Politică

La marcha por la educación en Colombia: ¿más de lo mismo o una oportunidad?

OPINIÓN | Propongo, de puro sapo, que se le dé también fuerza a la protesta contra la promoción que hará este gobierno del acceso para los estratos 1 y 2 a la educación superior a través plataformas virtuales.
8.10.18
Foto: Danieland. Vía Wikipedia

Artículo publicado por VICE Colombia.


El 10 de octubre saldrán a las calles de Colombia miles de estudiantes universitarios a reclamar —una vez más— educación superior pública, gratuita, de calidad y accesible para todos. El paro cuenta con el apoyo de Fecode y del sindicato del SENA, así como de gran parte de la comunidad educativa de todo el país.

Viendo las noticias de prensa, me siento en un déjà vú o, tal vez, siento que me estoy haciendo consciente de una noticia que se repite a sí misma. Eso sí, al mismo tiempo, mi parte menos racional me impulsa hacia un sentimiento de esperanza, que me mueve a creer en la posible realización de lo justo: que esta vez sí se va a lograr la reforma que lleve a que las universidades públicas dejen de mendigar recursos, que puedan tener infraestructura competitiva, profesores más preparados y con mejores salarios y que suban los estándares de calidad que —con tan poco— han alcanzado. A continuación, explicaré mi ansiedad.

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En 2012, Sergio Fernández, líder de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil —MANE—, después de que el gobierno de Juan Manuel Santos retirara su propuesta neoliberal a la educación, manifestó: “Le demostramos al país que con la resistencia civil se logran transformaciones sociales, derrotamos el gobierno de Juan Manuel Santos a través de la movilización, que es algo que no nos podrán arrebatar en términos organizativos. Esto representa la primera piedra en el camino para construir una organización gremial que sirva de herramienta política, de lucha para los colombianos, una organización gremial democrática, amplia, con reglas para aportar a una educación diferente y así construir un país diferente”.

El primer problema con esa afirmación es que con la movilización de aquella época no se estaba transformando nada, se estaba apenas evitando que el gobierno profundizara la concepción de la educación superior que venía implementándose bajo la Ley 30 de 1992: como un producto más del mercado y como un servicio que debe garantizar principalmente el sector privado. Entre otras cosas, se evitó la creación de universidades con ánimo de lucro o la intervención directa del gobierno nacional en la gerencia de las universidades públicas, salvándolas de que se les restara autonomía y que la investigación y la educación superior se convirtiera (aún más) en una mercancía.

El segundo problema con esta afirmación es que la capacidad de incidencia de la MANE y su fuerza como movimiento nacional, con posibilidades de lograr una reforma exitosa, se extinguió rápidamente. Además del obvio desinterés del gobierno Santos en reformar la educación superior, el movimiento se desvaneció y los intereses políticos de muchos de sus líderes les hicieron abandonar el proyecto de transformación. En 2013, Sergio Fernández se fue como fórmula del senador Jorge Enrique Robledo a la Cámara de Representantes, mientras que David Flórez se fue a promover la Marcha Patriótica.

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La movilización social por la educación pública superior se ha caracterizado en las últimas dos décadas por fortalecerse cuando el gobierno amenaza de forma flagrante su financiación o cuando promueve reformas aún más privatizadoras a la Ley 30 de 1992, mientras que el cambio de modelo —por uno que garantice en mayor medida la calidad, la cobertura y la accesibilidad— ha quedado relegado. En la comunidad académica no hemos sido capaces de reformar el sistema educativo, solo de apagar los incendios más graves y mantener el precario estatus quo en el que nos encontramos.

Hoy la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles —ACREES—, con problemas de legitimidad en la comunidad estudiantil, tomó la batuta para evitar que durante la recién inaugurada administración de Iván Duque se siga imponiendo el modelo de desfinanciamiento público a la educación superior y se imponga, como lo estableció la Ley 1911 de 2018, el crédito del ICETEX como la principal garantía de acceso a la universidad, sobretodo, para las clases medias y los estratos 1 y 2.

El derecho a estudiar

El ACREES y sus aliados también buscan que se salve del déficit de más de 18,5 billones —cifra que han dado los rectores— a las universidades estatales, el cual impide que se realicen inversiones en infraestructura, en grupos de investigación o en profesores con mayor preparación, quedando en desventaja frente a las universidades privadas, mientras muchos de los recursos disponibles se van para el programa Ser Pilo Paga, cuyos beneficiarios se han inclinado por los establecimientos privados.

Propongo, de puro sapo, que se le dé también fuerza a la protesta contra la promoción que hará este gobierno del acceso para los estratos 1 y 2 a la educación superior a través plataformas virtuales, porque, claro, eso no es lo que debemos seguir haciendo. No podemos mantener el apartheid educativo (como lo ha llamado Mauricio García Villegas. Es decir: que ricos y pobres sean separados en la forma en la que acceden a la educación). Actualmente, la educación de calidad en todos los niveles es un lujo y, en la lógica del gobierno, si se les garantiza a aquellos estudiantes con menos recursos, será una educación de calidades diferentes, bajo otros estándares, su derecho es distinto y de un nivel inferior por no tener cómo pagarlo.

Siete años después del movimiento estudiantil promovido por la MANE, el actual movimiento que lidera la ACREES, apoyado por los rectores, la comunidad académica y varios sindicatos, parece que tenemos para soñar con que este es el momento de la reforma. Tal vez, el déjà vú sea falso, quizá esto no sea el eterno retorno y mi ansiedad sea injustificada: el movimiento se consolidará, atraerá el apoyo de estudiantes de instituciones privadas y no perderá la unidad. Seguro, contará con la asesoría y acompañamiento de miembros de la MANE como Laura Ligarreto, Paola Galindo o Sergio Fernández, quienes pueden aportar desde su experiencia. Los padres de familia, los sindicatos y los sectores progresistas acompañarán las demandas para que se materialice esta necesaria reforma, conscientes de que la educación no puede mercantilizarse, de que las universidades públicas son un pilar fundamental para el desarrollo del país, de que no es justo que se siga sometiendo a créditos educativos impagables a los estudiantes de clases medias, y que nuestros jóvenes de estratos 1 y 2 solo puedan acceder a educación superior mediocre por medios virtuales, o siendo los más “pilos”.