De comediante a presidente bajo presión — Así asume el poder Jimmy Morales

El ex comediante de televisión Jimmy Morales fue investido como nuevo presidente de Guatemala este jueves. Un nombramiento oficial rodeado de interrogantes como la capacidad real del nuevo jefe del ejecutivo para cumplir con las promesas electorales de acabar con la feroz corrupción y las suspicacias que levantan sus vínculos con ex militares acusados de haber cometer actos atroces que atentan contra los derechos humanos.

La carrera de Morales ha sido fulgurante. Apareció, casi como de la nada sin trayectoria política alguna, para alcanzar una aplastante victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala en octubre de 2015.

Su victoria capitalizó la ira pública contra la clase dirigente tradicional que se desató a raíz de una investigación respaldada por la ONU sobre la corrupción masiva de cargos públicos que se saldó con la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, directamente implicado, y su posterior encarcelamiento justo antes de las elecciones. Morales era, según sus propias palabras, un outsider político no contaminado por los pecados del pasado.

Pero Morales está asumiendo el control justo cuando un potente movimiento para llevar a os criminales de la guerra ante la justicia empieza a ganar fuelle. El caso lo pone en una situación difícil y ya le ha convertido en blanco de críticas debido al respaldo que le han brindado ex militares vinculados a algunos de los peores episodios de la sangrienta historia del país.

De hecho, el partido de Morales — el Frente de Convergencia Nacional — fue fundado por oficiales retirados en 2004, y, al menos uno de ellos, dijo que el objetivo de la formación era proteger a los militares de los juicios derivados de guerra civil que 36 años. Morales se unió al partido en 2012 y ahora trata de restar importancia a la raíz militar del partido.

Tan sólo una semana antes de la asunción presidencial de Morales se abrieron una serie de procesos por masacres y desapariciones forzadas.

La fiscal general de Guatemala Thelma Aldana dictó órdenes de arresto contra 18 ex miembros de las fuerzas armadas de alto rango por delitos presuntamente cometidos durante el conflicto que duró hasta la firma de los acuerdos de paz en 1996.

Una comisión de la verdad patrocinada por la ONU concluyó que el ejército tiene la mayor parte de la responsabilidad en las aproximadamente 245.000 muertes o desapariciones ocurridas durante la guerra librada contra grupos guerrilleros de izquierda.

Entre los 18 detenidos figuran Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército que fue una figura destacada en la contra-insurgencia, y Byron Humberto Barrientos Díaz, quien fuera ministro de Gobernación y ex jefe de la Sección de Inteligencia de la zona Militar número 21.

Pero el problema más incómodo para el nuevo presidente tiene que ver con un esfuerzo adicional de la fiscal Aldana para despojar al coronel retirado y diputado electo Edgar Justino Ovalle Maldonado de su inmunidad como miembro de la legislatura. Ovalle Maldonado es un miembro del círculo íntimo del presidente Morales.

Los anuncios de los arrestos y de potenciales cargos contra Ovalle Maldonado, fueron interpretados por muchos observadores como una advertencia al nuevo presidente.

"Estos cargos representan un mensaje directo desde el sistema judicial para advertir a los militares que no gobernarán nuevamente en Guatemala", dijo Jesús Hernández, profesor de ciencias políticas en la Universidad Rafael Landívar en Quetzaltenango. "La vieja guardia de los militares rodea a Jimmy, pero esto envía el mensaje de que esta es una nueva era y de que el sistema judicial va a luchar contra la impunidad; no vamos a volver al pasado".

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Las órdenes de arresto, así como el esfuerzo legal para despojar a Ovalle Maldonado de su inmunidad judicial, derivan de una investigación de tres años, pero, ahora, los casos están avanzando rápidamente. Los ex oficiales detenidos comenzaron a comparecer ante los jueces para escuchar las acusaciones que pesan sobre ellos esta semana.

Los casos se dividen en dos bloques. Cuatro ex soldados están acusados de la desaparición de un chico de 14 años llamado Marco Antonio Molina Theissen en 1981 —  considerado en aquel momento como potencial simpatizante de la guerrilla por parte del ejército represor.

"Molina Theissen era un niño y no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en Guatemala en ese momento", dice Salomón Estrada de la Fundación Amancio Samuel Villatoro y director del Museo de los Mártires en la Ciudad de Guatemala, cuyo propio hermano también desapareció en 1984. "Este caso es muy simbólico".

Los otros 14 oficiales militares — y, potencialmente, Ovalle Maldonado — están acusados de mantener algún tipo de responsabilidad en las masacres y desapariciones forzadas reveladas gracias a la excavación de la zona Militar 21 en la ciudad de Cobán.

"Estamos hablando posiblemente de uno de los mayores casos de desapariciones forzadas en América Latina", dijo la fiscal Aldana cuando anunció los cargos.

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala — que ha desenterrado varias fosas clandestinas en todo el país — comenzó la exhumación de 88 fosas comunes en la antigua base militar en febrero de 2012. De los 558 restos óseos recuperados, 90 han sido clasificados como pertenecientes a niños.

Ovalle Maldonado sirvió brevemente como oficial de operaciones en la base a principios de 1983. En 2012, Maldonado dijo al diario guatemalteco El Periódico que la situación era "muy delicada", y que no tenía conocimiento de ningún cuerpo en el lugar.

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Mientras tanto, los casos han llevado a los partidarios militares a reunir apoyo entre los oficiales, algunos de los cuales realizaron una manifestación en la ciudad de Guatemala el pasado fin de semana.

La protesta, realizada en la plaza central de la capital, coincidió con otra manifestación efectuada por parte de los grupos que exigen justicia para los crímenes de guerra. La policía separó a los dos grupos cuando comenzaron enzarzarse.

Morales no ha declarado nada acerca de los arrestos.

Más allá de las ramificaciones políticas, el caso contra los ex oficiales ha sido muy bien acogido por las víctimas.

"Pensábamos que este día nunca llegaría", dice Estrada, activista de derechos humanos. "Hoy en día estos ex miembros de las fuerzas armadas tienen la ventaja de ser juzgados ante un juez, y de tener un abogado que los defiende. Estas son oportunidades que nuestros familiares no tuvieron. Ellos fueron secuestrados, torturados, y luego desaparecidos".

"Hoy, continúan desaparecidos", agrega. "Exigimos saber dónde están con el fin de cerrar este círculo de dolor y recuperar la paz".

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