidad para la política fiscal e implantar medidas necesarias para fortalecer el sector financiero; privatizaciones “de escala significativamente mayor” que las propuestas; derogar la legislación aprobada durante 2015 “que no se haya acordado con las instituciones” y finalizar las medidas pendientes de los rescates de 2010 y 2012.

Además, el esbozo propone que, en caso de que Grecia no acepte tales reformas, se iniciarían “negociaciones inmediatas para un periodo de exclusión de la zona euro, durante el cual se podrá acometer una posible reestructuración de la deuda”.

Nunca hasta ahora se había planteado oficialmente la posibilidad de expulsar a Grecia de la zona euro. De hecho, dicha medida ni siquiera está contemplada en ninguno de los tratados de la Unión Europea. Los acuerdos, hasta ahora, prevén la manera en que un estado puede solicitar la adhesión al mismo, pero no el mecanismo para expulsar a un miembro.

Al margen de consideraciones jurídicas, lo que preocupa a los economistas Thomas Pikkety y Paul Krugman son las consecuencias que provocaría. Durante la última semana, ambos han denunciado en reiteradas ocasiones que la posición de la canciller alemana Angela Merkel es “altamente ideológica” y “pone en peligro el futuro de la Eurozona”. Ambos advierten que está “tratando de expulsar a Grecia del euro impulsada por una visión extremista”, lo que podría comportar una “reacción en cadena” que acabara produciendo una deflación global de los activos en euros que se podría acoplar a la crisis financiera que estos días sufren las bolsas de China.

Una fuente del gobierno griego declaró a VICE News que las “medidas adicionales” propuestas por los ministros de finanzas de la Eurozona eran “inaceptables”. Este conocedor de primera mano de las negociaciones manifestó que, detrás de la propuesta del Eurogrupo, no había criterios económicos sino políticos. “Saben que nuestro partido nunca aceptaría estas medidas porque eso significaría hacer caer el gobierno. Y eso es precisamente lo que quieren, que Tsipras dimita”.

A pesar de ello, tras veintiún horas de negociaciones, el gobierno Tsipras aceptó el acuerdo a primera hora de este lunes. Prácticamente todas las medidas adicionales, así como la creación de un fondo fiduciario al que Grecia deberá aportar todo tipo de activos públicos hasta llegar a los 50.000 millones de euros. La canciller alemana Angela Merkel anunció en la rueda de prensa posterior a la cumbre que el parlamento griego deberá acometer una reforma laboral, la modificación del IVA y una reforma de las pensiones antes del 15 de julio.

Tsipras, por su parte, he declarado que el acuerdo “es duro” pero por medio de él “se podrá reestructurar la deuda externa”. Merkel, sin embargo, afirmó que el mismo “descarta una quita nominal de la deuda” aunque “una vez evaluadas las reformas, permitirá establecer periodos de gracia que la hagan sostenible”.

En el momento de publicar esta noticia aún no se ha hecho pública ninguna reacción por parte de ningún diputados de Syriza. La reacción de las redes sociales griegas al anuncio de acuerdo ha sido de abierto rechazo. Una gran mayoría de tuits en griego lo califican de “inaceptable”, “engaño” o “humillación”. La duda, por lo tanto, es si Tsipras será capaz de convencer a sus propias filas de las virtudes del pacto alcanzado. De lo contrario, lejos de propiciar un periodo de estabilidad, lo que propiciará será la pérdida de apoyo parlamentario al gobierno y un consiguiente adelanto electoral.

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