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Argentina quiere registrar a todos los delincuentes sexuales en una lista negra

La violación y homicidio de una activista de 21 años a favor de los derechos de las mujeres, ha destrabado una iniciativa que estaba aprobada y pendiente desde hace cuatro años en el país sudamericano: un registro nacional de violadores.
Imagen por David Fernández/EPA

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La violación y el homicidio de una joven activista por los derechos de las mujeres en Argentina ha llevado al país sudamericano a crear la primera "lista negra" nacional de violadores y agresores sexuales.

Esta semana, el gobierno nacional anunció que en los próximos 13 días se publicará en el Boletín Oficial el reglamento del primer banco de ADN con información genética de todos los hombres y mujeres que hayan sido condenados por delitos sexuales. El objetivo es que los fiscales y jueces tengan a la mano los datos de exconvictos para usarlos en sus investigaciones.

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De ese modo, Argentina se sumará a otros países que cuentan con un registro similar: el más grande en el mundo es el de Gran Bretaña, que cuenta con cerca de 40 millones de huellas genéticas de violadores y otros delincuentes. Un registro parecido existe en Estados Unidos, Francia y Canadá.

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El Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual —el nombre oficial— era un pendiente del gobierno desde julio de 2013, cuando el Congreso aprobó la ley 26.879, que obligaba al Estado a la creación de esa base de datos. Han tenido que pasar casi cuatro años para que se materializara la "lista negra" y la razón fue una joven de 21 años llamada Micaela García.

El 2 de abril pasado, los padres de Micaela reportaron la desaparición de la estudiante de la licenciatura de Educación Física en la ciudad de Buenos Aires. Su caso llamó la atención en el país, pues Micaela, además de ser una estudiante de excelencia, participaba en organizaciones que defienden los derechos de la mujer y combaten los feminicidios.

La esperanza de encontrarla con vida se terminó una semana después, cuando su cuerpo desnudo y con evidencia de maltrato sexual fue hallado en la comunidad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, al norte de Buenos Aires.

Su asesinato movilizó esa misma noche a cientos de mujeres que entendieron el crimen contra Micaela como un mensaje: ni las que combaten los feminicidios están a salvo de ser víctimas de uno. En ciudades como Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, decenas salieron a las calles a honrar la memoria de la joven.

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La presión social obligó a las autoridades a acelerar las indagatorias. Y a los pocos días se dio a conocer al presunto responsable: Sebastián José Luis Wagner, un exconvicto que había sido sentenciado en 2012 a nueve años de prisión por la violación de dos mujeres. Sin embargo, en 2016 un juez había ordenado su libertad anticipada por razones que aún no quedan claras.

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La furia de las manifestantes se dirigió no sólo contra Wagner, sino contra el juez que ayudó a que el ahora acusado quedara en libertad. Para las manifestantes que han acorralado al gobierno argentino, un registro nacional de violadores hubiera acelerado las indagatorias desde el rapto de Micaela y posiblemente hubiera detenido a tiempo al feminicida.

El malestar fue tanto que incluso el presidente argentino Mauricio Macri tuvo que pronunciarse sobre el tema: "Este tipo de jueces no los podemos tener", dijo el mandatario en una entrevista.

El Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual buscaría honrar aquello que escribió la madre de la activista Micaela, Andrea Lescano, en su cuenta de Facebook: "Te prometo que lucharé por tus ideales, que todos te puedan ver. Vos me enseñaste a ser mamá. TKM, te amo. Hasta pronto mi negra!!!!!!".

Según datos del movimiento social argentino #NiUnaMenos, sólo en 2016 se registraron, al menos, 290 feminicidios, diez más que en 2015.

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