Censura, acceso limitado a fuentes no oficialistas y “el paquete”. La historia del reggaetón en Cuba tiene particularidades que la hacen esencialmente distinta a la de cualquier otro país de la región. Las limitaciones artísticas surgidas de manera posterior a la Revolución, dificultaron la creación y difusión de cubatón en la Isla hasta principios de los dos miles, donde surgieron alternativas al elevado costo del Internet –que sí permitía consumir productos musicales fuera de la gama establecida por el Estado– como la transferencia de canciones a través de discos duros –técnica que aún es sumamente utilizada en la actualidad–, hasta llegar a este momento, en que el género popularizado por Daddy Yankee ha sobrepasado en términos de consumo a cualquier otro –incluidos la salsa, el son y la rumba– en la nación caribeña.
Desde hace unos días, en la Isla Bella ha entrado en efecto el decreto 349 –ordinariamente conocido como “decreto mordaza”– que, desde el año pasado, había sido publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, y cuyo objetivo es “regular la prestación de servicios artísticos” del país caribeño.
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El decreto ha generado críticas de la comunidad artística cubana desde su publicación, sobre todo debido a su alto injerencismo en cuestiones de censura o limitación de contenidos específicos en productos artísticos. El artículo 3.1 del capítulo 2 del decreto establece que “se considerará contravención cuando una persona natural o jurídica en la utilización de los medios audiovisuales muestre contenidos violentos, sexistas, vulgares u obscenos”. Así mismo, el artículo 4.1 del mismo capítulo es más específico estableciendo que “se constituirá contravención cuando una persona natural o jurídica difunda la música o realice presentaciones en las que se genere violencia con lenguaje sexista, vulgar, discriminatorio y obsceno”.
Aunque el decreto es un tratado general –prevé también faltas a símbolos patrios o sobre discriminación–, sin especificaciones sobre géneros o artistas precisos, es claro que se apunta al ente particular del urbano o, de manera mucho más puntual, al reggaetón. “El reggaetón es peligroso”, dijo Orlando Vistel, titular del Instituto Cubano de la Música, al referirse a la variedad musical que actualmente ocupa 6 espacios dentro del top ten de lo más escuchado en Cuba.
El decreto dispone que los artistas se acerquen al Ministerio de Cultura para obtener una aprobación de parte del estado para posteriormente poder dar a conocer y comercializar su obra. Las consecuencias al respecto abarcan desde la censura previa, hasta la descalificación profesional del artista o la imposición de sanciones a instituciones que permitan estas prácticas sin que haya existido un vínculo anterior con el Ministerio de Cultura. El 6 de diciembre pasado, antes de la entrada en vigor del decreto, el titular de la entidad antes mencionada, Alpidio Alonso, comentó que “la aplicación de la ley se llevará a cabo de manera progresiva”.
La publicación y entrada en vigor del decreto ha generado movilizaciones sociales como #349Cuba o “No al Decreto 349”, creados por artistas que se han mostrado abiertamente en contra del “decreto mordaza”. En diciembre pasado, 11 artistas parte de “No al Decreto 349” fueron arrestados de manera arbitraria como respuesta a su participación en la organización de protesta al 349. Fueron liberados una semana después de su encarcelamiento.
Otros artistas, como Silvio Rodríguez, han discutido el tema de manera pública, sumándose a la oposición de voces a la ley impulsada por el Instituto Cubano de la Música. “El decreto 349 fue algo que le pusieron delante a nuestro presidente [Miguel Díaz-Canel] para que lo firmara, sin haber sido discutido entre los artistas”, escribió el cantautor de la Revolución en su blog. A su vez, Amnistía internacional ha calificado el decreto de “distópico”.
Ayer, se llevó a cabo el proceso de votación para el refrendo de una nueva Constitución –donde no se encuentra estipulado el decreto– en la isla, sin conocerse por el momento los resultados del mismo. Paradójicamente, el proyecto de Constitución establece que “la creación artística es libre y en su contenido respeta los valores de la sociedad socialista cubana. Las formas de expresión en el arte son libres”.
Aunque por el momento no existen consecuencias en casos específicos relacionados al 349, se trata de una medida que, entre otras cosas, obliga a los artistas a generar una relación innecesariamente cercana al Ministerio de Cultura, a comprometer su libertad creativa, y con ello, mantener de manera forzada una tradición de censura presente en el pasado de la vida artística cubana.
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