Así es como un alcalde gobernó junto a la pandilla Barrio 18 en El Salvador

SAN SALVADOR, El Salvador. – Sonaron los disparos. El cuerpo de “Alfil”* quedó tirado frente a su casa, brotando sangre del abdomen, los brazos, la nuca y la cara, en una colonia popular del área metropolitana de San Salvador. Los tres pandilleros del Barrio 18 Revolución que le dispararon se alejaron de la escena dictando su última sentencia: “con el alcalde nadie se mete”.

Tres policías que patrullaban en la zona escucharon los disparos y corrieron a ver qué ocurría. Al llegar a la escena, encontraron el cuerpo agonizante de Alfil y lo trasladaron de inmediato a un hospital donde lograron salvarle la vida. Era la noche del 16 de junio del 2013.

Casi ocho años después, este 16 de febrero de 2021, un tribunal salvadoreño condenó a cinco años de cárcel al exalcalde del municipio de Apopa, a 15 kilómetros de la capital, Elías Hernández, por haber ordenado a pandilleros del Barrio 18 que mataran a Alfil, su exmotorista de confianza. Esos cinco años se suman a otra condena de quince que ya pesa sobre el exalcalde desde enero de 2020 por haber sido encontrado culpable de financiar desde su alcaldía a la facción “Revolución” de la pandilla Barrio 18 y poner a disposición recursos públicos para mantener una especie de gobierno conjunto entre la comuna y la estructura criminal.

El alcalde Hernández, capturado en 2016, está acusado de ordenar varios homicidios a la pandilla por riñas personales. Uno de esos es el de Alfil, a quien, según las investigaciones y el testimonio del sobreviviente, mandó a matar por venganza: el alcalde lo acusaba de haber filtrado fotografías de su hijo vistiendo falda y peluca en una discoteca gay de San Salvador. Algo que Alfil niega en su testimonio incluido en la investigación fiscal a la cual VICE World News tuvo acceso.

Alfil asegura que días antes de ser atacado, se presentó a trabajar normalmente a la alcaldía, pero los agentes de seguridad no lo dejaron entrar y le advirtieron que estaba despedido. El jefe de seguridad, según recuerda Alfil, le entregó un teléfono celular para que hablara con el alcalde. “Escuché la voz del alcalde que me decía ‘estás despedido porque andas difamando a mi hijo haciéndolo ver como gay. Te voy a mandar a matar por eso, no te acerques a la alcaldía porque te voy a mandar a matar’”, dice el testimonio de Alfil.

Días después de su despido, Alfil narra que se encontraba cenando en su casa cuando recibió una llamada en su teléfono celular. Era una mujer llamada “Vanessa”. La mujer le dijo que tenía un mensaje del alcalde que darle, y le pidió que saliera de su casa, le dijo que estaba esperándolo fuera.

Alfil no salió de su casa y se quedó esperando. Al cabo de cinco minutos, alguien golpeó la puerta. Eran tres hombres a quienes él conocía como miembros del Barrio 18 de su colonia. Los hombres lo obligaron a salir de su casa agarrándolo del cuello y apuntándole con una pistola. Al llegar a la calle, los pandilleros le pidieron que se metiera a un carro amarillo, pero Alfil se resistió.

Según el testimonio de Alfil, uno de los pandilleros se le acercó por la espalda y le dijo al oído “con el alcalde nadie se mete” y le disparó en la nuca. Alfil cayó al suelo y los demás pandilleros le dispararon en la cara, los brazos y el abdomen. Mientras se desmayaba, Alfil asegura recordar una voz que decía “misión cumplida, alcalde”.

Durante casi cuatro años, la Fiscalía salvadoreña recolectó pruebas científicas y decenas de testimonios que dan validez al relato de Alfil. Con esas pruebas, el alcalde Hernández fue condenado por ordenar el homicidio tentado de Alfil mientras espera otro juicio más por otros delitos.

Un co-gobierno del alcalde y el Barrio 18

Según investigaciones fiscales, entre los años 2012 y 2016, el alcalde del municipio de Apopa, en el departamento de San Salvador, proporcionó carros, gasolina, armas, teléfonos, dinero, contrató a pandilleros del Barrio 18 en la alcaldía. Incluso incrementó los impuestos a los mercados municipales y ese incremento lo entregó en concepto de extorsión a esa pandilla. Todo a cambio de una cosa: gobernabilidad.

En El Salvador, el caso del alcalde Hernández no es el primero en dejar al descubierto negociaciones desde el Estado con las pandillas. Diversas investigaciones fiscales y periodísticas han revelado al menos desde 2012 cómo todos -todos- los partidos políticos fuertes del país han negociado bajo la mesa con estas estructuras criminales para lograr gobernabilidad, ganar votos en las elecciones o disminuir los homicidios. Incluso el actual presidente salvadoreño Nayib Bukele ha sido señalado dos veces de poner a emisarios a negociar con las principales pandillas del país, la MS-13 y el Barrio 18. La primera vez cuando fue alcalde de San Salvador, y la segunda en su actual gobierno. También en 2012, el gobierno central, entonces administrado por el presidente Mauricio Funes pactó una tregua bajo la mesa con las pandillas para reducir los homicidios a nivel nacional.

Pero el caso del alcalde Hernández es un buen ejemplo para entender el poder de las pandillas en El Salvador.

La investigación de la Fiscalía revela que la relación entre Hernández con el Barrio 18 comenzó en el año 2012, cuando él recién había sido electo. Para entonces, esa pandilla que controla buena parte del municipio de Apopa había aumentado el cobro de la extorsión en los mercados municipales. El alcalde, para evitar posibles homicidios por el impago, aumentó desde su administración el impuesto oficial a los vendedores y entregó ese aumento en concepto de extorsión a la pandilla. Desde ahí, según el testimonio de pandilleros que aceptaron confesar a cambio de beneficios penales y que constan en la investigación fiscal, el alcalde empezó a co-gobernar con la pandilla.

El acuerdo entre el alcalde y el Barrio 18 llegó a tal punto que contrató a pandilleros para que como parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), la policía municipal, e incluso puso a uno de ellos como jefe de la unidad. Convertir a los pandilleros en policías oficialmente implicó, además de entregarles autoridad oficial, el uso de recursos del estado: uniformes, vehículos, gasolina y, por supuesto, salarios.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Hernández pagó con recursos de la alcaldía todas las peticiones de los pandilleros, desde servicios fúnebres y ataúdes para sus homeboys caídos, hasta equipos de producción musical para pandilleros que querían grabar sus canciones de rap.