Todo ciudadano, en algún momento de su vida, ha de verse en la necesidad de traspasar, comprar o vender una casa; dejar hecho o reclamar los beneficios de un testamento; certificar un documento o hasta constituir una empresa. Para eso necesitará siempre un notario. Y, seguramente, mucho dinero.
La figura legal de la notaría –temida por muchos a causa de los altos costos de sus servicios– engloba a una flota reducida de notarios, o abogados autorizados y regulados por cada entidad federativa, quienes están facultados para dar autenticidad y certeza a trámites como los antes referidos.
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Las reglas secretas y no tan secretas
Cada uno de estos procedimientos, conocidos en el mundo notarial como “actos jurídicos”, se rigen de distinta forma en cada estado del país. En la Ciudad de México algunas pautas son dadas por el listado de aranceles que se publican anualmente en la Gaceta Oficial. Fuera de la capital, son las autoridades ejecutivas quienes se encargan de asentar las reglas.
El costo de cada uno de los trámites es resultado de un desglose. Una parte corresponde a gastos de la notaría —en donde se incluyen impuestos y cobros por gestoría—, y otra corresponde exclusivamente a los honorarios del notario.
Éste último monto es asignado a discreción por él mismo. El precio de sus servicios depende en gran medida de su reputación, y de sus habilidades para agilizar operaciones.
Por tanto, la cifra final que ha de pagarse por un trámite depende de: la naturaleza del mismo, el estado en el que se realiza —en cada uno hay precios distintos, siendo la Ciudad de México la más cara— la honestidad del notario al calcular los impuestos y su consideración al asignarse honorarios.
Carestía de notarios
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) lanzó la convocatoria de un premio para que ciudadanos, empresarios y profesionistas identificaran el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender en México.
Verónica Pérez Lima fue la ganadora del primer lugar. Ella logró señalar que las leyes estatales que regulan la actividad notarial restringen de distintas formas el número de notarios y la competencia entre estos.
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La información revela que en México existen sólo 3.4 notarios por cada 100.000 habitantes; en contraste, Alemania tiene 9.4 y Suiza 33.3 por el mismo número de personas. Como en cualquier mercado, una oferta insuficiente favorece el cobro de precios más altos.
Una consecuencia de ello es que, por ejemplo, 35.2 por ciento de los hogares en el país carecen de escrituras que les permitan acreditar su propiedad de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“No todo está perdido”
Yunnue Rojas trabajó en una notaría y asegura que en este tema no todo está perdido. Al menos, entre otras cosas hasta que se pueda hacer una reforma a las regulaciones que actualmente impiden la competencia.
“Una de las cosas más salvables son las Jornadas Notariales que el gobierno organiza cada año en todo el país, con precios más accesibles para cualquier ‘ciudadano de a pie’”.
Otra cuestión, señala, que podría ser incluso la más importante, pero que casi nadie toma en cuenta, es que “cada persona que necesite servicios notariales está en su completo derecho de rechazar los presupuestos exorbitantes que les pongan enfrente”.
Muchos piensan que tienen que acudir a fuerza a la notaría más cercana adscrita a su delegación o municipio, porque por cercanía domiciliaria sólo de esa forma es legal. Pero no es así. Dentro del territorio de un mismo estado, todas son igualmente válidas para brindar los servicios que se requieran.
“Mientras las leyes sigan igual, todo depende de cuan listo se ponga uno, así como de cuántas segundas o terceras opiniones (y precios) se busquen”, afirma Yunnue.
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Esto cuestan los dos trámites más solicitados en la Ciudad de México (en temporada de Jornadas Notariales ambos pueden disminuir hasta un 50 por ciento):
- Testamento: cuesta alrededor de 3.800 pesos (casi 198 dólares).
- Escrituración de casa o departamento: depende de muchos factores, pero generalmente ronda el 8 o 9 por ciento del precio total del inmueble.
Por ejemplo: si se trata de un departamento que cuesta 4 millones de pesos, su escrituración oscilará entre 320.000 pesos (poco más de 16.650 dólares) y 360.000 pesos (cerca de 18.730 dólares).
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